Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

COMUNICADO: Sentencia por el Homicidio de Lucas Carrazco

Sobre la sentencia por el Homicidio de Lucas Carrazco

El Tribunal Penal Colegiado Nº 2, conformado por los Jueces Mauricio Juan, Eduardo Martearena y María Laura Guajardo, luego de 10 meses de juicio, dictó sentencia en contra el policía Diego Guzmán Zalazar.

Los abogados de Xumek, Lucas Lecour y Sergio Salinas, como representantes de la familia Carrazco Espina, solicitaron junto al Fiscal de Cámara Darío Tagua, una condena de 18 años de prisión por ser autor con dolo eventual del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en un espectáculo deportivo.

Sin embargo, el Tribunal decidió condenarlo a la pena de 3 años de prisión en forma de ejecución condicional e inhabilitación especial para ocupar cargos policiales por el término de 7 años, por entender que resultó responsable del delito de homicidio en exceso del cumplimiento legítimo del cargo.

Sorprende que los Jueces entiendan que el homicidio ocurrió en un contexto de exceso en el ejercicio de su cargo, calificación que ni siquiera fue solicitada por la defensa del imputado al formular sus alegatos.

No obstante, destacamos la importancia de alcanzar una sentencia condenatoria en un caso de violencia institucional, más aún, que se haya aceptado que se trató de un homicidio doloso cometido por Guzmán Zalazar, ya que desde un principio se pretendió, desde el Ministerio de Seguridad, imponer la versión de que los policías no tenían municiones al llegar al lugar donde fue herido Lucas Carrazco y que su lesión se debía a un golpe con una botella o una piedra lanzada por los propios hinchas de Independiente Rivadavia. Debido a esto, varios funcionarios de seguridad que declararon en el debate serán investigados por el delito de falso testimonio.

Sin perjuicio de no compartir la calificación legal y la pena, resaltamos que el Tribunal haga lugar al pedido de Medidas de Satisfacción y No Repetición, requeridas por Xumek, que buscan evitar que se repitan violaciones como las del presente caso, recomendando al Ministro de Seguridad de Mendoza:

  1. Diseñar e impartir “Cursos de capacitación en forma periódica para el personal policial”, cuyos contenidos básicos deberán incluir formación sobre el empleo de la fuerza, armas de fuego y sus municiones.
  2. Diseñar, implementar y controlar el cumplimiento de un “Protocolo de Actuación para las Unidades de Cuerpos Especiales de la Policía”, o de aquellos efectivos que deban tener a cargo el control de disturbios en espectáculos públicos de audiencia masiva, detallándose las facultades, deberes y responsabilidades del personal en el uso de armamento, el cumplimiento de las directivas y el uso racional del material utilizado.
  3. Realizar un pormenorizado estudio de la actual cartuchería empleada con especialistas en balística, debiendo evaluarse el reemplazo de los actuales cartuchos calibre 38.1, por unos más modernos con menor poder vulnerante.
  4. Ordenar la publicación de la parte dispositiva del fallo y sus fundamentos en la página web oficial del poder Judicial de la provincia.

No es común que un Tribunal Penal haga lugar a esta clase de medidas de reparación, que responden al cumplimiento de deberes internacionales en materia de Derechos Humanos por parte de los Jueces, más allá del fuero al que pertenezcan.

A pesar de lo positivo de estas medidas de reparación, la falta de una condena adecuada genera una nueva agresión a la familia Carrazco Espina, que ha tenido que soportar en estos cinco años que un Ministro de Seguridad diga en los medios de comunicación que la policía había actuado correctamente, sufrir amenazas con armas por reclamar justicia, que el primer juicio fuera anulado por la enfermedad de uno de sus jueces que le impedía asistir al tribunal, pero luego los medios daban cuentan que ese mismo día este magistrado se encontraba en la Facultad de Derecho de la UNCuyo dictando clases de consulta, que el actual Gobernador diga en los medios que los familiares de víctimas de violencia institucional que reclaman justicia solo pretenden cobrar una indemnización del Estado, cuestiones que llevaron a la madre de Lucas, Viviana Espina, a tomar la triste decisión de quitarse la vida.

Por lo tanto, concluimos que la ausencia de una respuesta judicial adecuada en los casos de violencia institucional, constituye una impunidad que propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos por parte de los funcionarios de seguridad y la total indefensión de las víctimas, sus familiares y de la sociedad en su conjunto.

 

Xumek – Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

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