Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

Resumen de la visita a Mendoza del Presidente de la CIDH y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

El pasado viernes 16 de Septiembre de 2016, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro, visitó Mendoza en el marco de las medidas cautelares dictadas por las condiciones de detención en los Complejos Penitenciarios Almafuerte y San Felipe.

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Luego de sortear las dificultades por el paro de Aerolíneas Argentinas y el cierre del aeropuerto de Mendoza, el presidente de la CIDH estuvo en nuestra provincia con el objeto de verificar las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en las cárceles locales.

El Comisionado y la encargada de la Relatoría sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Lic. Sofia Galván, se reunieron con funcionarios del gobierno provincial, peticionarios y representantes de la sociedad civil, para finalmente realizar un recorrido por el Complejo Penitenciario II “San Felipe”.

A las 11:00hs del día viernes, comenzó la actividad oficial con una reunión de trabajo en el 3º piso de Casa de Gobierno, con razón de las medidas cautelares N° 35/14 solicitadas por el Dr. Carlos Varela Álvarez en el año 2014, debido a las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios Almafuerte y San Felipe.

De la reunión participaron en representación del Estado argentino: funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación; el Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro Garay; el Ministro de Seguridad, Gianni Venier; y otros funcionarios provinciales. En representación del peticionario Carlos Varela Álvarez, quien no pudo participar por encontrarse de viaje, participaron: Pablo Flores, docente del Complejo San Felipe; la abogada Mercedes Duberti y los abogados Lucas Fallet, Lucas Lecour y Pablo Moreno.

Las partes acordaron proseguir con el trabajo de las comisiones formadas por orden de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJMza), como consecuencia del expediente N° 13-03816021-9 caratulado “Habeas Corpus en favor de internos alojados en Almafuerte y San Felipe”. En el resolutivo se dispuso la conformación, con la finalidad de informar y asesorar a los Poderes Públicos de la Provincia, de una Mesa de Trabajo Institucional integrada por representantes de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo Provincial y las Cámaras Legislativas, el Procurador General ante la Corte, el Procurador de las Personas Privadas de Libertad y los peticionarios. También se invitó a participar de las deliberaciones: a la Inspección General de Seguridad; al Comité Provincial de Prevención de la Tortura; al Procurador Penitenciario Federal y a la Capellanía Penitenciaria. La Mesa de Trabajo elevará periódicamente a la CIDH actas respecto de los avances logrados.

En la reunión además, los representantes del Poder Ejecutivo informaron sobre los endeudamientos autorizados por la Legislatura de Mendoza para la refacción de todos los complejos y unidades penitenciarias por un valor de ciento sesenta millones de pesos ($ 160.000.000). Como también, la construcción de un nuevo complejo penitenciario para 900 personas, ubicado en la zona de Cacheuta, que implicará un expendio de noventa millones de dólares (U$S 90.000.000) por parte del gobierno provincial.

Llamó la atención del Comisionado los montos del endeudamiento y la capacidad de alojamiento pensada para la nueva cárcel, teniendo en cuenta las tendencias mundiales de arquitectura penitenciaria. Donde los establecimientos proyectados resultan más económicos y están pensados para una menor población de detenidos, lo que implica tratamientos más personalizados en la reinserción social y controles más efectivos.

Teniendo en cuenta los conocimientos de James Cavallaro, los funcionarios provinciales solicitaron a la CIDH un acompañamiento sustancial en las mejoras de los complejos penitenciarios y en la construcción del nuevo penal.

Inmediatamente luego de este primer encuentro, el presidente de la CIDH mantuvo una reunión a puertas cerradas con los mencionados ministros provinciales; el director de Enlace de Asuntos Penitenciarios y Justicia, Juan Ignacio Mulet; la directora de Derechos Humanos, Luz Amanda Faingold; y el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.

El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, expresó a los medios locales que “ha sido una visita fructífera, hemos coincidido en que en esta nueva gestión se han creado espacios de diálogos donde interactúan varios sectores y donde se puede abordar la totalidad de la problemática. Nosotros no solo estamos abocados a la mejora de la infraestructura sino también estamos elaborando y ejecutando desde controles de salud hasta programas de mejora educativa. Hemos salido de la estructura del sistema carcelario para implementar un programa de shock para que el interno vea en el sistema carcelario la posibilidad de reinserción social”. Del mismo modo, Gianni Venier, ministro de Seguridad dijo “estamos trabajando en el mejoramiento de las cárceles, como pedido expreso del Gobernador. Hemos pedido a la Comisión un acompañamiento sustancial para poder trabajar e involucrarnos de lleno en lo que respecta a mejoras dentro de los complejos penitenciarios”.

 

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Pasadas las 13:30hs, el Presidente de la CIDH se trasladó al Espacio para la Memoria (Ex D2) donde mantuvo una reunión con organizaciones de derechos humanos, vinculados a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, y con la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT).

 

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Fabricio Imparado, Procurador de la Personas Privadas de Libertad de Mendoza, informó al Comisionado sobre la situación de los penales mendocinos y las dificultades del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura para cumplir acabadamente con sus funciones. Debido a la falta de presupuesto para el normal funcionamiento de la CPPT, creada hace tres años en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, por el caso Penitenciarias de Mendoza, sin embargo, destacó los acuerdos que se están logrando con la Legislatura y el Poder Ejecutivo para dar solución definitiva al histórico incumplimiento, y señaló la importancia que los mismos se cumplan.

También, representantes de las distintas organizaciones expusieron sobre la ausencia de políticas claras en educación y las dificultades que existen en materia de salud, limitando el acceso de las personas detenidas a estos derechos fundamentales.

Desde Xumek, comunicamos al Presidente de la CIDH sobre el grave hacinamiento de las cárceles mendocinas, dado por el alto índice de prisionización (228 detenidos cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional es de 161 personas encarceladas cada 100.000 habitantes); las graves condiciones de detención; y la necesidad de una ley de cupo que fije criterios para determinar la capacidad real de alojamiento de los distintos establecimientos.

Informamos sobre el resultado del habeas corpus colectivo y correctivo que presentamos en la SCJMza, en septiembre de 2015, por la utilización indiscriminada de la prisión preventiva en Mendoza, que se encuentra recurrido por el Ministerio Público Fiscal ante Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asimismo, comunicamos sobre la sanción de la Ley N° 8869,  impulsada por el Gobernador como la solución a la “puerta giratoria”, cuyos criterios son absolutamente contrarios a los estándares fijados por la CIDH en sus informes y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su jurisprudencia constante.

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Luego de la reunión, James Cavallaro recibió a la prensa y afirmó que “los penales deben servir para rehabilitar a los internos pero resaltó que han visto que en la práctica eso no está sucediendo”.  Señaló además, que llegó con el objetivo de observar “la situación de hacinamiento, y las condiciones de los presos por las denuncias de violencia y maltrato que ha habido en los centros de detención”. Por último indicó que “los centros de detención en la provincia, como en otras provincias en Argentina y otros estados de las Américas suelen estar hacinados, con condiciones insalubres, sin espacio para trabajar, estudiar o de alguna forma buscar rehabilitarse. Lo que provoca altos índices de reincidencia y de nada sirve para resolver el tema de inseguridad”.

Antes de partir hacia San Felipe, recorrió las instalaciones del Espacio para la Memoria. Visitó las celdas del centro clandestino de detención D2, que albergaron a presos políticos durante la última dictadura cívico militar, con la guía de Eugenio París, Ex Preso Político y miembro de la CPPT. Observó, también, con detenimiento la placa colocada a la entrada del Palacio Policial con el pedido de disculpas del Gobierno de Mendoza por la desaparición forzada de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, primera condena internacional de la Argentina ante la Corte IDH.

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Pasadas las 15:00hs, el Comisionado se trasladó al Complejo Penitenciario II “San Felipe”, para observar las condiciones del penal y entrevistar a personas alojadas en distintos módulos de dicho centro de detención.

La CIDH realizará un breve informe, con el fin de plasmar sus recomendaciones, a partir de lo observado en el país y la provincia.

La presencia de uno de los más altos representantes del Sistema Interamericano en el país y particularmente en Mendoza, nos brinda una nueva oportunidad para mejorar las condiciones de las personas privadas de su libertad, a partir de un compromiso entre el actual gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, bajo los parámetros establecidos por la CIDH.

Desde XUMEK abogamos por el cumplimiento de dicho compromiso y seguiremos trabajando en función de la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, por un trato digno en su condición de detención.

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