Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA

Compartimos el dictamen de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia Suprema Corte de Justicia Mendoza que condena la criminalización y persecución judicial experimentada por algunos “maestros” por parte de las autoridades provinciales a pocos días de la conmemoración que celebra su día como pilar fundamental de nuestra nación.

Mediante una resolución de la Dirección General de Escuelas se pretendió cercenar el derecho de protesta, reunión, la libertad de expresión y reunión, entre otros, fundamentales en un estado de derecho.

La fiscalía entendió en el caso “F. c/ Boulet, Díaz, Sarmiento p/ Desobediencia”, defendidos por Pablo Salinas, que:

“La protesta social no fomenta la violencia ni la intolerancia, muy por el contrario, posibilita la circulación de la palabra –en sentido amplio- y descomprime las tensiones normales a la vida democrática. La limitación, represión y criminalización de estas expresiones debe ser siempre excepcional y no debe  comprometer la esencia del derecho que pretenden restringir.

Cuando el derecho a la protesta es garantizado y protegido, se convierte en la herramienta por excelencia de las sociedades democráticas, permite canalizar las demandas de modo pacífico y participativo, fomenta el diálogo y el pluralismo, alienta la construcción de ciudadanía y favorece el desarrollo y fortalecimiento de la democracia.

El Estado argentino está obligado internacionalmente a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y opinión, reunión pacífica, asociación y participación, para lo cual no solamente tiene un deber de abstención, sino también la obligación de generar medidas positivas que garanticen tales derechos. Las restricciones a estos derechos deben ser excepcionales, proporcionales y coherentes con la vida democrática.

Como hemos opinado en otros conflictos, el sistema jurídico penal debe interpretarse en armonía con el resto del ordenamiento jurídico. Analizar exclusivamente un hecho puntual sin considerar el contexto y los valores comprometidos, podría vulnerar los derechos humanos de un colectivo determinado en general y de las personas que resultaron imputadas en particular, y generar responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones”.

Accedé al dictamen completo aquí.

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