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COMUNICADO: La vulneración del Poder Judicial en Mendoza por parte del Ejecutivo

Los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo afecta la independencia del Poder Judicial y ponen en peligro la división de poderes en la provincia, el acuerdo de la oposición da vía libre al gobierno.

Días atrás se hizo público que el Gobernador Alfredo Cornejo obtuvo los apoyos necesarios para modificar la composición y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Esto ocurrió luego de haber acordado aprobar este proyecto de ley y otro de Juicios por Jurados con parte de la oposición que, hasta hace poco tiempo, se había manifestado expresamente en contra de esta reforma considerándola de gravedad institucional.

Cabe recordar que esta iniciativa era buscada por el Poder Ejecutivo desde el año pasado, pero no logró convertirse en ley. La misma pretende ampliar el número de integrantes y de Salas de la Corte: pasaría de 7 a 9 la cantidad de Ministros y de 3 a 4 las Salas. Así, las Salas Civil, Penal y Laboral tendrían competencia jurisdiccional avocándose estrictamente a la resolución de causas, y se crearía una Sala de Superintendencia Administrativa.

Esta última Sala estará compuesta por el Presidente y otros dos Ministros que ya no serán los Presidentes de las otras Salas sino que serán elegidos por sus pares por dos años y podrán ser reelegibles en forma indefinida.

No es un dato menor que la Sala de Superintendencia tiene a su cargo la conducción y administración de todo el Poder Judicial, ocupándose de los nombramientos, presupuestos y traslados, entre otras cosas. Es decir, se pretende otorgar a sólo 3 Ministros -que serán electos por Cornejo, ya que cuenta con los votos necesarios- la conducción del sistema judicial y sin límite de tiempo.

Experiencias como éstas ya existieron en nuestro país con la llamada “mayoría automática” en la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem. Es por ello que nuevamente debemos alertar acerca de los peligros de esta reforma: sin una oposición responsable que enfrente el avasallamiento a las instituciones de nuestra democracia, el Poder Ejecutivo terminará de inmiscuirse en el ejercicio de la administración de justicia.

Una Corte con mayoría adepta al Gobernador lesiona gravemente el principio de división de poderes y la vigencia del Estado de Derecho, que debe estar basado en el respeto a las leyes y alejado de la mera voluntad del gobierno de turno.

Xumek.

 

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Foto: Jura del Supremo Valerio. Archivo: elinterior.com.ar

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