Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

Comunicado sobre la baja de la edad de imputabilidad: Las reformas punitivistas no son la respuesta.

Mendoza, 6 de enero de 2017.

El homicidio de Brian Aguinaco, ocurrido el pasado 24 de diciembre presuntamente a manos de un adolescente de 15 años, instaló nuevamente en nuestra sociedad el debate sobre la necesidad de bajar la edad de imputabilidad.

Una vez más, luego de que ocurren hechos de gran conmoción social, parte de nuestra clase política recurre al impulso -discursivo- de reformas punitivistas prometiendo rápidas soluciones a los problemas de inseguridad. Así, el Presidente Mauricio Macri y luego el Ministro de Justicia y DDHH, Germán Garavano, afirmaron que convocarán a una comisión especial para elaborar un anteproyecto de ley que modifique el régimen penal juvenil y reduzca la edad de imputabilidad a los 14 años.

Nuestra postura al respecto mantiene coherencia con lo planteado en innumerables oportunidades en el año 2016: la necesidad de debatir, reformar y adecuar la legislación en materia de seguridad ciudadana a las necesidades sociales y a los estándares internacionales es real y urgente.

Sin embargo, no podemos más que disentir -nuevamente- tanto con la estrategia estatal como con su irresponsable oportunismo político.

En este sentido, en primer lugar, insistimos en que el derecho penal no es la solución a las cuestiones de seguridad, sino más bien una especie de parche que no previene hechos de violencia ni evita víctimas, sólo persigue de atrás a los victimarios. Por lo tanto, es una respuesta ad hoc que debe ser acompañada de políticas públicas de mediano y largo plazo, que ataquen las causas`profundas del problema – como educación, igualdad de oportunidades, etc.  Sólo se propone castigar a quienes cometieron hechos delictivos – en este caso adolescentes, exponiéndolos a un perverso sistema penitenciario, con nulas posibilidades de reinserción, cuyo único efecto es moderar el humor social de agobio por la inseguridad.  Trabajar en las causas de esta problemática es el debate faltante, que resuelva el fondo de la cuestión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicando que la seguridad ciudadana (…) está relacionada a la presencia interrelacionada de múltiples actores, condiciones y factores. Entre ellos: la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional. (…)[1].

Advirtiendo luego que “Si bien no debe confundirse la política de seguridad ciudadana con las políticas sociales a cargo del Estado, es preciso tener en cuenta que aquellos países caracterizados por altos niveles de desigualdad y discriminación son más vulnerables a la delincuencia, la violencia y, con ellas, a las violaciones de los derechos humanos. La reducción de la desigualdad y la discriminación pueden desempeñar un papel crucial en las condiciones de seguridad ciudadana en el hemisferio[2].

Asimismo, consideramos que realizar anuncios semejantes sin un proyecto concreto y sin que se hayan señalado datos o estadísticas al respecto, le quita seriedad a una temática tan compleja. Nuestras autoridades hoy se encuentran debatiendo una medida de política criminal de gran trascendencia sin antes haber hecho mención de cuál es el porcentaje de jóvenes de 14 y 15 años que delinquen, que tipo de delitos cometen y su gravedad.

Además, esta reforma tendría carácter regresivo, teniendo en cuenta que en la década del 80´se aumentó la edad de imputabilidad de 14 a 16 años y modificarla en este sentido violaría la prohibición de no regresividad que rige en materia de derechos humanos.

Por otro lado, no disminuirá las tasas delictuales y sólo profundizará la estigmatización de jóvenes pertenecientes a determinados sectores sociales, que no son más que la consecuencia de años de políticas públicas que los relegaron a la pobreza y a la exclusión.

El Estado tiene obligaciones indelegables frente a los niños, niñas y adolescentes, la base de la discusión frente a esta problemática debería ser que nuestro país debe comenzar a cumplir con el ordenamiento jurídico nacional e internacional que establece obligaciones (y derechos) en materia de niñez. Introducir jóvenes de 14 y 15 años en el sistema penal es una forma más de no hacerse cargo de sus deberes frente a ellos.

Una vez más, afirmamos que este tipo de iniciativas “(…) sirven, tal vez, para pasar el test de la entrevista mediática, pero el desconocimiento de la realidad conflictiva y la falta de respuesta representan una forma de violencia que se suma a la existente. Esta otra forma de violencia se esconde detrás de propuestas de las más variadas leyes penales, que se fabrican como municiones en la guerra contra el delito, librada para más confusión con reminiscencia escolástica bajo conceptos de ´guerra justa´, ´lucha contra el mal´, ´delincuente/enemigo´”. [3]

[1] CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009, párr. 222. Ver en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf

[2] CIDH, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, OEA/Ser. L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009, párr. 225. Ver en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.pdf

[3] XUMEK, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza, Año 2013. Cap. XVI. El derecho penal de caras a la problemática de la seguridad, pág. 163. Ver en: http://xumek.org.ar/wp-content/uploads/2014/12/Informe2013b.pdf

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