Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

Rechazo al proyecto de ley que pretende arancelar la salud y la educación superior para personas extranjeras

Desde la Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones de Mendoza, manifestamos nuestro profundo rechazo al proyecto de ley presentado por el diputado Luis Petri, el cual pretende arancelar la salud y la educación superior para personas extranjeras. Dicho proyecto no sólo viola categóricamente la Constitución Nacional y múltiples tratados internacionales de igual jerarquía, sino que también va en contra de la Ley Nacional de Migraciones n° 25.871, normativas de educación, de salud, de protección de infancia, entre muchas otras.

Ley esta última reconocida como modelo por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales, establece que la migración es un DERECHO HUMANO INALIENABLE de las personas y que la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad (art 4°). También establece que el Estado argentino debe asegurar el acceso igualitario a migrantes y sus familias (en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales) en lo referido a salud y educación, y en NINGÚN CASO podrá negársele o restringírsele esos derechos, SIN IMPORTAR SU CONDICIÓN MIGRATORIA (art. 6°, 7° y 8°).

En este sentido, manifestamos nuestra preocupación no sólo por la vulneración de derechos que el proyecto antes mencionado significa, sino también por la segmentación que produce en la ciudadanía: hay personas a las cuales se les permite acceder a ciertos derechos y personas a las que no. Esto establece un antecedente para ir generando una mayor diferenciación dentro de la población y avanzar en el futuro sobre otros derechos que deben ser universales.

Por otro lado, señalar la falacia del Principio de Reciprocidad con respecto a esta temática. Un Estado no puede negar DDHH de ciertas personas porque su Estado de origen hace lo mismo. Si así fuera, y llevándolo a un absurdo, ¿sería posible torturar a nacionales de un país cuyo gobierno tortura? Cualquier persona, sin importar su condición de residencia debe tener acceso a los servicios que públicamente un Estado brinda. Si en Argentina la salud es pública y gratuita para cualquiera, ¿por qué una cuestión administrativa (el tipo de residencia) sería un impedimento para acceder a este derecho?

Se argumenta que es debido al “peso” que significan para nuestro sistema de salud y que “no es justo que se le brinden servicios gratuitos a quienes no residen de forma permanente en nuestro país y sólo vienen a hacer uso de nuestros hospitales”.

Estos fundamentos no tienen ningún tipo de sustento estadístico ni legal respecto al verdadero impacto que tiene en el sistema de salud la atención a la población migrante. Sabemos en base a nuestras experiencias de trabajo articulado con los hospitales públicos de la provincia, que no existe un verdadero conocimiento de cuáles son la características ni la cantidad de población extranjera que se atiende. De hecho, los primeros números oficiales dados hoy por el Ministerio de Salud, reconocen que sólo el 3% de la población atendida no es argentina y el 1,5% poseía cobertura de salud para solventar los gastos de la atención. También cabe mencionar que ya existen disposiciones de menor jerarquía dentro de los hospitales que exigen a los/as extranjeros abonar un canon por intervenciones de mayor complejidad (como son las internación o cirugías) y cierta cantidad de años de residencia permanente, en el caso de los transplantes de órganos (por normativa del INCUCAI).

Por último, es importante refutar la falsa idea que circula sobre la facilidad para acceder a un documento argentino. Los trámites migratorios EXIGEN como mínimo DOS AÑOS DE RESIDENCIA TEMPORARIA ANTES DE OTORGAR LA RESIDENCIA PERMANENTE, y desde que se comienza el trámite hasta su aprobación transcurren aproximadamente seis meses más, en la cual el ciudadano debe (por obligación) tener una residencia precaria. Por lo tanto, desde el momento en que una persona decide establecerse en Argentina hasta que se le otorga su residencia permanente pasan aproximadamente tres años.

Las falacias de los argumentos que justifican una medida como la presentada por el diputado Luis Petri dejan entrever la xenofobia y discriminación que la impulsan y la necesidad de poner a los/as inmigrantes como “chivo expiatorio” de la crisis que atraviesa el sistema de salud público.

Partiendo de los estándares de derechos humanos nacionales e internacionales vigentes, afirmamos que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental, y que debe ser garantizado por el Estado y sus instituciones para cualquier persona sin importar su nacionalidad ni situación migratoria.

 

Comunicado para descargar en pdf.: aquí.

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