Presentación Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo por hacinamiento y sobrepoblación en las penitenciarías de Mendoza

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (Ley 8.284) y la Asociación Civil Xumek, para la promoción y protección de los derechos humanos, interpusieron el día 30 de setiembre del corriente año, una acción judicial de hábeas corpus correctivo y colectivo ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Actualmente se encuentran privadas de la libertad más de 4.000 personas en las cárceles de la provincia, de las cuales el 45% se encuentran procesadas, es decir sin sentencia firme. Absolutamente todos los establecimientos penitenciarios se encuentran sobrepoblados. En la labor de monitoreo se ha llegado a comprobar hasta diez personas alojadas en celdas de 2,5mt por 3,5mt, durmiendo siete de ellas en el suelo, por lo que los niveles de hacinamiento, sobrepoblación y consecuente violencia intra-carcelaria han llegado a niveles críticos e insostenibles.

Ante ese panorama, ya advertido con anterioridad en los informes anuales de ambos accionantes, el objeto de la acción presentada es que los operadores judiciales utilicen la privación de libertad tal como prevé nuestro Código Procesal Penal e instrumentos internacionales de rango constitucional en materia de derechos humanos; esto es como última opción en instancias de investigación de los posibles delitos, y no como regla ante cualquier caso, como viene sucediendo hasta el momento.

En nuestro sitio web, en el apartado Publicaciones, sección Artículos, podrán tener acceso al Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo presentado.

Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo por los niveles de hacinamiento y sobrepoblación en las penitenciarías de Mendoza

Interposición de Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo presentado por: Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y Asociación Civil “Xumek”, el día 30 de Setiembre de 2015. Número de Expediente: 13-03815694-7.

El objeto de la acción presentada es que los operadores judiciales utilicen la privación de libertad tal como prevé nuestro Código Procesal Penal e instrumentos internacionales de rango constitucional en materia de derechos humanos; esto es como última opción en instancias de investigación de los posibles delitos, y no como regla ante cualquier caso, como viene sucediendo hasta el momento.