Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

El fracking a la Corte Suprema de Justicia

26 de abril, 2019.

El peregrinaje de la lucha contra el fracking en Mendoza comienza en agosto del 2017 con las llamadas pruebas piloto, en donde se autoriza la hidrofractura sin ningún tipo de estudio y sin ningún tipo de control. Frente a esta situación, extremadamente rápida ya que se autorizó en seis días, continuaron las disyuntivas exigiendo a las autoridades que presenten información ambiental, es decir que presenten los estudios correspondientes.

En esta nota se analiza el camino judicial con el testimonio de  Carlos Benedetto, presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) y Agustín Sánchez Mendoza, responsable del Área Ambiental de Xumek y abogado de la red ambientalista Oikos.

Ante la autorización de agosto de 2017 de fractura hidráulica sin evaluación se presentaron diferentes acciones de amparo. Entre ellas, el de la Federación Argentina de Espeleología (FAdE) y el de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ambos amparos han ido progresando y se encuentran actualmente en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

A raíz de este amparo de la FAdE el gobierno convocó a una audiencia judicial -la que no realizó para la autorización de los posos-. En esa audiencia se presentaron casi cincuenta expositores, sin embargo, fue rebautizada popularmente como “Audiencia del Día de los Inocentes” por haber sido citada en contravención a todas las normas y en un 28 de diciembre, quizás con la esperanza de que nadie asistiría.

Posteriormente, la Dirección de Protección Ambiental declaró aquella audiencia como inconducente. Cabe aclarar que nada se dijo sobre, por ejemplo, la cantidad de agua potable que cada fractura consume, ni tampoco se informó que se iba a utilizar trazadores radioactivos, algo que más adelante desarrollaremos.

Posteriormente, el gobernador Alfredo Cornejo dictó un decreto que la red ambientalista Oikos atacó por dos vías que permite la Constitución de Mendoza: la inconstitucionalidad y la acción procesal administrativa. La inconstitucionalidad se planteó porque se entiende que es facultad de la Legislatura resolver un tema de tal envergadura y trascendencia. Se argumenta que se encuentra en riesgo el recurso hídrico que para Mendoza es de vital importancia en un noveno año de crisis hídrica.

“A través del decreto 248 se autorizaba la fractura hidráulica, se intentaba regularizar y reglamentar. El tema es que hay otra acción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad  contra el decreto 248 porque por medio de un decreto no se puede derogar una ley. El decreto 248 se opone a la Ley General de Ambiente y a la Ley Provincial de Ambiente porque elimina un requisito que es fundamental: es la evaluación de impacto ambiental. El decreto no exige la evaluación de impacto ambiental. Al no exigirla, tampoco es exigible la audiencia pública. Con esto se ve la afectación de la participación cívica. La ciudadanía no va a poder participar porque no es un requisito dentro del decreto”, explicó Agustín Sánchez Mendoza.

Con respecto a la acción procesal administrativa, Oikos cuestiona el procedimiento. Básicamente trata de que se cumpla la ley; que se asegure la participación de la ciudadanía; y que se realice una evaluación de impacto ambiental estratégica, prospectiva y acumulativa. No puede excluirse al pueblo porque el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata.

En definitiva, con la acción procesal administrativa, ¿qué se cuestionaba?, ¿cuál era el cuestionamiento principal en el decreto 248 que fue sancionado por el gobernador?  El abogado de Oikos detalló:

“Desde un primer momento cuestionamos el procedimiento administrativo. Ellos autorizan el fracking mediante dos resoluciones sin evaluación de impacto ambiental, sin estudios previos, sin mecanismos de control. Luego de esto, interviene el amparo de la Federación Argentina de Espeleología, y se logra la audiencia pública pero se realiza sin la debida publicación, sin cumplir con los requisitos legales. Ante esto, Oikos presenta la nulidad. Ellos resuelven y dicen que no es nulo, es válida la audiencia. Ataca Oikos, nuevamente, en el procedimiento administrativo mediante un recurso de revocatoria; el cual es denegado. Después de la denegación, ni bien finalizada la audiencia, el gobernador saca el decreto. Al salir el decreto, Oikos entiende que se agotó la vía administrativa porque no hay un órgano superior al gobernador. Por lo tanto, si se agotó la vía administrativa hay que recurrir a la Suprema Corte”.

Esta acción procesal administrativa fue progresando y se acompañó de una medida cautelar. Esto se debe a que el gobierno y la fiscalía, al contestar esa acción procesal administrativa, reconocen el uso de trazadores radioactivos. Algo que, como dijimos, no se expuso en la audiencia pública.

Recientemente, el primero de abril, Oikos recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque desde la Corte mendocina se rechazó, como ya se mencionó, la acción procesal administrativa. Así, se archivó la medida cautelar y, de esta manera, se dejó camino libre a la actividad lesiva del fracking. Esto puede generar daños irreversibles al ambiente, al agua, implica también un riesgo para el sitio Ramsar (la Laguna de Llancanelo en Malargüe y las Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero).

“Al denegarnos la acción principal y la secundaria vamos en queja a la Nación. Ahí argumentamos que vamos en queja porque se han violado derechos de las garantías constitucionales y convencionales como son: el acceso a la justicia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la tutela del ambiente como derecho humano. Es por eso que recurrimos. Lo que solicitamos es que se garantice, nosotros utilizamos el término ‘restaure’ el estado ambiental de derecho”, dijo Sánchez Mendoza.

Se logró una audiencia con el cuerpo de mediadores (cuerpo ofrecido anteriormente por la Suprema Corte ante la propuesta de conciliación presentada por Oikos) por la acción de inconstitucionalidad que interpuso Oikos frente a una resolución del Departamento General de Irrigación. Pero la conciliación fue rechazada. Así que todo seguirá por la vía judicial pese a haber propuesto el diálogo. “Se puede abrir un camino enorme para la justicia internacional”.

¿Cuál es el argumento que esgrime el Juez Dalmiro? “Que fue prematuro porque debíamos agotar la vía administrativa. Ellos entienden que una vez que sale la denegatoria del recurso de revocatoria, Oikos debería haber interpuesto otro recurso antes de ir a la Suprema Corte mendocina”, explicó el abogado.

El presidente de la Federación Argentina de Espeleología, Carlos Benedetto expresó al respecto: “ahí te das cuenta que hay mala fe y que hay otros intereses, son chicanas que apuntan a desgastarte. Pero se encontraron con que no nos han desgastado, ahora estamos más unidos que antes. Organizaciones que no nos hablábamos entre nosotras por algunas diferencias, de repente ahora estamos cada una desde su lugar peleando por lo mismo. El efecto contrario del que deseaban”.

¿Por qué se dice que el decreto 248 está viciado? “En el mundo del derecho se utiliza la siguiente metáfora: si el árbol está envenenado, el fruto de ese árbol también está envenenado. Oikos está cuestionando todo ese procedimiento, que desde un primer momento cuestionó por nulidades, nulidad de la audiencia, nulidad de la resolución, después por el recurso de revocatoria. Lo mismo pasa con la resolución 249 de Irrigación, se basa en el decreto 248. Y si te basás en un fruto que está podrido, eso también va a estar podrido. Nosotros estamos pidiendo la nulidad de todo. Tienen que volver a hacer todo el procedimiento de cero” así explicó el pedido Sánchez Mendoza.

¿Por qué se abre la vía para ir a reclamar a la Nación? “Porque junto con la acción principal estaba la medida cautelar. Se interpone la medida cautelar porque en la contestación de la acción que interpone Oikos, el gobierno y fiscalía reconocen el uso de trazadores radioactivos, que están prohibidos constitucionalmente. Está prohibido el ingreso de material radioactivo a la Argentina, entonces al enterarnos de esta situación, más allá de la excesiva cantidad de agua que utilizan, nos vemos obligados a plantear la cautelar para que suspendieran las autorizaciones. Si rechazan nuestra acción principal, también rechazan esta medida cautelar que es la única que puede suspender las autorizaciones al fracking, por lo tanto al denegar también la cautelar, violan derechos humanos. Porque ya no tenemos acceso a la justicia y, principalmente, porque era la única que podía garantizar la protección del ambiente sano y equilibrado. Y lo rechazan por una cuestión formal”.

Esa pregunta todavía no la responden ni fiscalía ni gobierno, ¿por dónde ingresan los materiales radioactivos? Para ellos es algo inconducente. El decreto 248 tiene previsto el uso de piletones a cielo abierto donde van a depositar todo el flowback, que es el reflujo de la inyección. Todo eso va a parar a los piletones con agua contaminada irreversiblemente, es agua radioactiva además de la cantidad de químicos inyectados.

Agustín Sánchez Mendoza considera “increíble que sigan hablando que existe certeza de que están todos los controles y las garantías dadas cuando no contestan ni siquiera una pregunta de las que se formularon en la audiencia”. Ahora, Nación ya se interpuso, le dieron pase a la Secretaría de Juicios Ambientales. Ellos tienen que evaluar si se cumple con todos los requisitos formales, y exigentes, para que lo admitan.

“Acá hay un problema que tiene que ver con la cultura política y la cultura jurídica”, dice Benedetto. Y continúa: “lo incomprensible, como opinión política personal, es que el partido radical que fue el que más propulsó la legislación ambiental ahora esté renunciando o renegando de su propia historia política y de lo que han aportado a la república. Me refiero al Pacto de Olivos, como antecedente directo de la Reforma de la Constitución Argentina de 1994, que puso los nuevos derechos y garantías en la Constitución Nacional, dentro de los cuales está el derecho ambiental, como parte de los derechos humanos. Grandes hombres como Alfonsín pensaron y lograron una reforma constitucional que enriqueció la Constitución con el derecho ambiental, y todavía en Mendoza se está discutiendo si la Constitución Nacional se aplica o no, desde el mismo poder que ahora está gobernando. Eso me parece absurdo”.

Ante la duda si hay contaminación o no, (Ley 25.675) se debe proteger el ambiente porque es un bien común. Y el bien común está por encima de los negocios privados. “Hemos detectado a través de una investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, hace ya 10 años, que dentro de Caverna de las Brujas, dentro del circuito turístico, hay gas radón. Hemos pedido a la Dirección de Recursos Naturales que se haga un monitoreo. El gas radón, que es radioactivo, puede traer problemas de cáncer. No lo han hecho nunca, y lo hemos reclamado. Esto se va a hablar en la audiencia del 30 de abril”, comentó el presidente de la FAdE.

En la audiencia del último día de abril se hablará de Sierra Pintada (San Rafael) pero evitarán, otra vez, Malargüe. “El pueblo abandonado se lo ve desde la Ruta 40 con la cúpula de la escuela, el mástil, el camino que llegaba. Lo han alambrado. Ese alambrado te impide llegar a un curso de agua, hay que saltar una tranquera y te encontrás con un cartel que dice propiedad privada y no dice de quién. ¿Cómo puede ser propiedad privada un lugar donde hay mineral de uranio que es estratégico? Eso tiene que ser propiedad del Estado. Se puede decir que es la conquista de desierto, pero esta vez, a través del fracking y la minería”, concluyó Benedetto.

 

Con respecto a la audiencia del 30 de abril, compartimos el siguiente comunicado:

El 30 de abril es la audiencia pública de Sierra Pintada en San Rafael por el tema: “Manifestación de impacto ambiental – Complejo Minero Fabril San Rafael- etapa remediación-Fase I”. Dado el paro de transporte previsto para ese día, se informa que se pueden inscribir y hacer la presentación por escrito a través de correo electrónico. Al inscribirse pueden mandar su aporte/observaciones/críticas por correo.

Es vital que se consiga el mayor número de inscripciones y de presentaciones por escrito. Los que expusieron la vez anterior se encuentran habilitado para hacer la ampliación y/o reiterar lo dicho en una presentación escrita lo cual no se les permitió en aquella oportunidad y se debía permitir.

Es importante realizar tal presentación ya que todos los funcionarios y funcionales que fueron a la audiencia anterior no podrán asistir a esta, lo que hace que las voces del pueblo que asista sean mayoría. Y si se presentan por escrito en forma de correo electrónico indicando que no pudieron asistir por el paro deberán incorporar estas presentaciones al expediente

Es la oportunidad de que deban atender la voz de la gente porque esta vez -por más que digan que la audiencia no es vinculante- hay una orden judicial de realizar la audiencia conforme a la ley, lo que implica que cada presentación debe ser respondida en forma fundada por el Gobierno como dice la ley y eso los expone.

El vínculo electrónico para inscribirse es: http://www.dpa.mendoza.gov.ar/audiencia-publica/.

El correo para enviar su exposición es: mskalany@mendoza.gov.ar.

Quien requiera asesoramiento para presentar la nota se puede contactar con los abogados que llevan esta batalla escribiéndoles a: audienciapublicamendoza@gmail.com.

 

#Xumek2019 #JusticiaAmbiental

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