Encuentro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes del Colectivo de Derechos de Infancia

Del 17 al 20 de febrero de 2018 se realizó en Buenos Aires el Encuentro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyAs) del Colectivo de derechos de Infancia. La provincia de Mendoza estuvo presente por primera vez en el Encuentro representada por los NNyAs del Movimiento Popular La Dignidad y la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Xumek.

Frente a la pregunta ¿qué es el Colectivo? ellas y ellos  definieron de la siguiente manera:

“El Colectivo de derechos de infancia  es un lugar o espacio donde las/os NNYAS pueden ejercer participación protagónica, tomar decisiones como los adultos o con ellos sin ser silenciados. Tiene como objetivo defender o difundir cuáles son sus derechos. Somos una red con varias organizaciones de diversos lugares que trabajamos en conjunto y está integrado por siete provincias: Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Santiago del Estero, Tucumán, recientemente se sumó Mendoza”.

Las/os chicas/os realizaron experiencias y trabajaron sobre diferentes temáticas, entre ellas: inversión en tratamiento de NNyAs con consumo problemático; intercambio de la información de programas y presupuestos en el tratamiento de NNyAs; debates generales de promotores de derechos convocado por el Comité de Seguimiento de la convención de los Derechos de NNyAs de la ONU;uso de herramientas de comunicación virtual y estrategias de comunicación.

También estuvieron presentes en la Comisión Bicameral que se ocupa de la selección del Defensor de NNyAs. Y realizaron actividades culturales en la Ciudad de Buenos Aires con propuestas en espacios recreativos.

Compartimos algunas fotografías de esta experiencia enriquecedora e invitamos a escuchar, a través de nuestra columna #HablandoDeDDHH en Radio La Mosquitera, las propias palabras de lo que se vivió en el Encuentro. Sintonizá cada miércoles a partir de 10 horas en “La Diaria”, Radio La Mosquitera (88.1).

#Xumek2018 #ColectivoInfancia

Pasos finales de un importante antecedente para pueblos indígenas

Desde hace muchos años, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), vienen generando un gran y destacado trabajo en relación al reconocimiento y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de toda América.

En un antecedente que no tiene precedentes en Argentina, la CIDH (ver el comunicado de prensa 35/18) presentó ante la Corte Interamericana el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) contra Argentina.

Se trata de un conflicto por más de 600 mil hectáreas, ubicadas en el departamento de Rivadavia, al noroeste de la provincia de Salta, que comenzó en el año 1984. Desde entonces el reclamo ha sido acompañado y sostenido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Lhaka Honhat, la cual está conformada por comunidades de los pueblos Wichí, Chorote, Chulupí, Toba y Tapiete.

El 4 de agosto de 1998, la Asociación Lhaka Honhat con el patrocinio del CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la CIDH, exigiendo al Estado que se adoptaran las medidas necesarias para que las comunidades pudieran acceder a su derecho a la tierra. También se solicitaron medidas contra la tala de árboles, la actividad ganadera, la edificación de varias obras y la exploración de hidrocarburos, que habían sido realizadas en esos territorios sin consideración de los estándares interamericanos.

Luego de varias idas y vueltas con el gobierno salteño y que en 2005 decidiera dar por finalizada la idea de lograr un acuerdo entre el Estado provincial y las comunidades indígenas, éstas decidieron dar continuidad al trámite ante el Sistema Interamericano y presentaron la petición de admisibilidad del caso ante la CIDH.

En 2006 este organismo declaró la admisibilidad del pedido y en el 2012 aprobó el Informe de Fondo. En este último concluyó la violación del derecho a la propiedad por no haber provisto acceso efectivo al título de propiedad sobre el territorio ancestral, pese a que, para ese momento, habían transcurrido dos décadas desde que se presentó la solicitud inicial de titulación (en 1991). Determinó la violación de este derecho por cuanto el Estado se abstuvo de materializar los derechos, legalmente reconocidos, violando así el acceso de las comunidades indígenas a la implementación efectiva de la ley: específicamente, consideró que el Estado había frustrado la confianza legítima que las actuaciones de las autoridades provinciales habían generado en las comunidades indígenas de acceder a un título común de propiedad territorial. Asimismo, consideró violados los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, debido a la falta de provisión de un procedimiento efectivo para acceder a la propiedad del territorio ancestral; así como a las variaciones sucesivas en el procedimiento administrativo aplicable a la reclamación territorial indígena, en no menos de seis ocasiones.

El caso también comprende el desconocimiento de los derechos a la propiedad, al acceso a la información y al derecho a participar en los asuntos susceptibles de afectarles, en perjuicio de las comunidades indígenas al haber llevado a cabo obras públicas y otorgado concesiones para la exploración de hidrocarburos en el territorio ancestral, sin satisfacer los requisitos de adelantar procesos de expropiación; no amenazar la subsistencia de las comunidades indígenas; realizar consultas previas, libres e informadas, así como estudios de impacto social y ambiental; y garantizar la participación de las comunidades indígenas en los beneficios derivados de las concesiones otorgadas. Finalmente, la Comisión determinó otra violación del derecho a la propiedad en perjuicio de las comunidades indígenas, al haber omitido emprender acciones efectivas de control de la deforestación del territorio indígena mediante la tala y extracción ilegales de madera.

Pese a que el Estado se comprometió a cumplir con las recomendaciones en varias oportunidades y a realizar la entrega de un título conforme y en respeto de las costumbres tradicionales de las comunidades, esta situación nunca pudo prosperar. La demarcación y delimitación de las tierras aún siguen en espera, no se ha tomado ninguna medida efectiva para combatir la tala ilegal de árboles ni se ha avanzado en el levantamiento de cercas y alambrados en el territorio indígena, entre otras acciones aún pendientes. Por este motivo, la CIDH decidió finalmente someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el 1 de febrero de 2018, al considerar que Argentina no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.

Es una lástima que habiendo apostado las comunidades indígenas a lograr un acuerdo con el Estado, tratando de conseguirlo a través de un trabajo mancomunado entre las partes, éste lleve 20 años sin cumplir sus compromisos y haya generado, única y exclusivamente, una terrible dilación del caso, sin obtener ningún tipo de resultado favorable.

Por ello, desde el Área Pueblos Indígenas y Migrantes de Xumek, creemos que esta decisión de la CIDH y lo que será el pronunciamiento de la Corte IDH, representará un importante antecedente jurisprudencial no sólo para las comunidades indígenas demandantes, sino para todos los pueblos indígenas de Argentina. Debemos recordar que los pronunciamientos de la Corte Interamericana son de acatamiento obligatorio para el país y configuran un instrumento jurídico de interpretación y aplicación de la ley interna.

Para mayor información del caso, en cuanto al camino que transitaron las comunidades indígenas en su lucha para obtener el legítimo reconocimiento del derecho a sus tierras ancestrales, compartimos el informe realizado en el año 2006 del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA)

Informe IWGIA: El Caso Lhaka Honhat

Área Pueblos Indígenas y Migrantes

Responsable, Ñushpi Mayhuay

Imagen: Portada del Informe IWGIA “El caso Lhaka Honhat”

#Xumek2018

Amnistía Internacional presentó su Informe Mundial sobre DDHH y alertó sobre el caso argentino

Amnistía Internacional (AI), conocida organización internacional de vocación universal que trabaja por la defensa de los derechos humanos y que está integrada por más de 7 millones de personas en más de 150 países y territorios, presentó en el día de ayer su Informe Anual 2017/2018 sobre derechos humanos en el mundo.

En el apartado correspondiente a nuestro país, el informe advierte sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en los últimos años, se centra en: La dificultad de mujeres y niñas para acceder al aborto legal, criminalización y discriminación de los pueblos indígenas, retroceso respeto de los derechos de los migrantes, el cercenamiento de la libertad de expresión y reunión y el desconocimiento de recomendaciones de organismos internacionales respecto a cierto casos violatorios de los estándares internacionales (Milagro Sala), entre otro temas.

Se tratan también dos temáticas referidas a los juicios de lesa humanidad: El caso Muiña, aplicación del 2×1 en casos de lesa humanidad, un giro en la jurisprudencia de la Corte Suprema, y la posterior aprobación por parte del Legislativo de la Ley que establece que la fórmula del 2×1 no puede ser aplicable a crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Por otro lado, se hace expresa mención a la sentencia histórica de la Cámara Federal de Mendoza que condenó a prisión perpetua a cuatro ex miembros del poder judicial de Mendoza por contribuir a la comisión de crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar. La querella estaba integrada por Viviana Beigel, Diego Lavado y Pablo Salinas, integrantes de Xumek representando al Moviemiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

Dicho informe ha captado la atención de todo el arco de medios de la Argentina, celebramos que se advierta sobre una situación que merece ser atendida para que no se sigan vulnerando derechos. La trayectoria y prestigio de Amnistía y la evaluación sobre nuestro país condice con los diagnósticos realizados por diversas organizaciones locales.

Compartimos en los siguientes enlaces un breve resumen del informe de Amnistía, como también el informe completo en formado PDF:

Resumen Informe AI

Informe Amnistía Internacional 2017/18

Estas temáticas tratadas por Amnistía Internacional pueden encontrarse, bajo un perspectiva local, en el trabajo que realizamos anualmente sobre la situación de derechos humanos en la Provincia de Mendoza #Informe2017

#Xumek2018 #DDHH

CELEBRAMOS: Primera Reunión del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y ONGS

Ayer se realizó la primera reunión entre el El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y Organizaciones de la Sociedad Civil, en la cual estuvimos presentes.

El Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura, producto de la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles (OPCAT) en el año 2012 y regido por la Ley 26.827 constituido finalmente el pasado año, es un organismo federal, autónomo y autárquico que velará por los derechos humanos de las personas en contexto de encierro en el país.

Se articula asimismo con los Organismos Provinciales (existentes) y busca que cada jurisdicción posea una institución de este tipo. Por otro lado, se nutre de las Organizaciones que vienen trabajando estas temáticas y conocen la situación de cada repartición.

Diversas organizaciones y sus delegados estuvieron presentes en la reunión: ACIFAD (Familiares de Detenidos), Andrea Casamento; ANDHES (Tucumán), Matías Pisarello; APDH (La Plata), Alicia Peralta; APP (CABA), Mirta Lopez; CATAMARCA CONTRA LA TORTURA (Catarmarca), Sebastián Vergara; CELS (CABA), Eva Asprella y Macarena Sabin Paz (Salud Mental); CENTRO ANGELELLI (Prov. de Buenas Aires), Jose Luis Calegari; CEPOC (Buenos Aires), Claudia Cesaroni; COPADI (CABA), Raul Salinas; CPM (Prov. de Buenos Aires), Roberto Cipriano; GMAF (CABA) Martha Miravete; INECIP (CABA), Guillermo Nicora; YO NO FUI (Buenos Aires), María Medrano; y ZAINUCO (Neuquén), Ángeles Acosta.

Los Integrantes por el Poder Legislativo son: Jorge D’Agostino, Alex Ziegler, Diana Conti, Juan Manuel Irrazábal, María Laura Leguizamón, Rocío Alconada Alfonsín. Los dos integrantes por los Mecanismos Locales (representantes de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): Enrique Font y Alicia Canteros. Los tres representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son: María Josefina Ignacio,  Asociación Pensamiento Penal; Gustavo Palmieri, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Diego Lavado, Fundación Sur Argentina y Xumek Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos. Además son miembros el titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Francisco Mugnolo, y Alejandro Lucchetti, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La sinergia entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Comité es fundamental para nutrir el Sistema Nacional de Prevención contra la Tortura y alcanzar objetivos concretos respecto las pésimas condiciones actuales de centros de detención (cárceles, comisarías y instituciones salud mental).

Si bien es cierto que esta es una problemática histórica en la Argentina y otros países de la región, varias organizaciones hicieron hincapié en el constante deterioro de las condiciones de detención, el crecimiento exponencial de la población carcelaria, la naturalización de la muerte de las personas privadas de libertad, entre otras contantes dificultades.

Celebramos este primer encuentro y es esperamos que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes pueda dar respuestas a cuestiones tan postergadas. También que sean asignados los recursos necesarios para su correcto desempeño.

A las Organizaciones, además de felicitarlas por el compromiso de años, las instamos a continuar el trabajo y hacer los aportes necesarios para el logro de los objetivos esperados.

Xumek

#Xumek2018 #DDHH #PrevenciónDeLaTortura

NOVEDADES: Xumek y Radio La Mosquitera hablan de Derechos Humanos

Radio La Mosquitera (88.1) comienza un nuevo ciclo de programas matutinos. “El Arranque” de 7 a 9 con Tato Rivas e Ignacio Aguilar y “La Diaria” de 9 a 12 con Gabriela Fioqueta y Juan Marcelo Rojas.

A partir de un intercambio de informaciones, consultas y proyectos en común durante varios años, Radio La Mosquitera nos ha invitado a participar de una columna semanal en el programa “La Diaria”, para debatir sobre el acceso a derechos y los temas que hacen a nuestra realidad cotidiana y que muchas veces se invisibilizan.

“Hablando de Derechos Humanos”, columna que comienza mañana miércoles 21 de Febrero, será un espacio donde integrantes de nuestra asociación  abordarán temáticas que nos afectan a todas y todos: Violencia Policial, Penitenciarías, Género y Diversidad, Niñez y Adolescencia, Salud Mental, Pueblos Indígenas, Migrantes, entre otros.

Todos los miércoles a partir de las 10 horas.

Radio La Mosquitera 88.1 | Página web:  lamosquitera.org

¡Los Esperamos!

#Xumek2018 #LaMosquitera #Radio #DDHH

CASO CHOCOBAR: Análisis de la confirmación judicial de su procesamiento

La Sala IV de la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento del Policía Luis Chocobar por “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber”.

Con simpleza, la Cámara expresó que no era un detalle menor su condición de policía, y que podría haber adoptado medidas menos lesivas a la que escogió. Al desarrollar sus fundamentos detalló que -luego de identificarse, dar la voz de alto y que Pablo Kukoc decidiera huir-, el agente efectuó primero tres disparos intimidatorio hacia arriba, y luego cuatro disparos más, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de Kukoc dándole muerte.

Aquella clara alusión a que su instrucción lo pone en un plano distinto a cualquier persona usuaria de armas y a que su función legal no es matar personas, y la posterior descripción de su polémico proceder, son los motivos por los cuales no le quedaron dudas respecto a que la decisión del funcionario policial había sido excesiva en tanto había provocado un daño superior al que quería hacer cesar.

Si bien con algunas diferencias, lo concreto es que para ambas instancias judiciales hubo un exceso, una desproporción, entre lo que Chocobar hizo y lo que estaba facultado a hacer. De la resolución de la Cámara se desprende que no hubo legítima defensa -ni exceso en ella- precisamente porque no hubo oportunidad de defensa alguna. Su intervención llegó después del hecho delictivo sufrido por el ciudadano estadounidense y luego no enfrentó ningún ataque en su contra. Por ello la Cámara encuadra la cuestión en un exceso en su función de detener a una persona que había cometido un delito y se estaba escapando desarmado.

En contraposición a las autoridades judiciales, y contraria al buen criterio y prudencia que deberían guiarla, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que, para el gobierno, el agente hizo lo que debía hacer. Fundó su postura en dos argumentos:

1) como gobierno el primer objetivo es cuidar a la gente, lo cual implica cuidar a quienes la cuidan tratando de que las fuerzas de seguridad sean mejores y más profesionalizadas.

2) Los riesgos que había aquel día eran, para ella, evidentes, destacando que una persona apuñalada estaba a punto de la muerte. Ir a un detalle tan específico como planteó el fallo para analizar si hasta un determinado momento estuvo bien actuado y luego se excedió, le parece que implica no entender la situación que atravesaba el policía.

Respecto al primero, ciertamente existen formas mejores de cuidar a la policía que justificar lo que -al menos por el momento- la justicia entiende un delito grave. Se puede empezar por pagarles mejor, darles mejores elementos de trabajo y capacitarlos debidamente, así como también sancionar a quien corresponda y premiar al que realmente lo merezca.

En relación al segundo, sus dichos denotan el desconocimiento total de las normas. Precisamente son aquellas circunstancias en que ocurrió el hecho las que le dan la pauta a las autoridades judiciales para entender que se adecua a la figura penal que le imputan. Ninguna norma le permite a la policía matar ni efectuar disparos directos a una persona desarmada que le da la espalda.

En la etapa investigativa en la que se encuentra, parece no discutirse aún la intención del Sr. Chocobar ni la proporción de los medios utilizados. De cualquier forma, muy a pesar de que la Ministra se exprese despojándose de la responsabilidad que le cabe -por el resultado de una situación que un policía, bajo su tutela, no supo manejar y haya terminado abruptamente con una vida-, la realidad indica que este caso, y sus palabras, son prueba suficiente de la letalidad de las armas de fuego y de la irresponsabilidad de no tenerlo en cuenta.

Sea que hubo homicidio, exceso en la legítima defensa o en el cumplimiento de sus funciones, el daño generado es irreparable, y las posibilidades de que adelgace aún más la delgada línea que separa un Estado con fuerzas de seguridad fuertes de uno violento y delictivo, se acrecientan peligrosamente.

Área de Violencia Policial y Seguridad Ciudadana.-

#Xumek2018 #ViolenciaPolicial

ANÁLISIS: El caso Chocobar y la Independencia Judicial

El 8 de diciembre de 2017, el efectivo de la policía local de Avellaneda Luis Chocobar dio muerte a uno de los asaltantes que había acuchillado a un turista estadounidense para sustraerle una máquina fotográfica. Según el fallo de primera instancia, el accionar de Chocobar habría tenido lugar con posterioridad a que la agresión al turista hubiera cesado; vecinos del lugar ya habían auxiliado a la víctima e incluso recuperado lo sustraído. Pablo Kocuk, mientras intentaba darse a la fuga, y luego de haber sido alertado por el policía, recibió dos disparos, uno de los cuales resultó mortal.

En primera instancia Chocobar fue procesado por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego, en exceso de legítima defensa y se trabó embargo sobre sus bienes por $400.000. En fecha 16 de febrero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento, modificando la calificación legal por la de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego, en exceso en el cumplimiento de un deber.

Hasta aquí el relato de los hechos. ¿Y la independencia judicial? Bien, gracias.

El 1 febrero de 2018 el Presidente Mauricio Macri, junto con la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, recibió en Casa Rosada al policía procesado para demostrarle “todo su apoyo[1]”, cubriendo con un manto de legitimidad el accionar homicida del agente de seguridad.

Dos son las consecuencias alarmantes del proceder de miembros del Poder Ejecutivo Nacional: la primera es el palmario apartamiento de nuestro derecho positivo, la segunda, un claro atentado contra la independencia judicial.

Cuando Macri afirma no entender “cómo –los jueces- dicen que estuvo todo bien hasta el último instante, donde los jueces dicen que se excedió el policía. ¿Pero cómo se excedió?”, en realidad está peligrosamente desestimando todo un conjunto de normas (convencionales, constitucionales, locales) que establecen claramente los límites en el uso de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad. Hacer como si esas regulaciones y restricciones no existieran es directamente llevarse puesto el Estado de Derecho. Hacer como si no existieran, en pos de avivar el discurso de que la inseguridad se resuelve con mano dura y “vía libre” para las fuerzas de seguridad, es altamente demagógico.

Sobre este primer punto, ya hemos desarrollado nuestra postura en publicaciones anteriores, y también pueden consultarse sendas notas periodísticas.

En cuanto las repercusiones de los dichos de Macri, Bullrich y demás funcionarios gubernamentales, reiteramos también la postura sostenida por nuestra Organización en el Informe Anual 2017 (Capítulo Independencia Judicial).

El accionar del policía Chocobar, las circunstancias en las que tuvo lugar, así como su juzgamiento penal–y aunque parece redundante tener que aclararlo- debe ser establecido exclusivamente por los jueces de la causa.

Es inadmisible que en un país amparado por las garantías del Estado de Derecho y el sistema republicano, miembros del Poder Ejecutivo salgan a realizar apresuradas e infundadas declaraciones sobre lo ocurrido y su “esperable” devenir judicial. Versiones que, por otro lado, fueron refutadas a medida que se conocían más pruebas y datos sobre el hecho, e incluso por las sentencias de primera y segunda instancia.

Entre otras declaraciones, Macri publicó su apoyo en twitter a Chocobar expresando “ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”.

Por su parte Patricia Bulrrich se manifestó en la red social escribiendo “Queremos defender a los Policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos.”

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta publicó: “Un caso más en que la Justicia actúa a favor de los delincuentes y no de la seguridad de los vecinos.”

Respetar la independencia judicial –piedra basal de cualquier República- implica que los restante Poderes del Estado, eviten influir en las decisiones de los jueces, y dejen que éstos libremente decidan lo que entiendan que por derecho corresponda de acuerdo con las circunstancias de la causa.

Las declaraciones de miembros del Poder Ejecutivo demuestran un cabal desprecio por el Estado de Derecho y la República que supuestamente vinieron a defender. Esa suerte de “apriete” mediático que ejercen sin tapujos sobre jueces en el curso de la investigación de un caso tan resonante a nivel social – y por otro lado tan claro a nivel jurídico penal- es rotundamente violatorio del derecho de la ciudadanía a exigir y confiar en  un Poder Judicial imparcial. Las y los ciudadanas/os tenemos derecho a formarnos una opinión sobre cuestiones y casos de inseguridad que nos conciernen como sociedad, pero el Estado a través de sus representantes deben abogar por que esto se logre con información y resoluciones transparentes, y no con declaraciones que tergiversan las más elementales normas de derecho.

Azul Kemelmajer                                                                                                                    Secretaría de Litigio Estratégico

#Xumek2018 #IndependenciaJudicial #Violencia Institucional

[1] Nota Diario Los Andes. https://losandes.com.ar/article/view?slug=macri-se-reunio-con-el-policia-que-defendio-al-turista-que-apunalaron-en-la-boca

VIOLENCIA DE GÉNERO: Hacia el #8M

A menos de un mes del Día Internacional de Mujeres, referido como #8M, ayer se realizó la segunda Asamblea Organizativa que prevé el paro acompañado de la marcha “Ni Una Menos” para el 8 de marzo. Este colectivo, Ni Una Menos Mendoza, por otra parte, manifestó el enorme repudio a los femicidios ocurridos esta semana. Pidió que la Justicia caratule al triple crimen de Guaymallén como “femicidio”, por el asesinato de María Soledad Bueno (25), y “femicidios vinculados”, por Mónica Outeda (51) y Lautaro Valentino Vega (7), madre e hijo de Mayra.

Desde Xumek acompañamos la lucha y compartimos el análisis, a través de datos estadísticos nacionales y provinciales, que se realizó durante todo el pasado año en el #Informe2017, acerca del panorama actual que no parece mejorar.

El capítulo “Violencia de Género” aborda algunos de los puntos principales de la problemática de la violencia machista en la provincia, a partir del análisis de diversos datos estadísticos. Se hace mención de algunos avances que se han dado a nivel provincial – como la creación de una Unidad Fiscal Especializada y un refugio estatal para víctimas – y de las deudas pendientes que aún tiene el Estado provincial con las mujeres. Particularmente respecto a la implementación de un protocolo para garantizar la salud de las mujeres en casos de aborto no punible.

Se puede acceder al capítulo del Informe aquí.

#NiUnaMenos #Xumek2018

COMUNICADO: El uso de armas letales por parte de las Fuerzas de Seguridad (Caso Chocobar)

COMUNICADO: El uso de armas letales por parte de las Fuerzas de Seguridad.

El caso públicamente conocido como “Chocobar” parece reeditar la polémica en torno al uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad, y las estrategias políticas y comunicacionales del Estado para resolver los inevitables conflictos que genera la inseguridad.

Las máximas autoridades estatales decidieron avalar el homicidio, al mismo tiempo que el juez que entiende en la causa consideraba que había existido un exceso en la legítima defensa, que no le permite al agente justificar la forma en la que había actuado.

Situaciones como estas nos impulsan a reiterar que nuestra Asociación mantiene sobre el tema una postura coincidente a la siempre sostenida en materia penal en general y policial en particular. La persona que comete un delito o incumple una norma de cualquier índole, corresponde sea sometida a un proceso donde se respeten todas las garantías y recién en caso de probarse su responsabilidad, le sea aplicada la sanción que legalmente correspondiese. La pena de muerte no es una opción constitucional ni convencionalmente válida.

Apreciación que resulta válida para todas las personas, tanto con el objeto de sancionarlas como cuando existan intensiones de no hacerlo. Incluidas las que integran las fuerzas de seguridad.

Conductas como la del agente que en un episodio confuso dio muerte a una persona que presuntamente había cometido un delito, son graves. La sociedad necesita que sean abordadas con respeto y seriedad. Consecuentemente, advertimos que resulta sumamente irresponsable celebrarlas y avalarlas. Pero más reprochable resulta aun si esa celebración viene de parte de autoridades que al momento de hacerlo no tenían certeza respecto a cómo efectivamente sucedieron los hechos, y sólo basaron su opinión en presunciones subjetivas carentes de fundamentos.

Objetivamente existen normas que regulan el accionar policial y deben respetarse. En general los principios de actuación que debería cumplir la policía indican que

  • Su accionar debe adecuarse en todo momento al principio de razonabilidad, su proceder debe ser preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y debe procurar siempre preservar la vida y la libertad de las personas.
  • Están facultados para ejercer la fuerza física solamente para hacer cesar una situación, e incluso en esos casos deben utilizarla en la medida estrictamente necesaria y adecuada, procurando no infligir un daño superior al que se quisiere impedir.
  • En lo que respecta al uso de armas de fuego, solamente pueden hacerlo en caso de legítima defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que existiere peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito que entrañare ese peligro.
  • Cuando el empleo de la fuerza o de armas de fuego fuere inevitable, deberán identificarse como funcionarios policiales y dar una clara advertencia de su intención de emplear dichos medios, con tiempo suficiente como para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia pusiere en peligro al funcionario policial, se creare un riesgo inminente para la vida de otras personas o resultare evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.

Lo lamentablemente ocurrido en el barrio de la Boca meses atrás no encuadra siquiera en una excepción a estas reglas.

Por ello insistimos en que por más que les genere una inexplicable satisfacción interna no es posible que la muerte violenta de una persona sea celebrada públicamente por parte de las autoridades estatales, máxime sin antes revisar profundamente las circunstancias en que sucedió y su adecuación a las normas que reglamentan hechos de tamaña magnitud. Ninguna norma permite a las fuerzas de seguridad cometer homicidios, por más reprobable que sea la conducta de la persona que lo sufra. Y por situaciones como estas, está bien que no lo hagan.

Gonzalo Evangelista

Área de Violencia Policial y Seguridad Ciudadana – Xumek

OPINIÓN: “La Celebración de la Violencia”

En estos días se reavivó una discusión que viene marcando la agenda de la sociedad argentina durante los últimos años y que el actual gobierno argentino utiliza como placebo ante un deterioro de la realidad económica, social y política que vivimos día a día, y es la seguridad.

Nos referimos al caso del policía que recientemente mató a un “delincuente” que había robado y acuchillado a un turista en el barrio de La Boca. El resto de los datos y detalles son fáciles de encontrar en diversos medios.

Contado de esa forma, si bien es un simplificación, cualquier persona de a pié podría entender que el oficial actuó de oficio, ejecutó su deber y abatió un “delincuente” que había herido un turista con un arma blanca.

Al parecer, las cosas no son como nos las cuentan, los hechos y la realidad en su suma complejidad no revisten a un análisis tan llano. Es por ello que durante más de doscientos años nuestro país se ha ido formando institucionalmente: el Estado Argentino tomó diversos  modelos para configurarse a sí mismo. Con el paso de los años, y este no es el lugar para hacer ese raconto, con aciertos y errores, y con excepción de los periodos anticonstitucionales, la Argentina se entiende a sí misma como una República Democrática.  La esencia de este binomio es que posee una estructura de poder tripartita y un sistema de elección de sus representantes democrático.

Ahora bien, volviendo a nuestro caso, como dijimos las cuestiones no siempre son lo que parecen. Uno de los poderes del Estado es el Judicial, el cual se encarga precisamente de impartir justicia. Un Juez de este poder del Estado, encontró que el policía que disparó su arma y mató al joven delincuente, era culpable de haberse extralimitado en lo que es conocido como “legítima defensa”, figura legal que encierra varias particularidades. El agente está imputado por esta causa y el Juez trabó un embargo sobre sus bienes.

Académicos, abogado penalistas y otros referentes de la temática cuestionaron al Juez por la interpretación que hizo de esta figura legal, que como dijimos contiene varias particularidades, pero no la de dispararle por la espalda a un delincuente que huye de la escena del crimen, para finalmente ejecutarlo por detrás (según se observa en un video captado por cámaras de seguridad de la misma policía).

Está claro que ante un tema de tal sensibilidad – ninguno de nosotros quiere ser asaltado, ni acuchillado, mucho menos muerto a quemarropa – los medios de comunicación cumpliendo su función han dado rienda suelta a este debate, para resumirlo: “la seguridad ciudadana y el rol de las fuerzas de seguridad”. Sabemos cómo funcionan los debates en la Argentina donde, desde expertos a conductores/as de televisión – sin juzgar a cada quien –, esgrimen sus “opiniones” sobre diversidad de temas, donde mucha veces lo que escasea sean argumentos bien fundados. Las redes sociales hacen también lo suyo, valga la libertad de expresión, donde cada uno dice lo que piensa y muchas veces lo que siente.

La frutilla de la torta es que, seguido de esta secuencia de imágenes, informaciones diversas, opiniones varias. El Presidente de la Nación le tiende la mano a un imputado por “exceso de legítima defensa” –  en breves días se sabrá qué determina la justicia – que podría ser un presunto homicida, afirmando que desearía que hubiera más policías como él.

Esa imagen, ese signo, tan inocente, tiene una carga de tal nivel de violencia comparable con las peores épocas de nuestra historia. Celebrar la muerte, agarrar la mano que empuña un arma asesina, bajo ningún concepto es situación de celebración.

La Fuerzas de Seguridad Interior y la Fuerzas Armadas tiene funciones específicas respecto del legítimo uso de la violencia, son herramientas del Estado que sirven para mantener la paz de la sociedad, están regidas y controladas por un tramado institucional preexistente al antojo de los gobernantes actuantes. Eso es una República. La historia argentina, y no sólo hablo de la última dictadura militar, está marcada por violencia y sangre, de un color y de otro. Iluminados que se hicieron con el poder, con todo el poder, se cargaron miles y miles de vida de argentinos y argentinas. Tenderle la mano a la violencia es un viaje de ida.

Las justificaciones políticas que tiene el Presidente y su Ministra de Seguridad, quien viene marcando el paso y defendiendo a capa y espada los – cada vez más – cuestionados desempeños de las fuerzas de seguridad que de ella dependen, tienen diversas aristas. Buscan atender desde un lugar fútil el problema de la inseguridad, moviendo la atención de otros acuciantes problemas sociales aún sin respuesta, alimentan así ideas cargadas de violencia y sumamente peligrosas.

El gran problema es que, quienes nos hablaron de República y del respeto por las Instituciones, sólo dan señales de vulnerarlas sistemáticamente. Desea cambiar “doctrinas” desde el su lugar en el poder ejecutivo, denuncian jueces contrarios a sus intereses (incluso a quien entiende en esta causa citada), buscan que las Fuerza Armadas tengan injerencia en los asuntos internos – creando un comando de rápido desplegue – desbaratando el sistema que resguarda nuestra democracia tantas veces dañada.

Solíamos escuchar: “vienen por todo”, ¿quiénes son los que vienen por todo?

Bernardo G. Pascale

Sec. de Comunicación Prensa y Difusión – Xumek

#Xumek2018 #ViolenciaPolicial #SeguridadCiudadana

PRÓVOLO: La Suprema Corte de Mendoza rechazó recursos de casación de la defensa

La Suprema Corte de Mendoza rechazó los recursos de casación interpuestos por los defensores de Corradi, Corbacho, Gómez, Bordón y O.

Con esta resolución el máximo Tribunal avala el trabajo de los fiscales y la querella recientemente cuestionado por la defensa de los acusados. Corroborando así que no solo existen pruebas suficientes para elevar la causa a juicio, sino también, elementos contundentes para condenar a los responsables de los atroces delitos cometidos en el Instituto Próvolo.

Si querés acceder a mayor información sobre el Próvolo, podés descargar los capítulos de nuestro #Informe2017 que tratan esta temática en el siguiente enlace: Derechos de las Personas con Discapacidad 

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Foto: Archivo Radio Mitre