Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

Injusta sanción para una defensora de los derechos humanos

El día 12 de octubre de 2016 se llevó a cabo en la provincia de Tucumán una marcha organizada por ANDHES y Amnistía Internacional en el marco del “Día por el Respeto a la Diversidad Cultural” y en conmemoración y reclamo de justicia por Javier Chocobar, un hermano indígena asesinado por un empresario y terrateniente de la zona por haber defendido el territorio ancestral de la Comunidad Indígena “Los Chuschagasta”. Habiendo pasado más de 7 años de su asesinato, el caso aún sigue impune.

En los días previos a la realización de la marcha, la abogada defensora de derechos humanos, María Belén Leguizamón Salvatierra, integrante de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), manifestó en una entrevista en un medio de comunicación su preocupación por el retardo injustificado de justicia respecto del caso Chocobar e invitó a la sociedad en su conjunto a acompañar a la comunidad indígena en su reclamo público por las calles tucumanas.

Este suceso fue motivo suficiente para que el día 9 de noviembre de 2016, la Sala IV de la Cámara Penal de Tucumán intimara a la Dra. Leguizamón Salvatierra a concurrir a medios periodísticos para “aclarar” sus dichos en relación con la causa de Chocobar. El tribunal entendió que: “Las expresiones vertidas por la letrada María Belén Leguizamón Salvatierra en los medios masivos de comunicación ´…Organizando e invitando a la comunidad a concurrir a la marcha efectuada el día 12 del corriente mes por las calles de nuestra ciudad para exigir justicia no aportan nada a los intereses de sus clientes. Antes bien, con esa actitud demuestra una falta total de lealtad y probidad, particular y especialmente por tratarse el presente caso de una problemática donde está en juego los derechos y garantías de los imputados”.

Cabe destacar que dicha intimación se vio fundada en el pedido de la Fiscal de Cámara, Marta Ignacia Jerez, quien sostuvo que “las manifestaciones de la defensora, denunciando la mora de la justicia en dar respuesta a las víctimas por cuanto en la Sala donde se radicó la causa no fijaron fecha de debate (…) concurre en conducta indecorosa por falta de respeto a la autoridad e investidura del Tribunal y a todas las partes que intervienen en el proceso por haber faltado al deber de probidad y buena fe a la que se encuentra obligada, buscando trascendencia públicamente con su discurso de que ‘la justicia tardía no es justicia’”.

La situación que atraviesa Belén Leguizamón es de suma preocupación, ya que no sólo la actuación de dicho tribunal y fiscalía es una clara demostración de atropello y contradicción con estándares internacionales de protección de los derechos humanos, sino que además pone de manifiesto como la justicia, cuando le es oportuno, cuenta con los medios y tiempos judiciales para acelerar sus decisiones, e incluso recuerda los principios de “lealtad y probidad”, justamente siendo la justicia tucumana quien los infracciona hace ya más de 7 años -el asesinato de Javier Chocobar ocurrió un 12 de octubre de 2009 y la justicia aún sigue sin resolver el caso-.

Resulta alarmante la vulneración de derechos: la libertad de opinión y expresión, el hostigamiento a defensores/as de derechos humanos, los derechos de los Pueblos Indígenas, las garantías de debido proceso y derecho de defensa -la resolución del tribunal se dictó sin producirse ninguna prueba y sin notificar debidamente a la abogada-.

Desde Asociación Xumek denunciamos y repudiamos el accionar de dicho tribunal, e instamos a las demás organizaciones y personas interesadas, a acompañar y también denunciar este grave atropello y vulneración de derechos humanos, ya que hoy se ve afectada e intimada la abogada defensora Belén Leguizamón, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros/as quienes se encuentren en esta situación.

 

#10AñosXumek

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