Lucha contra la tortura y malos tratos en la Argentina: promoviendo políticas de prevención, rendición de cuentas y rehabilitación de víctimas

Lucha contra la tortura y malos tratos en la Argentina

El sistema carcelario provincial se encuentra en una situación crítica que hemos denunciado y visibilizado con nuestro trabajo a lo largo de estos últimos años: han fallecido una gran cantidad de personas que se encontraban detenidas y aún persisten los hechos de tortura y malos tratos. Todo ello en un escenario de constante aumento de la población carcelaria y el hacinamiento.

En este contexto sumamente adverso, consideramos que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental y nos comprometemos aún más para lograr que se garantice el respeto de los derechos humanos en espacios de privación de libertad.

Así, estamos comenzando a trabajar en el proyecto denominado “Lucha contra la tortura y malos tratos en la Argentina: promoviendo políticas de prevención, rendición de cuentas y rehabilitación de víctimas”, auspiciado por la Unión Europea y desarrollado en forma asociada con diversas organizaciones de la sociedad civil de nuestro país[1].

El proyecto brinda respaldo a la sociedad civil en tareas de monitoreo, prevención y rendición de cuentas por hechos de tortura, y de apoyo a la rehabilitación de las personas que fueron víctimas de esos hechos. Al mismo tiempo, apunta a fortalecer políticas institucionales para la prevención y sanción de la tortura.

En este marco, específicamente se buscará: 1) Fortalecer las iniciativas, capacidades y recursos de la sociedad civil para el desarrollo de acciones efectivas de monitoreo, prevención, rendición de cuentas de hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y apoyo a la rehabilitación de las víctimas que los sufren; 2) Promover el desarrollo de políticas y capacidades institucionales para la prevención y sanción de la tortura y la rehabilitación de sus víctimas, en particular de aquellas que cuentan con la participación de sociedad civil y 3) Asistir, con un abordaje integral, a víctimas de la tortura y malos tratos para restaurar sus derechos y apoyar su rehabilitación.

Se prevé que el proyecto dure 30 meses y es la profundización de uno anterior: “Violencia institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina”, cuyos trabajos finales ya se encuentran publicados[2].

Foto: Archivo CELS

[1] El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica), el Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, ADESAM (Asociación por los Derechos en Salud Mental), la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.

[2] “Tortura en las cárceles. ¿Por qué no son efectivas las políticas de prevención de la violencia en la Argentina,  disponible en: http://www.cels.org.ar/common/TorturaEnLasCarceles.pdf“Hostigados. Violencia y arbitrariedad policial en los barrios populares” disponible en: http://cels.org.ar/hostigados.pdf

Comunicado: Opinión Consultiva CorteIDH s/ Identidad de Género

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite su Opinión Consultiva Nº 24

A solicitud de la República de Costa Rica, el día 9 de enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la adopción de la Opinión Consultiva – OC 24/2017 – sobre “Identidad de Género e Igualdad y no Discriminación de parejas del mismo sexo”.

Desde XUMEK celebramos la nueva Opinión Consultiva, por lo que nos presentamos como amicus curiae – amigos de la corte – a través de un escrito de observaciones. Éste fue elaborado por la Secretaría de Litigio Estratégico Internacional de nuestra asociación y contó con la contribución de importantes especialistas en Derechos Humanos.

La resolución de la Corte constituye un paso trascendental en el camino del reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas LGBTI a nivel regional. A continuación, destacamos algunas de las consideraciones que la Opinión establece.

En primer lugar, el Tribunal afirma que el cambio de nombre y la adecuación de los registros públicos y documentos de identidad son derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, señala el deber de los Estados de garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la anotación del género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de género auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o un trámite: a) enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) debe ser confidencial. Además, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de género; d) debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y e) no debe requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales. Al mismo tiempo, destaca que el procedimiento que mejor se adecua a esos elementos es el procedimiento o trámite materialmente administrativo o notarial.

En segundo lugar, en relación con la consulta de Costa Rica acerca de los derechos que deben ser reconocidos a las parejas del mismo sexo. La OC afirma que la Convención Americana protege el vínculo familiar derivado de una relación de una pareja de personas del mismo sexo. En este sentido, es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales.

Por último, la descripción realizada por la Corte IDH acerca de la situación que atraviesa el colectivo LGBTI en la región, como grupo de personas que históricamente ha sido víctima de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales; nos permite comprender la importancia de continuar trabajando para la eliminación de cualquier forma de discriminación existente en la actualidad.

En este marco, no podemos dejar de señalar, al igual que lo hace el Tribunal Interamericano, que pese a que el pedido que dio origen a la presente Opinión Consultiva fue realizado por el Estado de Costa Rica, la misma tiene relevancia jurídica para todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Para finalizar, recalcamos que las directrices vertidas por la Corte no hacen más que reforzar la plena vigencia de los derechos humanos reconocidos por las leyes nacionales de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario.

Para acceder a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: OP CorteIDH 24

Secretaría de Litigio Estratégico Internacional

Xumek.

#LGTBI #IdentidadDeGénero #DDHH #CorteIDH

Foto: Augusto Rivarola
Tumblr: augustorivarolaph.tumblr.com
Instagram: @augustorivarol