Hábeas Corpus Colectivo Preventivo para evitar el traslado de jóvenes detenidos a la cárcel de Cacheuta

Interposición de Hábeas Corpus Colectivo Preventivo presentado por: Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Dr. Fabricio Imparado; miembros de la ONG “Xumek”, los abogados Diego Lavado, Pablo Salinas, Lucas Lecour, Sergio Salinas Giordano, Carlos Varela Álvarez y Lucas Fallet; y miembros del Comité Local para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, las Sras. Ana Sosino, Gretel Godoy y Adriana Recchia, y los Sres. Fernando Rule, Oscar Guidone y Eugenio París; y resolución del mismo, a cargo de la Jueza Mariana Zavi: Expte Nº 69/15 caratulado “Hábeas Corpus Preventinvo y Colectivo Jóvenes Privados de la Libertad”.

San Rafael: Inicio segundo Juicio por Delitos de Lesa Humanidad

Hoy jueves 26 de marzo, se da inicio al Segundo Juicio por Delitos de Lesa Humanidad en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

Los abogados Diego Lavado, Sergio Salinas y Lucas Lecour, con la colaboración del Dr. Gonzalo Evangelista, actuarán como parte querellante en la causa. El poder para actuar en el juicio como tal, fue otorgado por Mariano Tripiana, hijo Francisco Tripiana (desaparecido), y el MEDH, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

El mismo se llevará a cabo con algunos cambios. El de mayor importancia se genera a partir de la renuncia del juez que comenzó el proceso en diciembre, Héctor Cortéz, que por cuestiones de salud no pudo continuar con el juicio en febrero, quien hoy es reemplazado por la Jueza Gretel Diamante.

En consecuencia de ello, el debate comenzará  nuevamente debido a que tuvo que ser anulado ya que pasaron más de diez días hábiles sin retomar las sesiones. Cabe recordar que el mismo tuvo a fin del año pasado su primera jornada.

Del “Juicio a los jueces” en Mendoza a la Justicia que pretendemos

El jurista Pablo Salinas repasó la destitución de los ex jueces Miret y Romano acusados de complicidad con la última dictadura militar en la “mega causa” de Mendoza. “Ese logro de la Justicia argentina -dijo- permite inferir que la complicidad civil puede ser juzgada y se deben dilucidar sus responsabilidades en todo el país”.

Por la causa F 636 instruida por el Juez Walter Bento a requerimiento del entonces Fiscal General Omar Palermo, se procesó y elevó a juicio a quienes ejercieron como jueces, fiscales y defensores durante la dictadura militar en la Provincia de Mendoza.

Fueron requeridos: Luis Francisco Miret Caples, Rolando Evaristo Carrizo Elst, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Irineo Roque Romano Ruiz, Gabriel Guzzo.

Al momento de iniciarse la investigación seguían ejerciendo como jueces federales Otilio Romano y Luis Miret. Ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura luego de un procedimiento largo y con plenas garantías.

El 11 de marzo de 2011, el  jury entendió que Miret como juez subrogante tuvo “noticia verosímil y directa de delitos cometidos contra varios detenidos puestos a su disposición a manos de integrantes de grupos de tareas de la policía mendocina”. También indicó que “puede concluirse sin hesitación que el magistrado debió haber actuado conforme lo establecía la legislación vigente, identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos de los que tuvo conocimiento y sin embargo, omitió toda diligencia procesal en ese aspecto”.

El 16 de diciembre de 2011, por unanimidad fue destituido el entonces magistrado Otilio Romano considerando que “no le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”,

El jury determinó que “el acusado, en contraposición con la celeridad y diligencia que demostraba para investigar las infracciones, en función de la Ley 20.840 (o “antisubversiva”), nada hizo respecto de los graves delitos de torturas, violaciones y robos, denunciados en “forma directa” y con “detalles” ante él, incluso durante las indagatorias. Incumplió sus obligaciones como funcionario esencial del sistema de justicia”.

Otilio Romano huyó a Chile para intentar conseguir “asilo político”, y el país vecino previo dictamen de la Procuradora de la Corte resolvió otorgar la extradición para ser juzgado en Argentina.

Se debe destacar que la destitución de Romano fue una decisión unánime del jury: lo acusaron de haber “omitido” en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 –con la Triple A– y durante la última dictadura.

A partir de la destitución de Luis Francisco Miret y Otilio Irineo Roque Romano se produjo la acumulación de las causas de los represores de Mendoza junto con los acusados civiles y se conformó la llamada “mega causa”, donde fueron sentados en el banquillo de los acusados ex militares, ex policías, ex penitenciarios, ex jueces, ex fiscales y ex defensores.

Este logro de la justicia argentina , – me refiero a que el 17 de febrero de 2014 empezó a juzgar a todo el aparato del terrorismo de estado en Mendoza- permite inferir que la complicidad civil puede ser juzgada y debe ser juzgada y se deben dilucidar sus responsabilidades en todo el país.

El avance con respecto a la responsabilidad de civiles en el plan criminal del terrorismo de estado es fundamental para construir un estado democrático, tal como lo afirmé en el libro “Usted También Doctor?” (ver Usted También Doctor? Juan Pablo Bohoslavskky. Editorial Siglo XXI. Bs.As. 2015. Pág. 405).

Podemos cerrar con las palabras de Horacio Verbistsky (Op. Cit. Contratapa) “los esfuerzos para desentrañar y poner en evidencia esa dimensión de la complicidad civil sin duda contribuyen a la consolidación de la democracia Argentina, no sólo porque demandan una rendición de cuentas, sino también porque nos interpelan acerca del tipo de juez que la sociedad argentina hoy necesita”. Creo que se trata sencillamente de qué tipo de juez pretendemos y de qué tipo de fiscal y abogado necesitamos. En última instancia, de que Poder Judicial pretendemos para nuestro país.

Condena por violencia de género

Un día después del Día Internacional de la Mujer, los abogados querellantes Lucas Lecour (presidente de Xumek) y Fernando Peñaloza (abogado de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación) lograron una sentencia histórica en la Primera Cámara del Crimen de Mendoza que reivindica los derechos de las mujeres a vivir sin violencia.
Ricardo Muñoz fue condenado a la pena de 18 años de prisión por el homicidio de su esposa Mirta Naranjo.
Mirta había denunciado en varias oportunidades a su marido, sin embargo, no hubo por parte del Estado una intervención eficaz, sino hasta después de su muerte.

La querella solicitó condena teniendo en cuenta la declaración de los hijos de la pareja, quienes señalaron que su madre era maltratada física y verbalmente por su padre desde hacía muchos años y que la noche anterior no presentaba las lesiones por las que debieron internara el 12 de julio de 2012. Asimismo, la empleada doméstica de la familia,  confirmó durante la etapa de declaraciones que Naranjo sufrió distintas formas de violencia de parte de su marido. Además, Muñoz afirmó en su declaración que era consiente de que su mujer estaba medicada –ingería anticoagulantes después de dos operaciones en el corazón– y que, si la golpeaba, podría causarle lesiones irreversibles.

Por último, explicaron que Naranjo presentaba una personalidad depresiva, con temores y sentimientos de culpa, conductas típicas de una mujer víctima de violencia de género, y que las lesiones detectadas en el cuerpo de la mujer no eran compatibles con una caída o una autolesion y sí con maltrato físico.

Cabe recordar que Mirta Naranjo fue encontrada casi desvanecida y muy golpeada en la pieza matrimonial el 12 julio del 2013. Sus hijos la llevaron hasta el Hospital Central en taxi. Ricardo Muñoz se negó a llevarla diciendo que tenía que atender el negocio. Allí estuvo internada dos meses, hasta que finalmente dejó de existir. Se comprobó que su marido la maltrataba física, verbal y psicológicamente hacia varios años y que esa noche era el único que había estado con ella en el lugar donde sufrió la golpiza.