Repudio al accionar de las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu

Desde Xumek repudiamos rotundamente las declaraciones de altos funcionarios del gobierno nacional y el accionar de las fuerzas  de seguridad contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que ocasionó la muerte de Rafael Nahuel y varios hombres, mujeres, niñas y niños heridos.

Existen varios puntos importantes a señalar:

En esta ocasión, hubo orden de desalojo dictada por el Juez Federal Gustavo Villanueva. Sin embargo, esto no justifica el accionar represivo que llevaron adelante los efectivos de la Policía Federal y de Prefectura, mediante el cual se incumplieron todos los protocolos de actuación para estos casos, ya que utilizaron armas letales y realizaron medidas violentas y aberrante, como precintar a niñas y niños.

Las primeras manifestaciones de funcionarios públicos, entre quienes se encuentra la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación y la Sra. Vicepresidenta de la Nación, destacaron que los atacantes eran “ellos”, los mapuches, pese a que no existió ningún secuestro de objetos que justifique la represión con balas de plomo y como sucede siempre en estos casos de supuestos enfrentamientos, “ellos” son los únicos heridos y el muerto.

Sostener la actuación de las fuerzas de seguridad, pese a la muerte de Rafeal Nahuel, constituye un acto de irresponsabilidad absoluta por parte de las funcionarias mencionadas, ya que afecta gravemente cualquier investigación judicial que se pretenda eficaz, independiente e imparcial sobre lo sucedido y estigmatiza aún más a las comunidades mapuches, impidiendo cualquier solución pacífica del conflicto.

En esta situación hay dos cosas para aclarar. Primero, se sostiene que “ellos” son de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) siendo que ninguno se ha reconocido parte de este grupo. Segundo, el informe de autopsia determinó que la muerte de Rafael se produjo por una bala 9 mm. como las que usa el grupo Albatros, a partir de un disparo de arma de fuego que ingresó por el glúteo izquierdo y se alojó en el tórax, comprometiendo órganos vitales del joven, es decir, se le disparó de espalda cuando éste estaba huyendo.

Pese a ello, se sigue sosteniendo la existencia de la RAM, sus lazos con grupos terroristas y que los mismos están fuertemente armados. Sin embargo, hasta el momento, no existe una sola evidencia sobre esto y se convierte en un impreciso pero indiscutible fundamento del Estado instalado para justificar el actuar represivo y desproporcionado de las fuerzas de seguridad.

Casualmente, o capaz no tanto, en este operativo, como también en el ejecutado en la Pu Lof Cushamen, cerraron por completo la zona/lugar de conflicto, cortando todos los pasos y vías de acceso.

Hoy, las máximas autoridades políticas enaltecen el discurso de que los mapuches (según algunos, chilenos) quieren robarse nuestras tierras y que nuestra fuerzas de seguridad defienden a los “legítimos” propietarios. Pero nada dicen de la inmensa cantidad de tierras, cauces de agua y recursos naturales públicos que estos “legítimos propietarios” nos privan , y mucho menos reaccionan ante la deuda histórica que Argentina, y toda América, tiene con los pueblos indígenas.

Por ello, nos pronunciamos totalmente en contra de las políticas represivas y regresivas aplicadas y ejercidas por el Estado argentino, así como al atropello continuo, y cada vez más agresivo, a los derechos de nuestros hermanos y hermanas mapuches.

Informe 2017 sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza

Xumek es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, integrada por profesionales y estudiantes de diversas disciplinas de las ciencias sociales que, ad honorem y en forma independiente de todo partido político e institución religiosa, trabaja en la promoción, capacitación, investigación, difusión y defensa de los derechos humanos.

Buscamos promover el respeto y garantía de los derechos humanos a través de la visibilización de graves vulneraciones, la defensa jurídica, la generación y transmisión de información y conocimientos con el objeto último de incidir positivamente en las políticas públicas adoptadas por el Estado.

Desde el año 2009 realizamos un informe periódico de la situación de Derechos Humanos en la Provincia de Mendoza. Cada edición adquiere una mayor relevancia e incluye nuevas temáticas y problemáticas.

Este octavo volumen se organiza bajo los siguiente ejes temático: “Memoria, Verdad y Justicia”, “Violencia Institucional”, “Penitenciarías”, “Género y Diversidad Sexual”, “Niñez y Adolescencia”, “Pueblos Indígenas y Migrantes”, Medio Ambiente”, “Derechos de las personas con discapacidad”, “Derechos Humanos y Servicios Públicos”, “Independencia Judicial y Responsabilidad Internacional del Estado”, “Salud y Derechos Humanos”.  

Los informes publicados por Xumek se distribuyen de forma gratuito, por ello es importante tu colaboración. Podés ayudar a la promoción y protección de los derechos humanos en el siguiente enlace: Doná

¡Muy pronto #Informe2017!

#10añosXumek #DDHH

Comunicado: Organismos de DDHH sobre modificación Corte Suprema de Mendoza

Compartimos el comunicado conjunto de organismos defensores de derechos humanos de Mendoza sobre la modificación de la Corte Suprema de Justicia.


Mendoza, noviembre de 2017.

Los Organismos defensores de los Derechos Humanos de Mendoza, después de estudiar y analizar el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la estructura y la composición de la Corte Suprema de Justicia (expediente N° 70256), nos vemos obligados a exponer nuestra clara oposición a dicho proyecto y, por lo tanto, exhortamos a nuestros legisladores a rechazarlo. Los motivos son sumamente claros y saltan a la vista:

Nunca escuchamos que el problema de la Justicia de Mendoza sea el atoramiento de las causas en la Corte, eso no sucede y a la actual composición le alcanza perfectamente el tiempo, el personal y las instalaciones para hacer su trabajo. El problema de la Justicia está más bien en las injusticias que se cometen a diario desde sus niveles inferiores hasta los más altos, mas no por falta de personal o recursos.

El astuto mecanismo de aumentar de tres a cuatro la Salas, eliminar el sistema en el  que los presidentes de las otras salas integren la Sala Administrativa – que es la que tiene a su cargo los nombramientos, presupuestos y traslados – otorgará a sólo tres ministros el manejo de todo el sistema Judicial, fijo y sin límite de tiempo, ya que la integrarían por dos años y reelegibles indefinidamente, es evidentemente un truco para crear una Corte adicta al Poder Ejecutivo, experiencia que ya los argentinos conocemos desde los tiempos de aquella mayoría automática.

Una ley de la importancia de ésta, debe ser debatida sin apuro y de tal manera que no queden dudas acerca de las intenciones democráticas de sus autores. No parece ser el caso.

La independencia de los tres poderes del Estado es, lo sabemos desde la escuela, el principio republicano por excelencia. La intención del Ejecutivo Provincial, de ampliar la Corte Suprema de Justicia y modificar su estructura de funcionamiento, no van en ese sentido.

Por todo lo expuesto, alertamos a todos sectores políticos, juveniles, empresariales, artísticos, profesionales, gremiales y populares en general, que estamos ante peligrosos intentos de hacerse con la suma del poder público por parte de quienes no han comprendido que ganar las elecciones es un compromiso, no un permiso para avasallar las instituciones de la democracia.

Madre de Plaza de Mayo, Mendoza; Casa por la Memoria y la Cultura Popular; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – San Rafael; H.I.J.O.S. Mendoza; Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo Mendoza.

Comunicado: Sobre la ampliación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

El pasado lunes 30 de octubre, tres Senadores del Bloque de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto que tiene por finalidad sustituir la Ley Provincial N° 4.969 para modificar la composición y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, bajo el fundamento de querer seguir agilizando los tiempos de la Justicia. Se propone elevar de 7 a 9 el número de integrantes del Máximo Tribunal provincial y que la actual Sala II (con competencia en materia civil y laboral) se divida en dos Salas.

Sostienen que la Corte provincial se encuentra colapsada debido a la gran cantidad de causas (5.821 en total) que ingresaron desde el año 2013 y, particularmente en materia penal, por la existencia de numerosas causas con personas detenidas cuyos recursos extraordinarios no han sido resueltos, estando vencidos los correspondientes plazos legales.

En este marco, los fundamentos del proyecto refieren que la situación “no solo implicaría un intolerable retardo de justicia sino que pone a la provincia de Mendoza en una situación de debilidad ante eventuales reclamos ante la CIDH”.

Nos permitimos dudar de que los verdaderos fundamentos sean los esgrimidos formalmente, teniendo en cuenta que la iniciativa surgió del Gobernador Alfredo Cornejo, quien en numerosas oportunidades ha manifestado públicamente sus diferencias y su descontento con el sector por él donominado “garantista” de la Corte Provincial, e incluso ha descalificado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –refiriéndose a la misma como “mentirosa” y “tomada por Zaffaroni y Verbitsky”[1]– restándole cualquier tipo de legitimidad al Organismo de Derechos Humanos dependiente de la OEA.

Consideramos que la propuesta, bajo la apartente intención de lograr celeridad en la Justicia, busca en realidad contar con una mayoría adepta al gobierno actual en el máximo órgano judicial de la provincia, que le permita implementar sin contratiempos y con escaso control su política criminal y de seguridad. Lo anterior se deduce contextualizando el mencionado proyecto de ley. Lejos de tratarse de una medida aislada, entendemos que viene a profundizar una serie de acciones del Ejecutivo, particularmente las vinculadas a la ejecución de políticas de seguridad, que denotan una indebida injerencia por parte de éste en el ejercicio de la administración de justicia, vulnerando el sistema de división de poderes y la consecuente garantía de independencia judicial.

En definitiva, creemos que el hecho de contar con una mayoría en la Corte Provincial vulneraría la independencia de los miembros de la judicatura en sus diversos niveles, ya que el Ejecutivo ejercería presión sobre éstos a través de jueces supremos afines al gobierno de turno, lo que redundaría en una surte de control del Ejecutivo sobre la administración de justicia.

Nuestro sistema democrático requiere que en una reforma de tal magnitud se permita la participación de la sociedad civil y de otros actores políticos. Hemos sostenido esta postura en diversas ocasiones en que se han presentado proyectos de reforma al Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución Penal, solicitando -sin éxito alguno- la participación como organización de la sociedad civil en los respectivos debates legislativos.

Quienes defendemos la institucionalidad y los principios de una sociedad democrática, solicitamos que se le dé a esta discusión la importancia que realmente tiene, que se abra el debate y se permita expresar las diferentes opiniones en relación  a estas reformas.

Xumek.

#Democracia #10añosXumek

[1] Unidiversidad. Nota del 20 de octubre de 2016. “Cornejo contra la OEA y la respuesta de Verbitsky”. http://www.unidiversidad.com.ar/cornejo-contra-los-veedores-de-la-oea-en-la-penitenciaria.

“Nuevo” Protocolo de Registros Personales y Detención para Colectivo L.G.B.T

Comunicado sobre el “nuevo” Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T. 

El día lunes 30 de octubre fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución 1149-E/2017, mediante la cual el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T”, que deberá ser utilizado por las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Desde XUMEK, no podemos mostrar más que preocupación por este “nuevo” Protocolo de Seguridad. El texto aprobado -que no contó con la participación de las organizaciones referentes en el tema-, merece críticas que pueden resumirse en tres grandes tópicos: desconocimiento de la realidad, imprecisiones conceptuales y sobreabundancia normativa.

Los siguientes ejemplos sirven para graficar cada uno de ellos:

  1. El Ministerio de Seguridad de la Nación ya tenía un protocolo publicado en el año 2011, que había sido elaborado junto a las organizaciones y era respetuoso de los derechos humanos y de la diversidad. La nueva regulación, que cita la misma normativa internacional pretendiendo ser superadora, lo deroga. Empero, su falta de cumplimiento y falta de resultados no se resuelve con otro protocolo, sino con decisión política.
  2. En general, el texto confunde orientación sexual con identidad de género. En particular, se destacan algunos párrafos del Anexo I, que expresan un profundo desconocimiento de la población LGBT y de la diversidad sexual en general. Por ejemplo, resulta discriminatorio que las intervenciones relacionadas con las personas LGBT las tenga que hacer solamente personal femenino (Generalidad, párrafo 2).
  3. Es innecesaria la mención a que debe resguardarse “la integridad física, derechos y dignidad de la persona”, así como a la “prohibición de infringir dolores o sufrimientos físicos o mentales” –que de hecho deberían incluir no sólo los graves, sino todos- “que tengan como fin obtener información, una confesión, o castigar a la persona” (Generalidad, párrafo 3 y 4). Los primeros son obligaciones que deben cumplirse en toda actuación de las fuerzas de seguridad este regulado o no en este protocolo; y la segunda, son delitos regulados tanto por el Código Penal, como por la normativa internacional.
  4. Finalmente, resulta peligroso que inmediatamente a continuación, en forma arbitraria y contraria a la norma penal e internacional, exprese que el Ministerio no considerará “tortura” aquellos dolores que prohíbe, cuando “sean consecuencia únicamente de acciones legitimas, o que sean inherentes o incidentales a estas” (Generalidad, párrafo 4).

Si bien, en abstracto es positiva toda iniciativa que en general esté orientada al respeto de los derechos humanos de las personas, y particularmente de la comunidad LGTB por parte de las fuerzas de seguridad. Mantenemos nuestra postura, innumerables veces sostenida, lo urgente y realmente necesario es que tanto la norma como la práctica de las fuerzas de seguridad, efectivamente se adecue a los estándares fijados internacionalmente. Como también, y fundamental para que los protocolos sean respetados, que las autoridades judiciales sancionen penalmente a quienes no lo hagan.

Xumek.

#Respeto #Diversidad #10añosXumek