COVID-19: LA SITUACIÓN EN LAS CÁRCELES ARGENTINAS

A las autoridades del Comité Nacional contra
la Tortura, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, la Corte Suprema de
la Nación y autoridades ejecutivas y
judiciales provinciales y a quien
corresponda,

Las organizaciones y defensores/as de derechos humanos que formamos la Red
Nacional contra la tortura observamos con preocupación el impacto que puede tener el avance de la pandemia del COVID-19 en la población privada de la libertad alojada en unidades penitenciarias y dependencias de fuerzas policiales y de seguridad en todo el país. Como es evidente, esta población es especialmente vulnerable frente a una enfermedad contagiosa dado el hacinamiento y los problemas para acceder una rápida atención médica en el encierro.

De la misma manera que el Presidente de la Nación a través de un DNU tomó medidas excepcionales para toda la población argentina con el objetivo de prevenir la expansión de la pandemia, creemos que deben tomarse medidas urgentes y excepcionales que estén a la altura de estas graves circunstancias para proteger la vida de la población privada de la libertad. Sobre todo, queremos hacer hincapié
en la necesidad de que haya un organismo, institución o comité de emergencia que centralice, coordine y monitoree la aplicación de las medidas preventivas y de contingencia del Covid-19 para la población alojada en cárceles, comisarías e institutos de menores.


Es por esto que le hacemos llegar una serie de medidas que creemos deben
implementarse de manera urgente para prevenir que el virus ingrese y se extienda
dentro de las cárceles

  1. Es necesaria la coordinación entre los distintos poderes del estado, en especial del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo.
  2. Es necesario que un organismo lidere y centralice esta coordinación para
    garantizar que las medidas se lleven adelante. El Comité Nacional contra la
    Tortura debe involucrarse en garantizar esa coordinación.
  3. Si el distanciamiento social es la clave para afrontar el contagio, esta
    coordinación debe estar dirigida a efectivizar las libertades de las personas en riesgo según las disposiciones del Ministerio de Salud, para descongestionar los sistemas y reducir el hacinamiento.
  4. Otorgar prisión domiciliaria a las mujeres con hijos en unidades penitenciarias y
    embarazadas
  5. Para lograr un verdadero impacto de disminución de la sobrepoblación, esta
    medida debe acompañarse con una revisión de las prisiones preventivas y de
    las condenas por delitos leves o no violentos.
  6. Otorgar libertades o prisión domiciliaria a quienes están con salidas
    transitorias.
  7. Conceder libertades asistidas y condicionales a quienes, conforme al tiempo de condena transcurrido, están en condiciones de obtenerlas.
  8. Es necesario un esquema de emergencia dentro del Poder Judicial que
    priorice estas decisiones. Los órganos superiores deben brindar instrucciones
    claras de cómo avanzar para el acceso a libertades y centralizar las decisiones
    judiciales para evitar la lentitud del caso a caso.
  9. Garantizar que haya espacio adecuado y aislado para las personas privadas
    de la libertad que eventualmente hayan contraído el virus para que no se
    propague el contagio dentro de las unidades
  10. Garantizar el acceso a alimentación adecuada ya que la restricción de las
    visitas puede limitar el acceso a la alimentación.
  11. Los poderes ejecutivos nacionales y provinciales deben garantizar el acceso a
    elementos sanitarios para la higiene.
  12. Garantizar acceso a la salud de las personas privadas de la libertad.
    Organizaciones firmantes de la Red Nacional de Organizaciones contra la tortura

Organizaciones firmantes de la Red Nacional de Organizaciones contra la tortura
-ACIFAD (PBA y cárceles federales)
-AIRE (La Rioja)
-ANDHES (Tucumán-Jujuy)
-Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe)
-CDESCO (Tucumán)
-CELS (PBA y cárceles federales)
-CEPOC (PBA y cárceles federales)
-CIAJ (PBA)
-GMAF (CABA-PBA-Córdoba)
-Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario (Santa Fe)
-O-irse (Tucumán)
-Red de Defensorías territoriales en Derechos Humanos (PBA)
-Xumek (Mendoza)
-Yo No fui (PBA y cárceles Federales)