Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

COMUNICADO DEL CAPÍTULO ARGENTINO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE BIOÉTICA-UNESCO

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016

COMUNICADO DEL CAPÍTULO ARGENTINO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE BIOÉTICA-UNESCO (Redbioética-UNESCO)

A los miembros de la comunidad:

La Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética UNESCO (RedbioéticaUNESCO: www.redbioetica.com.ar), fue fundada en 2003 por bioeticistas latinoamericanos y caribeños con el objetivo de aplicar los preceptos de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos promulgada por unanimidad por la Asamblea General de UNESCO en 2005 (http://portal.unesco.org/es).

En sus 13 años de existencia, la Redbioética UNESCO se ha transformado en la principal voz de la bioética latinoamericana basada en los derechos humanos y profundamente consustanciada con los problemas bioéticos generados por las circunstancias sociales de nuestra región, tales como la extrema inequidad e injusticia social, la falta de vigencia plena del derecho a la salud y al acceso a medicamentos esenciales, la paulatina privatización de la investigación biomédica, la violencia y la arbitrariedad en la administración de justicia y la creciente depredación del planeta generando insustentabilidad de la vida.

El Capítulo Argentino de la Redbioética-UNESCO, ha sido conformado por un grupo de profesionales que acordando con el principio fundante de respeto a la dignidad humana y la promoción de la igualdad y la justicia en solidaridad, se ha comprometido a poner en práctica una bioética sostenida sobre la defensa de los derechos humanos, frente a las circunstancias político sociales que afronta nuestro país. En línea con las posiciones de la Redbioética a nivel regional, se dirige a la comunidad de académicos de la bioética, las ciencias sociales, la vida y la salud, de organizaciones sociales, de dirigentes y militantes políticos, de legisladores y de juristas, para llamar la atención de la sociedad argentina sobre los graves problemas bioéticos que están afectando a sectores mayoritarios de la población, y de las falencias y responsabilidades del actual gobierno por su ocurrencia y empeoramiento. Se mantiene así fiel al precepto de que la bioética no debe ser sólo discursiva y estar encerrada en cenáculos de supuestos expertos, sino que debe participar con el conjunto de actores sociales, no sólo en el análisis de los problemas, sino también en la intervención mediante recomendaciones y acciones concretas para propender al bienestar y la salud con equidad.

Mediante este comunicado, llama la atención sobre los siguientes problemas:

1. La falta de incentivos a la producción, el aumento del endeudamiento externo para satisfacer necesidades de los sectores afluentes de la sociedad, el aumento del desempleo, el deterioro del nivel de vida y el crecimiento de la pobreza en sectores cada vez más numerosos de la población.

2. El incumplimiento de varias leyes como las de salud mental, de producción pública de medicamentos, de regulación de la medicina prepaga, así como el desmantelamiento de programas como Remediar, Salud Reproductiva y Procreación Responsable y de combate a enfermedades infecciosas como dengue, VIH y otras.

3. La implementación de la “Cobertura Universal de Salud” (CUS) por medio de un decreto de necesidad y urgencia, sin el debate y la discusión pública que merecería cualquier reforma real del inequitativo y fragmentado sistema de salud del país que, mediante la carnetización, sólo proveerá una atención médica de segunda para la población que depende del sector público, por medio de una “canasta básica de prestaciones”, inferior al PMO y tercerizada a empresas privadas de seguros de salud.

4. El proyecto de ley de creación de una Agencia Nacional de Evaluación en Tecnología en Salud (AGNET), como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación en que detectamos su falta de independencia, la superposición de sus incumbencias con las de otros organismos (ANMAT y Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Superintendencia de Servicios de Salud), e injerencia en las atribuciones del Poder Judicial.

5. La facultad otorgada a la Administracion Nacional de Patentes por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de otorgar patentes de productos farmacéuticos en el país sin hacer previamente estudios científicos rigurosos. Esto implica dejar sin efecto las guías de patentabilidad vigentes que resguardaban la salud pública, con lo que se facilitará la perennización de las patentes de medicamentos y se dificultará la fabricación de versiones genéricas, incluso a través de laboratorios públicos.

6. Con el argumento dudoso de “mejor y mas rápida atención” se está vertiendo información de los pacientes de hospitales públicos en gigantescas bases de datos personales (“big data”), sin la intervención efectiva del órgano de contralor, lo que implica una violación a la Ley 25.326 de protección de datos personales para beneficiar a la industria farmacéutica y a empresas prestadoras de servicios de salud.

7. El crecimiento de la actual colección y procesamiento de muestras biológicas y ADN de los participantes en los ensayos clínicos y su inclusión en biobancos internacionales sin el control de los participantes ni del estado nacional, que debiera proteger sus derechos.

8. El desmantelamiento de los programas de procreación responsable ha reducido la cobertura, información, asesoramiento y disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos (píldoras, implantes, métodos de barrera, dispositivos intrauterinos, entre otros) para evitar embarazos no deseados. Esto es un claro obstáculo a la vigencia de los derechos a la salud reproductiva de los sectores sociales que se atienden en instituciones públicas de salud. Asimismo, se ha discontinuado la capacitación al personal de salud en este tema así como la formación de equipos de salud especializados.

9. Campañas de prevención como la del sida, han sido afectadas por la falta de provisión de preservativos en los hospitales debido a que los mismos se agotaron en el Ministerio de Salud, tal cual informaran la propia Dirección de Sida del Ministerio de Salud y diversas organizaciones que luchan contra el VIH y por los derechos de los portadores y enfermos.

10. En 2012, la CSJN falló en el caso “F.A.L. S/Medida autosatisfactiva” señalando, entre otras cosas, que la causal de aborto no punible cuando corre peligro la salud de la madre, contemplado en el art. 86 del Código Penal, debe interpretarse de acuerdo a las definiciones de salud de la OMS. También aclaró que la causal de violación incluye a cualquier mujer y no sólo a la “idiota o demente”. A pesar de la vigencia del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, del Ministerio de Salud de la Nación (http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cntprotocolo_ile_octubre%202016.pdf), persisten numerosos obstáculos para su implementación, por la falta de políticas proactivas del estado, las presiones de grupos confesionales y la falta de adhesión de algunas provincias, tal como ocurrió recientemente en la Provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora contradijo la decisión que la propia ministra de salud había tomado unos días antes. El respeto a los principios bioéticos exige asegurar el derecho a la contracepción y garantizar el acceso al aborto oportuno y seguro en los casos permitidos por la ley.

11. Proyectos de ley como el de “Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de las Niñas y Niños por Nacer” desconocen flagrantemente el marco normativo nacional e internacional, así como la jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se pretende conculcar el derecho a decidir libremente de la mujer, llegando a extremos de falta ética y extorsión, como por ejemplo la propuesta de otorgar una asignación especial a la víctima de violación que lleve a término su embarazo. También es cuestionable el proyecto de “Regulación sobre Técnicas para la Fertilización humana asistida y protección del embrión no implantado” que, al postular que el embrión tiene derecho a nacer y prohíbir el descarte o destrucción de embriones, implicaría la derogación de la ley 26.862 de “Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida” (2013).

12. La popularización acrítica de las neurociencias, y el impulso oficial del que está gozando, lleva a una biologización y medicalización nociva y contraria a los derechos humanos y a la consideración de la integralidad de la condición humana. Si bien la aplicación del conocimiento neurocientífico podría ser de utilidad en el abordaje de la salud mental y la elaboración interdisciplinaria de estrategias pedagógicas, vemos con preocupación la promoción por parte de los Ministerios de Salud y de Educación de la Nación, de su uso como herramienta privilegiada para la resolución de problemas complejos, como si los fenómenos mentales pudieran reducirse a neuronas y sinapsis. Este reduccionismo impide considerar otros factores intervinientes en el funcionamiento de la mente, el desarrollo del niño y la salud mental, tanto o más importantes que los biológicos, como la pobreza, la violencia, la educación de baja calidad y las malas condiciones de salubridad y alimentación. En la CABA, es preocupante, que en lugar de cumplir la ley de Salud Mental de la Ciudad (Ley 448/2000) avanzando en la externación de pacientes y poniendo en marcha la reconversión (paralizada desde hace quince años) de los hospitales monovalentes de salud mental, se propone reorientar los hospitales Borda y Moyano como “centros de investigaciones en neurociencias”, sin que el tema se haya debatido con la comunidad de profesionales de salud ni con la sociedad.

13. La falta de desarrollo de líneas prioritarias de investigación para mejorar la salud de la población por parte del estado, genera un sistema de investigación que responde al modelo de mercado de la industria farmacéutica y a un desarrollo eminentemente privatizado. En los últimos años, y de la mano de la medicina traslacional, se viene implementando en el sistema hospitalario público la creación de “centros de investigación clínica” que prácticamente se ponen a disposición de la industria en calidad de “socios” del estado, con miras al mercado de los países industrializados y sin mucha correspondencia con las necesidades y prioridades de nuestra población. Esto está facilitado por la escasez y laxitud de las regulaciones existentes, la inoperancia de los controles estatales y la debilidad de los comités de evaluación ética de la investigación.

14. La reciente creación por parte del Ministerio de Salud de la Nación, del Comité Nacional Asesor de Ética de la Investigación y sus Comisiones Asesoras, sería una buena noticia si no fuera por el hecho de que las autoridades de ese Ministerio tienen una trayectoria de complacencia con intereses de la industria farmacéutica, la industria de seguros privados y la propia corporación médica.

15. El aumento del deterioro ambiental producido por prácticas insustentables como el monocultivo de soja, el uso creciente de agrotóxicos dañinos para el medio ambiente y la salud humana y la preeminencia de intereses de grandes corporaciones multinacionales monopólicas por sobre los derechos campesinos y de comunidades originarias, está propiciado desde el estado mediante beneficios económicos. La pretensión de ejercer monopolios sobre semillas transgénicas y la presión de esos intereses sobre nuestro sistema político para promulgar legislación sobre semillas que avale los monopolios, pone en peligro la soberanía alimentaria.

16. El avance de las grandes corporaciones sobre universidades y el mundo académico en general, está cooptándolos con subsidios económicos condicionados a la supresión de voces críticas, tal como ha ocurrido recientemente con el descabezamiento del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba y el intento de detener las actividades del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y su programa de campamentos sanitarios que con sus investigaciones demostraron los efectos nocivos del uso de agrotóxicos en la región.

17. En el área de derechos humanos está ocurriendo reducción de personal y presupuesto y hasta desmantelamiento de las agencias del estado encargadas de los juicios de lesa humanidad, al tiempo que se reducen las investigaciones sobre partícipes civiles del terrorismo de Estado y se mantiene el incumplimiento de la ley que ordenó crear la Comisión Bicameral para investigar a empresarios cómplices de la pasada dictadura cívico-militar. Por otra parte, se intenta desacreditar a los organismos de derechos humanos, flexibilizar las condiciones de detención a condenados por crímenes de lesa humanidad, mientras se desoyen los reclamos de organismos de la ONU y la OEA por la liberación inmediata de Milagro Sala.

En conclusión

El Capítulo Argentino de la Redbioética-UNESCO sostiene una bioética genuinamente basada en la vigencia de derechos humanos fundamentales, y está comprometido a analizar en profundidad los problemas bioéticos enumerados arriba, tal como están ocurriendo en nuestro país, y los que surjan en el futuro, con el objetivo de proponer intervenciones que conduzcan hacia la corrección de las falencias mencionadas y a la plena observancia de los principios y recomendaciones de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, de la cual nuestro país es signatario. Capítulo Argentino de la Redbioética UNESCO (www.redbioetica.com.ar)

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