CASO LUCÍA PÉREZ | Comunicado sobre la sentencia

Como organización defensora de los derechos humanos repudiamos el fallo que se dio a conocer este lunes 26 de noviembre en el marco de la movilización por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Lamentablemente, otra vez la justicia opera a la orden del patriarcado: Matías Farías y Juan Pablo Offidani, acusados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, fueron condenados a ocho años de prisión por tenencia de estupefacientes. El tercer imputado, Alejandro Maciel, resultó absuelto. A dos años y un mes del abuso sexual y femicidio de la adolescente de 16 años en Mar del Plata, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, consideró que éste último no se pudo probar como tal.

Es necesario remarcar que el fallo que condena a los femicidas de Lucía Pérez es indiferente a todas las directivas del derecho internacional ya que carece absolutamente de perspectiva de género. La perspectiva que atraviesa el fallo excede la cuestión doctrinaria y opiniones de los jueces, más bien es un criterio interpretativo y pautas de valoración exigidas por diversos instrumentos de derechos humanos protectores de los derechos de mujeres e identidades disidentes que nuestro país ha ratificado constitucionalmente a partir del artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución, y deben ser aplicados en hechos donde medien delitos sexuales.

Fuera de dogmatismos pero siguiendo con esta línea, en miras a la redacción y argumentos de la defensa, repudiamos el contenido esbozado. Éste se encuentra cargado de estereotipos sexistas y discriminatorios que no hacen más que hacer referencia las experiencias sexuales anteriores de Lucía, sus comunicaciones privadas, su condición de consumidora de drogas, las inasistencias escolares, la edad de las personas con las que se relacionó previamente, es decir revictimiza y juzga a la víctima.

Todos estos argumentos son proyectados como elementos que sostienen la existencia de consentimiento por parte de Lucía. Permanentemente a lo largo del análisis de la prueba los jueces efectúan juicios de valor prejuiciosos e ilegítimos sobre la víctima para garantizar impunidad a los acusados.

Consideramos, a su vez, que el proceder del tribunal fue de tipo androcéntrico ya que cataloga de abuso sexual solamente a los casos donde hay huellas claras de defensa por parte de la víctima o lesiones extremadamente crueles; perdiendo de vista la asimetría de poder que existe entre una adolescente que consumió drogas y el adulto que se las suministró.

Reforzamos, con claras intenciones, la idea de que el concepto de violencia en el abuso sexual, a nuestro juicio, hay que integrarlo necesariamente con perspectiva de género y no correr del centro de la cuestión una relación desigual de poder que no permite tomar decisiones en un marco de consentimiento libre.

La sentencia cristaliza de manera grosera una cultura de la violación que es perpetrada por el mismo sistema judicial al transformar la sentencia en un relato de la vida de Lucía en vez de poner el foco en la conducta de los agresores. Parece ser que para la justicia patriarcal, vender droga es un delito imputable pero abusar sexualmente, torturar y asesinar a una mujer no.

Esta decisión judicial nos demuestra una vez más, que la justicia es un eslabón fundamental de la estructura social, cultural y política del patriarcado. Esperamos que los mecanismos de control sean más efectivos y estén a la altura de las exigencias de una sociedad que no para de gritar “ni una menos” frente a la violencia machista.

¡La justicia es cómplice!

Área de Género y Diversidad de Xumek.

#Xumek2018 #NiUnaMenos #JusticiaCómplice

CASO LUCAS CARRAZCO: Cambio de calificación legal

En el día de ayer, 26 de noviembre, el Fiscal de Cámara Dr. Dario Tagua, con la adhesión de los abogados de Xumek, teniendo en cuenta toda la prueba producida durante estos 4 meses de debate, planteó una modificación de los hechos y de la calificación legal por la que esta acusado el funcionario policial Diego Guzman Zalazar.

De homicidio culposo, pasó a calificar la imputación como homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego y por ocurrir en un evento deportivo. Este cambio modifica sustancialmente los montos de pena.

La defensa de Guzman Zalazar solicitó un plazo de 10 días para ofrecer nuevas pruebas ante esta nueva calificación. Asimismo, se practicará pericia psicológica al imputado. El juicio seguirá el 11 de diciembre a las 9 horas.

Luego de 4 años de lucha esperamos que la familia de Lucas y Viviana puedan encontrar paz y justicia.

#Xumek2018 #JusticiaPorLucas #NiUnPibeMenos

NOTA: “El miedo a los pobres” por Leandro Rodríguez | Publicada en MDZ Online

Compartimos la nota realizada a Leandro Rodríguez, integrante de nuestra Asociación, por MDZ Online. Una reflexión que nos lleva a pensar sobre la realidad de los lazos de solidaridad en nuestra sociedad, las/os migrantes y la pobreza en contraste con  las pretensiones de re-inserción global.

“El miedo a los pobres”

Un país que busca “reinsertarse” en el mundo, pero que históricamente ha discriminado a los inmigrantes bolivianos, peruanos, paraguayos y chilenos. El trato recibido por una mujer haitiana es un caso que resulta disparador de debates.

“La solidaridad – al menos en escala nacional – no se define por la donación y la generosidad, sino por el compartir cotidiano y por un conjunto de obligaciones, deudas y acreencias en favor de aquellos a quienes no conocemos pero de las cuales nos sentimos responsables”. Francois Dubet ¿Por qué preferimos la desigualdad?En la memoria de todos está la imagen que recorrió el mundo del cuerpo sin vida del pequeño Aylan en una playa turca. El niño sirio de tres años, su hermano de cinco y su madre murieron ahogados mientras intentaban escapar en bote de Turquía a Grecia luego de que les fuera rechazado el asilo en Canadá. Toda la familia huía de su país por la guerra civil allí desatada.

La globalización, la pobreza, las catástrofes climáticas y los conflictos bélicos han acentuado los fenómenos migratorios en el mundo durante los inicios del siglo XXI. Cada vez más estados son alcanzados por migrantes y refugiados de diferentes países que intentan encontrar un nuevo hogar en otras naciones.

En septiembre de este año varios manteros senegaleses y algunos dirigentes sociales terminaron detenidos luego de protestar contra un operativo policial que intentaba decomisar la mercadería que estos últimos vendían en el barrio de Constitución en CABA.

Hace unos días, en Mendoza fue noticia que una inmigrante haitiana había sido violentamente traslada por personal policial del hospital Lagomaggiore al psiquiátrico Carlos Pereyra de Ciudad para quedar allí internada contra su voluntad. Todo ello luego de la joven fuera separada de su hijo recién nacido y, como consecuencia de ello, mordiera a una de las médicas que la asistían. Esta situación reviste una especial gravedad porque, a diferencia de los otros casos, fueron violentados sistemáticamente los derechos de una mujer por su condición de tal.

Lo sucedido puede resultar el disparador necesario para discutir sobre cómo tiene que responder nuestro país frente quienes vienen a la Argentina en búsqueda de condiciones dignas de vida o simplemente escapando de los conflictos bélicos y políticos de sus lugares de origen. Especialmente, sobre cómo cumpliremos la manda constitucional contenida en nuestro preámbulo que refiere expresamente que son destinatarios de los fines de la Carta Magna “…todos  los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”.

En el año 2017 la Real Academia Española incorporó en la nómina de términos de su reconocido diccionario la palabra “aporofobia” para definir el miedo y rechazo a los pobres. Se le atribuye la creación de dicho término a la filósofa española Adela Cortina, quien entendía que la palabra xenofobia era insuficiente para explicar acabadamente el rechazo que sufrían los extranjeros en su país. La catedrática observaba una sustancial diferencia entre el trato que recibían, por un lado, los turistas o los deportistas extranjeros residentes en Europa y, por el otro, los migrantes y refugiados que llegaban a los países desarrollados del viejo continente.

En un país como el nuestro que ahora intenta “reinsertarse” en el mundo a la espera de que esto genere la confianza necesaria para que “los capitales extranjeros” decidan invertir en él, pero que históricamente ha discriminado a los inmigrantes bolivianos, peruanos, paraguayos y chilenos, a quienes muchos pretenden excluir de la salud y educación pública, cabe reflexionar si el motivo del desprecio no es a los extranjeros, sino, sencillamente, a su pobreza.

Quizás, luego de ese camino, podremos concluir que se encuentra allí la razón que nos aleja de los manteros, los cuidacoches, los villeros, los piqueteros, los trabajadores de la economía popular y todos aquellos que no generan en los argentinos la solidaridad suficiente para sentirnos por ellos responsables; optando, en algunos casos, por criminalizarlos.

Enlace directo: El miedo a los pobres.

#Xumek2018 #Pobreza #Migrantes

Foto: Archivo MDZ

PRÓVOLO: PRONUNCIAMIENTO 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

A DOS AÑOS DE LUCHA POR VERDAD Y JUSTICIA, MANIFESTAMOS QUE:

La Compañía de María para la Educación de Sordomudos fue fundada en 1841 por Antonio Próvolo. Es una institución eclesiástica con sede en Mendoza y La Plata en Argentina, y en Verona Italia, cuyo supuesta razón de existencia es el cuidado y la educación de niñxs y adolescentes sordxs Sobre las tres sedes pesan denuncias por violencia sexual, física y psicológica, lo que deja al descubierto su manera sistemática y premeditada de funcionamiento.

La primera denuncia sobre las aberraciones que ocurrían en el Instituto Próvolo-Mendoza fue realizada por una familia en el año 2008. Esta denuncia fue negada por los representantes de la institución y olvidada por la justicia. Los silencios y ocultamientos institucionales, la complicidad de los que allí trabajaban, la falta de control por parte del Estado permitieron que estos terribles hechos ocurrieran.

En la actualidad, de los 15 imputados, uno de ellos fue declarado inimputable y otro (Jorge Bordón) pidió juicio abreviado, a través del cual le otorgaron 10 años de condena efectiva por las 11 causas que se le imputaron.

Por su parte, el sacerdote Nicola Corradi y la monja Kosaca Kumico consiguieron el beneficio de prisión domiciliaria. Estas fueron otorgadas a pesar de las manifestaciones de tres peritos de la justicia y de víctimas que se opusieron a este privilegio. La complejidad de los hechos ocurridos en esta institución religiosa amplió el círculo de los acusados iniciales a otros que cumplían diversas funciones “por acción u omisión” ante los hechos investigados.

Han habido numerosos intentos de desprestigiar a los profesionales intérpretes de LSA quienes acompañan y dan voz a las víctimas. El objetivo no ha sido otro que deslegitimar los testimonios de las víctimas ante la sociedad y golpear una vez más a quienes fueron tantas veces vulneradxs mediante la revictimización.

La fiscalía ha ordenado tanto al Arzobispado de Mendoza como a los síndicos judiciales, Dante Simón y Alberto Bochatey, enviados por el Vaticano, que entreguen pruebas de toda la investigación que han realizado. Hasta la fecha han hecho caso omiso al pedido de la justicia. La Iglesia como institución ha demostrado su poder y sus explícitas intenciones de seguir ocultando y protegiendo a quienes han cometido estos atroces crímenes.

Un capítulo aparte merece la venta del inmueble del Instituto Próvolo adquirido recientemente por el municipio de Luján de Cuyo dirigido por Omar De Marchi, en una acelerada transacción económica con la Orden San José a espaldas de las víctimas y sus familiares. En febrero de este año la fiscalía entregó la propiedad a las autoridades del Provolo, con la condición de que no podía realizar modificaciones sustanciales sin comunicación previa; entendiendo que el proceso judicial que inició hace dos años ha incluido numerosas declaraciones por parte de las víctimas, que se han ido ampliando a lo largo de los meses, y que corroborar lo que allí ha sucedido por parte de la justicia merece el reconocimiento y ubicación específica de cada lugar. El edificio cambió de propietario, y la venta del inmueble se realizó a un valor mucho menor del real, por lo que los abogados representantes de lxs sobrevivientes y sus familias, han realizado una serie de acciones judiciales para garantizar que las víctimas tengan derecho a su resarcimiento.

Por todo ello, a DOS AÑOS de los aberrantes hechos:

1. Exigimos la eliminación del Concordato entre la Iglesia Católica y el Estado Argentino con la derogación de la ley 17032 y la definitiva separación de Iglesia y Estado.

2. Seguimos exigiendo que se establezca un dispositivo interdisciplinario específico de atención integral para lxs sobrevivientes y su núcleo familiar primario. El objetivo de ese dispositivo debería ser restituir derechos vulnerados atendiendo a las necesidades económicas, educativas y sociales de cada sobreviviente y familia para garantizar su plena inclusión social. Para ello es necesario el establecimiento de un trabajo articulado de las diversas instituciones del Estado que garanticen la plena asistencia en tiempo y forma. El gobierno actual de la provincia de Mendoza da cuenta de la creación de dicho equipo y no escatima en alardear de su funcionamiento. Nos preguntamos entonces ¿cómo es posible que las familias sigan peregrinando por los diferentes Ministerios, a merced de la burocracia reinante en busca de soluciones?

3. Exigimos a la Subsecretaría de Desarrollo Social, la inclusión en políticas sociales para lxs sobrevivientes, tales como: acceso a AUH con discapacidad, pensión no contributiva, activación del Programa Incluir Salud si lo requiriera sin ningún tipo de demora. También se debe garantizar los medios económicos para la participación de lxs sobrevivientes y sus familias en todas las instancias del proceso judicial (traslados, viáticos, etc.)

4. Exigimos a la DGE que a partir de la atroz experiencia oralista del Próvolo se ponga en completa vigencia la Ley Nº7393 y el Decreto Reglamentario 2049/12 de Lengua de Señas que rige en todo el territorio provincial, y que garantiza su enseñanza tanto en las escuelas especializadas en personas sordas e hipoacúsicas, como en las escuelas comunes. Consideramos que esto es condición necesaria para la verdadera inclusión de las personas sordas dentro y fuera de las escuelas. Y que su enseñanza incluya sin excepción a un/a Referente Sordx.

5. Exigimos que DGE dé cuenta del seguimiento pedagógico realizado a lxs ex estudiantes del Instituto Próvolo de modo que se garantice su derecho a la educación y permanencia en las instituciones educativas con los ajustes razonables y los apoyos especializados que se requieran.
Hace pocos días fuimos testigos de las declaraciones de la actual Directora de Educación Especial, Susana Yelachich, que fue citada por distintos legisladores y legisladoras en la Comisión de Educación, para dar cuenta de la situación de los ex alumnxs del Instituto Próvolo. Allí señaló que habían garantizado la reincorporación de los ex alumnxs a establecimientos públicos y privados, con un acompañamiento concreto desde el área de salud mental tanto para las y los estudiantes, como así también para sus familiares en la reinserción al sistema educativo. Estos dichos han sido desmentidos por los y las familiares, inclusive en instancias de reunión con la Vicegobernadora en marzo de este año.. Fueron las familias quienes en medio de tanto dolor y espanto buscaron espacios educativos para sus hijos e hijas, sin apoyo institucional y sin garantías, damos cuenta incluso de familias a las cuales nunca siquiera se contactó, como así también del acompañamiento a familiares desde este Colectivo en el recorrido por instituciones educativas en busca de bancos para los ex alumnos.

6. Exigimos que se brinde atención integral con una red de profesionales de la salud (Salud Mental) en el territorio, y que cuenten con asistencia de intérpretes de Lengua de Señas, debido a que las consecuencias de las situaciones de abuso y violencia en las víctimas y sus familias plantean la necesidad de respuestas efectivas, que incluya la salud mental en sus lugares de residencia.

7. Exigimos a la Defensoría de las Personas con Discapacidad, ente autónomo, que cumpla sus funciones, recordándoles que: “Es su misión la defensa y protección de los intereses y derechos de las Personas con Discapacidad tutelados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, de prestadores de servicios públicos, de entidades financieras y de las personas físicas o jurídicas que generen conflictos con ellas”, según establece en su artículo 2, la ley 8345..

8. Exigimos que las instalaciones del Ex Colegio Antonio Próvolo, hoy pertenecientes al Municipio de Luján de Cuyo, NO SEAN MODIFICADAS. Ya que el edificio no solo representa la única posibilidad de resarcimiento económico para las víctimas y sus familiares, sino también el recuerdo imborrable de una época de horror que no puede pasarse por alto, consideramos fundamental alimentar la memoria para que estos casos, que no son aislados, no vuelvan a ocurrir. Resulta imperioso su resguardo como memorial.

9. Exigimos al MInisterio Público Fiscal que realice las citaciones correspondientes a los más de 200 estudiantes que entre los años 2005 y 2015 asistieron al Instituto Antonio Provolo, y aún restan declarar. Este Colectivo de Sobrevivientes, familiares y organizaciones nos preguntamos también por la lista de estudiantes anteriores al 2005 y la del periodo posterior al 2015 hasta noviembre del 2016.

PORQUE LA VERDAD Y LA JUSTICIA ES PARA TODXS, CON NUESTRAS VOCES Y NUESTRAS MANOS ROMPEMOS EL SILENCIO.

COLECTIVO POR LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS A SOBREVIVIENTES DEL PRÓVOLO, conformado por: Sobrevivientes y Familiares del Próvolo – Mendoza; Xumek, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; Asociación Padres Autoconvocadxs de Niñxs, Jóvenes y Adultxs con Discapacidad; La Colectiva-Mendoza; APAPACHAR, Asociación de Promotores de Derechos de Niñez y Adolescencia; INCLUIR, Servicio de Protección de Derechos e Irrompibles. Red de Sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico.

#Xumek2018 #Próvolo #VerdadJusticiaYRestituciónDeDerechos

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Desde 1981, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los movimientos feministas de la región latinoamericana acuñaron dicha fecha en honor a las activistas políticas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. Años más tarde, en 1999, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa, en honor a las hermanas Mirabal, y declaró oficialmente el 25 de noviembre como Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

La violencia de género ha sido, y sigue siendo en muchas partes del mundo, un delito oculto, invisible y una de las violaciones más persistentes de derechos humanos. La violencia de género no conoce fronteras sociales, económicas o nacionales, afecta a mujeres de todas las edades y surge en varios tipos de entorno, tomando distintas formas, incluyendo violencia física, sexual y psicológica, al igual que abuso económico y explotación. Según datos de la UNESCO, por lo menos una de cada tres mujeres en el mundo entero ha sido golpeada, forzada sexualmente o abusada emocionalmente en el curso de su vida, más a menudo por su pareja.

Esta fecha nos lleva a reflexionar en las diferentes formas en las que se manifiesta este tipo de violencia contra las mujeres del mundo entero, así como en la impunidad de los autores en muchos de los casos y en los sistemas de prevención y actuación. Reunamos fuerzas, alcemos la voz y recordemos la gravedad de la violencia de género hacia todas y cada una de las mujeres.

#Xumek2018 #NiUnaMenos

Imagen: ¿Dónde estás? Xilografía. Gastón Alfaro. Tapa Informe 2017 Situación de los Derechos Humanos en Mendoza.

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO (NIÑAS Y NIÑES)

El Día Universal del Niño se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día dedicado a todos los niños, niñas y niñes del mundo.

En esta fecha la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 . Ésta no tuvo carácter vinculante hasta la aprobación del texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado.

¡En este día saludamos a todos los niños, niñas y niñes y todas/os aquellas/os que trabajan incansablemente en la defensa de sus derechos!

#Xumek2018 #DíaUniversalDelNiño

Foto: Mar Al