Xumek presenta una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones de derechos humanos en Brasil: “El caso de Tatiane da Silva Santos”.

El 10 de abril de 2018 presentamos una petición individual ante la CIDH que denuncia violaciones a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” y a la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Belém do Pará)”, perpetradas por miembros del Poder Judicial brasilero, del Ministerio Público y del Consejo Tutelar del Estado de Brasil en contra de Tatiane da Silva Santos y sus hijos.

Las víctimas

Tatiane da Silva Santos es una mujer afrodescendiente de 29 años de edad que actualmente se encuentra privada de su libertad en la Penitenciaria Madre Pelletier, Porto Alegre. Fue condenada en noviembre de 2016 por un tribunal de primera instancia con un fallo plagado de valoraciones arbitrarias y violaciones a sus derechos esenciales, la sentencia estipuló la pena de 22 años, 2 meses y 20 días de prisión. Posteriormente, esta sentencia fue apelada teniendo entonces el órgano judicial superior la posibilidad de enmendar los defectos de aquella decisión. Lejos de reparar dicha situación, no solo ratificó lo resuelto anteriormente, sino que el juez relator -a cuyo voto adhirieron completamente los otros dos jueces- se explayó en consideraciones misóginas y aumentó la pena impuesta a 24 años, 9 meses y 10 días de reclusión.

El caso

Tatiane vivía con sus 3 hijos menores -Gabriel, Gabriele y Diogo- y Amilton Martins, el padre de ellos, en la ciudad de Porto Alegre en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. El día 29 de setiembre de 2013 Diogo – de un año y dos meses de edad – fue maltratado, torturado, abusado sexualmente y asesinado por su padre, quien se encontraba cuidándolo mientras Tatiane estaba fuera del hogar trabajando. A raíz de ese hecho, Amilton fue acusado y condenado por los delitos de malos tratos, tortura, estupro y homicidio calificado en calidad de autor de los hechos, conforme con el Código Penal de la República Federativa de Brasil. Tatiane -exceptuando el delito de estupro- también fue encontrada culpable en la modalidad de comisión por omisión, es decir, se la encontró responsable de estos delitos por no haber evitado el resultado teniendo el deber de hacerlo por ser la madre, una valoración a todas luces discriminatoria. Desde el día 13 de noviembre de 2013 permanece privada de su libertad.
La relación con Amilton estuvo plagada de situaciones de violencia, amenazas y agresiones. Amilton consumía drogas, era violento y fue separado en numerosas ocasiones del núcleo familiar a raíz de denuncias que le inició Tatiane. No obstante esto, la pareja volvió a convivir y al poco tiempo se produjo el homicidio de Diogo. Ese día, al llegar de trabajar, Tatiane observó que Diogo, que había estado durante todo el día a cuidado de su padre, estaba inconsciente con hematomas en todo el cuerpo y tenía la panza hinchada. Al no poder comunicarse con la ambulancia, lo traslado rápidamente al hospital donde murió al poco tiempo.
La investigación estuvo marcada por prejuicios económicos, sociales y de género. El hecho de que se tratara de una mujer afrodescendiente de escasos recursos económicos influyó terminantemente para que los magistrados de Brasil exacerbaran el deber de cuidado que pesara sobre ella como madre y la consideraran culpable del homicidio de Diogo, en concurso con los delitos de tortura y malos tratos cometidos por el padre del niño.

Los derechos vulnerados

Al estudiar el caso, consideramos que las condenas vulneraron el derecho de Tatiane a un trato igualitario –y consecuentemente al derecho a la no discriminación- ya que las decisiones jurisdiccionales se fundamentan en el entendimiento de que Tatiane, en tanto mujer y madre, debería haber cumplido con sus obligaciones legales de cuidado de sus hijos, pasando deliberadamente por alto dos puntos esenciales. El primero, la violencia de género y familiar a la que estaba sometida, y el segundo, el igual deber de cuidado que cabía a Amilton como padre del niño.
La mayor carga que se le atribuye a la responsabilidad materna, en relación a la paterna, constituye una discriminación directa e indirecta hacia Tatiane, debido a su cuádruple condición de vulnerabilidad como mujer, negra, pobre, y víctima de violencia de género y familiar. Lo que la justicia debió valorar para no incurrir en un trato discriminatorio. Es que aún en el contexto de gravísima violencia y extrema vulnerabilidad en el que se encontraba Tatiane, nunca dejó de encargarse como pudo del bienestar de sus hijos.
Además, creemos que Brasil incumplió el derecho contenido en el art. 8.2.h de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos,” que contempla el derecho a recurrir el fallo ante el Juez o Tribunal Superior, ya que la condena impuesta a Tatiane en primera instancia fue posteriormente aumentada por un tribunal superior, dejando sin posibilidad que otro tribunal revise íntegramente esta última sentencia. Esto debido a que el único recurso utilizable ante una sentencia de segunda instancia en Brasil, es el recurso especial que está regulado en el inciso tercero del artículo 105 de la Constitución Federal combinado con art. 1029 del Código Procesal Civil, el cual fue interpuesto y se encuentra pendiente de resolución. Dicho recurso no permite una revisión integra en lo que respecta a los hechos que fundaron el aumento de pena ya que no admite reexaminar las pruebas.
Por otro lado, entendemos también incumplidas algunas de las obligaciones contenidas en el art. 7 de la “Convención Belém do Pará”, ya que durante todo el tratamiento estatal del caso de Tatiane, es decir desde la intervención administrativa a partir de las denuncias realizadas hasta la investigación judicial -incluyendo acusación por el Ministerio Público y juzgamiento en dos instancias judiciales-, vemos paradójica la tímida intervención por parte del Estado en el ámbito de protección de la familia en situación de violencia, en contraposición con la implacable aplicación de la ley penal a los “autores” del delito que ocurrió, entre otros factores, por la insuficiente injerencia estatal en aquel campo.
Entre las obligaciones de esta última convención que consideramos incumplidas, se encuentran el “deber de debida diligencia” contenido en el art. 7 inc. b, que impone como obligación al Estado contrayente prevenir, investigar o sancionar los hechos de violencia contra la mujer. A su vez, Brasil también incumplió los llamados deberes de “protección judicial” (art. 7 inc. d), de “procedimientos justos y eficaces” (art. 7 inc. f) y el de “reparación” (art. 7.inc g).
Por último, cabe afirmar que con esta denuncia ante el Sistema Interamericano de DDHH pretendemos como organización que esta situación de graves vulneraciones sea visualizada, no quede olvidada y genere un impacto en la región. A su vez, esperamos que la situación de Tatiane da Silva Santos y sus hijos mejore y el Estado de Brasil repare los perjuicios ocasionados.

Secretaría de Litigio Estratégico
Xumek

COMUNICADO: La vulneración del Poder Judicial en Mendoza por parte del Ejecutivo

Los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo afecta la independencia del Poder Judicial y ponen en peligro la división de poderes en la provincia, el acuerdo de la oposición da vía libre al gobierno.

Días atrás se hizo público que el Gobernador Alfredo Cornejo obtuvo los apoyos necesarios para modificar la composición y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Esto ocurrió luego de haber acordado aprobar este proyecto de ley y otro de Juicios por Jurados con parte de la oposición que, hasta hace poco tiempo, se había manifestado expresamente en contra de esta reforma considerándola de gravedad institucional.

Cabe recordar que esta iniciativa era buscada por el Poder Ejecutivo desde el año pasado, pero no logró convertirse en ley. La misma pretende ampliar el número de integrantes y de Salas de la Corte: pasaría de 7 a 9 la cantidad de Ministros y de 3 a 4 las Salas. Así, las Salas Civil, Penal y Laboral tendrían competencia jurisdiccional avocándose estrictamente a la resolución de causas, y se crearía una Sala de Superintendencia Administrativa.

Esta última Sala estará compuesta por el Presidente y otros dos Ministros que ya no serán los Presidentes de las otras Salas sino que serán elegidos por sus pares por dos años y podrán ser reelegibles en forma indefinida.

No es un dato menor que la Sala de Superintendencia tiene a su cargo la conducción y administración de todo el Poder Judicial, ocupándose de los nombramientos, presupuestos y traslados, entre otras cosas. Es decir, se pretende otorgar a sólo 3 Ministros -que serán electos por Cornejo, ya que cuenta con los votos necesarios- la conducción del sistema judicial y sin límite de tiempo.

Experiencias como éstas ya existieron en nuestro país con la llamada “mayoría automática” en la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem. Es por ello que nuevamente debemos alertar acerca de los peligros de esta reforma: sin una oposición responsable que enfrente el avasallamiento a las instituciones de nuestra democracia, el Poder Ejecutivo terminará de inmiscuirse en el ejercicio de la administración de justicia.

Una Corte con mayoría adepta al Gobernador lesiona gravemente el principio de división de poderes y la vigencia del Estado de Derecho, que debe estar basado en el respeto a las leyes y alejado de la mera voluntad del gobierno de turno.

Xumek.

#Xumek2018 #DivisiónDePoderes #IndependenciaJudicial

Foto: Jura del Supremo Valerio. Archivo: elinterior.com.ar

19 de Abril: “Día del Indio Americano”

¿Cuántas y cuántos conocen sobre esta fecha?, ¿cómo nació?, ¿cuál fue su razón de ser?, ¿qué consecuencias conllevó?, ¿qué implicancias tiene para la Argentina los días 19 de abril?, ¿y para Mendoza?…

En abril del año 1940 se llevó a cabo el 1er Congreso Indigenista Interamericano en Patzcuaro (Estado de Michoacán, México), del cual surgió la declaración y reconocimiento del 19 de abril como Día del Indio Americano. Asimismo, otro de los logros de este primer congreso -también de gran trascendencia- fue la creación del Instituto Indigenista Interamericano.

El Congreso contó con la presencia de dirigentes y autoridades de diversos pueblos indígenas, diferentes personalidades estudiosas y conocedoras de la temática, así como también de autoridades de gobierno, tanto así que fue el propio Presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, quien ofreció el discurso inaugural.

El mismo tuvo como objetivo salvaguardar y perpetuar la diversidad cultural indígena y poner de manifiesto los derechos reclamados por los pueblos indígenas de toda América. El fin primordial fue analizar, debatir y visibilizar el estado actual -en ese momento- de los pueblos, desde lo social, económico, político, cultural. Dichas proclamas fueron base fundamental para la configuración del “Día del Indio Americano”, teniendo como clara intención generar en cada país un momento de reflexión y análisis sobre la situación de sus pueblos indígenas y trabajar en pos de ello.

Ahora bien, ¿qué pasó en nuestro país al respecto? ¿y en Mendoza?

En el año 1945, mediante el Decreto Nº 7550/45, Argentina adhirió al documento emanado en dicho congreso e instituyó el 19 de abril como fecha reivindicatoria de los derechos de los aborígenes (palabras extraídas tal cual el texto original).

En lo que respecta a nuestra provincia, esta fecha ha sido incorporada en el Calendario Escolar provincial mediante resolución de la Dirección General de Escuelas (DGE). En este punto cabe destacar que -al menos- en los últimos dos años (2017 y 2018, Resoluciones Nº 2900 y 2959 respectivamente), el 19 de abril ha sido incorporado en los calendarios como fecha de conmemoración dentro de las efemérides ambientales, lo cual desvirtúa absolutamente su verdadero origen.

Tal como lo hemos manifestado en otras oportunidades, es necesario que seamos conscientes de esta fecha, el porqué de su creación y el significado que debería tener en nuestro país y por consecuencia, en nuestra provincia.

Por ello y en razón de este día, resulta totalmente necesario que frente al actual panorama de los pueblos indígenas, nos detengamos hoy y veamos cómo nos encontramos, cuál es la situación actual de nuestros hermanos y hermanas.

Tristemente y tal como lo vemos -tergiversado por los medios de comunicación-, la realidad de los pueblos indígenas dista de haber mejorado. El acceso y reconocimiento efectivo a sus legítimos derechos sigue siendo una batalla constante, entre otras, en materia de salud, educación, trabajo y justicia. En este último punto cabe recalcar que la labor del aparato judicial sigue siendo completamente cuestionable, ya no sólo por sus sentencias, sino por su proceder desde los primeros pasos procesales.

A ello debe sumarse lo difundido por los grandes medios masivos de comunicación, los cuales siguen siendo cómplices de las grandes empresas, de los políticos de turno, de los terratenientes. Seguimos escuchando la voz de los explotadores y no la de los explotados, expulsados, agredidos, violentados, saqueados y silenciados.

Ñushpi Mayhuay

Área Pueblos Indígenas y Migrantes

#Xumek2018 #PueblosIndígenas #DíaDelIndioAmericano

Si querés conocer más sobre la situación de nuestros pueblos indígenas podés leer el capítulo de nuestro último #Informe2017: Derechos de los Pueblo Indígenas sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales.
Foto: Sairy

Sobreseimiento del Secretario General de Si.T.E.A Federico Lorite

El 24 de febrero de 2016, Federico Lorite, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Si.T.E.A.), fue imputado junto a otros dos dirigentes gremiales por entorpecimiento del trasporte terrestre, delito previsto en el art. 194 C.P. Esta imputación se debió a la participación de referente sindical en una protesta frente a Casa de Gobierno, en el contexto del primer paro nacional realizado al gobierno electo, solicitando el cese de los despidos y la reapertura de paritarias.

Xumek asumió la defensa del secretario General de Si.T.E.A, dado que desde la Secretaria de Litigio Estratégico entendimos que se trataba de un claro caso de criminalización de la protesta pacífica, contemplado en el art. 14 de la Constitución Nacional. Durante los dos largos años de esta investigación penal, sostuvimos que no había pruebas para mantener imputado a Federico Lorite dado que el dirigente estaba ejerciendo su derecho a peticionar a las autoridades.

Debemos mencionar que además de haberse vulnerando un legítimo derecho, en la causa hubo una serie de irregularidades. Entre ellas, la pérdida de un DVD del Ministerio de Seguridad, donde se comprueba la participación de gente infiltrada en la manifestación, con el único fin de individualizar e identificar manifestantes, practica de las épocas más oscuras de nuestro país.

Él último 5 de diciembre, el Ministerio Público ignoró un pedido de ampliación de indagatoria presentado por la defensa, en cual Federico Lorite peticionaba declarar con el fin de generar una nueva prueba de descargo haciendo alusión a las fotografías del Ministerio de Seguridad (prueba incorporada en el expediente), que sitúan al imputado apartado de los disturbios.

A pesar de haber presentado un pedido para ampliar la declaración indagatoria, la Fiscal decidió requerir la causa a juicio, ante esta situación presentamos un pedido de nulidad y oposición a dicho requerimiento.

El pasado 9 de abril, se llevó a cabo la audiencia ante la titular del 4to Juzgado de Garantías, la Dra. Alonso hizo lugar a los planteos defensivos y declaró la nulidad del requerimiento a citación a juicio del Sr. Lorite. Considerando que existía una grave violación al derecho de defensa (vulnerando así el art. 18 de la constitución nacional y 8.2 de la CADH), al no permitir a nuestro asistido declarar oportunamente. Como consecuencia y habiendo alcanzado el plazo de prescripción de la acción penal, la Sra. Jueza declaró el sobreseimiento del secretario general de Si.T.E.A.

#Xumek2018 #CriminalizaciónDeLaProtesta #Justicia

Abuso sexual Eclesiástico: El Caso Próvolo

A finales de noviembre de 2016, la provincia de Mendoza y el país se conmocionaron luego de que una joven solicitó la protección de su identidad y realizó una denuncia penal por ser víctima y testigo de múltiples golpes, malos tratos, torturas y abusos sexuales en la institución educativa perteneciente a la Iglesia Católica “Antonio Próvolo para Niños Sordos e Hipoacúsicos” ubicada en el Departamento de Luján de Cuyo.

Como consecuencia de esta denuncia salieron a la luz una interminable secuencia de hechos de violencia física y moral, abusos sexuales y torturas perpetradas durante años por sacerdotes, monjas y personal administrativo del instituto contra niños y niñas sordos e hipoacúsicos. A poco de andar, la justicia penal comprobó que el hecho denunciado no era más que uno de los numerosos episodios de abusos sufridos por varias personas con discapacidad auditiva que durante décadas allí habían asistido.

Nuestra primera intervención como organización fue inmediata, presentamos un amicus curiae junto a la Asociación de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con discapacidad recomendando la aplicación de las “Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños víctimas y testigos de delitos ”, haciendo asimismo un ajuste razonable , con la finalidad de que los testimonios fuesen tomados en Cámara Gesell con la intervención de profesionales de la salud mental e intérpretes en la lengua de señas de confianza del testigo, tanto para su realización como en la contención previa y posterior a la declaración de las víctimas.

Posteriormente, gran parte de las víctimas y sus familiares solicitaron nuestra participación en la investigación penal como querellantes particulares. De esta manera comenzamos a intervenir en el proceso judicial, tomando conocimiento directo de perversos y atroces hechos cometidos a niñas y niños. Los responsables de estos delitos se aprovechaban de ellos por su absoluta imposibilidad de comunicación ya que lo que caracterizaba a la metodología de educación del instituto era la falta de enseñanza de lenguaje de señas, el mismo se encontraba prohibido y los alumnos eran golpeados si eran sorprendidos comunicándose de esta manera.

Las victimas no eran elegidas al azar, durante la investigación se ha podido comprobar que existían parámetros comunes entre ellas. En mayor parte se trataba de niños y niñas de bajos recursos económicos que pernoctaban en el instituto cuyos hogares se encontraran alejados en pueblos o zonas rurales. A su vez, a la hora de elegir las victimas seleccionaban a los más vulnerables, quienes eran golpeados para ver de qué manera reaccionaban. A esto se le sumaba que si los padres eran oyentes les facilitaba la impunidad a los perpetradores debido a la falta de comunicación con el/la afectado/a.

Actualmente son 13 los imputados, los primeros fueron los curas Nicola Corradi (director del Instituto) y Horacio CorbachoJorge Bordón (administrativo del instituto y monaguillo); y Armando Gómez (civil sordo que cumplía tareas de mantenimiento).

Posteriormente, con el avance de la investigación fueron imputadas la monja japonesa Kumiko Kosaka y Graciela Pascual (representante legal del instituto) por haber tenido una importante intervención en los hechos investigados. Todos estos se encuentran detenidos, algunos en prisión domiciliaria.

Por último, se imputó por omisión a otra monja, Asunción Martínez; a Cecilia Raffo (psicóloga), Noemí Paz (cocinera) y las que fueran directoras del instituto durante los años que se produjeron los hechos: Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán. La imputación de esta participación criminal por omisión demuestra que todos ellos pudieron haber accionado (reaccionado) ante estos delitos y así haberlos evitado, pero no lo hicieron (omitieron).

Cabe aclarar que a principios de 2018 uno de los imputados resulto sobreseído por haber sido declarado inimputable ya que además de su condición de sordo contaba con una discapacidad intelectual que, según valoró la Justicia, no le permitía comprender la criminalidad de sus actos. Sin embargo, esta circunstancia no exime seguir investigando los hechos que se le atribuían, ya que fueron realizados bajo el amparo y conocimiento de otras personas quienes resultan responsables por ser partícipes o autores mediatos de los mismos.

Existen, entre otras pruebas objetivas, actas o expedientes administrativos y judiciales de estudiantes víctimas que daban a conocer algunos de estos hechos con anterioridad a la denuncia actual y que fueron ocultados en el seno del Instituto o que no fueron conducidos como indica la ley y los protocolos en casos de abusos sexuales.

Por otro lado, la Iglesia Católica lejos de prestar colaboración con la investigación, se ha encargado de entorpecerla, ya sea mediante la negativa a compartir información con la justicia como también mediante apariciones publicas y declaraciones en la prensa tendiente a desacreditar a las víctimas, poner en duda sus relatos y denostar la labor de protección que llevan los abogados querellantes.

De las constancias judiciales surge que desde el año 2005 a 2015 concurrieron al Instituto Próvolo 227 estudiantes. En la actualidad se han llevado 50 Cámaras Gesell de las que han surgido más de 20 víctimas por delitos sexuales. Asimismo, 5 estudiantes aún no pueden brindar su testimonio mediante este medio porque no logran darse a entender o porque cuentan con otra discapacidad que imposibilita su realización. No descartamos que, a raíz de este proceso, sigan formulándose nuevas denuncias y se formen nuevas causas penales que den a conocer otros hechos.

A un año y medio del comienzo de la investigación penal, podemos asegurar que estamos ante hechos tan aberrantes, solo equiparables a los ocurridos en la última dictadura cívico-militar Argentina. Por ello, exigimos una respuesta institucional de la Iglesia Católica, asistencia integral a las víctimas por parte del Estado y una pronta condena a todos los responsables.

#Xumek2018 #CasoPróvolo

Exigimos transparencia y participación en el proceso de designación del Auditor General de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública

Desde Xumek junto con otras Organizaciones de la Sociedad Civil solicitamos un proceso abierto y participativo en la designación del titular de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de la Provincia de Mendoza.

Por medio de un comunicado de prensa del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH) se dio a conocer la solicitud firmada por quince ONGs para exigir un proceso abierto y participativo que garantice la designación de un candidato con acreditados antecedentes, idoneidad e independencia.

La Oficina de Investigaciones, creada por la Ley Nº 8993, constituye un órgano fundamental para la supervisión del correcto actuar en la función pública, para el control de las presentaciones de declaraciones juradas, así como una institución indispensable para garantizar la transparencia en todos los ámbitos del Estado.

Puede leerse la solicitud completa, las acciones que se proponen  y qué organizaciones adhieren a través del siguiente enlace: http://www.cladh.org/uncategorized/ongs-exigen-transparencia-y-participacion-en-el-proceso-de-designacion-del-auditor-general-de-la-oficina-de-investigaciones-administrativas-y-etica-publica/

#Xumek2018 #Transparencia