Comunicado en repudio al desalojo violento de los feriantes de San José: Criminalizar la protesta, criminalizar el trabajo

Mendoza, 14 de enero de 2017.

Comunicado en repudio al desalojo violento de los feriantes de San José:

Criminalizar la protesta, criminalizar el trabajo.

El día de hoy se produjo un violento suceso ante la acción de los trabajadores de la Feria Popular de San José, que tradicionalmente se ubican en la intersección de las calles Mitre y Godoy Cruz del departamento de Guaymallén, y quienes buscan continuar con su fuente de trabajo. Lo que pretendía ser una muestra de su labor, acompaña de diferentes actividades artísticas no comerciales, un reclamo justo y pacífico, concluyó de forma violenta y con la detención de 13 de sus trabajadores.

A lo largo del año pasado y mediante un proceso de lucha en defensa de sus puestos de trabajo comenzó un periodo de diálogo que incluyó al Municipio y al Concejo Deliberante a fin buscar resolver la situación de estos 550 trabajadores, como también elaborar un proyecto marco para todas las ferias populares del departamento.

Desde fin del año pasado, parecía haberse encontrado un camino para el diálogo en un trabajo mancomunado entre la comisión de feriantes y el gobierno municipal. Hasta que el diálogo fue suspendido unilateralmente por parte del Municipio los primeros días de este año, intimando – mediante orden de desalojo – a los trabajadores a abandonar el lugar donde desarrollan su labor antes del 9 de enero del corriente.

Dadas estas circunstancias, la comisión decidió en el día de la fecha realizar diversas actividades artísticas en la plaza frente al predio citado (ex Estación Belgrano), a fin de mostrar su trabajo y visibilizar su situación, reclamando por una pronta resolución del problema. Lo que fue contestado por parte de las autoridades mediante la presencia de las fuerzas de seguridad, reprimiendo a estos trabajadores (incluyendo niños, mujeres y ancianos), quienes se resisten a perder su derecho al trabajo.

Desde Xumek condenamos la acción violenta de las fuerzas de seguridad, vemos una tendencia a cercenar las instancias de diálogo cuando este no es afín de los intereses de las instituciones. Entendemos que criminalizar la protesta y tratar como criminales a quienes buscan defender sus puestos de trabajo y luchar por el sustento de sus familias, es el peor de los caminos.

Asimismo, nos preocupa de forma extrema la creciente violencia institucional en cada extremo del país, amparada bajo el falso paraguas de orden y seguridad, vulnerando los derechos humanos de todo el pueblo argentino.

Comunicado en repudio a la represión sufrida por el pueblo Mapuche en Chubut

REPUDIO AL ACCIONAR REPRESIVO DE GENDARMERÍA NACIONAL Y POLICÍA PROVINCIAL CONTRA LA COMUNIDAD MAPUCHE EN CHUBUT

El día lunes 10 de enero, por diferentes redes sociales, nos anoticiábamos sobre el terrible y nefasto accionar de Gendarmería Nacional y Policía de Chubut contra la Comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia, Departamento de Cushamen, provincia de Chubut.

En horas de la mañana del día lunes, alrededor de 200 efectivos de gendarmería y policía con drones y carros de asalto rodeaban la comunidad en un perímetro de cuatro kilómetros, a la altura de Leleque, realizando un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras en las que permanece establecida la Comunidad Mapuche: cortaron los accesos por las rutas de Esquel, Epuyen, Maitén y Cholila, estas dos últimas militarizadas para impedir el paso de familiares.

“Hace algunos instantes Gendarmería comenzó un nuevo operativo contra la LOF (comunidad mapuche) en Resistencia, que vienen resistiendo y recuperando su territorio. Mujeres y niños se encuentran encerradas en una de sus rucas (casa) y se encuentran rodeadas por la Gendarmería, que apaleó un compañero, cuyo paradero es desconocido. Las compañeras afirman que ‘mujeres y niños estamos en la ruca mayor, nos tiene rodeado la gendarmería e infantería, no vamos a dejar que nos saquen, antes nos prendemos fuego, de acá salimos vivos o muertos.”

Dichas fuerzas de seguridad aislaron el territorio en donde hermanos y hermanas mapuches resisten desde el año 2015 su reclamo sobre la propiedad de sus tierras ancestrales, las cuales se encuentran en manos de la familia Benetton y por las que, además, pasan las vías del ferrocarril local “La Trochita”.

Las mujeres intentaron refugiarse con sus hijos en sus rucas mientras los hombres quedaron afuera. Ahí comenzaron los golpes: rompieron casas, golpearon a hombres y mujeres, maltrataron a niños, niñas, abuelos y abuelas. Las mujeres fueron sacadas arrastradas de los pelos y esposadas frente a sus hijos e hijas. Un niño que se quiso interponer cuando atacaban a su madre recibió un golpe, y una niña que lo quiso defender la tuvieron arrodillada durante dos horas. “Entraron con palos, tiraron la puerta abajo, a los bebes le tiraron gases y golpearon con palos en la cabeza. A las mujeres no las dejaron vestirse y agarraron los instrumentos de ceremonia en un abuso repudiable. Es la violencia del Estado hacia un pueblo milenario”.

Según el comunicado del juez federal Guido Otranto, quien dictaminó la orden judicial por la cual ampararon su accionar los efectivos, el objetivo del allanamiento ordenado el 22 de diciembre pasado, era “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita e identificar a las personas que se encuentran imputadas de la comisión del delito” de impedimento de la circulación. Luego de arrastrar a mujeres por los pelos y esposarlas, gendarmería detuvo a tres jóvenes miembros de la comunidad, que permanecieron incomunicados en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal de la ciudad cercana de Esquel.

Para el cierre de jornada, las vías de La Trochita fueron liberadas. Así todo, durante la mañana del día martes, la Policía de Chubut realizó un allanamiento en una zona vecina, en este caso por orden del juez provincial José Colabelli que buscaba “rescatar” animales supuestamente robados al empresario Benetton.

“Después del operativo que llevó a cabo Gendarmería Nacional para habilitar las vías de La Trochita, por orden del juez federal Guido Otranto, una veintena de efectivos pertenecientes a la policía montada de la provincia del Chubut ingresaron al lof por orden del juez provincial, José Oscar Colabelli. Del procedimiento de Gendarmería hay tres personas detenidas que estarían siendo trasladadas hasta la Unidad Penitenciaria Federal 14. Al menos una de ellas estaría herida pero no había ingresado en ningún hospital de la zona (Esquel y El Maitén)”, relataba Pablo Fernando Quintana en su cuenta de facebook.

Desde XUMEK queremos pronunciar nuestro profundo repudio al terrible accionar tanto de Gendarmería Nacional como de Policía de Chubut. No podemos permitir que hechos como estos sigan ocurriendo con semejante agresividad y lo más peligroso, con tanta libertad. Exigimos una justicia que responda realmente a los principios de igualdad, no discriminación, con órganos jurisdiccionales independientes e imparciales.

Repudiamos firmemente los dichos de las autoridades provinciales que tildaron a los hermanos y hermanas mapuches como “terroristas” y “delincuentes”, en un fuerte contexto de estigmatización y persecución contra el pueblo mapuche.

Asimismo nos hacemos eco del pedido de diferentes organismos de derechos humanos y reclamamos al Presidente de la Nación, a la Ministra de Seguridad de la Nación y al Gobernador de la Pcia. de Chubut, al cese inmediato de estas acciones. La única acción tolerable es aquella que se ajuste al Estado de derecho respetuoso de los derechos constitucionales del pueblo mapuche y todos los pueblos indígenas.

Área Pueblos Indígenas y Migrantes

Ñushpi Mayhuay

El calvario por el que pasan los niños víctimas de abuso sexual – Sitio Andino

Son revictimizados al pasar por distintas instituciones luego de declarar que han sido abusados. Tienen que contar los hechos hasta cuatro veces.

La revictimización de niños, niñas y adolescentes victimas de abuso sexual en Mendoza es un tema alarmante. Los menores de edad pasan por un largo camino después de denunciar que alguien ha abusado sexualmente de ellos. Muchas veces el proceso es tan extenso que tienen que revivir la ultrajante situación varias veces, generando en muchos casos que vuelvan a un contexto de encierro sin posibilidad de reanudar con los adultos una relación de confianza.

Leer nota completa: http://www.sitioandino.com.ar/n/221463-el-calvario-por-el-que-pasan-los-ninos-victimas-de-abuso-sexual/

Comunicado sobre la baja de la edad de imputabilidad: Las reformas punitivistas no son la respuesta.

Mendoza, 6 de enero de 2017.

El homicidio de Brian Aguinaco, ocurrido el pasado 24 de diciembre presuntamente a manos de un adolescente de 15 años, instaló nuevamente en nuestra sociedad el debate sobre la necesidad de bajar la edad de imputabilidad.

Una vez más, luego de que ocurren hechos de gran conmoción social, parte de nuestra clase política recurre al impulso -discursivo- de reformas punitivistas prometiendo rápidas soluciones a los problemas de inseguridad. Así, el Presidente Mauricio Macri y luego el Ministro de Justicia y DDHH, Germán Garavano, afirmaron que convocarán a una comisión especial para elaborar un anteproyecto de ley que modifique el régimen penal juvenil y reduzca la edad de imputabilidad a los 14 años.

Nuestra postura al respecto mantiene coherencia con lo planteado en innumerables oportunidades en el año 2016: la necesidad de debatir, reformar y adecuar la legislación en materia de seguridad ciudadana a las necesidades sociales y a los estándares internacionales es real y urgente.

Sin embargo, no podemos más que disentir -nuevamente- tanto con la estrategia estatal como con su irresponsable oportunismo político.

En este sentido, en primer lugar, insistimos en que el derecho penal no es la solución a las cuestiones de seguridad, sino más bien una especie de parche que no previene hechos de violencia ni evita víctimas, sólo persigue de atrás a los victimarios. Por lo tanto, es una respuesta ad hoc que debe ser acompañada de políticas públicas de mediano y largo plazo, que ataquen las causas`profundas del problema – como educación, igualdad de oportunidades, etc.  Sólo se propone castigar a quienes cometieron hechos delictivos – en este caso adolescentes, exponiéndolos a un perverso sistema penitenciario, con nulas posibilidades de reinserción, cuyo único efecto es moderar el humor social de agobio por la inseguridad.  Trabajar en las causas de esta problemática es el debate faltante, que resuelva el fondo de la cuestión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicando que la seguridad ciudadana “(…) está relacionada a la presencia interrelacionada de múltiples actores, condiciones y factores. Entre ellos: la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional. (…)[1].

Advirtiendo luego que “Si bien no debe confundirse la política de seguridad ciudadana con las políticas sociales a cargo del Estado, es preciso tener en cuenta que aquellos países caracterizados por altos niveles de desigualdad y discriminación son más vulnerables a la delincuencia, la violencia y, con ellas, a las violaciones de los derechos humanos. La reducción de la desigualdad y la discriminación pueden desempeñar un papel crucial en las condiciones de seguridad ciudadana en el hemisferio[2].

Asimismo, consideramos que realizar anuncios semejantes sin un proyecto concreto y sin que se hayan señalado datos o estadísticas al respecto, le quita seriedad a una temática tan compleja. Nuestras autoridades hoy se encuentran debatiendo una medida de política criminal de gran trascendencia sin antes haber hecho mención de cuál es el porcentaje de jóvenes de 14 y 15 años que delinquen, que tipo de delitos cometen y su gravedad.

Además, esta reforma tendría carácter regresivo, teniendo en cuenta que en la década del 80´se aumentó la edad de imputabilidad de 14 a 16 años y modificarla en este sentido violaría la prohibición de no regresividad que rige en materia de derechos humanos.

Por otro lado, no disminuirá las tasas delictuales y sólo profundizará la estigmatización de jóvenes pertenecientes a determinados sectores sociales, que no son más que la consecuencia de años de políticas públicas que los relegaron a la pobreza y a la exclusión.

El Estado tiene obligaciones indelegables frente a los niños, niñas y adolescentes, la base de la discusión frente a esta problemática debería ser que nuestro país debe comenzar a cumplir con el ordenamiento jurídico nacional e internacional que establece obligaciones (y derechos) en materia de niñez. Introducir jóvenes de 14 y 15 años en el sistema penal es una forma más de no hacerse cargo de sus deberes frente a ellos.

Una vez más, afirmamos que este tipo de iniciativas “(…) sirven, tal vez, para pasar el test de la entrevista mediática, pero el desconocimiento de la realidad conflictiva y la falta de respuesta representan una forma de violencia que se suma a la existente. Esta otra forma de violencia se esconde detrás de propuestas de las más variadas leyes penales, que se fabrican como municiones en la guerra contra el delito, librada para más confusión con reminiscencia escolástica bajo conceptos de ´guerra justa´, ´lucha contra el mal´, ´delincuente/enemigo´”. [3]

[1] CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009, párr. 222. Ver en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf

[2] CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009, párr. 225. Ver en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf

[3] XUMEK, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza, Año 2013. Cap. XVI. El derecho penal de caras a la problemática de la seguridad, pág. 163. Ver en: http://xumek.org.ar/wp-content/uploads/2014/12/Informe2013b.pdf