12 de Junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil

En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 12 de junio como “Día Internacional contra el Trabajo Infantil” con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo, con la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, la sociedad civil, y todos y cada uno de nosotros.

El convenio 182 de la OIT establece que las “peores formas de trabajo infantil” son todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para utilizarlos en conflictos armados, para  la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas o para la realización de otras actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. Según este mismo convenio, las peores formas de trabajo infantil deberán ser determinadas por la legislación nacional luego de un proceso de consulta.

Actualmente todavía hay unos 215 millones de niños que trabajan en el mundo, muchos de ellos a tiempo completo y no se atienden sus necesidades de escolaridad ni esparcimiento, e incluso carecen de alimentación y cuidados adecuados en muchos casos. Más de cien millones de niños están expuestos a formas de labor aberrantes, como el tráfico de drogas, la prostitución, su participación involuntaria en conflictos armados e incluso los hay en régimen de esclavitud.

Para este año en particular la OIT y ONU han planteado el lema: “!No al trabajo infantil – Sí a una educación de calidad!”, buscando focalizar lo vital de una educación de calidad, gratuita y obligatoria para todos los menores hasta llegar a una edad mínima de alcanzar un empleo, así como llevar adelante acciones para rescatar a niños actualmente en situación de trabajo infantil.

Como bien lo establece la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959 de manera unánime por todos los 78 Estados miembros que componían entonces la Organización de Naciones Unidas, toda niña y todo niño debe ser reconocido como un “ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad” con derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión política; derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social; derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento; derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada; derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física; derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad; derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita; derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia; derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y derecho a ser criado con un espíritu de comprensión sexual, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.

“Mendoza: Marcha #NiUnaMenos”

En el día de ayer, miércoles 3 de junio, a partir de las 17hs, las mendocinas y mendocinos fueron parte de la masiva convocatoria, a nivel nacional, generada bajo el lema Ni Una Menos.

A partir de las 17hs, las calles del centro mendocino se fueron colmando de personas que se reunían en Peatonal y San Martín a manifestar Ni Una Menos. En un comienzo, el conjunto de personas era reducido, pero poco a poco ese número se fue acrecentando y la marcha encolumnó alrededor de 13 cuadras llenas de mujeres, hombres y niños, de todas las edades, pertenecientes a diferentes organizaciones, partidos políticos, ideologías; poniendo de manifiesto sus proclamas y denuncias de diferentes maneras: algunos con carteles, otros con cánticos y palmas, con sus cuerpos, con manifestaciones artísticas; pero todas y todos bajo una misma bandera: NI UNA MENOS.

Fue conmovedor y motivo de orgullo, poder haber compartido ayer con miles de mendocinas y mendocinos un momento de suma importancia para la historia de Mendoza, cuando todos nos convocamos a pedir y denunciar: “Basta de violencia a las mujeres.. Basta de muertes.. Basta de abusos y acosos.. Basta de tantos casos de agresión aberrantes y nefastos contra nuestras mujeres..”

Creemos firmemente como Asociación defensora y trabajadora por los Derechos Humanos, comprometida con la realidad social a la que nos enfrentamos día a día, que los más grandes cambios y las conquistas de importantes logros en nuestra sociedad y en nuestro aparato estatal -ejecutivo, legislativo, judicial- se consiguen a partir del compromiso social, de la fuerza de convicción como sociedad. Somos nosotros mismos los promotores y generadores de cambios sustanciales.

Fuente fotográfica: http://www.mdzol.com/nota/609636-el-masivo-niunamenos-en-mendoza-en-imagenes/  —  http://losandes.com.ar/article/fotos-y-videos-los-mendocinos-salieron-a-la-calle-bajo-el-lema-niunamenos  —  http://www.diariouno.com.ar/mendoza/NiUnaMenos-testimonios-de-la-marcha-que-convoco-a-una-multitud-en-Mendoza-20150604-0100.html  —  http://www.elsol.com.ar/nota/236324/provincia/niunamenos-la-marcha-en-imagenes.html

“Violencia de Género: un camino con muchos vacíos aún”

Desde los primeros tiempos estamos ante una realidad cruenta: la desidia del Estado frente a la víctima mujer, sea en cualquiera de sus clásicas funciones: ejecutivas, legislativas o judiciales. Hoy, a partir de la fuerza de lucha de aquellas personas que pusieron en la agenda política tal problemática, se han logrado avances sociales en la protección de la víctima mujer.

Primeramente, en el marco de nuestra legislación convencional ratificada por la República Argentina, tiene primordial importancia la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer – conocida como “Convención de Belem do Pará” y ratificada por la ley nacional N° 24.632- que establece que los Estados parte tienen la obligación de adoptar todas la políticas necesarias a fin de que se prevenga, sancione y erradique la violencia contra la mujer.  El artículo 1 de la Convención establece: “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. El artículo 2 “se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende entre otros, violación, maltrato y abuso sexual, b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar del trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”. De dicha Convención se deriva que el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas, sancionar a los agresores e instrumentar campañas educativas y mediáticas para erradicar la cultura de la violencia.

En vista de ello, y como continuación de la ampliación de la protección de los derechos de las mujeres a partir de la ley 26.485, en diciembre de 2012, la República Argentina promulgó la ley nacional 26.791, reformadora del Código Penal, por la que se incorporó la figura del femicidio.

En el año 2012, Alicia Prada, directora de la Dirección Provincial de las Mujeres, Género y Diversidad, nos comentaba: “Sólo registramos a quienes se animan a contar su historia, pero sabemos que hay muchos más casos que no llegan a visibilizarse”; y agregó “la mayoría de las mujeres, ante una agresión física o amenaza, hace sólo una vez la denuncia en la comisaría más cercana y luego no vuelve a la policía para ratificar su denuncia, con lo cual, el expediente prescribe”.

Ya en el año 2012, ante los números alarmantes de casos de violencia de género, diferentes asociaciones protectoras de los derechos de la mujer manifestaron frente de la legislatura provincial para pedir que se declare la emergencia nacional por violencia de género ya que se había registrado hasta la fecha un total de 119 femicidios en el país.

Cabe agregar que, desde septiembre de 2013 hasta el día de la fecha, funciona un número telefónico gratuito (el 144) para atender las denuncias de víctimas de violencia doméstica y violencia de género.

Si bien es cierto que ha sido corto el camino recorrido desde la sanción de la ley 26.791 que incorporó la figura del femicidio a nuestra ley penal, pareciera, por las estadísticas que relevan algunas ONG, que para abordar tan complicado tema como es la violencia de género no es suficiente con una modificación que abarque sólo el plano legislativo. Tampoco sirve la implementación de diversos mecanismos de concientización, prevención y lucha desde los órganos administrativos, si no existe entre todos ellos, la Justicia y las leyes, la articulación de una política integral de protección hacia este sector vulnerable de la sociedad. De nada sirve la redacción de una legislación penal que pretende proteger a las víctimas mujeres si no contamos con agentes públicos preocupados y formados en la cuestión de género.

Es necesario refuncionalizar las fiscalías de delitos complejos, en fiscalías especializadas para la investigación de crímenes que muchas veces quedan impunes, debido la ausencia de conocimientos específicos o personal especializado para abordarlos adecuadamente, tales como, delitos “de guantes blancos”, violencia de género y violencia institucional.

Sin relevamientos oficiales, todos los mecanismos implementados -y que se vayan a implementar- sobre esta problemática, caminarán hacia el abismo.

No sólo se requiere una reestructuración del Estado, sino también, y fundamentalmente, un cambio de mentalidad de la sociedad en su conjunto. Es sumamente necesario para comenzar con este camino de concientización sobre este fenómeno que se ciñe día a día sobre las mujeres.