Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

PRÓVOLO: PRONUNCIAMIENTO 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

A DOS AÑOS DE LUCHA POR VERDAD Y JUSTICIA, MANIFESTAMOS QUE:

La Compañía de María para la Educación de Sordomudos fue fundada en 1841 por Antonio Próvolo. Es una institución eclesiástica con sede en Mendoza y La Plata en Argentina, y en Verona Italia, cuyo supuesta razón de existencia es el cuidado y la educación de niñxs y adolescentes sordxs Sobre las tres sedes pesan denuncias por violencia sexual, física y psicológica, lo que deja al descubierto su manera sistemática y premeditada de funcionamiento.

La primera denuncia sobre las aberraciones que ocurrían en el Instituto Próvolo-Mendoza fue realizada por una familia en el año 2008. Esta denuncia fue negada por los representantes de la institución y olvidada por la justicia. Los silencios y ocultamientos institucionales, la complicidad de los que allí trabajaban, la falta de control por parte del Estado permitieron que estos terribles hechos ocurrieran.

En la actualidad, de los 15 imputados, uno de ellos fue declarado inimputable y otro (Jorge Bordón) pidió juicio abreviado, a través del cual le otorgaron 10 años de condena efectiva por las 11 causas que se le imputaron.

Por su parte, el sacerdote Nicola Corradi y la monja Kosaca Kumico consiguieron el beneficio de prisión domiciliaria. Estas fueron otorgadas a pesar de las manifestaciones de tres peritos de la justicia y de víctimas que se opusieron a este privilegio. La complejidad de los hechos ocurridos en esta institución religiosa amplió el círculo de los acusados iniciales a otros que cumplían diversas funciones “por acción u omisión” ante los hechos investigados.

Han habido numerosos intentos de desprestigiar a los profesionales intérpretes de LSA quienes acompañan y dan voz a las víctimas. El objetivo no ha sido otro que deslegitimar los testimonios de las víctimas ante la sociedad y golpear una vez más a quienes fueron tantas veces vulneradxs mediante la revictimización.

La fiscalía ha ordenado tanto al Arzobispado de Mendoza como a los síndicos judiciales, Dante Simón y Alberto Bochatey, enviados por el Vaticano, que entreguen pruebas de toda la investigación que han realizado. Hasta la fecha han hecho caso omiso al pedido de la justicia. La Iglesia como institución ha demostrado su poder y sus explícitas intenciones de seguir ocultando y protegiendo a quienes han cometido estos atroces crímenes.

Un capítulo aparte merece la venta del inmueble del Instituto Próvolo adquirido recientemente por el municipio de Luján de Cuyo dirigido por Omar De Marchi, en una acelerada transacción económica con la Orden San José a espaldas de las víctimas y sus familiares. En febrero de este año la fiscalía entregó la propiedad a las autoridades del Provolo, con la condición de que no podía realizar modificaciones sustanciales sin comunicación previa; entendiendo que el proceso judicial que inició hace dos años ha incluido numerosas declaraciones por parte de las víctimas, que se han ido ampliando a lo largo de los meses, y que corroborar lo que allí ha sucedido por parte de la justicia merece el reconocimiento y ubicación específica de cada lugar. El edificio cambió de propietario, y la venta del inmueble se realizó a un valor mucho menor del real, por lo que los abogados representantes de lxs sobrevivientes y sus familias, han realizado una serie de acciones judiciales para garantizar que las víctimas tengan derecho a su resarcimiento.

Por todo ello, a DOS AÑOS de los aberrantes hechos:

1. Exigimos la eliminación del Concordato entre la Iglesia Católica y el Estado Argentino con la derogación de la ley 17032 y la definitiva separación de Iglesia y Estado.

2. Seguimos exigiendo que se establezca un dispositivo interdisciplinario específico de atención integral para lxs sobrevivientes y su núcleo familiar primario. El objetivo de ese dispositivo debería ser restituir derechos vulnerados atendiendo a las necesidades económicas, educativas y sociales de cada sobreviviente y familia para garantizar su plena inclusión social. Para ello es necesario el establecimiento de un trabajo articulado de las diversas instituciones del Estado que garanticen la plena asistencia en tiempo y forma. El gobierno actual de la provincia de Mendoza da cuenta de la creación de dicho equipo y no escatima en alardear de su funcionamiento. Nos preguntamos entonces ¿cómo es posible que las familias sigan peregrinando por los diferentes Ministerios, a merced de la burocracia reinante en busca de soluciones?

3. Exigimos a la Subsecretaría de Desarrollo Social, la inclusión en políticas sociales para lxs sobrevivientes, tales como: acceso a AUH con discapacidad, pensión no contributiva, activación del Programa Incluir Salud si lo requiriera sin ningún tipo de demora. También se debe garantizar los medios económicos para la participación de lxs sobrevivientes y sus familias en todas las instancias del proceso judicial (traslados, viáticos, etc.)

4. Exigimos a la DGE que a partir de la atroz experiencia oralista del Próvolo se ponga en completa vigencia la Ley Nº7393 y el Decreto Reglamentario 2049/12 de Lengua de Señas que rige en todo el territorio provincial, y que garantiza su enseñanza tanto en las escuelas especializadas en personas sordas e hipoacúsicas, como en las escuelas comunes. Consideramos que esto es condición necesaria para la verdadera inclusión de las personas sordas dentro y fuera de las escuelas. Y que su enseñanza incluya sin excepción a un/a Referente Sordx.

5. Exigimos que DGE dé cuenta del seguimiento pedagógico realizado a lxs ex estudiantes del Instituto Próvolo de modo que se garantice su derecho a la educación y permanencia en las instituciones educativas con los ajustes razonables y los apoyos especializados que se requieran.
Hace pocos días fuimos testigos de las declaraciones de la actual Directora de Educación Especial, Susana Yelachich, que fue citada por distintos legisladores y legisladoras en la Comisión de Educación, para dar cuenta de la situación de los ex alumnxs del Instituto Próvolo. Allí señaló que habían garantizado la reincorporación de los ex alumnxs a establecimientos públicos y privados, con un acompañamiento concreto desde el área de salud mental tanto para las y los estudiantes, como así también para sus familiares en la reinserción al sistema educativo. Estos dichos han sido desmentidos por los y las familiares, inclusive en instancias de reunión con la Vicegobernadora en marzo de este año.. Fueron las familias quienes en medio de tanto dolor y espanto buscaron espacios educativos para sus hijos e hijas, sin apoyo institucional y sin garantías, damos cuenta incluso de familias a las cuales nunca siquiera se contactó, como así también del acompañamiento a familiares desde este Colectivo en el recorrido por instituciones educativas en busca de bancos para los ex alumnos.

6. Exigimos que se brinde atención integral con una red de profesionales de la salud (Salud Mental) en el territorio, y que cuenten con asistencia de intérpretes de Lengua de Señas, debido a que las consecuencias de las situaciones de abuso y violencia en las víctimas y sus familias plantean la necesidad de respuestas efectivas, que incluya la salud mental en sus lugares de residencia.

7. Exigimos a la Defensoría de las Personas con Discapacidad, ente autónomo, que cumpla sus funciones, recordándoles que: “Es su misión la defensa y protección de los intereses y derechos de las Personas con Discapacidad tutelados por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y las leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, de prestadores de servicios públicos, de entidades financieras y de las personas físicas o jurídicas que generen conflictos con ellas”, según establece en su artículo 2, la ley 8345..

8. Exigimos que las instalaciones del Ex Colegio Antonio Próvolo, hoy pertenecientes al Municipio de Luján de Cuyo, NO SEAN MODIFICADAS. Ya que el edificio no solo representa la única posibilidad de resarcimiento económico para las víctimas y sus familiares, sino también el recuerdo imborrable de una época de horror que no puede pasarse por alto, consideramos fundamental alimentar la memoria para que estos casos, que no son aislados, no vuelvan a ocurrir. Resulta imperioso su resguardo como memorial.

9. Exigimos al MInisterio Público Fiscal que realice las citaciones correspondientes a los más de 200 estudiantes que entre los años 2005 y 2015 asistieron al Instituto Antonio Provolo, y aún restan declarar. Este Colectivo de Sobrevivientes, familiares y organizaciones nos preguntamos también por la lista de estudiantes anteriores al 2005 y la del periodo posterior al 2015 hasta noviembre del 2016.

PORQUE LA VERDAD Y LA JUSTICIA ES PARA TODXS, CON NUESTRAS VOCES Y NUESTRAS MANOS ROMPEMOS EL SILENCIO.

COLECTIVO POR LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS A SOBREVIVIENTES DEL PRÓVOLO, conformado por: Sobrevivientes y Familiares del Próvolo – Mendoza; Xumek, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; Asociación Padres Autoconvocadxs de Niñxs, Jóvenes y Adultxs con Discapacidad; La Colectiva-Mendoza; APAPACHAR, Asociación de Promotores de Derechos de Niñez y Adolescencia; INCLUIR, Servicio de Protección de Derechos e Irrompibles. Red de Sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico.

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