COMUNICADO: EN DEFENSA DE LA 7722

La defensa de los derechos humanos es el eje esencial de nuestra actuación y la garantía a un ambiente sano y equilibrado para nosotros y las futuras generaciones es una parte crucial de nuestro accionar. Muchas voces se alzan hoy para superar la sordera oficial que pretende derribar la ley 7722 que constituyó un hito de la defensa del agua como el bien más preciado de los mendocinos. Por eso llamamos la atención sobre los siguientes puntos

1. La ley 7722 ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en plenario suscripto por todos los jueces.  Su compromiso fue contundente:

“Alcanzar y mantener la calidad de vida humana es el objetivo fundamental de la normativa ambiental” (Flah, L.R, y Samyevsky, M., La regulación procesal en el derecho ambiental americano, La Ley 1993-E, 935). Por ello, mi función no me permite tener un rol pasivo respecto a la misma, sino una actuación firme y efectiva a fin de garantizar la tutela preventiva, precoz, temprana, dinámica del derecho involucrado…” Voto del Dr. Mario Adaro

http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=4519771086

Una vez más se nos trata de confundir con “la lluvia de Inversiones” o “las Joyas de la abuela” para hacernos creer que la minería metalífera a gran escala será la que nos salve de la pobreza. Y una vez más es falso, porque las exenciones impositivas concedidas por ley a las empresas extractivas hacen que las Provincias obtengan pobres beneficios a costa de una gran pérdida de capital natural, que en el caso de Mendoza se traduce en menos agua para todos.

2. Se pretende engañarnos con la falacia de que la minería consume diez veces menos agua que la agricultura. Los cultivos toman el agua que necesitan y la devuelven al ciclo natural; la minería metalífera destruye definitivamente el agua que utiliza. Ningún cultivo deja como herencia gigantescos diques de cola repletos de aguas envenenadas, que son una herencia que arrasa poblaciones. Ninguno de los sucesivos gobiernos de Mendoza ha sido eficaz controlando los pasivos ambientales y en 2019 nos enteramos de una grave contaminación de los acuíferos que ocurrió hace quince años –2004-. Las risas de los responsables se escuchan más fuertes que el clamor de nuestros hijos, que se verán privados de la calidad de esa agua y deteriorada su calidad de vida.

“…Esto tiene su fundamento en el análisis del Diario de Sesiones N°8, Periodo ordinario, de la H. Cámara de Senadores: “ …los miembros del CRICYT expresaron que los órganos de control del Estado no están preparados para controlar la actividad minera; la Sociedad Rural del Valle de Uco expresó que la conclusión de un seminario realizado en el Concejo Deliberante de San Carlos fue de que no hay elementos para ejercer los controles; expresaron los autoconvocados de San Carlos que estaban preocupados por incumplimiento de leyes… y que no confiaban en los controles; habían legisladores hoy presentes que también expresaron la preocupación por el uso de distintas sustancias, que podían comprometer los recursos naturales, específicamente el hídrico, ….no es una cuestión de ahora… en el año 2004 el Concejo Deliberante de San Carlos emitió una ordenanza planteando la preocupación por este tipo de explotación sin control del Estado y sin el cumplimiento de las leyes” …” Voto del Dr. Mario Adaro

3. Se nos señala que surgirán millones de fuentes de trabajo directas o indirectas y como ejemplo reciente se puede oír las quejas de los sindicalistas petroleros mendocinos que indican que no existieron esos nuevos puestos. No se contratan mendocinos y las inversiones fabulosas que se prometen no se derraman en el bolsillo de los mendocinos. La pobreza aumentó a la par del fracking, o más todavía.   

4. Una derogación -o reforma descabellada- reduciendo los marcos de protección ambiental va a generar inseguridad jurídica. Muchas acciones de inconstitucionalidad se iniciarán fundadas en la existencia de un fallo de la Suprema Corte provincial avalando la constitucionalidad de la ley 7722, sostenido por normas de orden público como la Ley General del Ambiente 25675 y la Ley 5961  provincial del Medio Ambiente. Cualquier inversor serio sabrá que su riesgo jurídico será muy alto y solo vendrán aquellos que medran o que ganan más con los tantos juicios que Argentina pierde ante el CIADI por las garantías excesivas que se le conceden a la inversión extranjera y una vez más lo pagará la población.   

5. El tintineo de los treinta denarios de plata puede sentirse en otros bolsillos. No los del pueblo

“…El desarrollo sustentable de un país no debe ser equiparado al progreso económico o al crecimiento sostenido. Una economía puede crecer, pero, si lo hace reproduciendo o aumentando la desigualdad de la población en términos de acceso a los bienes sociales primarios, no puede hablarse de desarrollo…”  ROSATTI, Horacio: «Consecuencias Culturales de la Tutela del Medio Ambiente», Daño Ambiental, Rubinzal-Culzoni 2011, pág. 31.

El desarrollo económico a toda costa, como sea, infringiendo la Constitución, los Tratados de Jerarquía Constitucional, los Tratados Internacionales y las leyes de presupuestos mínimos en forma procaz, no puede ser sino el fin de un estado totalitario. El Estado de Derecho no tolera la burla a la ley; el Estado de Derecho Ambiental se yergue frente a una actividad peligrosa para el ambiente

6. Debe alertarnos que se pretende eliminar la prohibición de uso de otras sustancias tóxicas similares, entendiendo por tales las que son nocivas para la salud y agresivas para el medio ambiente a un nivel tal que supera su resiliencia.

“…Aquí cabe preguntarnos si existe alguna otra actividad semejante a la minera, especialmente la realizada a cielo abierto, que utilice en igual forma las sustancias tóxicas prohibidas por la norma en análisis. La respuesta negativa se impone con tan sólo tomar en cuenta esta información: Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción con cianuro, llevan implícitos altos impactos ambientales, que en muchos casos pueden ser catalogados de desastre ambiental. El considerable, y muchas veces hasta dramático, impacto ambiental y social de este tipo de minería está ampliamente documentado…” Voto del Dr. Julio Gomez

7. Nuestro compromiso con la salud, el ambiente y nuestra responsabilidad con las futuras generaciones nos lleva hoy a alzarnos firme y pacíficamente en defensa de la ley 7722.

Foto: Va Con Firma

REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

Condenamos con firmeza el golpe de estado acontecido en las últimas horas en el Estado Plurinacional de Bolivia y las violaciones a derechos humanos que han tenido lugar durante los últimos días.

Consideramos fundamental respetar y acompañar las soluciones institucionales propuestas por el Gobierno que, en forma pacífica, tenían como objetivo resolver la crisis política.

El quiebre institucional con la participación activa de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas que tuvo como consecuencia la renuncia forzada  de Evo Morales, presidente democráticamente elegido,  genera  profunda preocupación  dadas las  nefastas experiencias dictatoriales en Latinoamérica.

Desde Xumek instamos a los organismos internacionales y a los gobiernos de la región a trabajar en la  defensa del Estado de Derecho y a garantizar procesos democráticos y pacíficos para la resolución conflictos.

Hace 68 años las mujeres votamos por primera vez

Más de tres millones ejercieron su derecho el 11 de noviembre de 1951. Esto fue gracias a la lucha de los movimientos feministas, pero quien pudo introducir el proyecto de ley del sufragio femenino fue Eva Duarte de Perón. Antes, durante y después de que se aprobara la ley, se desplegó una estructura sostenida por mujeres para censar y apadronar de cara al futuro debut eleccionario.

El 11 de noviembre de 1951 más de 3.500.000 mujeres votaron por primera vez en la Argentina, elección que reeligió a Juan Domingo Perón como presidente de la Nación. Fue gracias a la incansable lucha de los movimientos feministas por conseguir el derecho al voto.

En Septiembre de 1947 se aprobó la Ley N°13.010 de sufragio femenino también conocida como Ley Evita. Sin embargo, le antecede a esa fecha el caso de Julieta Lanteri, quien fue una de las precursoras de la lucha por los derechos de las mujeres en el país, nota que podés leer aquí.

No obstante, para que millones de mujeres pudieran votar en la Argentina, tenía que llegar ella, Eva Duarte de Perón, quien desplegó una fuerte campaña por radios y actos públicos, que derivó en la llegada al Congreso del proyecto de ley de sufragio femenino en julio de 1947. En una primer instancia fue votada sin grandes problemas en el Senado, mientras que en Diputados se plantearon debates más extensos e intenciones de modificar el texto. El sector de varones más conservador que se intentaba oponer a la normativa de equiparar derechos políticos entre hombre y mujeres, fue abucheado por la gran cantidad de silbidos y pañuelos blancos de mujeres que llenaron los balcones del recinto de la Cámara baja.

Por lo tanto, el 9 de septiembre de 1947 la Ley 13.010 es votada favorablemente por “unanimidad» por los diputados en una sesión histórica.

Pero las mujeres tuvieron que esperar las elecciones próximas para poder ejercer su voto. En el mientras tanto, según la Secretaría de Cultura de la Nación, antes, durante y después de que se aprobara la ley, se desplegó una estructura sostenida por mujeres que selló una de las formas de hacer política desde las bases del peronismo: los centros cívicos femeninos, coordinadas por delegadas y subdelegadas censistas.

Las mujeres censaron y empadronaron de cara al futuro debut eleccionario, a la vez que se pusieron al hombro la gestión de los centros cívicos, que funcionaban donde encontraban un hueco, en la casa de alguna vecina, en algún galpón sin uso, departamentos, teatro, salón de comité, dependiendo de la región, argumenta la Secretaría de la Cultura de la Nación. Se llevaron a cabo cerca de 4000 centros en el país, eran un espacio donde sólo se podía compartir entre mujeres, ya que los varones tenían el acceso prohibido; allí se desarrollaron actividades culturales, talleres de taquigrafía, dactilografía, inglés, clases de alfabetización, cocina, corte y confección, y talleres de formación política, entre otras tareas. También se encargaban de la atención primaria, si bien no lo eran formalmente, funcionaban como parte de la estructura del Estado.

Así, pasaron cuatro años para que pudieran votar en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 donde lo hicieron más de tres millones de mujeres. De esta manera, también se cumplía un viejo sueño de luchadoras feministas, tales como Alicia Moreau de Justo, Elvira Dellepiane de Rawson, Alfonsina Storni y Silvina Ocampo, quienes desde los inicios del siglo XX lucharon por la sanción de esta normativa.

En la Argentina regía desde 1916 la Ley Sáenz Peña, que propició el sufragio “universal”, obligatorio y secreto, pero era un derecho exclusivo de los varones.

La llegada del peronismo en 1945 y la ola de reivindicaciones sociales que produjo la revolución popular, impulsó la iniciativa que fue tomada como un compromiso de lucha por la propia Evita. Quien posibilitó con su fuerza personal, sumada a las luchas de los movimientos feministas, un logro fundamental para las mujeres argentinas en el siglo XX, pero poco pudo disfrutar este evento histórico. El 11 de noviembre la abanderada de los descamisadxs emitió su primer y último voto, ya que ocho meses después la enfermedad que contrajo le provocaría la muerte.

La fórmula Perón-Quijano salió victoriosa en las elecciones. Las mujeres superaron en cantidad de votos peronistas a los varones en todos los distritos. También ocuparon las bancas 23 diputadas y seis senadoras nacionales. Junto a las legisladoras provinciales, sumaron un total 109 mujeres elegidas. Aunque los varones seguían siendo una mayoría importante, en 1953 una mujer fue nombrada Vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados: Delia Parodi, una de las primeras mujeres en el mundo en ocupar un cargo de tan alto nivel.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual, de Xumek, festejamos esta victoria de nuestras ancestras que permitieron que hoy millones de mujeres tengamos nuestro derecho de al voto. Sin embargo, continuamos por la lucha de los derechos que todavía faltan conquistar por y para las mujeres y el colectivo LGBTTIQ+, donde el Estado es responsable de garantizarlos y promoverlos.

Foto: Diario Jornada

8 de noviembre: Día Nacional de lxs Afroargentinxs

María Remedios del Valle, militar afroargentina, nacida en Buenos Aires, es considerada como la “madre de la patria”, única mujer que el general Manuel Belgrano permitió que permanezca al frente de batalla; así le otorgo el grado de Capitana por su valor en el mismo. Falleció el 8 de noviembre de 1847.

Dado el protagonismo relevante y en memoria de María Remedios, cada 8 de noviembre se conmemora el “Día Nacional de las y los Afroargentinos”. Se estima que en la República Argentina viven alrededor de 2 millones de personas de ese origen, según datos otorgados por la Secretaría de Cultura de la Nación. De esta manera, la historia permite constatar tres momentos claves de la migración africana en nuestro país:

  1. Entre 1777 y 1812 entran al puerto de Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos, con 72 mil esclavizadxs africanxs.
  2. Una segunda migración sucede con la llegada de los europeos, en el siglo XIX, principios del XX y luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. La mayoría son hombres y mujeres provenientes de Cabo Verde, que ingresaron no como esclavizadxs, sino como ciudadanxs libres.
  3. Finalmente en la década del ’90, arriban a la Argentina las llamadas “nuevas migraciones africanas”, en su mayoría varones jóvenes, que vinieron en busca de nuevas oportunidades y mejores condiciones de vida. [1]

Por lo expuesto, no es de extrañarse el contar con una ley que  tenga como objeto contemplar el reconocimiento de la cultura afro y los aportes de la misma. La ley n° 26.582 además busca incorporar contenidos curriculares sobre la cultura afroargentina al sistema educativo en sus distintos niveles y modalidades y así poder lograr visibilizarla a través de políticas públicas.

Desde el área de Movilidad Humana celebramos que exista un día y una ley que reconozca el aporte histórico de lxs afrodescendientes en la Constitución de nuestro país, para así destacar que no solo su único rol se centro en ser personas esclavizadas y soldados , sino también que desde la primera corriente migratoria realizan invaluables aportes a las relaciones sociales, la cultura y diversas costumbres en general.

Tenemos como objeto visibilizar y cuestionarnos sobre como sus raíces nos interpelan y generan impactos positivos, en busca de dar a conocer otras identidades desde el respeto y la inclusión, para poder quebrar con aquellas acciones racistas y xenófobas que en la actualidad consideramos que persisten y se reproducen en instituciones públicas, medios de comunicación, discursos y prácticas sociales.


[1] https://www.cultura.gob.ar/el-origen-africano-de-la-argentina_6165/

A 28 años de la Ley de Cupo Femenino

Se estableció que en laslistas se debían presentar mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir, sin embargo en vez de transformarse en piso, se volvió un techo. Pero dió paso a la Ley de Paridad de Género, que estableció el 50% de mujeres y varones ubicados de manera intercalada.

El 6 de noviembre de 1991 se sanciona en Argentina ley Nº 24.012, sustituyendo al artículo 60 del Decreto Nº 2135/93. Fue el primer país de América Latina en establecer un cupo femenino. La ley sancionó que “las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.

Desde ese año, el Estado debía garantizar que al menos el 30% de las listas de candidatos y candidatas que presentan los partidos en las elecciones, debían ser mujeres. Asimismo, la ley estableció que al menos un 30% del total de candidatxs en la lista del partido con posibilidad de lograr bancas debían ser mujeres. En posteriores decretos reglamentarios se ordenó que en caso de presentarse por primera vez a elecciones o solo renovar una banca, el frente electoral debía colocar en el segundo lugar de la lista a una persona del sexo opuesto a la que ocupa el primer lugar.

El problema es que ese 30%, en vez de transformarse en piso, se volvió un techo. El movimiento feminista exigió, que en vez del 30% la paridad sea total y que el número obligatorio sea del 50%, la mitad de la población, afirmó FiloNews. El 22 de noviembre de 2017 el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nº 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, estableciendo que las listas de candidatxs al Congreso de la Nación (diputadxs y senadores) y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas «ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente«.

Por lo tanto fijó la obligatoriedad de intercalar candidatxs de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales. A su vez, el proyecto incorpora la igualdad de género a nivel partidario, aunque en este caso no es obligatorio intercalar postulantes, sino que las listas deberán completarse con un 50% de representantes de cada sexo, sostiene Telám.

La votación en aquel entonces  del proyecto de Ley de Paridad de Género fue de 165 votos a favor y 4 votos en contra. Quienes votaron en contra, según Telam, fueron: Pablo Sebastián López del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Salta, Héctor Alberto Roquel de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, Pablo Torello de la Unión PRO  de Buenos Aires, y Nicolás María Massot de la Unión PRO de Córdoba.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual consideramos que las leyes de estas características son producto de los movimientos feministas, donde se busca la igualdad real de género. Sin embargo, seguimos luchando por los derechos que todavía faltan conquistar por y para las mujeres y el colectivo LGBTTIQ+. Como lo es el cupo laboral trans, una deuda que todavía le falta saldar a la sociedad, en tanto repudiamos la oposición sistemática y obsoleta que ejercen los grupos conservadores que no tienen fundamento alguno.

Perspectiva de género en la Justicia provincial

XUMEK fue convocado por la Senadora provincial Andrea Blandini para trabajar en un proyecto que incluya la formación en perspectiva de género en el proceso de selección y evaluación de magistrados y magistradas de la justicia de Mendoza.

En línea con la reciente reforma implementada por el Consejo de la Magistratura de la Nación mediante la Resolución 269/2019[1] de fecha 03/10/19, el proyecto presentado el viernes pasado introduce reformas a la ley provincial Nº 6561 -normativa que regula la conformación del Consejo de la Magistratura y los mecanismos de evaluación de postulantes para el ingreso o promoción en la magistratura- a los fines de incorporar la formación en temas de género como requisito para quienes se inscriban en los concursos así como también la evaluación de estos contenidos en los exámenes técnicos. Asimismo, se establece dicha formación como requisito tanto para integrantes del Consejo de la Magistratura como de la Comisiones Asesoras.

La capacitación de funcionarios y funcionarias de los distintos poderes del Estado en estas temáticas es una de las demandas de nuestra sociedad –y particularmente del colectivo de mujeres de nuestro país- en los últimos años. En este marco, recientemente se sancionó la ley 27.499 conocida como “Ley Micaela” que establece la capacitación obligatoria en género para las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Es decir que, de aprobarse esta reforma, deberán tener esta formación no sólo quienes ya ocupan estos cargos sino quienes pretendan ser magistradas o magistrados. 

En Argentina, la Constitución Nacional, los Instrumentos Internacionales de derechos humanos y diversas leyes de carácter nacional reconocen derechos fundamentales a las mujeres. Tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) como las recomendaciones del Comité encargado de velar por su aplicación, señalan la importancia de que funcionarios y funcionarias del Estado cuenten con capacitación en la temática, a los fines de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y a modificar patrones socioculturales discriminatorios. En esta misma línea, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer, conocida como «Convención de Belem do Pará, dispone que los Estados partes deben  adoptar, en forma progresiva, medidas específicas para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia en temáticas de violencia contra la mujer.

Desde XUMEK entendemos que este proyecto de reforma debe ser debatido con la participación de funcionarias especializadas en la temática del Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y comisiones del Colegio de Abogados/as, que puedan traer a discusión todos los elementos que demuestran que es necesario que magistrados y magistradas cuenten con esta formación, ya que la perspectiva de género debe ser transversal en la aplicación e interpretación de las leyes en todos los fueros así como en las prácticas que se ejercen desde el Poder Judicial

Podés acceder al proyecto de ley acá


[1] Consejo de la Magistratura de la Nación, Resolución 269/2019, Publicada en el Boletín Oficial el 03/10/19. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/218486/20191009

Día internacional de la visibilidad intersexual

Cada 26 de octubre se conmemora el Día de la Visibilidad Intersex, se busca visibilizar sus demandas con el fin de terminar con la discriminación. El término se utiliza para describir una amplia gama de variaciones naturales del cuerpo humanx. El término “hermafrodita” deriva de la mitología griega, sin embargo se ha utilizado como expresión para denominar a las personas intersexuales.

El 26 de octubre se conmemora el Día de la Visibilidad Intersex, en el que a través de diferentes acciones las organizaciones sociales buscan visibilizar sus demandas con el fin de terminar con la discriminación contra las personas intersex y asegurar el derecho a la integridad corporal, la autonomía física y la autodeterminación, afirma el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos -CIPDH- de la UNESCO.

Entre un 0,05% y un 1,7% de la población nace con rasgos intersex; el porcentaje que representa el umbral es similar al número de personas pelirrojas, indica un documento de Libres e iguales, una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El término “se utiliza para describir una amplia gama de variaciones naturales del cuerpo. En algunos casos, los rasgos intersex son visibles al nacer, mientras que en otros no se manifiestan hasta la pubertad. Algunas variaciones cromosómicas de las personas intersex pueden no ser físicamente visibles en absoluto. Las personas intersex nacen con caracteres sexuales, como los genitales, las gónadas y los patrones cromosómicos, que no se corresponden con las típicas nociones binarias sobre los cuerpos masculinos o femeninos”.

En el pasado, el término “trastornos del desarrollo sexual” intentó reemplazar el término “intersexualidad”. Sin embargo, la mayoría de los activistas intersexuales, defensores, y educadores, desde mediados de la década de 1990 consideraron importante comenzar a utilizar término “intersexual” y “variaciones corporales naturales” para dejar de medicalizar la manera de referirse a las personas intersexuales, ya que en su gran mayoría no requieren intervención médica alguna.

En el 2016 un grupo de expertxs en derechos humanos de las Naciones Unidas y de comités regionales hicieron un llamado urgente a poner fin a las violaciones de los derechos de niñxs y adultxs intersex. Se instó a los gobiernos a prohibir las prácticas médicas nocivas en los cuerpos intersex, incluyendo cirugías y tratamientos innecesarios sin su consentimiento. En la declaración, denunciaron que “en todo el mundo, bebes, niñxs y adolescentes intersex son sometidos a cirugías, tratamientos hormonales y otros procedimientos médicamente innecesarios en un intento de cambiar forzosamente su apariencia para alinearla con expectativas de la sociedad sobre cuerpos femeninos y masculinos. Cuando, como es frecuentemente el caso, estos procedimientos se llevan a cabo sin el consentimiento pleno, libre e informado de la persona misma, estos son violaciones de derechos humanos fundamentales”.

El término “hermafrodita” deriva de la mitología griega, sin embargo se ha utilizado como expresión para denominar a las personas intersexuales. Sin embargo, no tienen el mismo significado, el término hermafrodita es un término de la biología y zoología, en donde este es capaz de producir gametos masculinos y femeninos. En cambio, en los casos de las personas que tienen genitales intersexuales, nacen con una anatomía reproductiva o sexual diferente a las más típicas, es decir, no nacen con genitales masculinos o femeninos exactamente. No pueden producir gametos masculinos y femeninos a la vez, sino solo de un tipo. Por tanto, un hermafroditismo auténtico es inviable en la especie humana.

Sin embargo cuando lxs bebés nacen en el registro civil se lxs anota como varón o mujer, no hay hasta ahora en el contexto argentino una ley que modifique este binarismo. Lo que sí hay en Argentina es la Ley de Identidad de Género  que establece el derecho a la identidad de género, es decir, “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual abogamos por políticas públicas en donde se expanda la forma de nombrar en los registros formales para que no queden personas excluidas por no formar parte del binarismo impuesto. Asimismo, nos oponemos a todo tipo de discriminación hacia las personas intersex ya que consideramos que hablar de intersexualidad implica reconocer la diversidad, el respeto de los derechos humanos, y la no discriminación.

Foto: Nancy Castronovo

COMUNICADO SOBRE LA REPRESIÓN EN PLAZA CHILE

Desde XUMEK repudiamos con vehemencia la represión policial de la manifestación realizada en referencia a los hechos ocurridos en la República de Chile, y la respuesta de las autoridades provinciales a los hechos ocurridos con posterioridad.

El uso excesivo de la fuerza encontró aval político y de la justicia provincial, que optó por la impunidad de la violencia policial persiguiendo penalmente a las personas detenidas por el delito de intimidación o fuerza contra un funcionario público para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones (art. 237 del Código Penal).

Consideramos el derecho a protesta fundamental en las sociedades democráticas, donde el abuso de poder por parte de las Fuerzas de Seguridad es inadmisible.

Desde Xumek promovemos y defendemos el derecho a la libertad de expresión, de manera plural y democrática, considerando que el mismo es esencial para lograr una sociedad donde los derechos humanos de la ciudadanía no sean violentados.

COMUNICADO COMPLETO: http://bit.ly/2Nh6dqb

Foto: Bien Cuyano