Exposición presentada en la audiencia sobre impacto ambiental

Martes, 30 de abril.

Este martes se realizó la audiencia pública de Sierra Pintada en San Rafael por el tema: “Manifestación de impacto ambiental – Complejo Minero Fabril San Rafael- etapa remediación-Fase I”. Pese al paro general se pudieron inscribir y hacer presentaciones por escrito a través de correo electrónico para mandar aportes, observaciones y críticas.

Compartimos la exposición de Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología y miembro de Xumek, presentada en la audiencia pública de este 30 de abril sobre el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental – Expediente N° 1169/D/2014/03834.

Se puede acceder a través de este enlace.

Imagen: Pirámide Informativa

#Xumek2019 #ÁreaAmbiental

Extractivismo y colonización de la subjetividad en Malargüe

26 de abril, 2019.

Nos encontramos actualmente en una lucha ambiental. El fracking está sobre la mesa en un debate absurdo, unos se basan en los derechos humanos y otros en intereses muy alejados, más bien se movilizan por intereses económicos individuales, neoliberales. Compartimos el texto “Ambiente, minería, fracking, negacionismo y colonización de la subjetividad en Malargüe, Mendoza” realizado por Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) y miembro de Xumek.

Resumen:

Malargüe vive nuevamente, luego de 12 años, la misma psicosis colectiva respecto del fracking que respecto a la megaminería, sobre la base del olvido de su propia experiencia histórica y de la propaganda de las empresas privadas extranjeras en complicidad con funcionarios políticos, la prensa y el “sindicalismo” en realidad representante de las empresas, que han logrado que la población adopte como propio el mensaje empresarial y niegue los efectos negativos de una técnica extractivista que ha causado mucho daño en éste y otros países, y que no ha generado empleo genuino. Se repite también el mismo odio contra los ambientalistas, pero la novedad es que este movimiento social ha crecido y está atravesando espacios políticos nuevos, como asimismo está avanzando en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo.

Texto “Ambiente, minería, fracking, negacionismo y colonización de la subjetividad en Malargüe, Mendoza” disponible aquí.

El fracking a la Corte Suprema de Justicia

26 de abril, 2019.

El peregrinaje de la lucha contra el fracking en Mendoza comienza en agosto del 2017 con las llamadas pruebas piloto, en donde se autoriza la hidrofractura sin ningún tipo de estudio y sin ningún tipo de control. Frente a esta situación, extremadamente rápida ya que se autorizó en seis días, continuaron las disyuntivas exigiendo a las autoridades que presenten información ambiental, es decir que presenten los estudios correspondientes.

En esta nota se analiza el camino judicial con el testimonio de Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) y Agustín Sánchez Mendoza, responsable del Área Ambiental de Xumek y abogado de la red ambientalista Oikos.

Ante la autorización de agosto de 2017 de fractura hidráulica sin evaluación se presentaron diferentes acciones de amparo. Entre ellas, el de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) y el de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ambos amparos han ido progresando y se encuentran actualmente en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

A raíz de este amparo de la FAdE el gobierno convocó a una audiencia judicial -la que no realizó para la autorización de los posos-. En esa audiencia se presentaron casi cincuenta expositores, sin embargo, fue rebautizada popularmente como “Audiencia del Día de los Inocentes” por haber sido citada en contravención a todas las normas y en un 28 de diciembre, quizás con la esperanza de que nadie asistiría.

Posteriormente, la Dirección de Protección Ambiental declaró aquella audiencia como inconducente. Cabe aclarar que nada se dijo sobre, por ejemplo, la cantidad de agua potable que cada fractura consume, ni tampoco se informó que se iba a utilizar trazadores radioactivos, algo que más adelante desarrollaremos.

Posteriormente, el gobernador Alfredo Cornejo dictó un decreto que la red ambientalista Oikos atacó por dos vías que permite la Constitución de Mendoza: la inconstitucionalidad y la acción procesal administrativa. La inconstitucionalidad se planteó porque se entiende que es facultad de la Legislatura resolver un tema de tal envergadura y trascendencia. Se argumenta que se encuentra en riesgo el recurso hídrico que para Mendoza es de vital importancia en un noveno año de crisis hídrica.

“A través del decreto 248 se autorizaba la fractura hidráulica, se intentaba regularizar y reglamentar. El tema es que hay otra acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad  contra el decreto 248 porque por medio de un decreto no se puede derogar una ley. El decreto 248 se opone a la Ley General de Ambiente y a la Ley Provincial de Ambiente porque elimina un requisito que es fundamental: es la evaluación de impacto ambiental. El decreto no exige la evaluación de impacto ambiental. Al no exigirla, tampoco es exigible la audiencia pública. Con esto se ve la afectación de la participación cívica. La ciudadanía no va a poder participar porque no es un requisito dentro del decreto”, explicó Agustín Sánchez Mendoza.

Con respecto a la acción procesal administrativa, Oikos cuestiona el procedimiento. Básicamente trata de que se cumpla la ley; que se asegure la participación de la ciudadanía; y que se realice una evaluación de impacto ambiental estratégica, prospectiva y acumulativa. No puede excluirse al pueblo porque el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata.

En definitiva, con la acción procesal administrativa, ¿qué se cuestionaba?, ¿cuál era el cuestionamiento principal en el decreto 248 que fue sancionado por el gobernador?  El abogado de Oikos detalló:

“Desde un primer momento cuestionamos el procedimiento administrativo. Ellos autorizan el fracking mediante dos resoluciones sin evaluación de impacto ambiental, sin estudios previos, sin mecanismos de control. Luego de esto, interviene el amparo de la Federación Argentina de Espeleología, y se logra la audiencia pública pero se realiza sin la debida publicación, sin cumplir con los requisitos legales. Ante esto, Oikos presenta la nulidad. Ellos resuelven y dicen que no es nulo, es válida la audiencia. Ataca Oikos, nuevamente, en el procedimiento administrativo mediante un recurso de revocatoria; el cual es denegado. Después de la denegación, ni bien finalizada la audiencia, el gobernador saca el decreto. Al salir el decreto, Oikos entiende que se agotó la vía administrativa porque no hay un órgano superior al gobernador. Por lo tanto, si se agotó la vía administrativa hay que recurrir a la Suprema Corte”.

Esta acción procesal administrativa fue progresando y se acompañó de una medida cautelar. Esto se debe a que el gobierno y la fiscalía, al contestar esa acción procesal administrativa, reconocen el uso de trazadores radioactivos. Algo que, como dijimos, no se expuso en la audiencia pública.

Recientemente, el primero de abril, Oikos recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque desde la Corte mendocina se rechazó, como ya se mencionó, la acción procesal administrativa. Así, se archivó la medida cautelar y, de esta manera, se dejó camino libre a la actividad lesiva del fracking. Esto puede generar daños irreversibles al ambiente, al agua, implica también un riesgo para el sitio Ramsar (la Laguna de Llancanelo en Malargüe y las Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero).

“Al denegarnos la acción principal y la secundaria vamos en queja a la Nación. Ahí argumentamos que vamos en queja porque se han violado derechos de las garantías constitucionales y convencionales como son: el acceso a la justicia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la tutela del ambiente como derecho humano. Es por eso que recurrimos. Lo que solicitamos es que se garantice, nosotros utilizamos el término ‘restaure’ el estado ambiental de derecho”, dijo Sánchez Mendoza.

Se logró una audiencia con el cuerpo de mediadores (cuerpo ofrecido anteriormente por la Suprema Corte ante la propuesta de conciliación presentada por Oikos) por la acción de inconstitucionalidad que interpuso Oikos frente a una resolución del Departamento General de Irrigación. Pero la conciliación fue rechazada. Así que todo seguirá por la vía judicial pese a haber propuesto el diálogo. “Se puede abrir un camino enorme para la justicia internacional”.

¿Cuál es el argumento que esgrime el Juez Dalmiro? “Que fue prematuro porque debíamos agotar la vía administrativa. Ellos entienden que una vez que sale la denegatoria del recurso de revocatoria, Oikos debería haber interpuesto otro recurso antes de ir a la Suprema Corte mendocina”, explicó el abogado.

El presidente de la Federación Argentina de Espeleología, Carlos Benedetto expresó al respecto: “ahí te das cuenta que hay mala fe y que hay otros intereses, son chicanas que apuntan a desgastarte. Pero se encontraron con que no nos han desgastado, ahora estamos más unidos que antes. Organizaciones que no nos hablábamos entre nosotras por algunas diferencias, de repente ahora estamos cada una desde su lugar peleando por lo mismo. El efecto contrario del que deseaban”.

¿Por qué se dice que el decreto 248 está viciado? “En el mundo del derecho se utiliza la siguiente metáfora: si el árbol está envenenado, el fruto de ese árbol también está envenenado. Oikos está cuestionando todo ese procedimiento, que desde un primer momento cuestionó por nulidades, nulidad de la audiencia, nulidad de la resolución, después por el recurso de revocatoria. Lo mismo pasa con la resolución 249 de Irrigación, se basa en el decreto 248. Y si te basás en un fruto que está podrido, eso también va a estar podrido. Nosotros estamos pidiendo la nulidad de todo. Tienen que volver a hacer todo el procedimiento de cero” así explicó el pedido Sánchez Mendoza.

¿Por qué se abre la vía para ir a reclamar a la Nación? “Porque junto con la acción principal estaba la medida cautelar. Se interpone la medida cautelar porque en la contestación de la acción que interpone Oikos, el gobierno y fiscalía reconocen el uso de trazadores radioactivos, que están prohibidos constitucionalmente. Está prohibido el ingreso de material radioactivo a la Argentina, entonces al enterarnos de esta situación, más allá de la excesiva cantidad de agua que utilizan, nos vemos obligados a plantear la cautelar para que suspendieran las autorizaciones. Si rechazan nuestra acción principal, también rechazan esta medida cautelar que es la única que puede suspender las autorizaciones al fracking, por lo tanto al denegar también la cautelar, violan derechos humanos. Porque ya no tenemos acceso a la justicia y, principalmente, porque era la única que podía garantizar la protección del ambiente sano y equilibrado. Y lo rechazan por una cuestión formal”.

Esa pregunta todavía no la responden ni fiscalía ni gobierno, ¿por dónde ingresan los materiales radioactivos? Para ellos es algo inconducente. El decreto 248 tiene previsto el uso de piletones a cielo abierto donde van a depositar todo el flowback, que es el reflujo de la inyección. Todo eso va a parar a los piletones con agua contaminada irreversiblemente, es agua radioactiva además de la cantidad de químicos inyectados.

Agustín Sánchez Mendoza considera “increíble que sigan hablando que existe certeza de que están todos los controles y las garantías dadas cuando no contestan ni siquiera una pregunta de las que se formularon en la audiencia”. Ahora, Nación ya se interpuso, le dieron pase a la Secretaría de Juicios Ambientales. Ellos tienen que evaluar si se cumple con todos los requisitos formales, y exigentes, para que lo admitan.

“Acá hay un problema que tiene que ver con la cultura política y la cultura jurídica”, dice Benedetto. Y continúa: “lo incomprensible, como opinión política personal, es que el partido radical que fue el que más propulsó la legislación ambiental ahora esté renunciando o renegando de su propia historia política y de lo que han aportado a la república. Me refiero al Pacto de Olivos, como antecedente directo de la Reforma de la Constitución Argentina de 1994, que puso los nuevos derechos y garantías en la Constitución Nacional, dentro de los cuales está el derecho ambiental, como parte de los derechos humanos. Grandes hombres como Alfonsín pensaron y lograron una reforma constitucional que enriqueció la Constitución con el derecho ambiental, y todavía en Mendoza se está discutiendo si la Constitución Nacional se aplica o no, desde el mismo poder que ahora está gobernando. Eso me parece absurdo”.

Ante la duda si hay contaminación o no, (Ley 25.675) se debe proteger el ambiente porque es un bien común. Y el bien común está por encima de los negocios privados. “Hemos detectado a través de una investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hace ya 10 años, que dentro de Caverna de las Brujas, dentro del circuito turístico, hay gas radón. Hemos pedido a la Dirección de Recursos Naturales que se haga un monitoreo. El gas radón, que es radioactivo, puede traer problemas de cáncer. No lo han hecho nunca, y lo hemos reclamado. Esto se va a hablar en la audiencia del 30 de abril”, comentó el presidente de la FAdE.

En la audiencia del último día de abril se hablará de Sierra Pintada (San Rafael) pero evitarán, otra vez, Malargüe. “El pueblo abandonado se lo ve desde la Ruta 40 con la cúpula de la escuela, el mástil, el camino que llegaba. Lo han alambrado. Ese alambrado te impide llegar a un curso de agua, hay que saltar una tranquera y te encontrás con un cartel que dice propiedad privada y no dice de quién. ¿Cómo puede ser propiedad privada un lugar donde hay mineral de uranio que es estratégico? Eso tiene que ser propiedad del Estado. Se puede decir que es la conquista de desierto, pero esta vez, a través del fracking y la minería”, concluyó Benedetto.

Con respecto a la audiencia del 30 de abril, compartimos el siguiente comunicado:

El 30 de abril es la audiencia pública de Sierra Pintada en San Rafael por el tema: “Manifestación de impacto ambiental – Complejo Minero Fabril San Rafael- etapa remediación-Fase I”. Dado el paro de transporte previsto para ese día, se informa que se pueden inscribir y hacer la presentación por escrito a través de correo electrónico. Al inscribirse pueden mandar su aporte/observaciones/críticas por correo.

Es vital que se consiga el mayor número de inscripciones y de presentaciones por escrito. Los que expusieron la vez anterior se encuentran habilitado para hacer la ampliación y/o reiterar lo dicho en una presentación escrita lo cual no se les permitió en aquella oportunidad y se debía permitir.

Es importante realizar tal presentación ya que todos los funcionarios y funcionales que fueron a la audiencia anterior no podrán asistir a esta, lo que hace que las voces del pueblo que asista sean mayoría. Y si se presentan por escrito en forma de correo electrónico indicando que no pudieron asistir por el paro deberán incorporar estas presentaciones al expediente

Es la oportunidad de que deban atender la voz de la gente porque esta vez -por más que digan que la audiencia no es vinculante- hay una orden judicial de realizar la audiencia conforme a la ley, lo que implica que cada presentación debe ser respondida en forma fundada por el Gobierno como dice la ley y eso los expone.

El vínculo electrónico para inscribirse es: http://www.dpa.mendoza.gov.ar/audiencia-publica/.

El correo para enviar su exposición es: mskalany@mendoza.gov.ar.

Quien requiera asesoramiento para presentar la nota se puede contactar con los abogados que llevan esta batalla escribiéndoles a: audienciapublicamendoza@gmail.com.

Actividades por la semana de la Memoria

25 de marzo, 2019.

La conmemoración de otro 24 de marzo reunió a diferentes grupos de personas para seguir construyendo Memoria, Verdad y Justicia. Xumek participó en dos actividades durante el fin de semana, una en San Rafael y otra en El Borbollón. Además, el domingo cerró con su adhesión a la Marcha convocada por los organismos de derechos humanos hacia Casa de Gobierno.

El viernes se presentó el informe anual de la “Situación de los Derechos Humanos en Mendoza” en el Instituto de Enseñanza Superior Del Atuel, en el departamento de San Rafael. La actividad comenzó a las 18.30 con un aula llena de personas y la charla estuvo a cargo de Pablo Garciarena y Lucas Lecour.

El sábado, el Movimiento Popular La Dignidad y Xumek estuvieron en el Centro Educativo Comunitario Manaslu, ubicado en el Bario Santo Tomás de El Borbollón, Las Heras. La actividad, denominada “24 de marzo en los barrios” tuvo como temática los derechos humanos y la violencia institucional a 43 años de la dictadura cívico militar y el recorrido del Estado terrorista al Estado policial.

El encuentro fue a las 10.30 y apuntó a tres temas fuertes de debate: por un lado, el contexto político de aquel entonces y el actual; también, la criminalización de la pobreza y de la protesta social; y el debate sobre géneros y el sistema penal con el agregado de violencia hacia las mujeres y disidencias.

El domingo a las 18, organismos de derechos humanos y miles de personas se concentraron en Garibaldi y San Martín para realizar la marcha de Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La marcha, como parte de una movilización nacional, se dirigió hacia la Casa de Gobierno para cerrar una semana de actividades desarrolladas en el marco de los 43 años de la dictadura. El objetivo es recordar y reclamar justicia por los desaparecidos y asesinado y sus familiares y amigos, y exigir “Nunca Más”. Además se agregó el pedido de una sociedad “sin hambre con trabajo y soberanía”.

Comunicado sobre el concurso para la Procuración de las Personas Privadas de Libertad

24 de abril, 2019.

Compartimos la preocupación de los organismos de derechos humanos en relación al concurso para designar al Procurador/a de las Personas Privadas de Libertad de Mendoza.

Si bien celebramos que el Ejecutivo provincial le dé continuidad a la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, hemos advertido una serie de inconvenientes en el proceso de selección.

La terna conformada luego de los exámenes llevados a cabo el pasado 15 de abril, quedó integrada, en primer lugar por Fabricio Imparado -actual Procurador-; en segundo lugar por María Mercedes Duberti, que en la actualidad es integrante del Comité de Prevención de la Tortura; y en tercer lugar, Luis Marcelo Romero, actual Director de Promoción del Liberado.

El pliego seleccionado por el Poder Ejecutivo y enviado a la Legislatura fue el del tercer candidato quien, además de sacar el puntaje más bajo de la terna, actualmente es Director de un organismo dependiente del Ejecutivo provincial, lo que afectaría la independencia e imparcialidad requerida para ejercer el cargo concursado.

Tal como refirieron los organismos de derechos humanos, hay que tener en cuenta que la persona que ocupe el cargo debe garantizar independencia, tanto a nivel funcional como personal, de todo tipo de autoridad estatal -conforme a lo previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura-.

Por otra parte, advertimos una serie de irregularidades en el procedimiento administrativo. Nos referimos particularmente a que la Subsecretaría de Justicia no permitió la compulsa del expediente a los postulantes que deseaban tener conocimiento de los detalles de la evaluación y que no se respetó el plazo de impugnación previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, remitiéndose al Senado el pliego de la persona propuesta tan sólo dos días hábiles posteriores a la conformación de la terna.

Entendemos que resulta fundamental que se tomen medidas para garantizar la transparencia que requiere todo concurso público y que al momento de seleccionar al nuevo Procurador de Personas Privadas de Libertad, se tengan en cuenta la independencia e imparcialidad como condiciones excluyentes para ocupar dicha función.

¿Qué es la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura?

En Mendoza se creó, mediante la Ley Provincial 8.284 sancionada en el año 2011, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (CPPT). Esta normativa prevé que la misma sea presidida por un/una Procurador/a de las Personas Privadas de Libertad.

La CPPT tiene como función principal la defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona que se encuentre o pueda encontrarse privada de su libertad de cualquier modo, en cualquier tipo de establecimiento bajo jurisdicción y control del Estado Provincial.

Su labor de prevención se lleva a cabo a través de inspecciones periódicas y sin previo aviso a establecimientos de detención; el control permanente del trato que reciben las personas privadas de su libertad; la realización de entrevistas confidenciales; la elaboración de informes y recomendaciones a las autoridades competentes respecto a las situaciones verificadas; entre otras.

Hay que destacar que nuestra provincia fue una de las primeras en implementar un mecanismo local de prevención de la tortura, en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Esto ocurrió en gran medida por las graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en nuestra provincia y a la intervención del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, una de las razones de la existencia de nuestra asociación, Xumek.

Fotografía: complejo penitenciario Boulogne Sur Mer, página del Gobierno de Mendoza.

#Xumek2019

COMUNICADO | 19 de abril: Día del Indio Americano. Reflexiones y realidades.

19 de abril de 2019

Esta fecha representa un importante momento de la historia para la construcción y reconocimiento identitario de nuestra América Indígena, pero la misma sigue siendo poco reconocida e incluso si quiera considerada.

Empezamos este comunicado con la frase de un gran maestro, Eduardo Galeano: “El miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas de las que se valen los poderosos, la otra es la ignorancia”. Tristemente la fecha en cuestión poco es reconocida y mucho menos es conocido su origen y finalidad, punto crítico y preocupante para quienes sostenemos la reivindicación de nuestra Abya Yala.

La realidad de los pueblos indígenas dista de haber mejorado. El acceso y reconocimiento efectivo de sus legítimos derechos sigue siendo una batalla constante para nuestros hermanos y hermanas indígenas, el avasallamiento a sus derechos ya no sólo es a los que les son reconocidos por los marcos normativos específicos, sino que el atropello es a derechos fundamentales y necesarios para cualquier persona, tales como el acceso al agua, la vivienda, el derecho a la salud, educación, trabajo, justicia.

La labor del aparato judicial sigue siendo un punto crítico, ya no sólo por sus sentencias, sino por su proceder desde los primeros pasos procesales. En nuestro informe anual 2018, tuvimos la posibilidad de entrevistar a dos referentes de las comunidades mapuches de la provincia, Gabriel Jofré werken de las comunidades y María Garay, delegada y representante de las comunidades mapuches de la provincia en el Consejo de Participación Indígena (CPI); entre sus diferentes relatos -uno más alarmante que otro-, nos comentaban sobre sus problemas en las instancias judiciales y la falta de respeto hacia cada uno/una de los/las integrantes de las comunidades indígenas: “cuando uno se pone en el planteo que va a defender la tierra ya te acusan o de usurpador o de que sos delincuente. Pero presentando pruebas y todo, la justicia no ve eso, las pruebas nuestras siempre se van al cajón, las del otro son las primeras que llegan. Nosotros hacemos el caminito de la hormiga: vamos a la policía, denunciamos, sacamos fotos, informamos, y el otro llega a la fiscalía y ya tiene las puertas abiertas y sentencian a la gente de las comunidades”, palabras de María, también relató “es frecuente que vos tengas que poner denuncias, llegás a las 5 de la mañana por una denuncia urgente y te atienden a las 11. Si te quieren tomar la denuncia, te dicen ‘¿a quién vienen a denunciar?’ ‘Venimos a denunciar porque nos usurparon el campo, mire, éstas son las pruebas: acá tenemos las fotos, queremos que las adjunten a la denuncia’ ‘¿Y quién denuncia?’ ‘Nilda Verón, werken de la comunidad’ ‘No, yo le voy a poner Nilda Verón, ése es el nombre tuyo’ ‘No, yo soy werken’, o sea, mi cargo también vale, porque denuncio como comunidad, no denuncio como yo sola”.

Asimismo, Gabriel nos decía respecto a la justicia: “uno cree en el poder judicial, por decirlo de alguna manera, porque es una garantía del debido proceso y del acceso a la justicia, pero después pasan todas estas cosas. Ahora, ¿todo esto qué es lo que nos provoca? Un montón de daños morales, éticos, de vida comunitaria, tener que estar en una situación de tensión, la presión sobre los demás vecinos, porque esto es una acción para presionar al resto de los ocupantes y miembros de las comunidades que empiezan a verse presionados a decir: ‘¿qué hacemos ahora? ¿cómo hacemos con esto?’. Cuando vos tenés un derecho pero la justicia está haciendo este abuso, lo primero que tiende la gente a decir es ‘me voy de acá, porque sé que por más que reclame mi derecho, hay un abuso ¿cuándo lo voy a lograr?’”

Este año compartiremos las palabras vertidas por Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay, responsable del Área Pueblos Indígenas, en nuestra columna radial “Hablando de DDHH”. En la misma desarrolló un breve relato inicial sobre la historia del 19 de abril Día del Indio Americano, por qué se instituye este día y qué implicancias tiene esta fecha en Argentina y por consiguiente, en Mendoza. Para finalizar con un planteo de diferentes situaciones que están viviendo hoy en día los pueblos indígenas, tanto en nuestro país como en la región y como hoy se está regresando a una vieja práctica de invisibilización y despojo cultural.

Columna radial: http://lamosquitera.org/columna-xumek-19042019-19-de-abril-dia-del-indio-americano/

Por: Área Pueblos Indígenas

#DíaDelIndioAmericano #PueblosIndígenas #Xumek2019

COMUNICADO | Área de Movilidad Humana

15 de abril, 2019.

Xumek expresa la preocupación y el rechazo a aquellas situaciones de persecución y discriminación en las cuáles las y los migrantes han sido blanco últimamente, producto de los lineamientos que traza el gobierno en materia migratoria.

Aunque el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 ha sido declarado inconstitucional en segunda instancia, y se debate el mismo en la Corte Suprema de Justicia, aun así el gobierno parece desconocer la ilegitimidad de sus actos. Éste introduce impedimentos tanto para el ingreso como la permanencia de las personas migrantes e incorpora el procedimiento especial que permite tramitar la expulsión de una persona extranjera en conflicto con la ley penal en corto plazo.

Tres situaciones diferentes en contextos diversos en las últimas semanas son un claro ejemplo de ello: artistas chilenos fueron detenidos por 72 horas acusados de tenencia de explosivo; al equipo de fútsal de Pakistán se le negó la entrada al país por motivos de seguridad nacional; y por último, el seleccionado de BMX de Colombia fue demorado varias horas en el aeropuerto de Mendoza por averiguación de “antecedentes judiciales”.

Las consecuencias que esto genera en la práctica diaria son preocupantes, a pesar de contar con la Ley Nacional de Migraciones nº 25.871. Esta Ley concibe a la migración como un Derecho Humano inalienable y se compromete a velar por los derechos sociales, económicos y culturales de las personas migrantes y entender a las migraciones en el marco del pluralismo cultural.

Actualmente, rige un contexto de tensiones donde el gobierno basa su accionar en lineamientos de lógicas neoliberales, racistas y xenófobas hacia las poblaciones migrantes. Esto se diversifica y reproduce en las instituciones gubernamentales.

Se está frente a un escenario político, social y económico que restringe el acceso pleno a los derechos sociales ya ganados, donde su accionar está obstinado en disminuir la inseguridad a través del endurecimiento de las condiciones migratorias. Se tiende a ampliar el discurso que promociona la idea de que el delito viene de afuera, desconociendo que, del total de la población penitenciaria, el 94 % no son migrantes, asociando así migración al delito y la inseguridad ciudadana.

Todas las personas tienen el mismo derecho a migrar, ya que migrar implica buscar oportunidades para poder desarrollar proyectos de vida, ampliar la autonomía y la independencia, buscar el sustento de las familias, enamorarse y crear a crear lazos sin importar las fronteras ni las diferencias sociales, querer ejercer el derecho al trabajo digno.

Así porque se atreven a soñar y deciden dónde vivir, migar es un derecho.

 
Por: Área de Movilidad Humana, Xumek.

Litigantes de América Latina en lucha contra la tortura

15 de abril, 2019.

Frente al reto que implica el combate a la práctica sistemática de la tortura en la región, abogados que colaboran con organizaciones civiles conformaron el Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina. Su intención no sólo será acompañar los casos de este delito ante tribunales nacionales e internacionales, sino también impulsar la visibilización de esta práctica violatoria de los derechos humanos.

Tras un encuentro de cuatro días en San Cristóbal de las Casas, Chiapas-México, se concretó el miércoles pasado un grupo de 16 abogados de diez países de América que conformaron el Grupo de Litigantes Contra la Tortura en América Latina en un esfuerzo que califican de inédito en el combate contra esta práctica.

De Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Chile, Argentina y México, los abogados integrantes de diferentes organismos sociales buscarán tener incidencia en la implementación de políticas públicas de cada país para luchar contra esta problemática. Desde Argentina las organizaciones parte son el CELS (representado por Mariano Lanziano) y Xumek (por Lucas Lecour).

“La tortura es un mecanismo, un sistema, que sigue salando la dignidad humana no solo en lo individual, sino en lo colectivo también”, indicó Esteban Celada, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, de Guatemala. “Lo más grave es que pareciera que la respuesta regional de los países que estamos aquí representados es la misma: impunidad”.

En México, la organización que participa en este grupo de litigantes es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de Chiapas, cuyo integrante Jorge Hernández explicó que buscarán representar casos de manera conjunta. “Poder compartir las estrategias legales y también las políticas para combatir la impunidad y también poder llevar estos casos al Comité contra la Tortura en la ONU”, dijo.

El 10 de abril se formalizó la creación de dicho grupo, tras un seminario en Chiapas. El grupo de litigantes cuenta con la asesoría de la Organización Mundial Contra la Tortura, cuya coordinadora del Programa para América Latina, Helena Solá. Ella mencionó que el Grupo de Litigantes Contra la Tortura se conformó tras analizar que hay patrones de tortura que se replican en diversas regiones.

“Este grupo de litigantes surge de una reflexión y de un momento concreto, tenemos muchas personas que se han capacitado por años en la investigación de la tortura porque sigue pasando, mientras que tenemos una realidad incontrolable en donde la tortura es un patrón de opresión a la gente más vulnerable”, reflexionó.

La coordinadora Solá concluyó: “En la región vemos muchos casos en los que se cometen tortura, pero los jueces, los fiscales, y todo mundo, sistemáticamente se niega calificar como tortura; vemos que la tortura es un tabú que no existe para los Estados, pero está más presente que nunca”.

Organizaciones integrantes del Grupo de Litigantes Contra la Tortura de América Latina (GL):

–        Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC – México

–        Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) – México

–        Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, AC – México

–        Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) – Argentina

–        Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) – Honduras

–        Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) – Guatemala

–        Mujeres Transformando el Mundo (MTM) – Guatemala

–            Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) – Colombia

–        Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) – Perú

–        Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) – México

–        Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Honduras

–        Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela

– Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) – Paraguay

– Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C. (Documenta) – México

– Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP) – Colombia

– Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) – El Salvador

– Observatorio Ciudadano – Chile

– “ Xumek” Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos – Argentina

– Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) – Suiza

Fuente: Agencia/Reforma, Cd. de México (10 abril 2019). Y diario La Prensa.

Foto: Lucas Lecour

#Xumek2019

Xumek participa de las XVIII Jornadas de la residencia interdisciplinaria de salud mental

11 de abril, 2019.

Desde el 11 al 13 de abril se realizarán jornadas sobre “Desafíos actuales de la salud mental”. Las actividades serán en la Nave Cultural, Av. España y J. A. Maza  de Ciudad de Mendoza.

Los ejes de estas XVIII Jornadas de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental versarán sobre: Derechos Humanos y políticas públicas; dispositivos de abordaje; clínica diagnóstico y estrategias de intervención; y problemáticas relevantes.

Las jornadas son los días jueves 11 de 8.30 a 18, viernes 12 de 8.30 a 16 y sábado 13 de 9 a 14 del mes de abril de 2019. El costo para el público general es de $500 y para estudiantes $350 (llevando constancia de alumno regular de la universidad).

Xumek participa este jueves con una exposición sobre el “Abordaje de la salud mental desde una perspectiva de los derechos humanos. Sistema actual y deudas pendientes del Estado argentino”. Será a las 9.30 y estará a cargo de Azul Kemelmajer y Andrés Leyes, quienes representaron a la sociedad civil en las pasadas audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desarrolladas en Bolivia, sobre la situación actual de los hospitales psiquiátricos del país.

A continuación ofrecemos el cronograma:

#SaludMental #SecretaríaDeLitigio #Xumek2019

¡BIENVENIDA NIETA 129!

En el día de ayer, 9 de abril, Abuelas de Plaza de Mayo confirmó la aparición de la nieta 129, hija de Norma Sintora (embarazada de 8 meses al momento de su desaparición durante la última dictadura cívico-militar) y de Carlos Alberto Solsona, con quien pudo reencontrarse luego de 42 años.

“Es algo que se merece mucha más gente que sigue esperando y que nosotros tuvimos la suerte de conseguir. A todos los que tengan alguna duda o sientan que hay algo en su identidad que no cuadra bien, (les digo) que se animen por el bien de ellos, de sus familiares y de toda la sociedad” dijo Solsona, contando que jamás pensó que este momento llegaría.

Desde Xumek recibimos con alegría esta noticia, ratificando nuestro apoyo incondicional a la lucha que lleva adelante Abuelas.

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