Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

Derechos sexuales y reproductivos de la mujer: debate sobre el aborto

El debate en torno a la legalización del aborto se instaló con mayor fuerza en nuestra sociedad en las últimas semanas. Así, la lucha que viene llevando adelante el movimiento feminista parece haber comenzado a dar sus frutos: se espera que próximamente pueda ser tratado en el Congreso de la Nación el proyecto de ley que por séptima vez presentará la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Tal como hemos sostenido en todos nuestros informes, el acceso al aborto es parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, como tal, debe ser garantizado por el Estado en condiciones seguras. Exigir la legalidad de la interrupción voluntaria de la gestación es demandar el reconocimiento del derecho a decidir sobre su propio cuerpo y lo que quieren para sus vidas.

La “protección absoluta del derecho a la vida desde la concepción” ha sido el fundamento de los sectores más conservadores para continuar manteniendo la penalización del aborto a pesar de que ésta no disuade a las mujeres a no realizarlo, sino que provoca que aquellas de escasos recursos económicos realicen la práctica en condiciones totalmente inseguras, poniendo en riesgo su vida y sustentando un mercado clandestino que moviliza alrededor de mil millones de pesos anuales[1].

En este marco, se estima que en nuestro país se realizan entre 484.000 y 522.000 abortos ilegales por año, se registran más de 50.000 internaciones anuales en hospitales públicos de todo el país a causa de abortos inseguros y las complicaciones derivadas de ellos son la primera causa de mortalidad materna, representando un tercio del total de esas muertes.[2]

A contrario de lo que sostienen quienes están en contra de la despenalización, diversos estudios demuestran que la tasa de abortos es menor en los países que tienen leyes más permisivas, ocurriendo lo inverso en aquellos donde la intervención es ilegal o está muy limitada.[3]

Restringir legalmente el aborto no disminuye el número de éstos y despenalizarlo no hará que las tasas aumenten sino que la incidencia del aborto está íntimamente ligada a las políticas públicas de planificación familiar y de educación sexual. Para disminuirlo es necesario que realmente se implemente un programa de educación sexual en las instituciones educativas así como también que se lleven a cabo políticas públicas de salud y de planificación familiar consistentes en asegurar el acceso gratuito y universal a métodos anticonceptivos tal como lo ordena la ley nacional 25.673 de “Salud Sexual y Procreación Responsable”.

Un claro de ejemplo de lo que venimos mencionando es el caso de Uruguay, en donde la legalización de la interrupción del embarazo y las políticas de salud sexual y reproductivas aplicadas desde el año 2012, disminuyeron drásticamente la mortalidad materna, siendo el país de Latinoamérica con menor tasa de muertes vinculadas a embarazo, parto, puerperio y aborto.[4]

A lo mencionado debe sumarse que no existe en la legislación argentina ninguna norma establezca el deber del Estado de reconocer en forma absoluta el derecho a la vida desde la concepción. La cuestión parece ser poco clara debido a las injerencias moralistas y religiosas que siempre han existido en el discusión pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un aporte por demás significativo: en el caso “Artavia Murillo vs. Costa Rica”, fue contundente al afirmar que si bien hay vida en los embriones, estos no son personas ni titulares del derecho a la vida.[5]

Es decir, vida y persona humana son conceptos sustancialmente diferentes. Lo que verdaderamente resulta relevante analizar al debatir sobre aborto es desde cuando existe jurídicamente una persona, por los efectos civiles que ello conlleva: filiación, alimentos, régimen sucesorio, entre otros.[6] Por ello, aunque pueda existir vida antes de ello, no estamos en presencia de una persona ni mucho menos del deber de protegerla en forma absoluta, sino que debe hacerse un balance con otros derechos fundamentales de la mujer embarazada: su propia vida, salud, integridad personal, autonomía e intimidad.

Por otro lado, debemos preguntarnos ¿está realmente prohibido el aborto en Argentina o las mujeres no pueden acceder a esta práctica por el incumplimiento ilegal de los sistemas y profesionales de la salud?

En el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el histórico fallo FAL[7], dio un paso fundamental en la cuestión aclarando que los supuestos de aborto no punible regulados en el art. 86 del Código Penal comprenden a aquellos que se practiquen respecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violación y en los casos en que exista riesgo para la salud de la mujer. Salud que debe entenderse en términos integrales -conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud- es decir, abarcando el aspecto físico, psíquico y social.

Esta interpretación amplía notoriamente el concepto y permitiría abarcar a todos los abortos que se realicen. Sin embargo, la mayoría de las provincias no adoptó protocolos que clarifiquen la forma de actuar de los profesionales, por lo que terminó siendo imposible acceder a esta práctica en el sistema de salud.

Por todo esto, resulta necesaria una ley que no deje lugar a dudas o interpretaciones y contemple esta fórmula amplia que permita a las mujeres interrumpir voluntariamente sus embarazos.

Tratar este proyecto de ley con la seriedad que merece implica reconocer que la penalización del aborto ha sido una estrategia fallida y que debe ser abordado como una grave problemática de salud pública y derechos humanos. Esto significa flexibilizar nuestra legislación, respetar la autonomía de las mujeres y garantizarles la libertad de decidir si quieren tener hijos y en qué momento tenerlos, todas opciones de vida que deben ser respetadas en cualquier Estado democrático que no impone gestaciones obligatorias y reconoce a las mujeres como sujetas plenas de derecho.

 

#AbortoLegalYa #Xumek2018

 

[1] Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Informe. Situación del aborto en Argentina, Evaluación sobre el cumplimiento de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW), Octubre 2016, Pág. 9.

[2] Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Aportes del CELS a los debates legislativos sobre derechos sexuales y reproductivos. 2015. Pág. 44.

[3] Ver Xumek, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza. 2013. Pág. 23 y ss.

[4] Página 12, “Uruguay: con el aborto legal cayó la mortalidad materna”, nota del día 4 de enero de 2017.

[5] La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en el Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica que de las palabras “en general” (incluidas en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) que “la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”. .

[6] Lamm Eleonora. El comienzo de la persona humana en el Código Civil y Comercial.

[7] CSJN, “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, Sentencia de 13 de marzo de 2012, F. 259. XLVI.

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