Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

No a la reforma de la Ley 24660

El Senado de la Nación se encuentra tratando un proyecto de modificación de la Ley 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, presentado por el Diputado mendocino Luis Petri, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2016.

Desde Xumek, hemos realizado aportes en el debate de este proyecto en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, señalando algunas de las razones por las cuales no debería darse sanción definitiva.

Esta reforma de “endurecimiento” del sistema atenta, en primer lugar, contra estándares constitucionales y legales: las modificaciones propuestas van en un sentido contrario al modelo resocializador que la Ley 24660 dispone, basado en tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 5.6).

Nuestra legislación sostiene -al igual que la mayoría de las legislaciones penitenciarias más avanzadas- el sistema de progresividad, que supone que cumpliendo determinados requisitos temporales y realizando determinadas actividades -trabajo y estudio, buena conducta-, se tiene derecho a obtener salidas transitorias y libertad condicional.[1]

Las diversas modificaciones que el proyecto introduce tienden a desnaturalizar este régimen progresivo y el ideal resocializador, buscando que la mayoría de los condenados cumplan la totalidad de las penas privados de su libertad, con el objetivo “proteger a la sociedad frente al crimen” y dándole a ella “el control directo e indirecto”.[2]

En este sentido, se plantea la imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida –los mal llamados “beneficios”- y se amplía la lista de delitos incluidos. No resulta claro el criterio por el cual se determinan, ya que se incluyen, junto a delitos violentos, otros como el tráfico de estupefacientes (arts. 5, 6 y 7 de la Ley 23737)[3].

Consideramos que este tipo de reformas no pueden discutirse sin tener en cuenta la situación de las cárceles actualmente y sin una evaluación sobre como impactará en la problemática de la sobrepoblación y hacinamiento presente en todos los establecimientos carcelarios del país.

Debe recordar que en Mendoza, hacia finales del año 2012, fue sancionada la Ley Provincial N° 8465, conocida como “ley Petri” que introdujo en la legislación provincial modificaciones similares, limitando el acceso a la libertad anticipada en el régimen de ejecución penal, que adhería a la Ley Nacional 24660.

Esta normativa fue impulsada luego de hechos de inseguridad de gran transcendencia en la provincia, que generaron una ola de reclamos por parte de familiares de víctimas de delitos que, con el apoyo de miembros del Poder Legislativo, lograron aprobarla.

Con ella, se limitó el acceso a las instancias de libertad anticipada, provocando una disminución en la cantidad de egresos y un consecuente aumento de la población alojada en los complejos penitenciarios. Así, luego de entrar en vigencia, se experimentó un pico de crecimiento de la población penal, que se incrementó un 13% en un año, pasando de 3.492 a 3.945 personas privadas de libertad[4].

Esta situación se ha mantenido en los últimos años, llegando actualmente a las 4.564 personas detenidas[5]. El total actual de personas privadas de libertad, arroja una tasa de encarcelamiento de 259 detenidos cada 100.000 habitantes[6], superando al promedio nacional de 168,54 cada 100.000 habitantes[7], lo que posiciona a Mendoza como la provincia con la tasa de prisionización más elevada del país.

A pesar de esto, la cantidad delitos no ha disminuido sino que, por el contrario, también se ha incrementado en los últimos años. Según las estadísticas delictuales publicadas por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza[8], los hechos delictivos aumentaron en un 19% en el periodo 2008-2015.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la estructura carcelaria provincial sigue siendo prácticamente la misma, el gran aumento de detenidos ha provocado también un crecimiento sostenido de los índices de sobrepoblación  (y consecuente hacinamiento) en todos los establecimientos penitenciarios. Actualmente la sobrepoblación asciende al 22%[9], lo que lleva a los detenidos a convivir en espacios insuficientes e incompatibles con la dignidad personal, incrementándose de esta forma los conflictos, y consecuente violencia, entre ellos.

En consecuencia, desde el año 2012 a la actualidad se produjeron 98 muertes de personas dependientes del Servicio Penitenciario de Mendoza[10], la mayoría de ellas producto de un sistema carcelario colapsado en el que la atención médica es deficiente y la violencia es extrema.

En este escenario, las cárceles de Mendoza se encuentra con Medidas Cautelares[11] dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo Presidente visitó la provincia en el mes de septiembre de 2016 y recomendó al Estado de Argentina reorientar sus políticas penitenciarias y evitar respuestas de endurecimiento de los sistemas penales que repercutan en la restricción de la libertad durante el proceso penal ante demandas de seguridad ciudadana[12].

Lo mencionado demuestra que el endurecimiento de la legislación penal no sirve para bajar los índices delictuales, sólo han provocado un aumento desmedido de la población carcelaria –generando mayores problemas al interior de las cárceles y, potencialmente responsabilidad internacional del Estado por graves vulneraciones a los derechos humanos-, y no conllevan a una mejora en la seguridad, exigiendo grandes erogaciones de las arcas provinciales, afectando el presupuesto de otras áreas fundamentales en la prevención del delito, como son la educación, el trabajo y la salud.

 

[1] Xumek, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, “Situación de los Derechos Humanos en Mendoza”, Informe 2016, “Diez ideas sobre delito y seguridad”, pág. 98.

[2] Conforme al Art. 1 de la normativa proyectada

[3] Conforme al Art. 30 de la normativa proyectada.

[4] Fuente: Xumek en base a datos de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP)

[5] Fuente: Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura – CPPT- y Juzgado de Ejecución Nº 1. No incluye personas bajo el régimen de prisión domiciliaria. Dato actualizado al mes de marzo.

[6] Conforme a las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), para el año 2017, Mendoza tiene 1.928.304 habitantes.

[7] Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). Informe Anual 2015. Disponible en: http://www.jus.gob.ar/media/3191517/informe_sneep_argentina_2015.pdf.

[8] Disponible en: http://ministeriopublico.jus.mendoza.gov.ar/estadisticas/estadisticas.php.

[9] Fuente: Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Con una población total de 4.564 detenidos, hay plazas para 3.728, por lo que 836 personas carecen de camas.

[10] Fuente: Xumek en base a datos de la  Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. y Dirección General del Servicio Penitenciario.

[11] Comisión IDH., “Asunto Complejos Penitenciarios Almafuerte y San Felipe de Argentina”. Medida cautelar No. 35-14. Resolución 17/15. 14 de mayo de 2015.

[12] Conforme al informe publicado con posteridad a la visita realizada por James Cavallaro, Presidente de la CIDH y Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/151.asp.

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