Caso Próvolo: Organizaciones Internacionales se unieron contra el abuso del clero

Entre el 2 y el 6 de mayo se realizaron actividades en Mendoza y Buenos Aires en conjunto con Ending Clergy Abuse (ECA, Fin al Abuso del Clero) y BishopAccountability.org (Rendición de Cuentas para los Obispos). La presencia y el acompañamiento a las víctimas del Próvolo vino a “hacer eco de sus gritos de justicia”, como expresó la coordinadora de una de estas organizaciones.

Luego de conferencias, vigilia y un foro realizado en Buenos Aires, miembros de las organizaciones de Estados Unidos junto a Fran Carrasco, víctima e integrante de la Red de Abuso Eclesiástico de Chile, llegaron a Mendoza el lunes 6 de mayo. Las actividades comenzaron a las 10 de la mañana con una reunión interna en la sede de Xumek entre las organizaciones y víctimas y familiares del Próvolo. La conversación con fuerte carga emotiva permitió compartir experiencias de sobrevivientes de los abusos del clero en diferentes países y sus luchas correspondientes.

A las 12 del mediodía se realizó la conferencia de prensa en la puerta del Arzobispado de Mendoza. La recibida fue con fuerzas policiales ubicadas cada cinco metros en esa esquina de la calle Catamarca 98 de Ciudad, donde se encuentra la sede eclesiástica. Concurrieron cerca de diez medios de comunicación y ciudadanos en apoyo a las víctimas.

E.C.A. (por sus siglas en inglés, Ending Clergy Abuse) es una red internacional de destacados sobrevivientes y activistas de los cinco continentes y 29 países. La E.C.A. lideró las protestas de sobrevivientes globales en Roma durante la cumbre de febrero sobre abusos sexuales del clero convocada por el Papa y se reunió con altos funcionarios del Vaticano.

Bishop-Accountability.org (“Rendición de Cuentas para los Obispos”) es la organización global líder sobre rastreo y contabilización de casos de abuso, incluyendo Argentina, y está basada en Estados Unidos.

Según informaron las organizaciones visitantes, la convocatoria llegó cuando el cardenal Mario Poli, el obispo Óscar Ojea y los otros obispos argentinos se juntaron en Roma para reunirse con el Papa Francisco. E.C.A y Bishop-Accountability.org, coinciden en la importancia de que el Papa  regrese a Argentina, donde se desempeñó como Arzobispo, Provincial de los Jesuitas y líder de la Conferencia Episcopal, considerando los casos de abusos en los que se ve implicada la Iglesia Católica. Tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI visitaron sus países de origen temprano y con frecuencia en sus pontificados, a diferencia del actual pontífice. Ningún papa ha visitado Argentina desde 1987.

Anne Barrett Doyle, codirectora de Bishop-Accountability.org, expresó que su estadía en Mendoza se debe a la solidaridad con los sobrevivientes de “la casa de los horrores”, como nombró al Instituto Próvolo. “Su valentía me inspirará por el resto de mi vida”, comentó Anne.

Al respecto de la situación en esta provincia, Barrett Doyle, expresa: “El Papa Francisco dice que está librando una ‘batalla total’ para poner fin al flagelo de los abusos en la iglesia. Exigimos que el Estado deje de permitir que el arzobispo de Mendoza, Daniel Colombo, oculte información sobre los crímenes que ocurrieron en Próvolo”.

Colombo se reunirá con el Papa Francisco pronto en Roma. “El arzobispo dice que le dará al Papa un documento sobre lo que sucedió en Mendoza bajo su episcopado y los de sus dos predecesores: los arzobispos Arancibia y Franzini”, aclara la codirectora de Bishop-Accountability.org.

Además agrega: “sabemos el tipo de documento del que habla el arzobispo Colombo, se llama ‘informe quinquenal’. Y sabemos que, según la ley canónica, incluirá información sobre todos los sacerdotes de esta arquidiócesis que han sido acusados ​​de abuso sexual infantil”. Barrett Doyle considera que el arzobispo debe hacer público este documento, “Colombo cree que el concordato lo pone por encima de la ley argentina, como si le permitiera encubrir información que avergüenza a la iglesia”.

Según explicó el abogado miembro de Xumek, Juan Manuel Lavado, a Clarín “durante la dictadura de Onganía, en 1966, Argentina suscribió a un Concordato con la Santa Sede, que se encuentra receptado en la ley nacional 17.032. Ahí se le otorga a la Iglesia católica jurisdicción propia, es decir que pueden juzgarse e investigarse a sí mismos”.

La Iglesia históricamente se ha amparado en el Concordato para no brindar información. Ahora bien, el Concordato, concretamente, no dice nada sobre no dar información; es una interpretación que hace la Iglesia. Lo cierto es que se amparan en que es un tratado internacional, por lo que tiene una jerarquía superior a las leyes, y así no brindan información”, expresó Lavado a Clarín.

Y concluyó: “argumentan que la Iglesia es una persona pública, pero no estatal, y que por lo tanto no tiene el deber de informar, como sí lo tendría el Estado. Todo ello desconociendo lo normado por los tratados de Derechos Humanos que también tienen jerarquía constitucional”.

Debe comprenderse que el concordato no dice que los obispos tienen el derecho de ocultar información sobre la violación y el abuso sexual de niños. Estas acciones están aumentando el sufrimiento de las víctimas. Así también está poniendo en riesgo a otros niños y está violando los derechos humanos de estas víctimas. Anne Barrett Doyle expresa como fundamental “que el Papa Francisco reprenda e investigue a este arzobispo. El arzobispo Colombo no está ‘haciendo todo lo posible’ para poner fin al flagelo del abuso”.

#Próvolo #AbusoEclesiástico

Fotos por Nancy Castronovo Bloin

Podés conocer más sobre estas organizaciones en:

https://www.ecaglobal.org/
http://bishopaccountability.org/
https://www.redsobrevivientes.org/

17 de mayo: Día internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual y/o Identidad de Género.

El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud removió de su lista de
enfermedades mentales a la homosexualidad, y la deja de considerar una patología. En casi treinta años, alrededor del mundo, se ha avanzado en algunas conquistas de Derechos Humanos para las personas del colectivo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales). Mandy Gómez, integrante de la Organización Mendoza LGBT, menciona el
acceso a la educación y su correcta finalización, el acompañamiento adecuado en la salud
para las personas Trans, y el acceso al trabajo, sin embargo estos avances ocurren sólo en algunos países de occidente. Es por esto que se trabaja a nivel internacional en la
formulación de tratados y pactos, los cuales cuentan con adaptaciones regionales que
buscan garantizar el bienestar y cumplimiento de los derechos.

Sin embargo, aún son 70 los países que condenan penalmente (desde multas hasta pena
de muerte) a las personas del colectivo LGBT que se visibilizan socialmente. Mandy Gómez afirma que “la mayoría de estos países, como Arabia Saudita, Irán, Irak, y Brunéi
Darussalam, con gobiernos machistas, no han firmado ni parece interesarles, sumarse a las iniciativas de las organizaciones que luchan para evitar la violación de los derechos del colectivo”. A consecuencia de esto, son varias las personas que se ven obligadas a migrar a países donde les brinden refugio, amparadxs en los tratados internacionales de migración por orientación sexual e identidad de género.

En Argentina el escenario es diferente ya que cuenta con políticas de inclusión. En el 2010
con la Ley de matrimonio igualitario (26.618) y la Ley de Identidad de Género (26.743) -que días atrás cumplió siete años- se puso a la vanguardia en conquistas del colectivo LGBT dentro de la región Latinoamericana. Sin embargo, el país cuenta con situaciones diarias de discriminación, que se traducen en ataques violentos, y en amenazas de “corregir” el comportamiento de la persona, y en algunos casos van acompañados de muerte.

Un ejemplo de discriminación es lo que sucedió en Jujuy, en el que un grupo de varones
atacó y violó a un chico Trans. En lo que respecta a las mujeres Trans algunas mueren por VIH, por no llevar el debido tratamiento, y otras son asesinadas por odio. Esta población es la más vulnerada, cuya esperanza de vida ha disminuido de 45 a 35-40 años de edad,
afirmó la integrante de la Organización Mendoza LGBT.

Gómez considera que una de las herramientas para contrarrestar la discriminación y el odio hacia el colectivo LGBT es la correcta efectivización y aplicación de la Ley de ESI (Educación Sexual Integral- 26.150), ley que se sancionó en el año 2006; y el desafío de
poner en práctica el uso del lenguaje inclusivo que ha permitido visibilizar identidades. Por
lo cual, sostiene la integrante de la Organización Mendoza LGBT, es de suma importancia
la implementación y cumplimiento de Políticas Públicas concretas y adecuadas a cada
región e incentivar el trabajo con y desde las organizaciones sociales. Con el objetivo de
aportar al cambio social en pos de garantizar el ejercicio de ser como cada unx es, sin riesgo de arriesgar la integridad personal.

Desde Xumek realizamos trabajos y acompañamiento al colectivo LGBT, para erradicar las acciones discriminatorias que diariamente se perciben en Mendoza. Nos proyectamos hacia una sociedad donde prime el respeto hacia las diversas formas de existir, como también ha desafiarnos a pensar más allá de la visión heteronormativa en la cual se cimentaron nuestras prácticas.

A siete años de la sanción de la Ley de Identidad de Género

9 de mayo, 2019.

Desde el año 2012, en la República Argentina se reconoce legalmente a toda persona el derecho a la identidad y al libre desarrollo conforme a su identidad de género; en particular, el derecho a ser tratada conforme a su identidad de género y a ser identificada en los instrumentos que acreditan la identidad respecto del nombre de pila, imagen y sexo según la propia vivencia de cada persona. Hoy se cumplen siete años de la sanción de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743.

Cuando hablamos de identidad de género nos referimos a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

A partir de la Ley, toda persona puede solicitar el cambio de identidad de género en el Registro del género establecido cuando su nombre, imagen o sexo no coincidan con su identidad de género autopercibida. El único requisito para presentar la solicitud ante el Registro Nacional de las Personas es tener 18 años, sin embargo las personas menores de edad pueden solicitar el cambio a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del/la niña/o o adolescente. Los trámites para la rectificación en el Registro son gratuitos, personales y no es necesaria la intermediación de ningún gestor o abogadx.

Es importante remarcar que por ninguna circunstancia será requisito acreditar: intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Justamente, la Ley Nº 26.743, fue la primera a nivel mundial que no requiere ni diagnósticos médicos o psiquiátricos ni operaciones de cambio de sexo.

A pesar de los derechos obtenidos hace ya siete años, las personas trans (travestis, transexuales y transgéneros) continúan atravesando graves situaciones de discriminación día a día, tales como el abandono de los estudios primarios/secundarios/universitarios a causa de discriminación, la falta de programas específicos para la inclusión laboral, el acceso a programas de salud pública que contemplen atención médica gratuita para las personas trans, entre otros.

Desde Xumek, ratificamos nuestro compromiso por visibilizar y problematizar esta situación para que se reconozcan y se implementen en forma real los derechos de la población trans, para construir una sociedad más igualitaria, justa y equitativa.

Por Área de Género y Diversidad Sexual.
Fotografía: Nancy Castronovo Bloin.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL | Que los crímenes por gatillo fácil no queden silenciados

8 de mayo, 2019.

El asesinato de Lucas Carrazco en manos de un efectivo de infantería es un caso que ya cumplió cinco años y transitó un camino amargo. Ahora se encuentra en su fase final. El policía acusado puede ser condenado por homicidio simple con dolo eventual, agravado por el uso de arma de fuego y por ocurrir en un evento deportivo. Este delito tiene penas de 13 a 42 años.

El padre de Lucas, Daniel Carrazco, es querellante de la causa desde el 2017. Un hombre tranquilo que no se puede dejar vencer. Aunque tenga que hacer el camino de hormiga va a estar presente, con cara de piedra. No va a parar hasta que se haga justicia. En el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional compartimos su testimonio para mantener viva la memoria, para activarnos como sujetos sociales y pedir que las autoridades no se desentiendan.

Una  crónica

El 14 de marzo de 2014 estaba previsto que “la Lepra”, equipo histórico de fútbol mendocino ubicado en el parque General San Martín, disputara un partido con Instituto de Córdoba. Pero el encuentro se suspendió por un corte de energía eléctrica. A raíz de la suspensión se produjeron incidentes entre simpatizantes y policías que motivaron al efectivo Guzmán Zalazar a lanzar granadas de gas lacrimógeno hacia los hinchas.

Lucas Carrazco era parte de la banda de música de la hinchada de la Lepra. No era barrabrava, era un simpatizante. Llevaba su equipo en sus brazos, y te digo en sus brazos porque se había tatuado. Para todos era el Luquitas.

Se cortó la luz, mi hijo estaba en la calle Boulogne Sur Mer y Clark, estaban esperando que confirmaran si se iba a jugar o no. Largan la luz y mi hijo con su grupo empieza a caminar acercándose al ingreso, ahí ya había empezado todo. Todos corrían. Ellos se escondieron detrás de una planta. Tiraban tiros. Hasta que el asesino de mi hijo tiró un gas lacrimógeno al montón de gente, cosa que no puede hacer: tirar en forma recta, es un arma muy poderosa. Eso se puede tirar para arriba nomás.

Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que se encontraba a pocos metros, de espalda al funcionario y retirándose del estadio junto a su hermano más chico, de 13 años en ese momento.

Ellos dicen que tiraron a 45 grados. Nosotros fuimos a la prueba de tiro. Un tiro a 45 grado llega como a 300 metros. Si hubiera sido así hubiera dado a los edificios. Ellos se lo tiraron a toda la gente. Además declararon un montón de chicos que estuvieron ahí.

A Lucas lo trasladaron a la guardia del Hospital Lagomaggiore, lo acompañaba su hermano. Dos días después, falleció como consecuencia de aquel disparo. Lo que yo veo mal es que cualquiera dice cualquier cosa. Pero le creen a la policía. Mi hijo no entró con un cortesito a la guardia. Él tenía un impacto de bala. El jefe del pelotón de Guzmán dijo en un momento que se habían quedado sin municiones cuando estaban en el callejón que rodea el club. Eso es mentira.

Yo creo que la policía se ha tomado los atributos que tenían los militares. Nunca tuvimos problemas con la policía, ahora sí. En ese entonces al efectivo Guzmán Zalazar lo acusó el fiscal de instrucción Daniel Carniello de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Al Lucas todos lo conocían porque era muy bueno. No discriminaba sus amistades, tenía amigos de la villa y amigos del Dalvian. Si tenía cien pesos y pasaba por la calle donde alguien pedía plata, él se los daba. La plata no le interesaba. Desde los 14 años iba a la cancha. Pero así como era de la Lepra, tenía amigos de Huracán Las Heras y por todos lados. También era muy amigo de mi esposa, ésa era una relación profundamente cercana.

Fueron más de dos años amargos, tres operaciones y 30 kilos menos en el cuerpo abatido de Daniel Carrazco cuando recién el 28 de julio de 2016 se inició el primer debate oral y público en la Segunda Cámara del Crimen con los jueces José Valerio, Arlinton Uliarte y Ramón Ariel Spektor.

Siempre decimos que eso no fue un juicio, fue una tomada de pelo. El 20 de septiembre de ese mismo año, los integrantes del tribunal se inhibieron de seguir entendiendo en el juicio. Esto debido a que las audiencias se suspendieron por más de 15 días hábiles por un supuesto delicado estado de salud del Juez Valerio que, según el certificado médico por él agregado al expediente, le impedía levantarse de su cama. Sin embargo, ese mismo día, en horarios de la tarde, Valerio se presentó a dar clases de consulta en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.

Esto provocó que el juicio, que estaba en su etapa final, quedara sin efecto y la familia Carrazco-Espina, sin respuesta judicial por la muerte de su hijo.

Luego de que se notificara la nueva constitución del tribunal que llevaría adelante el segundo juicio oral y público, cansada de los abusos del Estado, el 15 de julio del 2017 fue hallada sin vida Viviana Espina, madre de Lucas y referente de la lucha contra el gatillo fácil en la provincia.

Junto a ella encontraron una carta en la que explicaba la razón por la que se quitó la vida. Ella decía que ya no lo venía soportando. Mi esposa dejó la vida por esto y la dejaron sola. El Estado es responsable de todo.

Tras esta terrible pérdida parecía que el resto de la familia iba a quedar sin poder participar activamente en el juicio oral y público, ya que la única querellante particular era Viviana Espina. Ante esto, representado por los abogados de Xumek, Daniel Carrazco, solicitó continuar con la querella iniciada por su esposa.

La resolución reconocía la activa participación de la familia durante todo el proceso, la imprevisibilidad del fallecimiento de Viviana Espina y la necesidad de garantizar a las víctimas y a sus familiares directo el acceso a la justicia y la posibilidad de participar en los procesos penales en la búsqueda de una condena a los responsables.

La causa estuvo mucho tiempo en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza. Esto se debía a un recurso de casación que presentó la defensa de Guzmán Zalazar contra aquella resolución que autorizaba al padre de Lucas a continuar con la querella que había iniciado su madre.

El que haya pasado por esto me puede entender. Tenés que poner cara de hierro. Algunos del CELPI (Colectivo En Lucha por lxs Pibxs) y de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) no tienen porqué pero siempre están ahí acompañando.

La causa siempre estuvo calificada como homicidio culposo y así se realizó en el juicio escandaloso del 2017 que terminó anulado. Al abandonarse la causa, se le pasó todo el expediente a la tercera cámara que constituyó el nuevo tribunal para llevar adelante el segundo juicio. El fiscal entendió que había errores y el caso pasó a ser calificado por homicidio simple con dolo eventual agravado por el uso de arma de fuego y por ocurrir en un evento deportivo. Delito que conlleva de 13 a 42 años de prisión.

El nuevo defensor del policía, ya que el anterior renunció, solicitó presentar nuevas pruebas y testimonios a finales de 2018. Es sólo una estrategia de la defensa del Guzmán para seguir demorando la justicia.

Los jueces actuales, de la tercera cámara, son Mauricio Juan, Eduardo Martearena y Laura Guajardo. Para los testigos es muy fácil llegar y decir “yo juro…” pero al final lo que hacen es violar el artículo 275 del Código Penal porque mienten, no dicen la verdad. Espero que los jueces comprendan las mentiras que ha dicho la policía, porque se pisan entre ellos. Sumado a los testimonios de los médicos, si no hay justicia ahora, ya no sé.

La esperanza tiene nombre y apellido, se sienta en una silla y dicta sentencia. Nada más necesario que justicia del lado de familia Carrazco-Espina para compensar el sufrimiento frente a la impunidad policial y la complicidad estatal.

#ViolenciaInstitucional #BastaDeGatilloFacil

#Xumek2019

Abuso eclesiástico: grupos globales unirán fuerzas

Entre el 2 y el 6 de mayo, se llevarán a cabo acciones públicas y protestas en Buenos Aires y Mendoza, en el contexto  de la visita que 106 obispos argentinos están haciendo al Papa Francisco, entre ellos el Cardenal Mario Poli.

El objetivo de las protestas es instar al Papa a visitar la Argentina y promulgar lo que se llama “verdadera tolerancia cero”.

Los dos grupos globales que llevan a cabo la iniciativa son ECA (Ending Clergy Abuse, “Fin del Abuso al Clero”) y BishopAccountability.org (“Rendición de cuentas para los obispos”).

E.C.A es una red internacional de destacados sobrevivientes y activistas de los 5 continentes y 29 países. La E.C.A lideró las protestas de sobrevivientes globales en Roma durante la cumbre de febrero sobre abusos sexuales del clero convocada por el Papa, y se reunió con altos funcionarios del Vaticano. Por su lado, Bishop-Accountability.org es la organización global líder sobre rastreo y contabilización de casos de abuso, incluyendo Argentina, y está basada en los EE.UU.

ACTIVIDADES

Lunes, 6/05 12:00 pm: Manifestación y marcha en Mendoza con sobrevivientes del Próvolo

Se manifestarán Líderes de BishopAccountability.org y Ending Clergy Abuse (E.C.A.), acompañados por víctimas que sufrieron abusos en el Instituto Próvolo para niños Sordos de Luján de Cuyo

Comienza en la sede del Arzobispado de Mendoza, calle Catamarca 98, Mendoza.

A las 12 hs tendrá lugar una Conferencia de Prensa  que contará con la participación de sobrevivientes, activistas y abogados defensores. A continuación, los grupos marcharán al Poder Judicial de Mendoza, Patricias Mendocinas 441, Mendoza.

Instamos a la comunidad a participar y apoyar el reclamo por justicia y restauración de derechos a víctimas de abuso eclesiástico, con especial énfasis en los y las sobrevivientes del Instituto Antonio Próvolo.

#Xumek2019

Imagen: Reuters

Reclamo al gobierno argentino por su posición sobre el sistema interamericano

3 de mayo, 2019.

Más de cien organizaciones y referentes argentinos reclamaron al gobierno nacional que revierta su posicionamiento frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El gobierno argentino suscribió una declaración junto a Chile, Paraguay, Colombia y Brasil que busca socavar la autonomía y la independencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la Corte y la Comisión. En respuesta, más de cien organizaciones de derechos humanos, civiles, feministas, de migrantes, campesinas, sindicales, y referentes de un amplio espectro político y social enviaron una carta al Poder Ejecutivo Nacional para que revierta ese camino.

El esfuerzo para limitar el alcance que tienen las decisiones de la Corte o la Comisión en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos que no han recibido respuesta en sus países, y para que los estados tomen medidas de no repetición, coincide con el 40 aniversario de la visita de la Comisión a nuestro país en plena dictadura cívico-militar. Su presencia fue un punto de quiebre para visibilizar fuera del país los crímenes de lesa humanidad que marcaron nuestra historia reciente. Del mismo modo, ya en democracia, el SIDH hizo aportes esenciales para la vigencia de derechos.

En este escenario reclamamos que las autoridades argentinas se comprometan a resguardar los órganos del Sistema frente a cualquier amenaza a su efectividad como mecanismo de protección de los derechos humanos.

Puede acceder a la carta aquí.

Fuente y crédito fotografía: CELS.