COMUNICADO DE PRENSA: HABEAS CORPUS COLECTIVO Y CORRECTIVO ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR EL COVID-19

Ante la publicidad de las resoluciones judiciales dictadas con motivo del Habeas Corpus Colectivo presentado por Xumek y el Comité Local para la Prevención de la Tortura respecto de la situación de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y provincial, informamos que:

Teniendo en cuenta lo advertido por la Organización Mundial de la Salud sobre la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad a la epidemia de coronavirus por las condiciones de confinamiento en las que conviven durante largos períodos de tiempo, siendo  una gran fuente de amplificación de la enfermedad, es que solicitamos a la Justicia mendocina la adopción de medidas de higiene y salubridad respecto de las siguientes personas, con especial atención a los grupos de mayor riesgo, conforme lo decretado por el Ministerio de Salud de la Nación:

Privados de libertad que se encuentran en el Servicio Penitenciario y Comisarías, niñas, niños y adolescentes con medidas de protección, problemática de consumo de sustancias psicoactivas, internaciones domiciliarias en casas de medio camino, jóvenes en conflicto con la ley penal alojados en el Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE) o Comisaría del Menor y personas internadas involuntariamente en Hospitales monovalentes e instituciones privadas con convenios con el Estado. 

Esta presentación, realizada el 21 de marzo del corriente año, se fundamentó principalmente en las recomendaciones de Naciones Unidas y la experiencia de los países que han resultado más afectados, que dan cuenta de la importancia de adoptar medidas preventivas urgentes para evitar la propagación de la enfermedad y el deterioro del sistema de salud. 

Entendemos que el contagio y la rápida transmisión del COVID-19 en cualquiera de estos establecimientos, por sus características antes mencionadas, constituyen una seria amenaza a la vida de las personas privadas de su libertad, como también para todo el pueblo mendocino, ya que provocaría el colapso de los hospitales provinciales. 

La Jueza Penal de Menores hizo lugar al pedido y ordenó diversas medidas entre las que destacamos:

Que se dispongan medidas alternativas a la detención a fin de reducir la cantidad de adolescentes privados de libertad, el contacto periódico con familiares a través de videollamadas o comunicaciones telefónicas en aquellos casos que deban permanecer detenidos, 

Que se garantice la efectiva atención médica y psicológica de los adolescentes, como la inspección periódica de centros de privación de libertad a fin de determinar las condiciones de seguridad e higiene de las personas alojadas. 

Asimismo, exigió proveer periódicamente de frazadas, sabanas, ropa de dormir aseadas y elementos de higiene personal a adolescentes alojados.

Por su parte, el Primer Juzgado Penal Colegiado ordenó iniciar los trámites necesarios determinar la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a las personas que se encuentren en los grupos de riesgo frente al COVID-19. Además, se deberá ubicar en alojamiento transitorio y de aislamiento a las personas de riesgo que no les sea otorgado el régimen de prisión domiciliaria. Se deberá garantizar la entrega periódica de elementos de higiene y limpieza, así como un procedimiento de desinfección de los establecimientos. Por último, se autorizó el uso transitorio del sistema de telefonía celular mientras dure la suspensión de visitas familiares.

Creemos que las medidas adoptadas son fundamentales para dar efectividad a las políticas de prevención tomadas por los gobiernos nacional y provincial. Además, garantizan condiciones de salubridad adecuada a las personas que trabajan en la custodia y cuidado de estas, al mismo tiempo que respeta los derechos básicos de las personas privadas de su libertad, con especial énfasis en adolescentes, adultos/as mayores, personas internadas involuntariamente y otros grupos en riesgo. Velamos por el cumplimiento de las mismas en cada una de las citadas instituciones y el seguimiento de su implementación y control por parte del Procurador de la Personas Privadas de la Libertad, Lic. Luis Romero, de conformidad con lo que establece su mandato legal y lo recomendado por Naciones Unidas.

Leé el HABEAS CORPUS acá

Leé la RESOLUCIÓN DE JUEZA PENAL DE MENORES acá y la RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL acá

COVID-19: LA SITUACIÓN EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS

A las autoridades del Comité Nacional contra
la Tortura, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, la Corte Suprema de
la Nación y autoridades ejecutivas y
judiciales provinciales y a quien
corresponda,

Las organizaciones y defensores/as de derechos humanos que formamos la Red
Nacional contra la tortura observamos con preocupación el impacto que puede tener el avance de la pandemia del COVID-19 en la población privada de la libertad alojada en unidades penitenciarias y dependencias de fuerzas policiales y de seguridad en todo el país. Como es evidente, esta población es especialmente vulnerable frente a una enfermedad contagiosa dado el hacinamiento y los problemas para acceder una rápida atención médica en el encierro.

De la misma manera que el Presidente de la Nación a través de un DNU tomó medidas excepcionales para toda la población argentina con el objetivo de prevenir la expansión de la pandemia, creemos que deben tomarse medidas urgentes y excepcionales que estén a la altura de estas graves circunstancias para proteger la vida de la población privada de la libertad. Sobre todo, queremos hacer hincapié
en la necesidad de que haya un organismo, institución o comité de emergencia que centralice, coordine y monitoree la aplicación de las medidas preventivas y de contingencia del Covid-19 para la población alojada en cárceles, comisarías e institutos de menores.


Es por esto que le hacemos llegar una serie de medidas que creemos deben
implementarse de manera urgente para prevenir que el virus ingrese y se extienda
dentro de las cárceles

  1. Es necesaria la coordinación entre los distintos poderes del estado, en especial del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo.
  2. Es necesario que un organismo lidere y centralice esta coordinación para
    garantizar que las medidas se lleven adelante. El Comité Nacional contra la
    Tortura debe involucrarse en garantizar esa coordinación.
  3. Si el distanciamiento social es la clave para afrontar el contagio, esta
    coordinación debe estar dirigida a efectivizar las libertades de las personas en riesgo según las disposiciones del Ministerio de Salud, para descongestionar los sistemas y reducir el hacinamiento.
  4. Otorgar prisión domiciliaria a las mujeres con hijos en unidades penitenciarias y
    embarazadas
  5. Para lograr un verdadero impacto de disminución de la sobrepoblación, esta
    medida debe acompañarse con una revisión de las prisiones preventivas y de
    las condenas por delitos leves o no violentos.
  6. Otorgar libertades o prisión domiciliaria a quienes están con salidas
    transitorias.
  7. Conceder libertades asistidas y condicionales a quienes, conforme al tiempo de condena transcurrido, están en condiciones de obtenerlas.
  8. Es necesario un esquema de emergencia dentro del Poder Judicial que
    priorice estas decisiones. Los órganos superiores deben brindar instrucciones
    claras de cómo avanzar para el acceso a libertades y centralizar las decisiones
    judiciales para evitar la lentitud del caso a caso.
  9. Garantizar que haya espacio adecuado y aislado para las personas privadas
    de la libertad que eventualmente hayan contraído el virus para que no se
    propague el contagio dentro de las unidades
  10. Garantizar el acceso a alimentación adecuada ya que la restricción de las
    visitas puede limitar el acceso a la alimentación.
  11. Los poderes ejecutivos nacionales y provinciales deben garantizar el acceso a
    elementos sanitarios para la higiene.
  12. Garantizar acceso a la salud de las personas privadas de la libertad.
    Organizaciones firmantes de la Red Nacional de Organizaciones contra la tortura

Organizaciones firmantes de la Red Nacional de Organizaciones contra la tortura
-ACIFAD (PBA y cárceles federales)
-AIRE (La Rioja)
-ANDHES (Tucumán-Jujuy)
-Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe)
-CDESCO (Tucumán)
-CELS (PBA y cárceles federales)
-CEPOC (PBA y cárceles federales)
-CIAJ (PBA)
-GMAF (CABA-PBA-Córdoba)
-Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario (Santa Fe)
-O-irse (Tucumán)
-Red de Defensorías territoriales en Derechos Humanos (PBA)
-Xumek (Mendoza)
-Yo No fui (PBA y cárceles Federales)

Tortura y malos tratos en cárceles: un primer diagnóstico de la situación en la provincia de Mendoza

Este informe refleja parte del trabajo desarrollado por Xumek y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura durante el año 2018 en el marco del proyecto “Violencia en situación de encierro: el rol de los MNP en la implementación de programas de prevención efectivos”, financiado por el Fondo Especial OPCAT de Naciones Unidas.

Llevamos adelante un relevamiento mediante una encuesta a 470 personas privadas de libertad en cárceles provinciales con el fin de indagar acerca de las prácticas de tortura y/o malos tratos desde una perspectiva amplia y multidimensional.

Lo novedoso no es la comprobación de que efectivamente hay torturas en nuestra provincia, hecho acreditado en el 2019 mediante la condena a 6 ex agentes penitenciarios por las torturas filmadas en la cárcel San Felipe, sino que también podemos afirmar que las torturas y los malos tratos se ejercen desde múltiples y diversas prácticas.

Mediante este relevamiento se produjeron datos objetivos e información estadística, que pueden ser un aporte valioso a la formulación de futuras políticas públicas que tengan como objeto la prevención y erradicación. Xumek se encuentra a disposición de las autoridades provinciales que deseen trabajar para lograrlo

Para leer el documento hacé click Acá

COMUNICADO SOBRE LA REPRESIÓN EN PLAZA CHILE

Desde XUMEK repudiamos con vehemencia la represión policial de la manifestación realizada en referencia a los hechos ocurridos en la República de Chile, y la respuesta de las autoridades provinciales a los hechos ocurridos con posterioridad.

El uso excesivo de la fuerza encontró aval político y de la justicia provincial, que optó por la impunidad de la violencia policial persiguiendo penalmente a las personas detenidas por el delito de intimidación o fuerza contra un funcionario público para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones (art. 237 del Código Penal).

Consideramos el derecho a protesta fundamental en las sociedades democráticas, donde el abuso de poder por parte de las Fuerzas de Seguridad es inadmisible.

Desde Xumek promovemos y defendemos el derecho a la libertad de expresión, de manera plural y democrática, considerando que el mismo es esencial para lograr una sociedad donde los derechos humanos de la ciudadanía no sean violentados.

COMUNICADO COMPLETO: http://bit.ly/2Nh6dqb

Foto: Bien Cuyano

COMUNICADO: ALEGATOS EN EL JUICIO POR TORTURAS EN SAN FELIPE

En el día de ayer, 22 de agosto, se desarrollaron los alegatos en el juicio por las torturas filmadas la penitenciaría San Felipe en el año 2010.

Comenzó el Fiscal de Cámara, Sebastián Capizzi, quien solicitó 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los 6 ex agentes penitenciarios imputados: Germán Núñez Aciar, José Arredondo, Luís D´ Ambrosio, Daniel Perón, Edgardo Quero Rey y Jonathan Bizaguirre.

Luego, el representante de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, adhirió a lo expuesto por el Fiscal y pidió la misma pena. En tanto que Mercedes Duberti y Lucas Lecour, representantes de la querella de Xumek, solicitaron una pena de 14 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los 6 acusados.

También le pidieron al tribunal de juicio la adopción de diversas medidas de satisfacción y no repetición –con el fin de evitar que vuelvan a repetir violaciones a los derechos humanos como las de este caso– y la extracción de compulsas penales para los funcionarios judiciales que permitieron dilaciones durante todo el proceso y para los funcionarios penitenciarios que omitieron realizar denuncias.

Por su parte, las defensas de los imputados solicitaron la nulidad de los videos como prueba y la absolución de sus defendidos. En subsidio, reclamaron cambios en la calificación legal de los hechos a delitos menores como vejaciones, para los cuales se prevén condenas que van de 1 a 5 años de prisión.

En la próxima audiencia, cuya fecha no fue fijada aun, el Tribunal Penal Colegiado Nº 1 integrado por las Juezas María Belén Salido, Gabriela Urciuolo y el Juez Agustín Pedro Chacón, deberá resolver el pedido de nulidad de las defensas y dictar sentencia.