Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

¿Qué es la Desaparición Forzada de Personas?

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas[1] y a 30 días de la desaparición de Santiago Maldonado, desde Xumek consideramos fundamental determina lo que significa este delito.

¿Qué es la desaparición forzada de personas?

Es el peor de los delitos que existe, puesto no constituye una simple violación de la ley, sino que es una práctica que vulnera numerosos derechos fundamentales de la víctima y de la sociedad.

Para que exista una desaparición forzada se requiere:

  1. que se prive a una persona de su libertad;
  2. que exista intervención o apoyo estatal; y
  3. la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona[2].

La Comisión Internacional de Jurista dijo en 1981: “Una desaparición constituye quizás la violación más perversa de los derechos humanos. Es la negativa del derecho del individuo a existir, a tener una identidad. Convierte a una persona en un ser no existente. Es el grado más avanzado de corrupción y de abuso de poder de que se valen las autoridades a cargo del mantenimiento de la ley y el orden para burlarse del uno y del otro y rebajarse a cometer crímenes civiles como método de represión contra los opositores políticos”.

¿Cuándo surge este delito?

Algunos autores consideran su origen puede encontrarse en Guatemala en la década del ´60, cuando se organizaron los temibles escuadrones de la muerte. Pero lo cierto es que en El Salvador ya se hacían desaparecer los cadáveres de las masacres perpetradas en 1932[3]  y de allí en más esta práctica represiva se fue extendiendo a gran parte de los países de la región durante los años 60 y 70.

Pero estudios más recientes indican que no se trataría de un “invento latinoamericano”, porque en la antigua Unión Soviética ya se hacía uso habitual de esta práctica como un modo de exterminar al adversario político[4]. Asimismo, el propio Adolf Hitler la utilizó dentro y fuera de Alemania[5]. También las fuerzas francesas de ocupación recurrieron a ella durante la llamada “Guerra de Argelia”.[6]

Sin embargo, en la Argentina algunos autores encuentran su origen en un antecedente más remoto. Así por ejemplo, Ignacio MONTES DE OCA, en su libro Historia de la Argentina Olvidada, sostiene: “Desde 1820, las expediciones contra los aborígenes pampeanos inauguraron la costumbre nefasta de hacer desaparecer al combatiente enemigo y sus familias, apoderarse de sus propiedades y justificarlo todo con la defensa de la Nación (…) la sola denominación que recibió la expedición contra los pueblos nativos –y que aún sigue vigente en los libros de historia- deja expuesta su ideología: la Campaña del Desierto hace imaginar un enorme espacio despoblado y yermo, cuando en realidad se trataba de grandes áreas con considerables riquezas naturales y habitadas durante miles de años por pueblos nativos. Al despojar de entidad a los que iban a ser desalojados, se los desaparecía previamente y se aflojaban los debates morales en torno de los métodos utilizados para hacerlo…” [7]

Como puede observarse, existen distintas posturas respecto de su origen, pero todas remontan a momentos oscuros de nuestra historia mundial. Durante la última dictadura cívico-militar Argentina, el empleo de este delito se realizó en forma sistemática, no solamente sobre personas adultas, sino también sobre niños recién nacido, que aún hoy permanecen desaparecidos.

¿Se requiere de un plan sistemático y generalizado para hablar de desaparición forzada?

No. El delito de desaparición forzada de personas puede darse en democracia, de forma individual y fuera de cualquier plan sistemático y generalizado de violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en Mendoza con los casos de Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Paulo Cristhian Guardati en la década del ´90.

¿La desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad?

No siempre. Para que se pueda decir que estamos frente a un delito de lesa humanidad se requiere un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque por parte del Estado, conforme con lo que expresa el art. 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

¿Es imprescriptible el delito de desaparición forzada de personas?

No siempre. Es un delito de carácter permanente, es decir, que el delito se inicia con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y recién cesa su ejecución cuando aparece la víctima o su cadáver[8]. Solo es imprescriptible, cuando se lo puede denominar como de lesa humanidad.

¿Dónde se encuentra consagrado este delito?

Existen numerosos tratados internacionales que consagran su prohibición.

1) La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas[9]

2) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada[10]

3) La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas[11]

4) El Estatuto de la Corte Penal Internacional[12]

Además, a partir del año 2011, mediante Ley Nacional N° 26.679[13], el Congreso de la Nación introdujo en el art. 142 ter al Código Penal[14] esta figura como delito autónomo, distinto al homicidio o a la privación ilegítima de la libertad.


¿Por qué es el delito más grave que pueda cometer el Estado?

Porque genera una forma de sufrimiento triplemente paralizante:

1) Para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida.

2) Para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen.  Además, muchas veces ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad les exponga a un peligro aún mayor.

3) Asimismo, se utiliza como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Además de afectar la libertad, la integridad física y la vida, configura una negación de la personalidad jurídica de la víctima, una tortura para sus familiares y una afectación a las garantías judiciales y el derecho a la verdad.

Tan particular, complejo y aberrante es este delito, que la palabra “desaparecido” no tiene traducción exacta en ningún otro idioma. Ni la palabra “missing” ni el término “disparu” son sinónimos de dicha palabra. Los argentinos, trágicamente, hemos incorporado en el léxico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos el término “desaparecido” ya que todos los textos que se ocupan del tema la escriben en español[15].

Por último, a 30 días de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, exigimos del Estado su aparición con vida y la sanción a todos los responsables de este hecho y que se respeten los derechos de nuestros hermanxs indígenas.

 

[1] Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 65/209 el 21/12/2010.
[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gómez Palomino vs. Perú y Caso Gelman vs. Uruguay.
[3] Amnistía Internacional. Desapariciones. Editorial Fundamentos, Barcelona, 1983.-
[4] AMBOS, Kai y BÖHM, María Laura. “La desaparición forzada de personas como tipo penal autónomo”. En: AAVV. Desaparición Forzada de Personas. Análisis comparado e internacional. Bogotá. 2009, págs. 195/255.
[5] MATTAROLLO, Rodolfo: “El decreto “Noche y niebla” de la Alemania nazi, antecedente de las desapariciones forzadas”. En: Noche y niebla y otros escritos sobre derechos humanos. Le Monde Diplomatique. Buenos Aires, 2010, págs. 17/24.
[6] ROBÍN, Marie-Monique: Escuadrones de la Muerte. La Escuela francesa. Editorial de la Campana, Buenos Aires, 2014, 383 págs.
[7] MONTES DE OCA, Ignacio. Historia de la Argentina Olvidada. 1810-1955, por, EDHASA, Buenos Aires, setiembre de 2011, pág. 64 y pág. 109.
[8] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Anzualdo Castro vs. Perú y caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia.
[9] Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18/12/1.992.
[10] Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, Asamblea General de la OEA. Aprobada por la Argentina mediante Ley Nacional N° 24.556 del 11/10/1995. Luego, con la Ley Nacional N° 24.820, del  26/05/1997, adquiere jerarquía constitucional.
[11] Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 6/02/2007.
[12] Aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17/07/1998.
[13] La ley Nacional n° 26.679 del 05/05/2011.
[14] Código Penal. Art. 142 ter: “Se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. La pena será de prisión perpetua si resultare la muerte o si la víctima fuere una mujer embarazada, una persona menor de 18 años, una persona mayor de 70 años o una persona con discapacidad. La misma pena se impondrá cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. La escala penal prevista en el presente artículo podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de los autores o partícipes que liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida.”
[15] BEIGEL, Viviana. El Libro de los Juicios: Experiencias, debates y testimonios sobre el terrorismo de Estado en Mendoza. El delito de desaparición forzada de personas. 1° Edición. Mendoza. EDIUNC. Pág. 104.

 

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