Caso Lucas Carrazco: rechazaron el recurso de defensa del policía acusado

La Suprema Corte de Justicia resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto por el defensor de Guzmán Zalazar, el policía acusado matar a Lucas Carrazco. Por lo tanto, quedó firme la constitución en querellante de Daniel Carrazco, padre de la víctima. Ahora sólo resta que se fije fecha para que se inicie el segundo debate.

Desde noviembre del pasado año, la causa se encontraba en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza debido a un recurso de casación que había presentado la defensa de Diego Domingo Guzmán Zalazar. Pedían anular la resolución que autoriza al padre de Lucas Carrazco a continuar con la querella que había iniciado su madre Viviana Espina.

A pesar de esto, el 15 de mayo del corriente año, se resolvió rechazar ese recurso de defensa que pedía el defensor del policía.  Por lo tanto, ha quedado constituido como querellante Daniel Carrazco y se espera, ahora, una fecha para iniciar el segundo debate.

El policía Guzmán Zalazar fue acusado por el fiscal de instrucción Daniel Carniello de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ante la terrible pérdida de Viviana Espina, madre y querellante de la víctima, en julio de 2017, Daniel Carrazco, representado por abogados de Xumek, solicitó continuar con la querella iniciada por su esposa.

La resolución reconoce la activa participación de la familia durante todo el proceso, la imprevisibilidad del fallecimiento de Viviana Espina y la necesidad de garantizar a las víctimas y a sus familiares directo el acceso a la justicia y la posibilidad de participar en los procesos penales en la búsqueda de una condena a los responsables.

Celebramos la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

#Xumek2018 #ViolenciaInstitucional #JusticiaPorLucasCarrazco

SEMINARIO: Sistema de supervisión y monitoreo de las condiciones de privación de libertad de niñas, niños y adolescentes.

En el marco del “Programa de Derechos y Justicia. Fortalecimiento de la Justicia Penal Juvenil en las Provincias de Argentina”, Enrique Font y Gustavo Palmeri, miembros del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,  expondrán sobre las condiciones de privación de libertad de niñas, niños y adolescente.

Esta actividad está organizada por Unicef – Argentina y es auspiciada por Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS), Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT), Espacio para la Memoria (EPM) y Xumek.

Dicho seminario es parte de la capacitación que brinda nuestra asociación a sus voluntarios en el programa de ejecución provincial “Condiciones de reclusión de personas privadas de su libertad y Violencia Institucional”.

Jueves 31 de Mayo | 16:30 hs | Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (Ex D2)

Belgrano 179 – Ciudad de Mendoza.

#Xumek2018 #Seminario #PrevenciónDeLaTortura #JusticiaPenalJuvenil

25 DE MAYO: EL COMIENZO DE LA REVOLUCIÓN

Este 25 de Mayo celebramos el aniversario 208 de aquel determinante momento que definió la constitución de nuestra nación.

Nuestra turbulenta historia cargada de desafíos, batallas, persecuciones, muertes, ideas opuestas de país, dictaduras y guerras; así como también, conquistas sociales y reivindicaciones del pueblo trabajador, respeto por las libertades individuales, luchas históricas sobre la memoria, verdad y justicia, reconocimiento de los derechos de  colectivos – como el matrimonio igualitario e identidad de género, dan forma a nuestra particular identidad.

Si bien algunas partes de nuestra historia han sido negadas e invisibilizadas, como por ejemplo la de nuestros pueblos indígenas, que continúan atravesando una difícil situación y  negación de sus derechos traducida en represión y persecución, sigue siendo una deuda pendiente.

Desde nuestra asociación, donde procuramos hacer un pequeño aporte a la construcción de una nación más igualitaria y justa, celebramos esta fecha patria, con todas las contradicciones que esto implica.

Aprendimos a través de nuestra propia historia que un pueblo que no lucha, es un pueblo que no evoluciona. Un pueblo que no repara sobre su historia y sus errores, es un pueblo condenado a fracasar.

Hoy, más allá de toda dificultad, los invitamos a celebrar nuestra identidad, seguir construyéndola y a continuar en la lucha, ampliando derechos, para ser aquel país que deseamos.

Como sostienen aquellas y aquellos que nunca pararon de luchar #NiUnPasoAtrás.

#Xumek2018

Hidrofractura: causa de múltiples lesiones al derecho humano al ambiente

El día 15 de Mayo de 2018, OIKOS Red Ambiental se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza solicitando la fijación de una audiencia pública, conjuntamente con la medida cautelar que pedía la suspensión del Decreto Nº 248 /2018. Esta norma es la que autoriza el acelerado procedimiento de aviso de proyecto, sin una completa evaluación de impacto ambiental de la técnica de la hidrofractura, por considerarla sana para el medio ambiente y sin posibilidad de causar daño significativo al derecho humano al agua y a la salud de los habitantes de Mendoza.

El día 18 de mayo -Día de la Escarapela Nacional-, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza decretó dando traslado a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y a la Fiscalía de Estado para que se expresen. Esto se presenta como una oportunidad más para la reflexión y el diálogo

La respuesta de la Dirección de Protección Ambiental del Gobierno de Mendoza fue la publicación del inicio del procedimiento abreviado y sin controles efectivos para cinco nuevas perforaciones en Malargüe, solicitados por la empresa El Trebol. La Resolución 187 /2018 fue firmada por la Ingeniera Química Miriam Skalany y sin la firma del responsable del área de petróleo de la Dirección.

El Gobierno y la Fiscalía de Estado deben contestar la semana próxima, aceptando el llamado a respetar los principios de precaución y prevención para preservar el recurso hídrico.

Puede ocurrir también que las autoridades se empecinen en continuar adelante, llevando aceleradamente el procedimiento para autorizar, con sólo un aviso, la conversión de decenas o centenas de pozos, poniendo en riesgo el agua de todos los mendocinos y rechazando una vez más el clamor popular.

OIKOS Red Ambiental, una vez más, confía en la Justicia mendocina y en su larga tradición de protección del derecho humano al ambiente. También desea poder creer en la mesura de nuestros gobernantes y del Fiscal de Estado.

Nuestro agradecimiento a los movimientos sociales, en especial a XUMEK, Asamblea del Agua y a todo el  pueblo de Mendoza por su apoyo, que nos sostiene en nuestros pedidos de amparo, de inconstitucionalidad y de nulidad del decreto que libera al “fracking” del deber de  hacer una evaluación ambiental. El camino judicial que pocos iniciamos en agosto de 2017 con FadE (Federación Argentina de Espeleología), FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), cuestionando la imposición forzada de una técnica que se ha prohibido en varios países y que resulta muy cuestionable, hoy transcurre en muy buena y noble compañía.

Por: OIKOS Red Ambiental

OIKOS Red Ambiental es una Asociación Civil sin fines de lucro, con carácter de Organización No Gubernamental, constituida en 1999, cuyo principal objeto son la conservación del patrimonio natural, la protección del ambiente y la promoción de actividades cuyo estatuto se acompaña, que fueron aprobados por la Resolución Nº 32 del 13 de Enero del año 2000, por el Sr. Director de Personas Jurídicas. Su Presidente es el Sr. Rodolfo Moyano, designado por Asamblea de fecha 06 de Agosto de 2016.

Imagen: La Tinta

#Xumek2018 #MendozaLibreDeFraking

Jornadas de discusión de la Asociación de Prevención de la Tortura (APT) con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

El pasado 17 de mayo participamos del tercer módulo de trabajo de estas jornadas, que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y contaron con la participación de Audrey Olivier Muralt, directora de la oficina regional de la APT para América Latina; de integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, del Centro de Estudios Legales y Sociales, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de la Asociación Pensamiento Penal (APP), de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires y de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura de las provincias de Mendoza, Salta, Misiones y Chaco.

El encuentro estuvo centrado en debatir acerca del enfoque preventivo de la labor del Comité y los principales elementos a tener en cuenta para desarrollar un rol eficaz. Además, se presentaron los resultados de la investigación realizada por la APT “Si funciona la Prevención de la Tortura” y de la desarrollada por el CELS, APP y Xumek “Tortura en las cárceles: ¿Por qué no son efectivas las políticas de prevención de la violencia en la Argentina?”.

17 de mayo: Lucha contra la homofobia

El 17 de Mayo fue elegido para conmemorar el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género porque ese día, en 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió retirar la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales y aceptarla oficialmente como una variación natural de la sexualidad humana. Este significativo avance fue un gran paso hacia la consideración de la libre expresión de la orientación sexual y la identidad de género como un derecho humano fundamental.

En este día la invitación es a comprometerse con el respeto a los derechos de las personas LGBTI. Se pretende sensibilizar a la sociedad sobre la existencia y la gravedad de las discriminaciones por preferencia sexual y genérica.  A pesar de los discursos abiertos y tolerantes actuales, la realidad describe un señalamiento social, persecuciones policiales y discriminaciones en múltiples ámbitos.

Cabe nombrar el caso, como muestra de muchos otros, de Joe Lemonge, varón trans juzgado por “tentativa de homicidio” al defenderse de un ataque transfóbico. En 2016, un vecino que lo hostigaba por su identidad de género se metió en su casa. Para defenderse, el joven disparó con un rifle e hirió al agresor. El 4 de mayo de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná con asiento en La Paz (Entre Ríos) lo condenó, con una pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio.

#Xumek2018 #LuchaContraLaHomofobia #AbsoluciónParaJoe

Despedimos con gran afecto a Gladys Steffani

Con mucho pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Gladys Steffani, madre de Maria José Coni, víctima del doble femicidio en Montañita, Ecuador, en 2016.

Gladys fue una gran luchadora que siempre demostró una gran entereza para afrontar momentos de mucha dificultad. Esperamos que su ejemplo de perseverancia en la búsqueda de justicia perdure.

Le enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos.

Xumek.

Foto: Marcelo Rolland / Archivo Los Andes.

COMUNICADO: Retroceso en materia de derecho a la salud de las personas migrantes en la Provincia de Jujuy

Desde Xumek adherimos al comunicado de organizaciones de derechos humanos que alertan sobre la vulneración del derecho a la salud a personas migrantes en Jujuy. A continuación compartimos la información. Podes adherir al final de la misma siguiendo el enlace.

Desde ANDHES, CAREF, CELS, y el Programa de Migración y Asilo del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa, manifestamos nuestra preocupación y rechazo por el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Jujuy en la Legislatura local, para crear un Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros. Dicho proyecto contradice las normas federales e internacionales en materia de derechos humanos, además de expresar cierta animosidad contra las personas migrantes en el noroeste argentino.10 de mayo de 2018.- El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo jujeño en marzo de este año, sugiere la creación de un Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros e impone el cobro de un “seguro provincial de salud” a aquellas personas que requieran el servicio médico público provincial y no cuenten con una residencia permanente, o cuyos países de origen no posean acuerdos de reciprocidad con la Argentina.

Dicho proyecto, que espera ser tratado en la Legislatura provincial la próxima semana, representa un claro retroceso en materia de derecho a la salud de las personas migrantes, además de contradecir a las normativas vigentes y tratados internacionales a los cuales Argentina adhiere.

Como establece la ley migratoria actual, el Estado argentino tiene la ineludible obligación de brindar el acceso a la salud y asimismo garantizar de manera absoluta la igualdad de esos derechos entre nacionales y extranjeros/as, prohibiendo cualquier restricción con base en el estatus migratorio.

Por otro lado, a través del art. 75 de la Constitución Nacional, el Estado argentino ha incorporado tratados internacionales que contienen normas específicas que resguardan la vida y la salud de todos los habitantes del territorio nacional.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, por su parte, establece que los Estados parte se han comprometido a prohibir y eliminar toda forma de discriminación en el terreno de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente, entre otros:, “El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales” y reafirma el compromiso que tienen los Estados de garantizar el derecho a la salud y a la atención médica y sanitaria a todas las personas en condiciones de igualdad, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico.

Por su parte​​ la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional.

A su vez, el artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica, establece las pautas de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, e impide que los Estados adopten medidas regresivas, es decir que aquello que el Estado se comprometió a garantizar no puede luego ser restringido.

Por lo tanto, si existe una ley de migraciones que de acuerdo a los pactos internacionales garantiza el acceso universal a la salud y la educación, no puede avanzar un proyecto que busca modificar esa ley interponiendo condiciones que limitan el acceso a derechos, especialmente si esa limitación se funda en motivos discriminatorios como es la distinción por nacionalidad.

​A partir de lo expuesto, afirmamos que el proyecto de ley propuesto es inconstitucional y regresivo. Esperamos que quienes tienen el poder de legislar lo hagan atendiendo los marcos normativos existentes, sin avasallar derechos consagrados a ninguna persona, más allá de su condición migratoria o nacionalidad.​

Adherí aquí Acceso a la salud de personas migrantes en Jujuy

Contactos de prensa

ANDHES: +54 388 154352404

CAREF: +54 11 66122753

CELS: +54 11 62412298

ADHESIONES:

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales.
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CAREF
Centros de Estudios Legales y Sociales CELS
Programa de Migración y Asilo del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa
CONICET- IDAES/UNSAM
Asociación Civil Rompiendo Muros
UE Cisor CONICET UNJU
UNJU
Periodistas Unidos Autoconvocados Jujuy
CONICET
Coordinadora contra la Violencia Institucional Jujuy
CONICET-UBA
“Colectividad Peruana de Catamarca”
Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz MECOPA
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Universidad tecnológica
Vivas nos queremos J.C.Paz
UE-CISOR (CONICET-UNJu) y Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu)
Universidad Nacional de Córdoba | CONICET
FFYL-UBA
Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina
Asociación Civil Yanapacuna
Movimiento Campesino de Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba
Truequete Colectivo
CIECS (CONICET y UNC)
XUMEK – Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos
Rencuentro de militantes UB “Ramón Cesaris”
Clínica Sociojurídica en Derechos Humanos y Migraciones
Coordinadora Migrante La Plata
FCS. UNC.
Asociación Ecuménica de Cuyo
IDACOR CONICET – UNC
AMUMRA
Junta Promotora APDH Regional Jujuy
Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal
UNC
Observatorio de conflictividad laboral Cordoba
Ciecs-conicet y fac. Cs. Sociales UNC.

#Xumek2018 #MigrarEsUnDerecho

Foto: Maxie Amena

Informe CELS: “Muertes Naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin justicia”

El 8 de mayo pasado, Día Nacional contra la Violencia Institucional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe que versa sobre violencia policial sistémica y el contexto bajo el actual gobierno y su nueva doctrina.

Nuestra asociación colaboró con dicho trabajo aportando información sobre la provincia de Mendoza.  Compartimos la presentación de dicho informe y el enlace para su descarga.

MUERTES NATURALIZADAS. LETALIDAD POLICIAL SIN CONTROL Y SIN JUSTICIA:

“Nosotros creemos en la verdad. Si el policía hizo las cosas mal, las paga. Si el policía actuó cumpliendo su deber para salvar a un ciudadano, haya sido torpe o no, vamos a proteger al ciudadano, diga lo que diga el juez. El juez hizo algo que no se hace”, respondió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en una entrevista en la que se le preguntó su posición en el caso Chocobar. La idea de fondo de este tipo de expresiones es que para “conjurar el delito” se puede matar a quien sea identificado como “delincuente” en defensa del “ciudadano”. Y de que eso es hacer lo debido, cumplir con el deber.

Pero, ¿qué significa actuar como policía y hacer lo debido en nuestro sistema político? ¿El policía está autorizado a matar en cualquier caso? ¿El Estado promueve las muertes policiales o intenta evitarlas? ¿Da lo mismo que el Estado mate o no mate? ¿Por qué importa lo que dice la autoridad política a cargo de las fuerzas policiales federales? ¿Quién fija las reglas y quién decide cuándo la policía actúa dentro de la legalidad?

El Estado viola los derechos a la vida y a la integridad física cuando sus agentes actúan por fuera de los estándares permitidos. Al mismo tiempo viola el derecho a una protección judicial efectiva cuando no realiza una investigación seria y exhaustiva al producirse uno de estos crímenes. Las autoridades y el sistema de justicia tienen el deber de controlar que la conducta de los policías se ajuste a los estándares y directivas sobre uso racional de la fuerza en cada caso. La investigación y sanción de los responsables de ejecuciones debe operar también como garantía de no repetición. Sin embargo, existe una especie de protección corporativa y política que funciona como convalidación de los intentos de encubrimiento de las propias fuerzas involucradas en los hechos.

Accedé al informe completo aquí: Muertes Naturalizadas

#Xumek2018 #ViolenciaInstitucional #ViolenciaPolicial