Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

Comunicado: Sobre la ampliación de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

El pasado lunes 30 de octubre, tres Senadores del Bloque de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto que tiene por finalidad sustituir la Ley Provincial N° 4.969 para modificar la composición y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, bajo el fundamento de querer seguir agilizando los tiempos de la Justicia. Se propone elevar de 7 a 9 el número de integrantes del Máximo Tribunal provincial y que la actual Sala II (con competencia en materia civil y laboral) se divida en dos Salas.

Sostienen que la Corte provincial se encuentra colapsada debido a la gran cantidad de causas (5.821 en total) que ingresaron desde el año 2013 y, particularmente en materia penal, por la existencia de numerosas causas con personas detenidas cuyos recursos extraordinarios no han sido resueltos, estando vencidos los correspondientes plazos legales.

En este marco, los fundamentos del proyecto refieren que la situación “no solo implicaría un intolerable retardo de justicia sino que pone a la provincia de Mendoza en una situación de debilidad ante eventuales reclamos ante la CIDH”.

Nos permitimos dudar de que los verdaderos fundamentos sean los esgrimidos formalmente, teniendo en cuenta que la iniciativa surgió del Gobernador Alfredo Cornejo, quien en numerosas oportunidades ha manifestado públicamente sus diferencias y su descontento con el sector por él donominado “garantista” de la Corte Provincial, e incluso ha descalificado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –refiriéndose a la misma como “mentirosa” y “tomada por Zaffaroni y Verbitsky”[1]restándole cualquier tipo de legitimidad al Organismo de Derechos Humanos dependiente de la OEA.

Consideramos que la propuesta, bajo la apartente intención de lograr celeridad en la Justicia, busca en realidad contar con una mayoría adepta al gobierno actual en el máximo órgano judicial de la provincia, que le permita implementar sin contratiempos y con escaso control su política criminal y de seguridad. Lo anterior se deduce contextualizando el mencionado proyecto de ley. Lejos de tratarse de una medida aislada, entendemos que viene a profundizar una serie de acciones del Ejecutivo, particularmente las vinculadas a la ejecución de políticas de seguridad, que denotan una indebida injerencia por parte de éste en el ejercicio de la administración de justicia, vulnerando el sistema de división de poderes y la consecuente garantía de independencia judicial.

En definitiva, creemos que el hecho de contar con una mayoría en la Corte Provincial vulneraría la independencia de los miembros de la judicatura en sus diversos niveles, ya que el Ejecutivo ejercería presión sobre éstos a través de jueces supremos afines al gobierno de turno, lo que redundaría en una surte de control del Ejecutivo sobre la administración de justicia.

Nuestro sistema democrático requiere que en una reforma de tal magnitud se permita la participación de la sociedad civil y de otros actores políticos. Hemos sostenido esta postura en diversas ocasiones en que se han presentado proyectos de reforma al Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución Penal, solicitando -sin éxito alguno- la participación como organización de la sociedad civil en los respectivos debates legislativos.

Quienes defendemos la institucionalidad y los principios de una sociedad democrática, solicitamos que se le dé a esta discusión la importancia que realmente tiene, que se abra el debate y se permita expresar las diferentes opiniones en relación  a estas reformas.

Xumek.

#Democracia #10añosXumek

[1] Unidiversidad. Nota del 20 de octubre de 2016. “Cornejo contra la OEA y la respuesta de Verbitsky”. http://www.unidiversidad.com.ar/cornejo-contra-los-veedores-de-la-oea-en-la-penitenciaria.

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