COMUNICADO: EN DEFENSA DE LA 7722

La defensa de los derechos humanos es el eje esencial de nuestra actuación y la garantía a un ambiente sano y equilibrado para nosotros y las futuras generaciones es una parte crucial de nuestro accionar. Muchas voces se alzan hoy para superar la sordera oficial que pretende derribar la ley 7722 que constituyó un hito de la defensa del agua como el bien más preciado de los mendocinos. Por eso llamamos la atención sobre los siguientes puntos

1. La ley 7722 ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en plenario suscripto por todos los jueces.  Su compromiso fue contundente:

“Alcanzar y mantener la calidad de vida humana es el objetivo fundamental de la normativa ambiental” (Flah, L.R, y Samyevsky, M., La regulación procesal en el derecho ambiental americano, La Ley 1993-E, 935). Por ello, mi función no me permite tener un rol pasivo respecto a la misma, sino una actuación firme y efectiva a fin de garantizar la tutela preventiva, precoz, temprana, dinámica del derecho involucrado…” Voto del Dr. Mario Adaro

http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=4519771086

Una vez más se nos trata de confundir con “la lluvia de Inversiones” o “las Joyas de la abuela” para hacernos creer que la minería metalífera a gran escala será la que nos salve de la pobreza. Y una vez más es falso, porque las exenciones impositivas concedidas por ley a las empresas extractivas hacen que las Provincias obtengan pobres beneficios a costa de una gran pérdida de capital natural, que en el caso de Mendoza se traduce en menos agua para todos.

2. Se pretende engañarnos con la falacia de que la minería consume diez veces menos agua que la agricultura. Los cultivos toman el agua que necesitan y la devuelven al ciclo natural; la minería metalífera destruye definitivamente el agua que utiliza. Ningún cultivo deja como herencia gigantescos diques de cola repletos de aguas envenenadas, que son una herencia que arrasa poblaciones. Ninguno de los sucesivos gobiernos de Mendoza ha sido eficaz controlando los pasivos ambientales y en 2019 nos enteramos de una grave contaminación de los acuíferos que ocurrió hace quince años –2004-. Las risas de los responsables se escuchan más fuertes que el clamor de nuestros hijos, que se verán privados de la calidad de esa agua y deteriorada su calidad de vida.

“…Esto tiene su fundamento en el análisis del Diario de Sesiones N°8, Periodo ordinario, de la H. Cámara de Senadores: “ …los miembros del CRICYT expresaron que los órganos de control del Estado no están preparados para controlar la actividad minera; la Sociedad Rural del Valle de Uco expresó que la conclusión de un seminario realizado en el Concejo Deliberante de San Carlos fue de que no hay elementos para ejercer los controles; expresaron los autoconvocados de San Carlos que estaban preocupados por incumplimiento de leyes… y que no confiaban en los controles; habían legisladores hoy presentes que también expresaron la preocupación por el uso de distintas sustancias, que podían comprometer los recursos naturales, específicamente el hídrico, ….no es una cuestión de ahora… en el año 2004 el Concejo Deliberante de San Carlos emitió una ordenanza planteando la preocupación por este tipo de explotación sin control del Estado y sin el cumplimiento de las leyes” …” Voto del Dr. Mario Adaro

3. Se nos señala que surgirán millones de fuentes de trabajo directas o indirectas y como ejemplo reciente se puede oír las quejas de los sindicalistas petroleros mendocinos que indican que no existieron esos nuevos puestos. No se contratan mendocinos y las inversiones fabulosas que se prometen no se derraman en el bolsillo de los mendocinos. La pobreza aumentó a la par del fracking, o más todavía.   

4. Una derogación -o reforma descabellada- reduciendo los marcos de protección ambiental va a generar inseguridad jurídica. Muchas acciones de inconstitucionalidad se iniciarán fundadas en la existencia de un fallo de la Suprema Corte provincial avalando la constitucionalidad de la ley 7722, sostenido por normas de orden público como la Ley General del Ambiente 25675 y la Ley 5961  provincial del Medio Ambiente. Cualquier inversor serio sabrá que su riesgo jurídico será muy alto y solo vendrán aquellos que medran o que ganan más con los tantos juicios que Argentina pierde ante el CIADI por las garantías excesivas que se le conceden a la inversión extranjera y una vez más lo pagará la población.   

5. El tintineo de los treinta denarios de plata puede sentirse en otros bolsillos. No los del pueblo

“…El desarrollo sustentable de un país no debe ser equiparado al progreso económico o al crecimiento sostenido. Una economía puede crecer, pero, si lo hace reproduciendo o aumentando la desigualdad de la población en términos de acceso a los bienes sociales primarios, no puede hablarse de desarrollo…”  ROSATTI, Horacio: «Consecuencias Culturales de la Tutela del Medio Ambiente», Daño Ambiental, Rubinzal-Culzoni 2011, pág. 31.

El desarrollo económico a toda costa, como sea, infringiendo la Constitución, los Tratados de Jerarquía Constitucional, los Tratados Internacionales y las leyes de presupuestos mínimos en forma procaz, no puede ser sino el fin de un estado totalitario. El Estado de Derecho no tolera la burla a la ley; el Estado de Derecho Ambiental se yergue frente a una actividad peligrosa para el ambiente

6. Debe alertarnos que se pretende eliminar la prohibición de uso de otras sustancias tóxicas similares, entendiendo por tales las que son nocivas para la salud y agresivas para el medio ambiente a un nivel tal que supera su resiliencia.

“…Aquí cabe preguntarnos si existe alguna otra actividad semejante a la minera, especialmente la realizada a cielo abierto, que utilice en igual forma las sustancias tóxicas prohibidas por la norma en análisis. La respuesta negativa se impone con tan sólo tomar en cuenta esta información: Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción con cianuro, llevan implícitos altos impactos ambientales, que en muchos casos pueden ser catalogados de desastre ambiental. El considerable, y muchas veces hasta dramático, impacto ambiental y social de este tipo de minería está ampliamente documentado…” Voto del Dr. Julio Gomez

7. Nuestro compromiso con la salud, el ambiente y nuestra responsabilidad con las futuras generaciones nos lleva hoy a alzarnos firme y pacíficamente en defensa de la ley 7722.

Foto: Va Con Firma