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El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cuestiona al Estado argentino por la situación carcelaria, torturas, malos tratos y abusos policiales

El Comité contra la Tortura (CAT) publicó ayer las observaciones finales y recomendaciones para el Estado argentino sobre el examen periódico que realiza respecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención contra la Tortura.

El Comité de expertos expresó su preocupación por “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”, repudiando maltratos que son frecuentes en las unidades carcelarias: asfixia con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, castigos colectivos altamente gravosos y requisas vejatorias de detenidos de forma rutinaria y sin justificación.

Asimismo, notó con preocupación el aumento sostenido de la población penitenciaria a partir del 2009, que agravó los niveles de sobrepoblación ya existentes en varias provincias y el impacto que ha tenido en “la degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de separación entre personas condenadas y procesadas.”

El Comité cuestionó el alto porcentaje de detenidos en prisión preventiva, que alcanza alrededor de un 60% de la población penitenciaria, y la duración excesiva de esta medida y  rechazó “el proyecto legislativo de reforma de la ley 24.660 de Ejecución Penal, que imposibilita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos, impidiendo su reinserción social e impactando en la sobrepoblación penitenciaria ya existente.”

Los expertos lamentaron también el elevado número de muertes en detención, especialmente las que fueron consecuencia de problemas de salud y de una deficiente atención médica en las cárceles, y la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de dichas muertes durante todo el período a examen y en todo el territorio nacional. Por ello, exhortó al Estado a adoptar las medidas necesarias para investigar de manera exhaustiva todas esas muertes, a fin de determinar cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una reparación adecuada a los familiares de las víctimas.

Preocupa al Comité la impunidad imperante ante la gran cantidad de casos de tortura en nuestro país, así como por “la resistencia de las víctimas y los testigos para denunciar los hechos por el temor a represalias, ante la falta de un mecanismo que permita ofrecerles protección, particularmente si se encuentran en detención.”

Por otro lado, detectaron “patrones de violencia y arbitrariedad por parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en el marco de detenciones policiales sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva”. En consecuencia, el CAT, instó al Estado a investigar con eficacia todas las denuncias de homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento y maltrato policial, y velar por que los responsables sean declarados culpables y, a restringir las detenciones a situaciones de flagrancia y con orden judicial previa, tal y como estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Bulacio vs. Argentina.

El Comité condenó las detenciones y los malos tratos de las fuerzas de seguridad a las personas transgénero y travestis, así como los allanamientos violentos a migrantes y afrodescendientes, e instó al Estado a derogar las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia No. 70/2017 que facilita la expulsión de personas migrantes

Para finalizar, el CAT, remarcó los logros del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina pero recomendó tomar medidas para agilizar los juicios por delito de lesa humanidad así como para mantener las políticas de memoria mediante la preservación de archivos y sitios de memoria.

El informe completo Disponible acá

 

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