Hackatón multidisciplinario realizarán en la UNCuyo

Se desarrollarán aplicaciones tecnológicas en las temáticas de educación, derechos humanos, vitivinicultura y datos publicas. La experiencia se concretará el viernes 7 desde las 10 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología de la UNCuyo y es parte del cuarto foro regional Program.AR 2014.

Program.AR es una propuesta del Estado Nacional que busca acercar a los jóvenes al aprendizaje de las Ciencias de la Computación y concientizar a la sociedad en general sobre la importancia de conocer estos conceptos. Para eso se llevan adelante foros de debate en distintas regiones del país; cada uno se compone de talleres, debates y un hackatón de desarrollo.

En ese marco llega a Mendoza el cuarto Foro Regional. Arranca con un debate sobre la estrategia que debe adoptar el país para acercar a los jóvenes a las Ciencias de la Computación, el jueves 6 a las 9 en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología (ECT), ubicado en calle Padre Jorge Contreras 1300, del parque San Martín. El ITU de la UNCuyo colabora en la organización de este encuentro regional.

Los interesados deben completar el formulario de inscripción en el sitio web: http://program.ar/?page_id=10934 . Allí también podrán descargar un material preparatorio con los temas que se van a tratar.

A su vez se concretará un taller que prepraró la Dirección General de Escuelas de Mendoza para estudiantes y docentes del Programa Conectar Igualdad, el viernes 6 a las 9.

Por otra parte tendrá lugar el hackatón multidisciplinario el viernes 7, de 10 a 20, en el ECT. En esta oportunidad, las temáticas serán educación, derechos humanos, vitivinicultura y datos públicos.

Pueden participar de manera libre y gratuita investigadores, estudiantes, docentes, programadores, hackers, periodistas, diseñadores o entusiastas de las tecnologías. Deben anotarse en el sitio web:http://program.ar/?page_id=10938

Durante la reunión se desarrollarán tecnologías de la información y comunicación (TICs) con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Biblioteca Central de la UNCuyo, la Procuración sobre Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los organismos de derechos humanos Xumek de Mendoza y Acciones Coordinadas Contra la Trata, el Portal Nacional de Datos Públicos, Educ.ar, la UTN Mendoza, las facultades de Ingeniería, de Artes y Diseño de la UNCuyo y la comunidad HacksHackers Mendoza. Muchos de estos organismos producen datos públicos y estarán liberando nuevos datsets -conjunto de datos- para este hackatón.

Experiencias previas. Program.AR concretó 3 de 7 foros regionales en diferentes universidades nacionales. El primero fue en Quilmes, el segundo en Córdoba, el tercero en el Nordeste en la Ciudad de Resistencia, Chaco, y el cuarto Foro será en la UNCuyo.

Impulsa el aprendizaje de las Ciencias de la Computación para contribuir al desarrollo de habilidades fundamentales y porque su acercamiento temprano ayuda a despertar vocaciones en carreras afines.


Etiquetas:

foro regionalprogram.arhackatón multidisciplinariociencias de la computaciónprogramadores

Link permanente:

http://www.uncu.edu.ar/encuentro-regional-para-desarrollar-proyectos-tecnologicos-y-discutir-sobre-ciencias-de-la-computacion

La violencia institucional en Mendoza y la avanzada punitivista en Argentina

El reconocido abogado Alfredo Guevara dio una larga entrevista a “Despacito y por las piedras” el pasado sábado. Con el marco nacional de la reciente aparición de los restos de Luciano Arruga y la “Marcha de la Gorra” contra la violencia policial, se refirió a las responsabilidades políticas, judiciales y sociales -a partir del discurso estigmatizante de la “criminología mediática”- por las cuales el Estado se transforma en verdugo de quienes son víctimas en total situación de vulnerabilidad e indefensión. También evaluó a nivel local la realización de un nuevo juicio contra el policía que en 2.006 asesinó a Cristian Reyes, la impunidad reinante, las políticas corporativas en materia de seguridad y el agravamiento del cuadro general por la situación de las cárceles.

La mañana del 12 de abril de 2.006 el policía Mario Horacio Biasiori acribilló al joven Cristian Ricardo Reyes -de 29 años- que además estaba esposado y así corría de la patrulla que ingresó a la vivienda de su familia. Fue durante un allanamiento irregular en el Barrio Buenavista en La Carrodilla, Luján de Cuyo, por el cual la Policía estaba buscando a otra persona, supuestamente un interno fugado de la Penitenciaría Provincial. Por este asesinato se realizó un juicio en contra del policía, que además ha estado todo este tiempo en libertad. El 17 de marzo de 2.011 la 5ta. Cámara del Crimen lo absolvió. Los abogados querellantes apelaron el fallo hasta que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió anular la absolución, por lo tanto quedó confirmada la realización de un nuevo juicio.

Alicia Vargas, la mamá de Cristian y quien enarbola la lucha por justicia por su homicidio, ha denunciado reiteradas amenazas por parte de la corporación policial contra ella y su familia. Hace un tiempo señaló a Despacito y por las piedras: “Yo he sido amenazada por muchísimo tiempo. Llegaban los policías hasta la puerta de casa a decirles a mis hijos que iban a morir como la rata de su hermano. Incluso un oficial cordobés que recorría el barrio le apuntó a uno de ellos hacia adentro de la casa. Yo lo denuncié y logré que lo sacaran un tiempo. Hemos estado dos o tres años perseguidos. Sigo haciendo público esto porque no me voy a callar, no les tuve miedo y no les tengo miedo. La Policía nunca hizo nada bien, en cada allanamiento siempre fue violencia y pegar. Yo he visto el maltrato y no sé si los preparan para eso o es tanta la maldad que ellos tienen.”

El abogado Alfredo Guevara, uno de los referentes de la Campaña contra la Violencia Institucional a nivel nacional, fue uno de los representantes legales de la familia de Cristian. Actualmente la causa es seguida por su compañero, el abogado Pablo Salinas. Esto dijo Guevara a Despacito y por las piedras:

“Lamentablemente, la historia de Cristian Reyes es una más entre tantas de las que ocurren en sectores que los medios denominan “los nadies”, ya que ni siquiera valen lo que la bala que los mata. Cuando la problemática de la seguridad es recortada como aquella que queda únicamente vinculada a determinados tipos de hechos delictivos que sufren determinados sectores sociales, se invisibiliza, se oculta y se deja de mostrar este otro costado, que tiene un grave costo social. No solamente tiene que ver con la muerte sino también con la estigmatización de jóvenes pobres excluidos del mercado en forma estructural.”

“Cristian Reyes se encontraba durmiendo cuando irrumpieron las fuerzas especiales en un allanamiento en búsqueda de un detenido fugado de la Penitenciaría, al cual no encontraron. Se lo llevaron porque le encontraron un arma calibre 22 en su domicilio, a fin de investigar el origen. La familia y los policías actuantes coinciden en que lo sacaron esposado y con las manos sobre la espalda. De ahí en más los familiares escucharon disparos a lo lejos y cuando intentaron salir de la casa los policías se lo impidieron. Cuando pudieron salir lo encontraron a unas cuadras muerto.”

“Los policías alegaron que Cristian se quitó las esposas y se fugó, por lo cual efectuaron disparos al aire hasta que Biasiori lo alcanzó y comenzó el forcejeo. Reyes intentó quitarle el arma y allí se produjo el disparo que le ocasionó la muerte. Desde el principio el hecho estuvo caratulado como homicidio culposo o accidental, por lo cual el policía nunca estuvo detenido. Las propias pericias policiales llegaron a algunas conclusiones: Las esposas andaban perfectamente, por lo cual es imposible que Reyes se las haya podido quitar a voluntad; había disparos en portones y paredes de varias viviendas del barrio, efectuadas a 1.70 metros de altura en la persecución, por lo cual queda claro que no disparaban al aire.” Además, al menos seis balazos fueron dirigidos contra la víctima, de los cuales el quinto -disparado a medio metro de distancia- le dio en el rostro y le provocó la muerte.

“En primera instancia Biasori obtuvo la probation, cuestión prohibida por el Código Penal cuando están involucrados funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. De allí que se recurrió a la Suprema Corte de Mendoza que finalmente anuló el fallo. Tiempo después se hizo el juicio con nueva magistrada y Biasiori fue absuelto a pesar de las pruebas en su contra. Después de tres años de demora inusitada, la Corte terminó por hacer lugar al recurso planteado con la necesidad de realizar otro juicio lo antes posible. Los querellantes planteamos que el nuevo proceso se realice rápida y urgentemente, dado que estamos frente a un sistema judicial reacio a generar respuestas frente a las demandas de justicia por la violencia institucional.”

“Lo que estamos discutiendo como sociedad hoy es que la agilidad y celeridad en los juicios es una necesidad de todos los sectores que sufren la violencia. La inseguridad no se reduce si se hace exclusiva de un sector que perfectamente puede tener temor a los hechos violentos. Tiene que abarcar a todos los sectores, sobre todo a los más vulnerados, que son justamente las víctimas de esta terrible violencia policial e institucional.”

Estigmatización, impunidad y amedrentamiento contra los familiares

Está claro que los mal llamados “casos de gatillo fácil” -en realidad ejecuciones extra sumarias- consisten en una práctica sistemática realizada por las Policías de todo el país y una de las mayores deudas pendientes de nuestra democracia. En Mendoza, tierra de lamentables hechos emblemáticos al respecto, la situación lejos de atenuarse se ha agravado con el correr de los años, al punto de contabilizar en lo que va de 2.014 al menos seis asesinatos de personas en manos de la Policía. Alfredo Guevara analizó y contextualizó la gravedad institucional y la complicidad del sistema político y judicial tomando como paradigma la impunidad hasta hoy existente en el caso de Cristian. Dijo el abogado:

algues

“Hay una responsabilidad judicial al respecto. La intervención de la 5ta. Cámara del Crimen de Mendoza ha sido un desastre y esto es un clásico que lamentablemente se extiende a otros ámbitos judiciales. Esta responsabilidad judicial también tiene que ver con una responsabilidad política. Sucede que hay distintas varas desde las políticas de seguridad cuando se manejan este tipo de hechos como meramente ocasionales, cuando se dice que esto no es una problemática estructural y se niegan los hechos, cuando se tiende a proteger a los responsables desde el poder político en complicidad con el accionar judicial.”

“Lamento cada una de las muertes provocadas por este tipo de violencia, así como lamento que se haya instalado un discurso discriminador donde no todas las muertes valen lo mismo. Entonces hay familiares de personas asesinadas que merecen ser recibidos por las autoridades que intervienen en la redacción de leyes y en la elaboración de políticas públicas para aumentar la violencia sobre los sectores más pobres y estigmatizados de la población. Y por otro lado, personas como Cristian Reyes y su mamá Alicia y su familia no solamente sufren muertes concretas sino que además simbólicamente sufren un absoluto estado de indefensión e impunidad que hace que la injusticia se multiplique y tengamos muchos más casos impunes.”

Cárceles y naturalización de la violencia desde el Estado

La violencia institucional no se reduce sólo a los avasallamientos que hace la Policía contra los ciudadanos y las ciudadanas. Abarca también los atropellos y la discriminación llevada a cabo por funcionarios judiciales, el avance de propuestas de políticas estatales punitivistas potenciadas por el discurso de los medios de comunicación hegemónicos y la extrema vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad en la mayoría de las cárceles del país. En Mendoza, desde hace lustros, las denuncias internacionales respecto al Servicio Penitenciario no han hecho más que acumularse sin ser saldadas, fundamentalmente por una inexistente voluntad política al respecto. El abogado se explayó:

“La problemática penitenciaria es una deuda en Mendoza y en todo el país. Hay un abandono absoluto de las políticas penitenciarias gubernamentales que deja el lugar a la corporación que históricamente ha manejado esto. Y también hay una estructura en la cual se han generalizado la represión y el castigo de una manera absolutamente ilegal. Para Pilar Calveiro hay que analizar las democracias realmente existentes, se trata de una necesidad. Si tenemos un paradigma y un marco jurídico que plantean el respeto de ciertos derechos fundamentales ¿por qué naturalizar el maltrato sobre los cuerpos de las personas que son alcanzadas por el sistema penal? Esto se da a nivel global a través de cárceles como las de Guantánamo o Abu Ghraib pero también localmente en las cárceles argentinas y particularmente en las mendocinas.”

“Esto genera una violencia y un estado de excepción por el cual hay personas que carecen de derechos y son ellas sobre quienes se puede descargar sin límite alguno la violencia estatal. Entonces la tortura se naturaliza, los tratos crueles, inhumanos y degradantes son constantes y encima se envía una señal al conjunto de la sociedad que ocasiona esta suerte de fascismo societal, como este tipo de personajes a lo Juan Carlos Blumberg. Hay que contraponerlos. Cuando debió pedirle disculpas a Miriam Medina, la mamá de Sebastián Bordón, porque en su discurso llegó a afirmar que no era lo mismo ese asesinato que la muerte de su hijo. A partir de ese momento se abren como dos paradigmas de referencia social en torno a la violencia: Uno que son los Blumberg, los “Oso” Quiroga y otros que se articulan desde el poder. Ellos no encabezan las marchas  sino que llegan a ellas ya preconstituidas para dialogar con los representantes del poder político y se manejan con acuerdos con los grupos más concentrados del mercado.”

“Del otro lado están las referencias sociales como Alicia Vargas, Miriam Medina y tantas otras que se convierten en actores políticos desde una perspectiva contrahegemónica y popular por la cual plantean protestas y demandas de justicia, de verdad y de memoria. Este es el capital más importante para quienes pretendemos vivir en una sociedad donde cada vez haya menos violencia y no se la justifique precisamente desde el Estado.”

“La idea de la Campaña contra la Violencia Institucional es la de articular estos sectores que son agredidos por estas políticas de violencia desde el Estado. Esto excede al reclamo de justicia para cada uno de los casos concretos, también se busca llamar la atención sobre este punitivismo y fascismo social con estas nuevas formas de estados de excepción.”Seguridad o derechos humanos, una falsa dicotomía

Según Guevara, “estas ideas totalitarias justifican todo tipo de violencia que se ejerce desde el Estado en detrimento de cualquier tipo de posibilidad de participación en la cosa pública del conjunto de la comunidad. Es la idea de que para tener seguridad hay que perder derechos. Esto se ha instalado tradicionalmente de manera hegemónica como en su momento fue la Doctrina de Seguridad Nacional y posteriormente la Doctrina contra las amenazas, que es la guerra contra el crimen y el terrorismo que impulsan las potencias a nivel mundial. Esto se basa justamente en la idea de contraposición por la cual mientras menos derechos tengamos más seguros vamos a estar.”

“La clave para desarrollar esta discusión es más bien contraria: Mientras más derechos ampliemos mayor seguridad va a haber, porque pensamos la seguridad no de manera recortada sino integralmente, es decir desde una seguridad social y en atención al conjunto de los derechos sociales, económicos y culturales que deben garantizarse. Es posible construir políticas de seguridad que den cuenta de la necesidad de expandir, proteger y respetar los derechos humanos.”

Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal y Criminología Mediática

margos

El extenso análisis realizado por Alfredo Guevara contempló la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo nacional para que el Congreso trate una reforma del Código Procesal Penal, algunas de cuyas modificaciones proyectadas significan un serio retroceso en la materia. Señaló:

“Lo que se plantea en esta reforma es la “conmoción social” o el strepitus fori como un motivo para mantener a la persona privada de libertad desde que comete el hecho hasta el juicio. Esto es preocupante porque le otorga a los medios de comunicación hegemónicos un  poder absolutamente desmedido, que es lo que Raúl Zaffaroni llama “criminología mediática” y es la que califica la “conmoción social” para encarcelar o liberar a las personas. En los casos de violencia policial se produce exactamente lo contrario: se les permite a los funcionarios imputados llegar a las sentencias en libertad en oposición a lo que dice la Ley cuando se trata de delitos realmente graves como un homicidio. La ley es actual y tampoco lo permite el nuevo proyecto del Código Procesal Penal de la Nación.”

“No hace falta recurrir al concepto de conmoción social porque hay pautas objetivas y validadas por convenciones internacionales de derechos humanos y por las propias leyes argentinas que establecen que cuando hay una amenaza de pena y circunstancias objetivas en la causa que permiten deducir que si la persona no se va a someter a la justicia puede estar privada de la libertad desde un principio. Esto no es lo que ocurre con sectores como los policiales que evidentemente tienen un trato privilegiado.”

La Nación será querellante en el caso Soledad Olivera

Fernando Peñaloza , abogado representante de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación en la Provincia dialogó con “Línea Editorial” sobre el caso de Soledad Olivera y el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones que lo indica como “violencia de género”. Peñaloza fue impulsor para que la Justicia haga este enmarcamiento.

La Cámara de Apelaciones falló a favor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y  podrá ser querellante en la causa por la desaparición de Soledad Olivera. A tres años de la desaparición de la joven lavallina esta cámara resolvió la causa como “un caso de violencia de género” en contraposición de la posición de la justicia provincial que lo caratula como “crimen común”.

Esta decisión revoca el fallo del fiscal especial Santiago Garay y el juez de garantías David Mangiafico quienes al conceptualizar la causa como un delito común de privación ilegitiman de la libertad no veían competente que la Secretaría de Derechos Humanos participara de la querella.

Peñaloza destacó que este fallo es un avance muy importante ya que permite una definición más clara de la causa y permite que esta será mucho más plural al aceptar que diferentes organizaciones participen de la querella, organizaciones relacionadas a los derechos humanos y los derechos de las mujeres que pueden aportar mucho más a este caso que hace tres años que está estancado.

El abogado señaló además que hay cierto temor por parte de la Justicia mendocina de usar términos como “desaparecidos” en estos casos, posiblemente por el peso que ha adquirido en la historia reciente esta palabra. La Justicia de la provincia se ha limitado a investigar la causa como privación ilegitima de la libertad tanto en el caso de Soledad Olivera como en el de Johana Chacón, ambas desaparecidas en Lavalle. La primera chica en noviembre de 2011, y la pequeña Johana en septiembre de 2012.

“Estas mujeres son desaparecidas en democracia” remarcó Peñaloza. El reciente fallo de Correa Llano pone el caso en consonancia con los convenios y las normativas federales. El interés principal de la Secretaría de Derechos Humanos es, ahora como parte de la causa, acceder al expediente, pedir el cambio de caratula y avanzar con la realización del juicio oral y público en el que será juzgado Mariano Luque, quien fue pareja de Soledad Olivera y hasta ahora es el único imputado en la causa.