Comunicado de Prensa – Reforma Policial

MEJORAR LA FORMACIÓN POLICIAL, UNA INICIATIVA ALENTADORA

“(…) en varios países del hemisferio, la doctrina policial se mantiene ligada al concepto de orden público, atendiendo antes a la seguridad del Estado que a las necesidades de las personas o grupos que integran la sociedad. (…) Para que una fuerza policial aspire a ser respetuosa de los derechos humanos no sólo requiere de formación teórica sino que debe organizarse, seleccionar su personal, capacitarse permanentemente y realizar sus operaciones profesionales de forma tal de hacer efectivos los derechos humanos de la población a la que sirve” (CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009, capítulo IV, “La seguridad ciudadana y los derechos humanos”, párrafo 80).

La semana pasada se aprobó en la Legislatura Provincial un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que modifica la Ley Orgánica de la Policía de Mendoza (Ley N° 6.722).

De la misma forma que no dudamos en señalar cuando es evidente la ausencia de voluntad política por parte de las autoridades de gobierno en el reconocimiento de derechos, tampoco omitiremos destacar positivamente iniciativas como ésta o cualquier otras destinadas a concretar políticas públicas que beneficien a los mendocinos y mendocinas.

En este sentido, reconocemos como alentadora la decisión de realizar una modificación legal que, según sus mismos fundamentos, tiene por finalidad “mejorar la selección del personal, adecuar el régimen disciplinario, establecer incentivos y mejorar el régimen de jerarquías y ascensos”.

Resulta esencial para el fortalecimiento del sistema de seguridad pública mejorar la formación y capacitación del personal policial y el régimen disciplinario para asegurar una mayor eficiencia en la prevención del delito y la investigación forense.

Sin embargo, no podemos dejar de resaltar que esto sólo no alcanza, porque si no se lo acompaña con la modificación de otros aspectos del sistema legal que regula el funcionamiento de la policía provincial, la reforma corre el riesgo de quedar irremediablemente a mitad de camino, y por ende resultar un esfuerzo en vano.

En línea con lo advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, compartimos su preocupación por las debilidades históricas en la creación de una institucionalidad conducente a una adecuada gestión estatal en esta materia por las dificultades en áreas como la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales.

Tal como lo reflejamos en nuestro Informe Anual del año 2015 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Mendoza (www.xumek.org.ar), el déficit en la formación y capacitación de la policía de Mendoza, es un factor de gran incidencia en el crecimiento de la inseguridad. Es indudable que como sociedad nos enfrentamos a un problema de importancia mayúscula cuyo tratamiento merece profunda atención porque define no sólo el modelo de policía que se pretende sino también la pericia del estado para abordarlo.

Por ello, entendemos esencial una reforma más bien estructural que modernice la Policía Provincial al contener, entre otros, los siguientes puntos:

  1. La profesionalización de las fuerzas policiales, fundamentalmente estableciendo un contenido curricular mínimo que deberían tener las carreras previstas en el Instituto Universitario de Seguridad Pública, tales como:

–  políticas públicas en prevención del delito y seguridad ciudadana,

–  aplicación de principios básicos y generales de derechos humanos,

–  conocimiento en códigos de conducta, protocolos de actuación y estándares internacionales para funcionarios de fuerzas de seguridad,

–  capacitación en atención integral a víctimas de delitos sin discriminación,

–  capacitación en materia de género y diversidad,

–  capacitación en resolución pacífica de conflictos y uso de armas no letales, etc.

  1. La creación de una licenciatura en investigación forense para formar al personal que deberá conformar la tan postergada “Policía Judicial”.
  2. La regulación correcta del acompañamiento psicológico de los funcionarios policiales, no solo para el ingreso, sino durante toda su actividad, principalmente en casos de situaciones extremas.
  3. Una revisión del sistema de “recarga horaria”. El uso abusivo a través de una sanción o por otros motivos, genera un desequilibrio entre las horas de trabajo y de descanso, que trae consecuencias perjudiciales en el desempeño laboral que repercuten en la relación con la comunidad.
  4. La inclusión de la perspectiva de género. La ley sólo hace una referencia al género y opción sexual (art. 9 inciso 10), pero la misma no es suficiente, porque eso sólo no impide la discriminación arbitraria, ni neutraliza el desconocimiento respecto a las diferencias de trato que si requieren.

En conclusión, así como destacamos la importancia de la modificación, también advertimos la necesidad de continuar con una adecuación real de la policía provincial a las tendencias modernas en la materia.

Es necesario no quedarse con pequeños cambios y seguir insistiendo en una modificación estructural que lleve a dejar atrás la vetusta organización militarizada y se encamine a la modernización de la policía implementando programas que mejoren su relación con las comunidades locales.

Para lograrlo ofrecemos nuestra colaboración a las futuras discusiones legislativas y reglamentarias aportando nuestra calificada visión en materia de seguridad ciudadana producto de que hace años nuestra organización se encuentra abocada al análisis de la normativa policial y penitenciaria vigente en la Provincia.

La Corte Suprema ratificó la competencia de la PPN para inspeccionar los establecimientos de detención que alojan niños, niñas y adolescentes dependientes de la SENNAF

En el día de ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y revocó una resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (voto de los jueces Catucci y Riggi) que había rechazado la acción de habeas corpus colectivo interpuesto por el organismo en beneficio de los niños, niñas y adolescentes privadas de libertad en establecimientos dependientes de la SENNAF.

El  habeas corpus colectivo fue interpuesto en abril de 2014, para denunciar que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) negaba arbitraria y sistemáticamente a la PPN el acceso a los centros de detención de personas menores de edad, impidiendo el control y monitoreo de la situación de ese colectivo de personas.

Luego de que en primera y segunda instancia se resolviera hacer lugar a la acción de habeas corpus, la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (voto de los jueces Catucci y Riggi), rechazó el planteo de la PPN subestimando las facultades del organismo, reconocidas por legislación local e internacional, y  argumentando, entre otras cosas, que la falta de un monitoreo de esos centros de detención juvenil no implicaba riesgo alguno para los niños, niñas y adolescentes detenidos allí.

El fallo de la Corte deja sin efecto la resolución dictada por los jueces Catucci y Riggi, y reconoce enfáticamente el rol de la PPN “como órgano independiente, situado en el ámbito del Poder Legislativo, (…) [para] proteger los derechos humanos de las personas detenidas en sede ejecutiva, previéndose la penalización expresa de cualquier obstaculización de su función (artículos 1 y 21 de la ley 25.875)”. Asimismo, agrega que “[l]a ley 26.827 refrendó luego dicha función de garantía y, en especial, la facultad de la PPN de realizar inspecciones y de acceder a todos los lugares de detención, instalaciones y servicios, para entrevistarse sin previo aviso con personas privadas de su libertad en establecimientos de los Estados nacional, provincial o municipal, así como en cualquier otra entidad pública, privada o mixta (Preámbulo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; artículos 1, 3 19 y 20 de su Protocolo Facultativo; artículo 18 inciso “b” de la Ley 25.875; y artículos 4, 7 inciso “b”, 8 incisos “c” y ”d”, 11 inciso “b”, 24, 33, 35 inciso “a”, 36 inciso “b” y 52 de la Ley 26.827)”.

En su sentencia, la Corte hace suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal Irma García Netto, “a cuyos términos se remite en razón de brevedad”.

En el dictamen Fiscal, al que se remite la Corte, se señala también que “la obstrucción puesta por la autoridad controlada [Senaf] a la actividad de una institución independiente y con facultades legales preexistentes  —como la PPN— implica, en el seno de un dispositivo de control cruzado, un incremento real e inmediato del riesgo propio de la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes sujeto a encierro, que amerita su solución por la vía aquí intentada [habeas corpus]”.

Además, se sostiene que “(…) igual suerte debe correr la objeción de que la PPN carece de atribuciones respecto de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad, pues, encontrándose aquella facultada legalmente a proteger a todo individuo sometido a esa condición, tal interpretación implica negar a los intengrantes del colectivo su condición de persona”.

En definitiva, el dictamen propone —y la Corte acepta— “dejar sin efecto la resolución apelada y hacer lugar a la acción de habeas corpus correctivo y colectivo en favor de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren privados de su libertad, a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva conforme a derecho”.

Bajar archivo en formato PDF:

Dictamen Procuradora Fiscal ante CSJN

Fallo CSJN 5.4.16

Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación –http://www.ppn.gov.ar/?q=node/2533 – 6 de abril de 2016.

Interposición de Hábeas Corpus Preventivo y Colectivo en favor de Federico Lorite y miembros de SITEA

El día lunes 04 de abril del corriente año, fue presentado por la Asociación XUMEK un Hábeas Corpus Preventivo-Colectivo a favor del Secretario General de SITEA y sus miembros.

El mismo tiene como objeto promover la garantía de los derechos de Federico Lorite, Secretario General de SITEA, y de sus representados, por encontrarse amenazada la libertad ambulatoria de los trabajadores estatales, miembros de organizaciones sociales y de las personas en general que participaran de la marcha programada el día 04 de abril del corriente año, en ocasión del paro nacional convocado por distintos gremios, por la hipotética aplicación del“Protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones públicas” aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación el 17 de febrero de 2016.

Para poder interiorizarse más sobre el contenido del hábeas corpus presentado, dejamos anexo el mismo en formato digital para que todos puedan acceder libremente a él: HABEAS CORPUS PREVENTIVO y COLECTIVO