Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

Observaciones al proyecto de ley sobre el Trabajo de los presos

El pasado 1 de mayo, el Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo anunció, en su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial, la presentación de un proyecto de reforma de la Ley provincial N° 8.465 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad con la finalidad de obligar a las personas detenidas a trabajar.

En primer lugar, de la lectura de los fundamentos del mencionado proyecto, se advierten tres cuestiones que deben ser mencionadas:

a) Contienen afirmaciones que no están respaldados en datos estadísticos: así, se menciona que tanto el delito como la reincidencia han crecido a niveles inusitados en la Argentina” y que “es una constante que la gran mayoría de quienes cometen delitos en Mendoza, vuelven otra vez a cometerlos. De reiterantes a reincidentes, pero siempre volviendo a la misma conducta, es decir, al mundo del delito; en gran parte ese mundo se encuentra intramuros”

b) Denotan un total desconocimiento de la realidad carcelaria de la provincia: al referirse al “estado de ocio” que predomina en los penales, no se hace referencia alguna a que el bajo porcentaje de quienes acceden a un trabajo se debe, principalmente, a la falta cupos laborales que se ofrecen. Quienes recorremos las cárceles sabemos, a diferencia de la creencia popular, que las personas privadas de libertad siempre están dispuestas a trabajar y a participar de todas las actividades laborales o educativas que se les propongan.

Actualmente, tan sólo 359 personas -lo que representa el 8%[1] de la población penal- tienen trabajo en el marco de talleres propios del Servicio Penitenciario o talleres productivos de empresas privadas, desarrollando labores de carpintería, herrería, imprenta, totora, mimbrería, zapatería, colchonería, producción textil, de macetas, entre otros oficios[2]. Otros tantos, se encargan de “fajinar” sus lugares de alojamiento, módulos y patios, actividad que puede considerarse más recreativa que laboral y por la que perciben una remuneración ínfima.

c) También se afirma que los detenidos están en una “mejor posición” que los ciudadanos que no han cometido delitos ya que el Estado les provee alimentos, mejor atención médica, educación, traslado de sus parientes a los lugares de detención, etc., demostrando un total desconocimiento de la posición de garante que tiene el Estado cuando priva de libertad a las personas.

Como conclusión, podemos señalar que el proyecto de ley presentado:

Para conocer con mayor detalle el informe elaborado por nuestra asociación con relación al proyecto, ingresa a

http://xumek.org.ar/wp-content/uploads/2017/05/Observaciones-al-proyecto-de-reforma-ley-provincial-de-ejecucion-penal.pdf

 

[1] Teniendo que hay un total de 4.564 detenidos, según datos bridados por el Juzgado de Ejecución Nº 1. No incluye personas bajo el régimen de prisión domiciliaria. Actualizado al mes de marzo de 2017.

[2] Datos brindados por la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza. Informe del 01/02/17.

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