Agradecemos a quienes nos acompañan día a día en nuestra labor y les deseamos un excelente 2017

El pasado jueves 22 de diciembre Xumek presentó el INFORME ANUAL 2016 “Situación de los Derechos Humanos en Mendoza” en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (exD2).

Como es de público conocimiento, desde hace años nuestra asociación realiza informes con la colaboración de diferentes profesionales, algunos participan activamente de nuestra organización, mientras que otros son invitados especialmente para compartir sus saberes y experiencias.

Este evento se enmarcó en las actividades de fin de año del EPM, a quienes agradecemos muy especialmente por facilitarnos su casa con tal finalidad, y por la incansable labor que desarrollan por la memoria, la verdad y la justicia.

El Informe no es sólo producto de un árduo proceso de investigación, sino también el resultado del trabajo mancomunado de una gran cantidad de personas, organizaciones e instituciones que día a día colaboran con nuestra misión.

Es por ello que, no queremos dejar pasar esta oportunidad para hacerles llegar a todas y a todos nuestro más sincero agradecimiento, saludarlos y desearles un excelente fin de año y un mejor comienzo del 2017, en el que sigamos construyendo una sociedad más justa e igualitaria, que respete plenamente los Derechos Humanos.

Queremos agradecer a los miembros de Xumek que participaron en la redacción del Informe 2016 y a las siguientes personas que colaboraron en las actividades anuales de nuestra organización:

Anahí Alancay; Diego Arenas; Eva Asprella; Fernando Ávila; Horacio Báez; Mariana Baresi; Elisa Barrera; Valeria Bauzá; Cintia Bayardi; Leonardo Bianchi; Agostina Biritos; Nazareno Bravo; Natalia Brite; José Caligari; Verónica Cantón; Andrea Casamento; James Cavallaro; Ariel Cejas Meliare; Valeria Chiavetta; Claudia Cesaroni; Germán Ciari; Alejandra Ciriza; Martín Coria; Celeste Cortes; Itatí Cruciani; Ramón De Antoni; Ernesto Espeche; Claudia Dominguez; Lucas Fallet; María Eugenia Fernández; Jorgelina Fernández Leyton; José Luis Faillase; Enrique Font; Mayda Gago; Sofía Galván Puente; Emilio García Méndez; Gretel Godoy; Jimena González, Juan José Greco; Alfredo Guevara; Oscar Guidone; María Graciela Iglesias; Fabricio Imparado; Mario Juliano; Azul Kemelmajer; Nicolás Laino; Eleonora Lamm; Martina Lamy; Elizabeth Ofelia Liberal; Paula Litvachky; Carlos Lombardi;  Mario López Garelli; Isabel Madariaga Cuneo; Gabriela Marín; Silvia Minoli; Sebastián Moro; Federico Moltó; Milagros Noli; Sergio Onofrio; Gustavo Palmieri; Eugenio París; Paulo Pereyra; Mariana Potaschner; Daniel Rafecas; Gladys Ravalle; Adriana Recchia; Eva Rodríguez; Daniel Rodríguez Infante; Andrés Rousset Siri; José Luis Ramón; Sol Romero Goldar; Lorena Rubio; Fernando Rule; Eugenio París, Macarena Sabín Paz; Luis Scafati; Romina Sijniensky; Nicolás Sosa Baccarelli; Ana Sosino; Stella Spezzia; Ana Totera; Manuel Tufró; María José Ubaldini; Carlos Valera Álvarez; María Inés Vargas; Analía Zanessi.

A quienes confían en nosotros y sus familias para representar sus causas:

Familia de Lucas Carrasco; Familia de Ariel Velez Cañizares; Familias de María José Coni y Marina Menegazzo; Federico Lorite; Familia de Tania Paez; Familiares y víctimas del caso Próvolo; Familia de Leonardo Rodríguez y Familia de Janet Zapata.

A las siguientes organizaciones e instituciones públicas que trabajan constantemente con nuestra asociación:

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); ACiFad Familiares de detenidos en cárceles federales; Asociación Comunicacional y Social “La Mosquitera”; Asociación  Ecuménica  de  Cuyo; Asociación Ex Presas y Ex Presos Políticos; Asociación Nacional de Defensa al Consumidor “Protectora”;  Asociación  Pensamiento  Penal  (APP);  Campaña  Nacional contra la Violencia Institucional Mendoza; Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo; Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ; Church World Service; Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia; Colectivo en Defensa de la Ley de Salud Mental en Mendoza; Colectivo Ojo Izquierdo; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CPPT); Comisión Provincial por la Memoria (CPM); Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia; Dirección de la Mujer “Dra. Carmen María Argibay” Suprema Corte de Justicia; Espacio Provincial para la Memoria y los Derechos Humanos (exD2); Instituto de Estudios de Género y Estudios de las Mujeres de la Universidad Nacional de Cuyo (IDEGEM); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia – Universidad del Aconcagua; Padres Autoconvocados; Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad (NNAPES); Procuración Penitenciaria de la Nación.

Quienes deseen acceder al informe en formato digital lo pueden hacer aquí, organizaciones que deseen un ejemplar pueden solicitarlo a contacto@xumek.org.ar

Muchas gracias todos y todas por acompañarnos.

Xumek

Asociación por la promoción y protección de los Derechos Humanos.

INFORME 2016 Situación de los Derechos Humanos en Mendoza

Exponer nuestro trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos en un Informe Anual que engloba las investigaciones que hemos desarrollado durante el año, es un aspecto fundamental de nuestra Asociación.

Como destacamos cada año, el objetivo del Informe es evaluar, a través de una crítica constructiva y responsable, el estado de situación de diferentes problemáticas vinculadas a los derechos humanos en Mendoza, y, a partir de ello, dar a conocer parte de la realidad provincial.

En esta oportunidad, además de la base sólida de información recolectada por cada una de nuestras áreas de trabajo, el Informe cuenta con valiosos aportes de prestigiosos y prestigiosas colaboradoras, tanto del ámbito nacional como provincial, que con su mirada acerca de temas específicos han contribuido desinteresadamente para cumplir nuestro anhelo de brindar año a año un trabajo de mayor calidad.

El informe sobre el año 2016 presenta, en el capítulo “Memoria, Verdad y Justicia”, el relevamiento de datos de interés correspondientes al desarrollo de los procesos por delitos de lesa humanidad tanto en el plano nacional como provincial. Además, incluye un aporte de Viviana Beigel sobre la represión de género durante la última dictadura militar, tema que fue la base de su alegato durante el juicio a los jueces cómplices de la dictadura  desarrollado ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza, luego, un relato de Claudia Domínguez Castro, la nieta 117, sobre sus vivencias durante el proceso de construcción de su identidad y, por último, el análisis del inicio de un nuevo juicio que tiene la particularidad de tener entre sus acusados a Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Rico, dos de los principales responsables del terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza.

Posteriormente, en el acápite “Violencia Institucional”, se incluye la tradicional enumeración de casos de violencia documentados por los medios de comunicación, la continuación de temas tratados en el informe del año 2015 -la percepción ciudadana del desempeño policial y la implementación de una fiscalía especializada-, y el análisis de la criminalización de la protesta social en Mendoza.

Asimismo, tratamos la situación de las personas privadas de libertad en Mendoza, haciendo foco en el aumento de los índices de encarcelamiento en los últimos años, el hacinamiento existente como consecuencia de ello en todos los establecimientos penitenciarios, las graves situaciones de violencia que se dan en este contexto y los fallecimientos ocurridos bajo custodia del Servicio Penitenciario. Hacemos mención también a la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la provincia, en particular la audiencia ante la Comisión Interamericana en Santiago de Chile y la visita de su Presidente y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro. Este apartado cuenta con opiniones especializadas de grandes referentes en la temática: Gustavo Palmieri, Juan Tapia, Claudia Cesaroni y Carlos Varela Álvarez.

Luego, en el capítulo “Salud Mental”, nos referimos a los proyectos de investigación y actividades que se han desarrollado este año en relación a la temática y, por otro lado, hacemos un análisis respecto a la regulación de la capacidad en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, a la luz de los principios la Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental y los estándares internacionales en la materia.

En el título  referido a “Género”, abordamos la problemática de la violencia de género desde una perspectiva provincial, indicando la cantidad de femicidios y hechos de violencia ocurridos este año y cómo ha reaccionado la sociedad ante el agravamiento de la situación, marchando bajo la consigna “Ni Una Menos” y exigiendo Justicia por las víctimas. Por otro lado, se advierte sobre la necesidad de dotar de perspectiva de género al Poder Judicial, capacitando a funcionarios y empleados, y la importancia de implementar una fiscalía especializada en la materia, para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas. Por último, se incluyen aquí aportes sobre aborto y derechos sexuales y reproductivos, de Martina Lamy, y un análisis de los casos de Johana Chacón y Soledad Olivera, elaborado por José Luis Faillace y Silvia Minoli.

En el apartado sobre “Niñez y adolescencia” tratamos, en primer lugar, la aplicación de la Ley Nacional N° 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” en Mendoza, luego abordamos la re-victimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual teniendo en cuenta el circuito de intervención establecido para estas situaciones y brindando una serie de recomendaciones para garantizar el efectivo cumplimiento y la restitución del derecho a la dignidad e integridad personal.

Además se presenta un análisis sobre el estado de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Mendoza y otros vs. Argentina en el año 2013, en el que se declaró la responsabilidad internacional de nuestro país por numerosas violaciones a derechos humanos, entre las cuales se destacan la condena a prisión perpetua a cinco personas por hechos cometidos cuando eran menores de edad. En este acápite se aborda también la situación y derechos de niños y niñas con padres y/o madres privados de libertad en la provincia de Mendoza en un trabajo realizado por el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad del Aconcagua sobre la base de recomendaciones efectuadas por el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU en el año 2011.

Posteriormente, en el capítulo “Pueblos Indígenas”, nos referimos a la importancia de contemplar la temática en el proceso de reforma de nuestra Constitución Provincial, dando efectiva participación a los integrantes de las comunidades.

En el título “Migrantes”, brindamos un estado de situación de las personas migrantes en la Argentina y en Mendoza, dando a conocer el alcance la Ley Nacional N° 25.871 “Ley de Migraciones” que regula los derechos y obligaciones que poseen los migrantes.

A continuación, en el acápite “Medio Ambiente”, se desarrollan los aspectos más importantes de la problemática medioambiental en los últimos años y particularmente, la situación en la mina Veladero, ubicada en la provincia de San Juan, luego de los derrames ocurridos en los últimos tiempos.

El siguiente apartado, denominado “Las políticas públicas, el derecho de los ciudadanos usuarios y consumidores y la desconsideración total como derecho humano” contiene un análisis realizado por la Asociación “Protectora” en el que se aborda el derecho de los usuarios y consumidores, y la prestación de los servicios públicos por parte del Estado como derecho humano.

En el capítulo denominado La desazón y la espera”, se brinda un panorama de los problemas que afectan a la Justicia Laboral de Mendoza haciendo énfasis en el incumplimiento de plazos procesales por parte de los Jueces, como el previsto para la realización de la audiencia de vista de causa, la supresión de la colegialidad con la que fueron pensados los tribunales laborales mendocinos y, por último, se realiza una crítica a las facultades sancionatorias que el Código Procesal Civil de la provincia otorga a los magistrados.

En el capítulo “Elementos para pensar la reforma de la Constitución de Mendoza” reflexionamos sobre los puntos que consideramos fundamentales a tener en cuenta en el proceso de reforma de la Constitución de nuestra provincia.

Para terminar, haremos una breve descripción de los casos respecto de los cuales presentamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el caso Bolognezi y el caso María José Coni y Marian Menegazzo.

Este año el análisis global nos inclina a concluir que en la gran mayoría de las problemáticas que en este informe hemos abordado, el panorama provincial es crítico. Pese a que en muchos casos ha existido voluntad política por parte de las autoridades provinciales, las medidas han estado orientadas en sentido contrario al pleno reconocimiento de derechos que desde Xumek abogamos.

Consideramos que muchos diagnósticos iniciales son errados y existe una desacertada asignación de recursos, cuestiones que derivan en políticas públicas que no son acordes a los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.

Más allá de lo expresado, existen situaciones que merecen ser destacadas, como por ejemplo la iniciativa adoptada por el Senado provincial, encabezado por la Lic. Laura Montero, tendiente a fomentar la participación ciudadana en el proceso de modificación de la Constitución de Mendoza, escuchando y receptando los aportes de todos los mendocinos y mendocinas.

Por ello es que, como lo hacemos cada año, reiteramos que las dificultades no son inconvenientes que requieran soluciones extrañas a nuestra idiosincrasia ni que merezcan cambios estructurales de imposibles realización. Precisamente este tipo de acciones son las que nos motivan a continuar visibilizando las problemáticas con la firme convicción de que con nuestro trabajo aportamos una herramienta útil para el diseño de políticas públicas que permitan un verdadero acceso a los derechos fundamentales de todas las personas.

A nueve años del nacimiento de nuestra asociación, agradecemos el compromiso y responsabilidad de quienes colaboraron en lo que ha sido una ardua tarea, nuestro séptimo informe anual. Resaltamos con orgullo que sea cada vez mayor la cantidad de personas que desean involucrarse en esta obra, que consideramos fundamental en la transformación hacia una sociedad más justa e inclusiva.

http://xumek.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Informe-2016-XUMEK-pdf.compressed-1.pdf

COMUNICADO DEL CAPÍTULO ARGENTINO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE BIOÉTICA-UNESCO

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016

COMUNICADO DEL CAPÍTULO ARGENTINO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE BIOÉTICA-UNESCO (Redbioética-UNESCO)

A los miembros de la comunidad:

La Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética UNESCO (RedbioéticaUNESCO: www.redbioetica.com.ar), fue fundada en 2003 por bioeticistas latinoamericanos y caribeños con el objetivo de aplicar los preceptos de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos promulgada por unanimidad por la Asamblea General de UNESCO en 2005 (http://portal.unesco.org/es).

En sus 13 años de existencia, la Redbioética UNESCO se ha transformado en la principal voz de la bioética latinoamericana basada en los derechos humanos y profundamente consustanciada con los problemas bioéticos generados por las circunstancias sociales de nuestra región, tales como la extrema inequidad e injusticia social, la falta de vigencia plena del derecho a la salud y al acceso a medicamentos esenciales, la paulatina privatización de la investigación biomédica, la violencia y la arbitrariedad en la administración de justicia y la creciente depredación del planeta generando insustentabilidad de la vida.

El Capítulo Argentino de la Redbioética-UNESCO, ha sido conformado por un grupo de profesionales que acordando con el principio fundante de respeto a la dignidad humana y la promoción de la igualdad y la justicia en solidaridad, se ha comprometido a poner en práctica una bioética sostenida sobre la defensa de los derechos humanos, frente a las circunstancias político sociales que afronta nuestro país. En línea con las posiciones de la Redbioética a nivel regional, se dirige a la comunidad de académicos de la bioética, las ciencias sociales, la vida y la salud, de organizaciones sociales, de dirigentes y militantes políticos, de legisladores y de juristas, para llamar la atención de la sociedad argentina sobre los graves problemas bioéticos que están afectando a sectores mayoritarios de la población, y de las falencias y responsabilidades del actual gobierno por su ocurrencia y empeoramiento. Se mantiene así fiel al precepto de que la bioética no debe ser sólo discursiva y estar encerrada en cenáculos de supuestos expertos, sino que debe participar con el conjunto de actores sociales, no sólo en el análisis de los problemas, sino también en la intervención mediante recomendaciones y acciones concretas para propender al bienestar y la salud con equidad.

Mediante este comunicado, llama la atención sobre los siguientes problemas:

1. La falta de incentivos a la producción, el aumento del endeudamiento externo para satisfacer necesidades de los sectores afluentes de la sociedad, el aumento del desempleo, el deterioro del nivel de vida y el crecimiento de la pobreza en sectores cada vez más numerosos de la población.

2. El incumplimiento de varias leyes como las de salud mental, de producción pública de medicamentos, de regulación de la medicina prepaga, así como el desmantelamiento de programas como Remediar, Salud Reproductiva y Procreación Responsable y de combate a enfermedades infecciosas como dengue, VIH y otras.

3. La implementación de la “Cobertura Universal de Salud” (CUS) por medio de un decreto de necesidad y urgencia, sin el debate y la discusión pública que merecería cualquier reforma real del inequitativo y fragmentado sistema de salud del país que, mediante la carnetización, sólo proveerá una atención médica de segunda para la población que depende del sector público, por medio de una “canasta básica de prestaciones”, inferior al PMO y tercerizada a empresas privadas de seguros de salud.

4. El proyecto de ley de creación de una Agencia Nacional de Evaluación en Tecnología en Salud (AGNET), como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación en que detectamos su falta de independencia, la superposición de sus incumbencias con las de otros organismos (ANMAT y Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Superintendencia de Servicios de Salud), e injerencia en las atribuciones del Poder Judicial.

5. La facultad otorgada a la Administracion Nacional de Patentes por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de otorgar patentes de productos farmacéuticos en el país sin hacer previamente estudios científicos rigurosos. Esto implica dejar sin efecto las guías de patentabilidad vigentes que resguardaban la salud pública, con lo que se facilitará la perennización de las patentes de medicamentos y se dificultará la fabricación de versiones genéricas, incluso a través de laboratorios públicos.

6. Con el argumento dudoso de “mejor y mas rápida atención” se está vertiendo información de los pacientes de hospitales públicos en gigantescas bases de datos personales (“big data”), sin la intervención efectiva del órgano de contralor, lo que implica una violación a la Ley 25.326 de protección de datos personales para beneficiar a la industria farmacéutica y a empresas prestadoras de servicios de salud.

7. El crecimiento de la actual colección y procesamiento de muestras biológicas y ADN de los participantes en los ensayos clínicos y su inclusión en biobancos internacionales sin el control de los participantes ni del estado nacional, que debiera proteger sus derechos.

8. El desmantelamiento de los programas de procreación responsable ha reducido la cobertura, información, asesoramiento y disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos (píldoras, implantes, métodos de barrera, dispositivos intrauterinos, entre otros) para evitar embarazos no deseados. Esto es un claro obstáculo a la vigencia de los derechos a la salud reproductiva de los sectores sociales que se atienden en instituciones públicas de salud. Asimismo, se ha discontinuado la capacitación al personal de salud en este tema así como la formación de equipos de salud especializados.

9. Campañas de prevención como la del sida, han sido afectadas por la falta de provisión de preservativos en los hospitales debido a que los mismos se agotaron en el Ministerio de Salud, tal cual informaran la propia Dirección de Sida del Ministerio de Salud y diversas organizaciones que luchan contra el VIH y por los derechos de los portadores y enfermos.

10. En 2012, la CSJN falló en el caso “F.A.L. S/Medida autosatisfactiva” señalando, entre otras cosas, que la causal de aborto no punible cuando corre peligro la salud de la madre, contemplado en el art. 86 del Código Penal, debe interpretarse de acuerdo a las definiciones de salud de la OMS. También aclaró que la causal de violación incluye a cualquier mujer y no sólo a la “idiota o demente”. A pesar de la vigencia del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, del Ministerio de Salud de la Nación (http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000875cntprotocolo_ile_octubre%202016.pdf), persisten numerosos obstáculos para su implementación, por la falta de políticas proactivas del estado, las presiones de grupos confesionales y la falta de adhesión de algunas provincias, tal como ocurrió recientemente en la Provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora contradijo la decisión que la propia ministra de salud había tomado unos días antes. El respeto a los principios bioéticos exige asegurar el derecho a la contracepción y garantizar el acceso al aborto oportuno y seguro en los casos permitidos por la ley.

11. Proyectos de ley como el de “Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de las Niñas y Niños por Nacer” desconocen flagrantemente el marco normativo nacional e internacional, así como la jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se pretende conculcar el derecho a decidir libremente de la mujer, llegando a extremos de falta ética y extorsión, como por ejemplo la propuesta de otorgar una asignación especial a la víctima de violación que lleve a término su embarazo. También es cuestionable el proyecto de “Regulación sobre Técnicas para la Fertilización humana asistida y protección del embrión no implantado” que, al postular que el embrión tiene derecho a nacer y prohíbir el descarte o destrucción de embriones, implicaría la derogación de la ley 26.862 de “Técnicas de Reproducción Médicamente Asistida” (2013).

12. La popularización acrítica de las neurociencias, y el impulso oficial del que está gozando, lleva a una biologización y medicalización nociva y contraria a los derechos humanos y a la consideración de la integralidad de la condición humana. Si bien la aplicación del conocimiento neurocientífico podría ser de utilidad en el abordaje de la salud mental y la elaboración interdisciplinaria de estrategias pedagógicas, vemos con preocupación la promoción por parte de los Ministerios de Salud y de Educación de la Nación, de su uso como herramienta privilegiada para la resolución de problemas complejos, como si los fenómenos mentales pudieran reducirse a neuronas y sinapsis. Este reduccionismo impide considerar otros factores intervinientes en el funcionamiento de la mente, el desarrollo del niño y la salud mental, tanto o más importantes que los biológicos, como la pobreza, la violencia, la educación de baja calidad y las malas condiciones de salubridad y alimentación. En la CABA, es preocupante, que en lugar de cumplir la ley de Salud Mental de la Ciudad (Ley 448/2000) avanzando en la externación de pacientes y poniendo en marcha la reconversión (paralizada desde hace quince años) de los hospitales monovalentes de salud mental, se propone reorientar los hospitales Borda y Moyano como “centros de investigaciones en neurociencias”, sin que el tema se haya debatido con la comunidad de profesionales de salud ni con la sociedad.

13. La falta de desarrollo de líneas prioritarias de investigación para mejorar la salud de la población por parte del estado, genera un sistema de investigación que responde al modelo de mercado de la industria farmacéutica y a un desarrollo eminentemente privatizado. En los últimos años, y de la mano de la medicina traslacional, se viene implementando en el sistema hospitalario público la creación de “centros de investigación clínica” que prácticamente se ponen a disposición de la industria en calidad de “socios” del estado, con miras al mercado de los países industrializados y sin mucha correspondencia con las necesidades y prioridades de nuestra población. Esto está facilitado por la escasez y laxitud de las regulaciones existentes, la inoperancia de los controles estatales y la debilidad de los comités de evaluación ética de la investigación.

14. La reciente creación por parte del Ministerio de Salud de la Nación, del Comité Nacional Asesor de Ética de la Investigación y sus Comisiones Asesoras, sería una buena noticia si no fuera por el hecho de que las autoridades de ese Ministerio tienen una trayectoria de complacencia con intereses de la industria farmacéutica, la industria de seguros privados y la propia corporación médica.

15. El aumento del deterioro ambiental producido por prácticas insustentables como el monocultivo de soja, el uso creciente de agrotóxicos dañinos para el medio ambiente y la salud humana y la preeminencia de intereses de grandes corporaciones multinacionales monopólicas por sobre los derechos campesinos y de comunidades originarias, está propiciado desde el estado mediante beneficios económicos. La pretensión de ejercer monopolios sobre semillas transgénicas y la presión de esos intereses sobre nuestro sistema político para promulgar legislación sobre semillas que avale los monopolios, pone en peligro la soberanía alimentaria.

16. El avance de las grandes corporaciones sobre universidades y el mundo académico en general, está cooptándolos con subsidios económicos condicionados a la supresión de voces críticas, tal como ha ocurrido recientemente con el descabezamiento del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba y el intento de detener las actividades del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y su programa de campamentos sanitarios que con sus investigaciones demostraron los efectos nocivos del uso de agrotóxicos en la región.

17. En el área de derechos humanos está ocurriendo reducción de personal y presupuesto y hasta desmantelamiento de las agencias del estado encargadas de los juicios de lesa humanidad, al tiempo que se reducen las investigaciones sobre partícipes civiles del terrorismo de Estado y se mantiene el incumplimiento de la ley que ordenó crear la Comisión Bicameral para investigar a empresarios cómplices de la pasada dictadura cívico-militar. Por otra parte, se intenta desacreditar a los organismos de derechos humanos, flexibilizar las condiciones de detención a condenados por crímenes de lesa humanidad, mientras se desoyen los reclamos de organismos de la ONU y la OEA por la liberación inmediata de Milagro Sala.

En conclusión

El Capítulo Argentino de la Redbioética-UNESCO sostiene una bioética genuinamente basada en la vigencia de derechos humanos fundamentales, y está comprometido a analizar en profundidad los problemas bioéticos enumerados arriba, tal como están ocurriendo en nuestro país, y los que surjan en el futuro, con el objetivo de proponer intervenciones que conduzcan hacia la corrección de las falencias mencionadas y a la plena observancia de los principios y recomendaciones de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO, de la cual nuestro país es signatario. Capítulo Argentino de la Redbioética UNESCO (www.redbioetica.com.ar).

18 de diciembre DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

Naciones Unidas

«En este Día Internacional del Migrante, hago un llamamiento a la comunidad internacional para que adopte medidas en relación con el pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada como contribución importante a la creación de un mundo de paz, prosperidad, dignidad y oportunidades para todos». — Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

A lo largo de la historia de la humanidad, lae migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la advrsidad y buscar una vida mejor. En la actualidad la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, han incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares.

Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en todo el mundo. También ha servido para subrayar el vínculo que hay entre migración y desarrollo, así como las oportunidades que ofrece para el co-desarrollo, es decir, para la mejora concertada de las condiciones económicas y sociales tanto en el lugar de origen como de destino.

La migración atrae en la actualidad cada vez más atención. Mezclados con factores de incertidumbre, urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la migración internacional requieren una cooperación fortalecida y una acción colectiva. Las Naciones Unidas están jugando de forma activa un rol catalizador en este área, para crear más diálogos e interacciones entre países y regiones, asi como para impulsar el intercambio de experiencias y las oportunidades de colaboración.

El 19 de septiembre de 2016, la Asamblea General aprobó un conjunto de medidas durante la primera cumbre en la historia sobre los desplazamientos de migrantes y refugiados. Estas obligaciones contraídas por los Estados Miembros se conocen bajo el nombre de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes (o simplemente la Declaración de Nueva York). En ella se reafirma la importancia de la protección internacional de estas personas y se subraya la obligación de los Estados de mejorarla. Este documento allana el camino para la aprobación de dos nuevos acuerdos mundiales en 2018: uno sobre refugiados y otro sobre la migración organizada, regular y en condiciones de seguridad.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

“Medidas para prevenir discursos y apologías al odio tendientes a incitar la violencia o cualquier otro tipo de acciones ilegales contra personas migrantes son cruciales para evitar crímenes de odio”

Durante los últimos años, la Comisión ha observado con suma preocupación el auge de discursos dirigidos a fomentar el odio, la violencia y la discriminación contra las personas migrantes y apátridas en diversos países de la región y del mundo. En los últimos meses, el auge de discursos de odio contra migrantes y otras minorías nacionales ha venido acompañado por un aumento en las cifras de crímenes de odio y diversas formas de acoso contra estas personas.

Cada vez con mayor frecuencia, los migrantes están siendo acusados partidos nacionalistas y políticos populistas del aumento de la criminalidad, el terrorismo y el desempleo, sin suministrar datos estadísticos que prueben este tipo de afirmaciones. A partir de la manipulación de la percepción pública sobre la migración, ciertos políticos han convertido a migrantes y refugiados en los principales chivos expiatorios que utilizan para alimentar el miedo en sus sociedades y ganar apoyo popular.

La Comisión Interamericana ha observado con preocupación cómo los discursos políticos de odio hacía los migrantes han venido acompañados con propuestas relativas al cierre de fronteras, la construcción de muros migratorios, la detención y deportación masiva de migrantes y en general hacía la estigmatización y criminalización de los migrantes, en particular de aquellos que se encuentran en situación migratoria irregular. En muchos casos, este tipo de medidas han pasado de los discursos a la práctica, ocasionando violaciones graves y masivas violaciones a los derechos humanos de los migrantes y sus familias.

Los discursos de odio y la xenofobia contra los migrantes y otras minorías también están ocasionando un gran número de situaciones de acoso en escuelas, espacios de trabajo y otras esferas públicas, en donde personas están siendo víctimas de persecución y acoso en razón de su situación migratoria o la de sus padres o de su origen nacional.

La Comisión recuerda que existe una estrecha relación entre los prejuicios y estereotipos difundidos dentro de las sociedades y los actos de violencia cometidos contra migrantes y otras minorías. Aunque no todos los mensajes de odio resultan en crímenes de odio, los crímenes de odio rara vez ocurren sin una estigmatización previa y deshumanización de los grupos a los que van dirigidos. La Comisión observa que existe una relación intrínseca entre la difusión de estereotipos y prejuicios negativos de las personas migrantes y la marginación, discriminación y violación de derechos que enfrentan estas personas.

En este sentido, la Comisión Interamericana recuerda que es obligación de los Estados adoptar medidas para prevenir que estas condiciones de odio y discriminación se difundan, empeoren o traduzcan en actos concretos de violencia, así como de proteger a los grupos y sectores principalmente afectados, como son las personas migrantes. Asimismo, la tolerancia o inacción de los Estados ante discursos de odio, discriminatorios o de las manifestaciones violentas contra personas migrantes u otras minorías refuerzan la creación de contextos discriminatorios, haciéndolas más vulnerables; de manera que los Estados deben de establecer sanciones de diversa índole de manera que respondan de manera adecuada los despliegues de discriminación, odio y violencia por parte de actores estatales o particulares.

El Comisionado James Cavallaro, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló: “Ningún Estado, por ningún motivo, está legitimado para violar los derechos humanos de los migrantes. Ni siquiera a pesar de contar con el apoyo de algunos sectores de la sociedad, los derechos humanos de los migrantes no pueden ser violados”. Por su parte, el Comisionado Enrique Gil Botero, Relator sobre los Derechos de los Migrantes, expresó: “Frente a los desafíos actuales y futuros que plantean aquellos que enarbolan el odio y la violencia contra los migrantes, desde la Comisión Interamericana reafirmamos nuestro compromiso en promover y defender la dignidad y los derechos humanos de estas personas. Como Estados y como sociedades tenemos que trazar una línea y plantar la cara frente aquellos que incitan al odio y la violencia contra las personas migrantes y otras minorías. Tenemos que estar unidos contra aquellos que usan el odio para dividirnos.”

Por último, la Comisión Interamericana destaca que una de las principales formas para promover y proteger los derechos los migrantes es reconocerlos como sujetos de derechos. En este sentido, la Comisión insta a los Estados a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos aplicables. Asimismo, la Comisión llama a los Estados a implementar en sus políticas y prácticas nacionales las normas y estándares desarrolladas en su informe “Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Presentación del INFORME 2016 sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza

El día 22 de diciembre realizará la presentación del “Informe 2016 sobre la Situación de los Derechos Humanos de la Provincia de Mendoza”, que realiza Xumek desde el año 2007.

Con este, nuestro séptimo informe, se busca brindar un panorama de las problemáticas actuales en relación a “Memoria, Verdad y Justicia”, “Violencia Institucional”, “Salud Mental”, “Género”, “Niñez y Adolescencia”, “Pueblos Indígenas”, “Migrantes”, “Medioambiente”, Derechos de usuarios y consumidores como derecho humano”,  “Reforma de la Constitución Provincial”, “Justicia Laboral”, y los casos presentados ante la CIDH.

El principal objetivo del informe es realizar un balance que visibilice los avances y retrocesos de la calidad institucional de la provincia, sus problemas estructurales y necesidades sociales insatisfechas, a través de la crítica constructiva, seria y responsable, que pueda ser utilizado como una guía de nuevas políticas públicas.

Este evento tendrá lugar en el marco de las actividades de fin de año del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, exD2. Contará con diversas presentaciones artísticas, la participación de la actriz Gladys Ravalle y Anahí Alancay, como también las muestras fotográficas “Derechos Humanos en Foco” y “Lxs que esperan” del Colectivo Ojo Izquierdo, al final del mismo se entregarán los informes.

La cita es el día 22 de diciembre a las 18.30 hs. Espacio para la Memoria, exD2, Av. Belgrano 179, Ciudad de Mendoza.

Esperamos contar con su presencia.

Amicus Curiae en la causa del Instituto Antonio Próvolo

Presentamos este jueves ante la Unidad Fiscal Departamental N° 5 de Maipu-Lujan, un amicus curiae junto a la Asociación de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad .

El presente Amicus Curiae tiene por objeto servir de orientación a profesionales que trabajan con niños, niñas o adolescentes víctimas y testigos de delitos, porque dada la particular vulnerabilidad, ya sea por sus características personales o por las circunstancias del delito, deberían verse beneficiados con medidas adaptadas a su situación.

Un sistema de justicia penal justo, eficaz y humano es aquel que respeta los derechos fundamentales tanto de las personas sospechadas de delito, como los de las víctimas. Sin embargo, es frecuente que se olvide a las víctimas de delitos en general, y de los grupos vulnerabilizados en particular, a pesar de la obligación que pesa sobre los Estados de reconocerlas y tratarlas adecuadamente respetando su dignidad.

En este contexto, adquieren particular interés las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos aprobadas por resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, a raíz de que las mismas han permitido cubrir una importante laguna existente en las normas internacionales sobre el tratamiento de menores en tanto que víctimas o testigos de delitos.

Asimismo, solicitamos al Fiscal de Instrucción que al momento de la realización de audiencias en cámara gesell, se tenga en cuenta los artículos 240 bis, 240 ter, 240 quater del Código Procesal Penal de Mendoza, reformado recientemente por Ley Provincial N° 8652, sancionada el 10 de Julio de 2014, que no siempre son tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales.

Para quienes esten interesados en conocer la totalidad del amicus curiae:

http://xumek.org.ar/wp-content/uploads/2016/12/Amicus-Curiae-Instituto-Provolo.pdf

Instituto Antonio Próvolo (LEER TODO)

Amicus Curiae presentado junto a la Asociación de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad .

Tiene por objeto servir de orientación a profesionales que trabajan con niños, niñas o adolescentes víctimas y testigos de delitos, porque dada la particular vulnerabilidad, ya sea por sus características personales o por las circunstancias del delito, deberían verse beneficiados con medidas adaptadas a su situación.

En este contexto, adquieren particular interés las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos aprobadas por resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, a raíz de que las mismas han permitido cubrir una importante laguna existente en las normas internacionales sobre el tratamiento de menores en tanto que víctimas o testigos de delitos.

Asimismo, solicitamos al Fiscal de Instrucción que al momento de la realización de audiencias en cámara gesell, se tenga en cuenta los artículos 240 bis, 240 ter, 240 quater del Código Procesal Penal de Mendoza, reformado recientemente por Ley Provincial N° 8652, sancionada el 10 de Julio de 2014, que no siempre son tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales.