49 años de la “Noche de los Bastones Largos”

Un 29 de julio pero del año 1966, la policía federal por orden del dictador Juan Carlos Onganía, intervino a golpes las universidades públicas. Estudiantes y profesores fueron encarcelados y agredidos brutalmente; cientos de científicos e investigadores se exiliaron, lo que constituyó una “fuga de cerebros”.

Se cumplen 49 años de la “Noche de los Bastones Largos”: el 29 de julio de 1966, las universidades nacionales fueron intervenidas y ocupadas militarmente. Un mes antes, el día 28 de junio de 1966, el teniente general Juan Carlos Onganía había derrocado el gobierno democrático del entonces presidente Arturo Illia y daba inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. La misión del día 29 de julio tenía dos objetivos centrales: golpear y detener estudiantes en las universidades públicas, e imponer las primeras marcas de la intervención militar.

La represión, en efecto, fue una respuesta a la creciente politización de la vida universitaria en los ’60. Luego del derrocamiento del gobierno de Arturo Illia, se firmó el decreto ley 16.912 que suprimía el gobierno tripartito en la universidad, disolvía los 17 consejos superiores y obligaba a los rectores y decanos a transformarse en interventores sometidos a la autoridad del Ministerio de Educación. Los rectores de las universidades nacionales de Cuyo, del Nordeste y del Sur aceptaron transformarse en interventores, pero los de Tucumán, Litoral, La Plata, Buenos Aires y Córdoba lo rechazaron.

La resistencia de estudiantes y docentes fue la toma de las facultades. Además, la UBA, a través de su Consejo Superior, y la Federación Universitaria Argentina, se pronunciaron contra el derrocamiento del gobierno constitucional. Se firmó una declaración donde se puso de manifiesto su “irrevocable decisión de no reconocer otras autoridades de Facultad y de la Universidad de Buenos Aires que las que legítimamente emanan del cumplimiento del Estatuto Universitario, así como de las leyes y de la Constitución Nacional”, y donde se comprometían a “retirar toda colaboración a las personas que ilegítimamente se arroguen tal autoridad en la Universidad, haciendo abandono definitivo de nuestras tareas docentes y de investigación en la Facultad”. El golpe “disciplinador” era inminente. La Noche de los Bastones Largos fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, que habían sido tomadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno.

El nombre del hecho proviene de los bastones largos usados por efectivos policiales para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados, cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios, luego de ser detenidos. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, las facultades más renovadoras. El método aplicado fue la irrupción de la Infantería, primero lanzando gases lacrimógenos y luego descargando bastonazos a hombres, mujeres, estudiantes, docentes, graduados y decanos.

“La Noche de los Bastones Largos” marcó el inicio de una etapa de persecuciones, renuncias y cesantías. Cientos de científicos e investigadores se exiliaron, lo que constituyó una significativa “fuga de cerebros”. En los meses siguientes muchos profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país.

El episodio forma parte  de los silencios del poder judicial en la historia argentina, opinó el juez Mario Portela. “Fue un hecho publicitado en todos los medios, por la cantidad de heridos y de detenidos, hasta tuvo repercusión mundial y sin embargo la justicia no hizo nada. El onganiato nunca inició una investigación”; “la gran pregunta es saber dónde estaban los fiscales y los jueces de instrucción  del Poder Judicial en ese momento”. Y concluye: “el hecho tiene una resonancia histórica porque fue parte de un plan orquestado para desmantelar lo público desde el golpe del ’55. La persecución a los intelectuales fue perversa. También hay que destacar que los militares no tocaron la facultad de Derecho, y no fue por casualidad. Yo estudiaba en esa época en la UBA y siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido”.

A 49 años de la Noche de los Bastones Largos, volvemos a manifestar firmemente NUNCA MÁS !! Memoria, Verdad y Justicia para cada uno de los estudiantes, profesores, autoridades universitarias, científicos, investigadores, familias que tuvieron que atravesar este brutal episodio.

Juicio de Lesa Humanidad de San Rafael

Se retomaron, luego de la feria judicial, las audiencias relativas al segundo juicio por delitos de lesa humanidad de San Rafael. Entrevistado en “Tan Gente”, el abogado Lucas Lecour, querellante por el Movimiento Ecuménico y representante de la familia del desaparecido Francisco Tripiana, destacó la conformidad que fiscalía y querellas tienen respecto al Tribunal presidido por la jueza Ruiz López por su disposición para que la etapa testimonial no sea excesivamente larga, por lo cual considera posible llegar a una sentencia en dos meses. Hizo también un repaso sobre víctimas, hechos y acusados, así como la descripción de la continuidad de prácticas genocidas y complicidades en democracia, y una ponderación histórica de los juicios en Mendoza.

El abogado Lucas Lecour fue muy claro al ponderar el proceso de memoria, verdad y justicia que después de décadas terminó por consolidarse en la provincia. Dijo: “Hay un proceso de memoria activa y de lucha importante de los Organismos de Derechos Humanos con el acompañamiento de la Fiscalía de lesa humanidad y de las querellas que ha permitido la realización de tres juicios en la Ciudad de Mendoza -el actual con la característica histórica que significa el enjuiciar “a quienes hasta no hace mucho seguían como jueces federales”- y este segundo de San Rafael”, que posibilita “que se obtengan importantes condenas o procesos como contra Luis Stuhldreher, que fue funcionario del gobierno de Cobos”. Y agregó que fruto de tan importante tarea, “dentro de poco podremos decir que se investigaron y juzgaron todos los delitos denunciados durante la última dictadura y que acá se cerró este proceso”.

Tal cual comentó en la entrevista de ayer, hoy reinició tras la feria judicial el juicio del sur provincial que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2, presidido por la doctora Fátima Ruiz López. Sin embargo, la audiencia -como las últimas- se desarrolló por teleconferencia y en Tribunales Federales, dado que aún hay testigos del medio local. El abogado manifestó que los acusadores se sienten “contentos” por la responsabilidad asumida por el Tribunal en cuanto a la dinámica y celeridad con que se ha abordado el tratamiento testimonial, ya que tras 18 audiencias celebradas desde finales de marzo -cuando el juicio “recomenzó” dado que debió ser integrado nuevo juez- se han concretado más de 100 testimoniales entre las 150 estipuladas. Y aunque las jornadas sean “agotadoras”, también son “satisfactorias”, porque “de seguir con este ritmo, hacia finales de septiembre podría haber sentencia”.

El juicio contempla delitos de homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y 14 desapariciones forzadas contra un total de 76 víctimas, 3 de las cuales fueron incorporadas en el debate en curso porque, según Lecour, resulta muy poco probable que se realice otro proceso de este tipo en San Rafael. El número de represores juzgados se mantiene en 26 y abarca a los responsables de lo que fue la estructura montada entre 1976 y 1978 para perseguir a las y los militantes políticos del sur provincial por grupos de tareas conformados por personal del D2 departamental, la Unidad Regional II, Infantería, Destacamento 144 de Inteligencia, y otros.

Lecour también indicó la importancia que tienen para el juicio y para la sociedad sanrafaelina que entre los acusados haya varios “notables” que siguieron delinquiendo y amparándose en la impunidad durante la democracia. Así, mencionó al ex intendente de facto Luis Stuhldreher -máximo responsable del centro clandestino que funcionaba en la Municipalidad-; al ex policía Hugo Ramón Trentini -condenado por el crimen de Sebastián Bordón y el peor ejemplo de la continuidad de prácticas genocidas-; al ex jefe de la UR II, Oscar Raúl Pérez, que “liberó la zona” y encubrió a policías implicados en el asesinato en 2002 del empresario Carlos Méndez; a Norberto Mercado, ex jefe policial que desde 1990 ha sido señalado por la Comisión de la Verdad “como una de las personas que ordenó las desapariciones de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria” -por quienes hubo condenas de la Corte IDH-; y a Juan Roberto Labarta, quien atrás de su mascarada como arquero del Club Pedal, escondía su rol de informante y “ha sido reiteradamente mencionado por los testigos”.

Uno de los hechos más aberrantes surgidos como prueba es la constatación de que en el propio edificio de Tribunales funcionó un centro de torturas por el que pasaron decenas de detenidos, inclusive empleados del mismo Poder Judicial, por quienes ni sus jefes ni sus compañeros preguntaron jamás. Las audiencias continúan el próximo jueves y viernes.

Fuente: Entrevista generada por el programa radial “Tan Gente” (Radio Nacional Mendoza) Fecha: 24 de julio de 2015 – “Se aproximan las condenas en el juicio de lesa humanidad de San Rafael”: http://www.nacionalmendoza.com.ar/?p=42834