30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

La Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de diciembre de 2010 expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas [1].

Para analizar con mayor profundidad, desde Xumek consideramos fundamental determina lo que significa este delito:

¿Qué es la desaparición forzada de personas?

Es el peor de los delitos que existe, puesto no constituye una simple violación de la ley, sino que es una práctica que vulnera numerosos derechos fundamentales de la víctima y de la sociedad.

Para que exista una desaparición forzada se requiere:

  1. que se prive a una persona de su libertad;
  2. que exista intervención o apoyo estatal; y
  3. la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona[2].

La Comisión Internacional de Jurista dijo en 1981: “Una desaparición constituye quizás la violación más perversa de los derechos humanos. Es la negativa del derecho del individuo a existir, a tener una identidad. Convierte a una persona en un ser no existente. Es el grado más avanzado de corrupción y de abuso de poder de que se valen las autoridades a cargo del mantenimiento de la ley y el orden para burlarse del uno y del otro y rebajarse a cometer crímenes civiles como método de represión contra los opositores políticos”.

¿Cuándo surge este delito?

Algunos autores consideran su origen puede encontrarse en Guatemala en la década del ´60, cuando se organizaron los temibles escuadrones de la muerte. Pero lo cierto es que en El Salvador ya se hacían desaparecer los cadáveres de las masacres perpetradas en 1932[3]  y de allí en más esta práctica represiva se fue extendiendo a gran parte de los países de la región durante los años 60 y 70.

Pero estudios más recientes indican que no se trataría de un “invento latinoamericano”, porque en la antigua Unión Soviética ya se hacía uso habitual de esta práctica como un modo de exterminar al adversario político[4]. Asimismo, el propio Adolf Hitler la utilizó dentro y fuera de Alemania[5]. También las fuerzas francesas de ocupación recurrieron a ella durante la llamada “Guerra de Argelia”.[6]

Sin embargo, en la Argentina algunos autores encuentran su origen en un antecedente más remoto. Así por ejemplo, Ignacio MONTES DE OCA, en su libro Historia de la Argentina Olvidada, sostiene: “Desde 1820, las expediciones contra los aborígenes pampeanos inauguraron la costumbre nefasta de hacer desaparecer al combatiente enemigo y sus familias, apoderarse de sus propiedades y justificarlo todo con la defensa de la Nación (…) la sola denominación que recibió la expedición contra los pueblos nativos –y que aún sigue vigente en los libros de historia- deja expuesta su ideología: la Campaña del Desierto hace imaginar un enorme espacio despoblado y yermo, cuando en realidad se trataba de grandes áreas con considerables riquezas naturales y habitadas durante miles de años por pueblos nativos. Al despojar de entidad a los que iban a ser desalojados, se los desaparecía previamente y se aflojaban los debates morales en torno de los métodos utilizados para hacerlo…” [7]

Como puede observarse, existen distintas posturas respecto de su origen, pero todas remontan a momentos oscuros de nuestra historia mundial. Durante la última dictadura cívico-militar Argentina, el empleo de este delito se realizó en forma sistemática, no solamente sobre personas adultas, sino también sobre niños recién nacido, que aún hoy permanecen desaparecidos.

¿Se requiere de un plan sistemático y generalizado para hablar de desaparición forzada?

No. El delito de desaparición forzada de personas puede darse en democracia, de forma individual y fuera de cualquier plan sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en Mendoza con los casos de Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Paulo Cristhian Guardati en la década del ´90.

¿La desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad?

No siempre. Para que se pueda decir que estamos frente a un delito de lesa humanidad se requiere un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque por parte del Estado, conforme con lo que expresa el art. 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

¿Es imprescriptible el delito de desaparición forzada de personas?

No siempre. Es un delito de carácter permanente, es decir, que el delito se inicia con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y recién cesa su ejecución cuando aparece la víctima o su cadáver[8]. Solo es imprescriptible, cuando se lo puede denominar como de lesa humanidad.

¿Dónde se encuentra consagrado este delito?

Existen numerosos tratados internacionales que consagran su prohibición.

1) La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas[9]

2) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada[10]

3) La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas[11]

4) El Estatuto de la Corte Penal Internacional[12]

Además, a partir del año 2011, mediante Ley Nacional N° 26.679[13], el Congreso de la Nación introdujo en el art. 142 ter al Código Penal[14] esta figura como delito autónomo, distinto al homicidio o a la privación ilegítima de la libertad.


¿Por qué es el delito más grave que pueda cometer el Estado?

Porque genera una forma de sufrimiento triplemente paralizante:

1) Para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida.

2) Para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen.  Además, muchas veces ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad les exponga a un peligro aún mayor.

3) Asimismo, se utiliza como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Además de afectar la libertad, la integridad física y la vida, configura una negación de la personalidad jurídica de la víctima, una tortura para sus familiares y una afectación a las garantías judiciales y el derecho a la verdad.

Tan particular, complejo y aberrante es este delito, que la palabra “desaparecido” no tiene traducción exacta en ningún otro idioma. Ni la palabra “missing” ni el término “disparu” son sinónimos de dicha palabra. Los argentinos, trágicamente, hemos incorporado en el léxico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos el término “desaparecido” ya que todos los textos que se ocupan del tema la escriben en español[15].

[1] Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 65/209 el 21/12/2010.

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gómez Palomino vs. Perú y Caso Gelman vs. Uruguay.

[3] Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Barcelona, 1983.-

[4] AMBOS, Kai y BÖHM, María Laura. “La desaparición forzada de personas como tipo penal autónomo”. En: AAVV. Desaparición Forzada de Personas. Análisis comparado e internacional. Bogotá. 2009, págs. 195/255.

[5] MATTAROLLO, Rodolfo: “El decreto “Noche y niebla” de la Alemania nazi, antecedente de las desapariciones forzadas”. En: Noche y niebla y otros escritos sobre derechos humanos. Le Monde Diplomatique. Buenos Aires, 2010, págs. 17/24.

[6] ROBÍN, Marie-Monique: Escuadrones de la Muerte. La Escuela francesa. Editorial de la Campana, Buenos Aires, 2014, 383 págs.

[7] MONTES DE OCA, Ignacio. Historia de la Argentina Olvidada. 1810-1955, por, EDHASA, Buenos Aires, setiembre de 2011, pág. 64 y pág. 109.

[8] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Anzualdo Castro vs. Perú y caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia.

[9] Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18/12/1.992.

[10] Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, Asamblea General de la OEA. Aprobada por la Argentina mediante Ley Nacional N° 24.556 del 11/10/1995. Luego, con la Ley Nacional N° 24.820, del  26/05/1997, adquiere jerarquía constitucional.

[11] Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 6/02/2007.

[12] Aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17/07/1998.

[13] La ley Nacional n° 26.679 del 05/05/2011.

[14] Código Penal. Art. 142 ter: “Se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de 18 años, una persona mayor de 70 años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. La escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida.”

[15] BEIGEL, Viviana. El Libro de los Juicios: Experiencias, debates y testimonios sobre el terrorismo de Estado en Mendoza. El delito de desaparición forzada de personas. 1° Edición. Mendoza. EDIUNC. Pág. 104.

Juicio por el asesinato del líder indígena Javier Chocobar

El día 28 de agosto se dio inicio al juicio oral y público por el homicidio del comunero y líder indígena, Javier Chocobar, quien fuera asesinado por defender su territorio ancestral en la Provincia de Tucumán.

La tarde del 12 de octubre de 2009, el empresario Darío Amín llegó con dos hombres (ex policías) al territorio de la Comunidad Indígena “Los Chuschagasta”, ubicada en la localidad de Trancas, afirmando ser el propietario y amenazando a los presentes, entre los cuales se encontraban ancianos/as, mujeres, niños y niñas. Cuando los miembros de la comunidad se acercaron a pedirles que se fueran, los agresores abrieron fuego. Como consecuencia de los hechos, Javier Chocobar, de 68 años, pierde la vida y los comuneros Andrés Mamaní -actual cacique de la Comunidad-, Emilio Mamaní y Delfín Cata resultan heridos.

Desde aquel momento, la causa se ha visto inmersa en un claro retardo injustificado en la investigación como en la determinación de responsabilidades. El proceso iniciado fue dilatándose en el tiempo por recursos presentados por la defensa y vacancias de jueces. Incluso, en el año 2016, la Sala IV de la Cámara Penal de Tucumán solicitó una sanción para una de las abogadas de la comunidad, la Dra. Belén Leguizamón Salvatierra, integrante de la organización ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), por señalar dichas demoras ante los medios de comunicación. Fue intimada a que se retracte por lo expresado bajo apercibimiento de multa económica.

En el presente juicio, los jueces Wendy Kássar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli de la Cámara Penal nombrada anteriormente, juzgarán a Darío Luis Amín, Luis Humberto “el niño” Gómez y José Eduardo Valdivieso por el homicidio de Javier Chocobar y las graves lesiones sufridas tanto Andrés Mamaní como Emilio Mamaní.

Tal como lo sostuviera ANDHES, parte querellante en el presente caso, el comienzo de estas audiencias permitirá no sólo juzgar y determinar la responsabilidad de los asesinos de Javier Chocobar, sino que además configurará un importante antecedente para la lucha de los pueblos indígenas en el reconocimiento y respeto al derecho a la identidad y el territorio.

En palabras de las y los representantes de la organización, el caso de Don Javier Chocobar refleja la realidad con la que las comunidades se enfrentan a diario: un entramado donde el poder político y los intereses económicos buscan apropiarse de los territorios comunitarios, llevando a estos desenlaces, donde los comuneros son violentados en su derecho al territorio y a la vida misma.

Desde Xumek acompañamos la lucha iniciada por la Comunidad y por ANDHES y exigimos justicia para Javier Chocobar y para la Comunidad Indígena Los Chuschagasta. No queremos más atropello y ni menoscabo a los legítimos derechos de nuestros hermanos y hermanas indígenas.

Para finalizar, compartimos el informe final del caso Javier Chocobar realizado por ANDHES. Sintetiza estos nueve años de lucha en busca de justicia por Chocobar y por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas: Informe Caso Javier Chocobar 2018.

Imagen: portada del informe de ANDHES.

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Resolución de las posibles imputaciones a estudiantes y docentes, por la toma del Colegio Normal

El pasado jueves 23 de agosto , docentes y alumnos decidieron tomar el colegio Normal Tomás Godoy Cruz, a modo de rechazo, por  los recortes presupuestarios de la educación pública.

A raíz de este hecho, varios estudiantes y profesores fueron instados por la justicia, según lo trascendido en la prensa local. En base a ello, Xumek presentó un habeas corpus frente a la Jueza de Garantía, la Dra. Miriam Moltó , para que se evitase este procedimiento, ya que consideró que podría tratarse de un hecho de criminalización de la protesta.

A partir de ello, hoy lunes se realizó una audiencia, donde la Jueza de Garantía  pidió al Ministerio Público Fiscal que expresara lo sucedido. El mismo argumentó, que a partir de una denuncia realizada por la DGE (Dirección General de Escuelas), se procedió a visitar el lugar donde estarían sucediendo  hechos delictivos. Constataron que no hubo delito alguno, ya que el establecimiento educativo se encontró en perfecto estado, tanto en el trato, como en el inmobiliario.

También aclararon que el ingreso y salida  del establecimiento, se desarrolló con total normalidad. Agregaron,  que el motivo de la visita  a la institución, también fue con el fin de citar al Rector de la Escuela,  para que brindase argumentos testimoniales en el día de hoy,  y señalaron que la presencia policial en la institución, fue a modo de brindar seguridad a las personas que se encontraban en el edificio.

Teniendo en cuenta que no hubo ni falta ni delito, la Jueza de Garantía, vio que no era necesario darle tramite al habeas corpus.

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Lucha por la educación pública

Hoy lunes 27 de agosto, las y los estudiantes, personal docente de la UNCuyo y los diversos IES (Institutos de Educación Superior), decidieron marchar en defensa de la educación pública.

La  UNCuyo decidió movilizarse en el día de hoy, por la  moción votada unánimemente en la última asamblea que se dio en el contexto de la toma del rectorado, el día viernes 24 pasadas las 17 horas.

Los IES se convocaron en el km. 0,  a las 9 horas y así fue que casi 50 minutos más tarde, se dio comienzo a la movilización. Ésta, recorrió las calles Las Heras y Patricias para hacer una parada en la Plaza Independencia, lugar donde se les sumaría la columna de la UNCuyo.

Mencionamos que los IES han tenido bastante accionar en este último tiempo, como lo fue la toma del IES Godoy Cruz (que funciona en la Escuela Normal), ya que fueron las instituciones que mayores golpes recibieron por el recorte que ha habido en la educación pública.

Por otro lado, la UNCuyo decidió convocarse en la rotonda de la entrada de la misma, a las 8 horas. En el lugar, agrupaciones estudiantiles, gremios docentes, independientes de ambos claustros e incluso padres del alumnado comenzaron la movilización por la calle Emilio Civit, recorriendo Rivadavia para desembocar en la plaza Independencia. Multitudinaria fue la columna de la universidad, quienes se acercaron cantando: “universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”.

El inicio de estos reclamos se deben al recorte de 13 mil millones de pesos que se han hecho a la educación pública y al pobre aumento salarial ofrecido a los docentes (un 15% en cuotas de 5) cuando las cifras oficiales tiran un 30% de inflación, siendo que, además, el último aumento salarial fue del 5% el primer cuatrimestre del año pasado.

Este recorte no sólo afecto las condiciones de cursado de cientos de alumnas y alumnos, con la falta de  recursos, en el caso de las carreras prácticas como las de medicina, artísticas, comunicación, ingenierías, etc; o las estructuras de edificios con un gran deterioro en su infraestructura;  también  las becas de las cuales muchas alumnas y alumnos dependen para poder asistir y comprar los materiales necesarios, tales como fotocopias y libros.

Ciencia también está sufriendo recortes, al punto de que está volviendo a pasar en nuestro país el fenómeno de la “fuga de cerebros” porque sin presupuesto es imposible hacer ciencia, así lo expresaron las y los compañeros del CONICET que fueron a hablar en la primer asamblea.

Estos fueron algunos de los reclamos y temas que se debatieron en la asamblea que se realizó hoy en La Plaza Independencia y que movilizó a gran parte de la comunidad educativa. Como organización que lucha por los Derechos Humanos, acompañamos y apoyamos rotundamente la defensa de la educación publica y gratuita, como uno pilar fundamental para la igualdad social.

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Contra el gatillo fácil: la marcha que transforma el dolor en lucha

El lunes 27 de agosto se realizó por primera vez en Mendoza la “Marcha contra el Gatillo Fácil y la Impunidad”. El recorrido comenzó desde la Legislatura hasta Tribunales Provinciales, el lugar simbólico donde justamente se encuentran archivados la mayoría de los casos de violencia institucional.

En conferencia de prensa días anteriores, las organizaciones convocantes resaltaron el trabajo de las familias de las víctimas: “nos han guiado en el camino y han sabido transformar el dolor en  lucha, reclamo y justicia, y no lo hacen solamente por sus hijos, sino para todos los pibes y las pibas en los barrios”.

A partir de las 17 hrs. comenzó la Radio Abierta a cargo de Cuyum y La Mosquitera. Y en el punto de llegada a Tribunales hubo una intervención por el caso de Andrés Campoy, el joven que en 2014 fue asesinado por Gendarmería en la provincia de Mendoza.

Los familiares de víctimas de la violencia institucional son consientes de la profundización de la mano dura y destacan la transversalidad en los tres poderes: “abren camino a la policía para que siga militarizando los barrios, llevándose a los pibes detenidos, armando causas. El poder judicial garantiza la impunidad y el ejecutivo felicita y condecora a los culpables”.

A parte agregan que “hay un manoseo de las situaciones constantemente, no son asesoradas las familias, tienen que convivir con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el destino de las causas sobre sus hijos e hijas”.

Frenar esto es a través de la organización. Esta marcha,  que por primera vez se hizo en Mendoza, “da pie para seguir reclamando justicia por los casos que ya están y por los que sabemos que van a llegar, lamentablemente”, declararon en conferencia de prensa.

No sólo se exige justicia por los asesinatos a mano de la policía, sino también los ocurridos en las penitenciarías de Mendoza. Como informaron, el archivo cuenta con más de 203 crímenes de varones y mujeres en manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante la democracia, y entre ellas se encuentras las personas que estaban privadas de libertad.

“Consideramos que una persona que está privada de libertad, está a cargo en ese momento del Estado. Por lo tanto debería ser resguardada la integridad física. Esto incluye dar asistencia médica, asistir con tratamiento por consumo problemático, asistir con comida digna… motivos por los que muchas personas murieron”, expresaron en conferencia de prensa.

Por lo tanto, el reclamamos es también por ellos y ellas, quienes murieron en contexto de encierro y precisan que la justicia se haga presente. Esta marcha tuvo en cuenta la lucha de los familiares y “particularmente un pedido a la justicia, es ahí a donde se quiere apuntar especialmente”.

Finalmente, y de modo enérgico, en conferencia de prensa señalaron las responsabilidades: “Valerio, Uliarte y Escot, la Quinta Cámara que ha absuelto en tres ocasiones al asesino Biasiori y tantos jueces que los vamos a marcar como cómplices”. Hicieron mención también al poder ejecutivo “que avala la política de mano dura y endurece a la fuerza de seguridad” y a los medios de comunicación en su forma de tratar a las víctimas del gatillo fácil y la violencia institucional.

Acompañaron: Campaña Contra la Violencia Institucional, CELPI, CORREPI, Ex-presos políticos, H.I.J.O.S., Irrompibles, JP Evita, La Cámpora, La Colectiva, No Matarás, Colina, No A La Baja, Octubre Popular, PTS y Victoria Popular. La Tupac Amaru se solidarizó por la causa y pidió que se incluya como organización que adhiere.

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Habeas corpus para evitar imputaciones por la toma del Colegio Normal

Frente a lo sucedido durante la toma de la institución, Xumek presentó un escrito para asegurar que no se criminalizará a personas que participaron de la asamblea. El día lunes 27, a las 10.30, se realizará la audiencia por el Habeas Corpus en la oficina 51 del Juzgado Penal Colegiado.

Desde Xumek presentamos un recurso de habeas corpus para evitar que algunas de las personas que participaron en la toma del Instituto Normal Tomás Godoy Cruz  sean imputadas.

El día jueves 23 de agosto por la noche, docentes y estudiantes decidieron tomar la institución como muestra de su rechazo a la resolución 2010 y como una muestra importante del rechazo al ajuste en la educación pública en Mendoza.

La medida fue denunciada por el rector de la institución y posteriormente se hizo presente en el lugar la Fiscalía a cargo de Gabriel Blanco, que se comprometió a no reprimir ni imputar a quienes reclamaban contra el cierre de cursos y carreras de nivel superior.

Horas más tarde, el representante del Ministerio Público Fiscal dejó trascender por la prensa que imputará al menos diez personas, entre ellos, profesores, alumnos y legisladores de la oposición.

Frente a los hechos, Xumek decidió presentar un escrito frente a la Jueza de Garantía de turno, Dra. Miriam Moltó. Este habeas corpus se presenta para tener seguridad de que no van a detener a nadie, ya que desde Xumek creemos que se trata de una criminalización de la protesta. Queremos que se nos garantice que no se va a usar el derecho penal como una herramienta de criminalización.

El día lunes 27 de agosto a las 10.30 horas se realizará la audiencia que pedimos para que se aclare qué delito se ha cometido. Será en el Juzgado Penal Colegiado, Segundo piso, oficina 51.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Y COLECTIVO EN FAVOR DEL “COLECTIVO COLEGIO NORMAL SUPERIOR TOMÁS GODOY CRUZ”: Aquí.

Fotografía: Diario Los Andes

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Convocan a marchar contra el Gatillo Fácil

Compartimos la gacetilla difundida por las organizaciones que convocan a la “1° Marcha Contra el Gatillo Fácil y la Impunidad” en Mendoza.  Será el día lunes 27 de agosto a las 17 horas desde la Legislatura.

La “Marcha Contra el Gatillo Fácil y la Impunidad” por primera vez se realizará en Mendoza, su fin es visibilizar más de 203 crímenes de varones y mujeres en manos de las fuerzas de seguridad del Estado durante la democracia.  Asesinatos en centros de detenciones como cárceles, comisarías, centros de atención de consumo problemático, torturas sistemáticas, atropellos o ejecuciones extrasumariales conocidas como “gatillo fácil”.

La marcha tendrá como eje poner en evidencia a la justicia mendocina: inspiradora para que los asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad del Estado sigan ocurriendo y garante de la impunidad a funcionarios que arrebatan la vida a cientos de jóvenes.  A su vez, expresa que dichas prácticas son reflejo de políticas represivas hacia las poblaciones más jóvenes y provenientes de sectores populares de la provincia.

Esta marcha se llevará en simultáneo en diversas provincias del país como Buenos Aires (donde ya cumple su cuarta edición), Chaco, Tucumán, Córdoba, entre otras. Y por primera vez Mendoza se suma a esta organización colectiva.

De esta manera, familiares de víctimas de violencia institucional invitan a marchar el lunes 27 de agosto a las 17 hs desde la Legislatura, lugar donde se construyen las leyes de mano dura que vienen azotando a una juventud que no cesa de expresarse artísticamente en las calles,  a lxs trabajadores que se manifiestan contra las políticas de ajuste, y que militariza los barrios a través de prácticas violentas. La marcha finalizará en Tribunales provinciales, donde la mayoría de los casos se encuentran “cajoneados”, y donde se niega asesoramiento a las familias tras las esperas eternas en la incertidumbre de la búsqueda de Justicia.

La intención es dar mensaje de justicia e inclusión y no de desesperanza, desandar discursos que estigmatizan a la juventud y fortalecen medidas que excluyen. Por esto, durante la marcha pacífica habrá diversas expresiones artísticas que la acompañarán. En la previa habrá una radio abierta para dar voz a testigos y protagonistas de estos hechos y esta lucha por los derechos humanos de pibes y pibas.

“Estamos convencidos que las mejores batallas se ganan en las calles, para que dichas poblaciones no sigan sufriendo los abusos por parte de las fuerzas de seguridad y para que exista justicia para quienes ya no están. Porque los gobiernos pasan pero la represión queda.  Ante la represión y la impunidad, organización y lucha”.

Los y las esperamos.