Xumek - Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos

Xumek presenta una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones de derechos humanos en Brasil: “El caso de Tatiane da Silva Santos”.

El 10 de abril de 2018 presentamos una petición individual ante la CIDH que denuncia violaciones a la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” y a la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Belém do Pará)”, perpetradas por miembros del Poder Judicial brasilero, del Ministerio Público y del Consejo Tutelar del Estado de Brasil en contra de Tatiane da Silva Santos y sus hijos.

Las víctimas

Tatiane da Silva Santos es una mujer afrodescendiente de 29 años de edad que actualmente se encuentra privada de su libertad en la Penitenciaria Madre Pelletier, Porto Alegre. Fue condenada en noviembre de 2016 por un tribunal de primera instancia con un fallo plagado de valoraciones arbitrarias y violaciones a sus derechos esenciales, la sentencia estipuló la pena de 22 años, 2 meses y 20 días de prisión. Posteriormente, esta sentencia fue apelada teniendo entonces el órgano judicial superior la posibilidad de enmendar los defectos de aquella decisión. Lejos de reparar dicha situación, no solo ratificó lo resuelto anteriormente, sino que el juez relator -a cuyo voto adhirieron completamente los otros dos jueces- se explayó en consideraciones misóginas y aumentó la pena impuesta a 24 años, 9 meses y 10 días de reclusión.

El caso

Tatiane vivía con sus 3 hijos menores -Gabriel, Gabriele y Diogo- y Amilton Martins, el padre de ellos, en la ciudad de Porto Alegre en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. El día 29 de setiembre de 2013 Diogo – de un año y dos meses de edad – fue maltratado, torturado, abusado sexualmente y asesinado por su padre, quien se encontraba cuidándolo mientras Tatiane estaba fuera del hogar trabajando. A raíz de ese hecho, Amilton fue acusado y condenado por los delitos de malos tratos, tortura, estupro y homicidio calificado en calidad de autor de los hechos, conforme con el Código Penal de la República Federativa de Brasil. Tatiane -exceptuando el delito de estupro- también fue encontrada culpable en la modalidad de comisión por omisión, es decir, se la encontró responsable de estos delitos por no haber evitado el resultado teniendo el deber de hacerlo por ser la madre, una valoración a todas luces discriminatoria. Desde el día 13 de noviembre de 2013 permanece privada de su libertad.
La relación con Amilton estuvo plagada de situaciones de violencia, amenazas y agresiones. Amilton consumía drogas, era violento y fue separado en numerosas ocasiones del núcleo familiar a raíz de denuncias que le inició Tatiane. No obstante esto, la pareja volvió a convivir y al poco tiempo se produjo el homicidio de Diogo. Ese día, al llegar de trabajar, Tatiane observó que Diogo, que había estado durante todo el día a cuidado de su padre, estaba inconsciente con hematomas en todo el cuerpo y tenía la panza hinchada. Al no poder comunicarse con la ambulancia, lo traslado rápidamente al hospital donde murió al poco tiempo.
La investigación estuvo marcada por prejuicios económicos, sociales y de género. El hecho de que se tratara de una mujer afrodescendiente de escasos recursos económicos influyó terminantemente para que los magistrados de Brasil exacerbaran el deber de cuidado que pesara sobre ella como madre y la consideraran culpable del homicidio de Diogo, en concurso con los delitos de tortura y malos tratos cometidos por el padre del niño.

Los derechos vulnerados

Al estudiar el caso, consideramos que las condenas vulneraron el derecho de Tatiane a un trato igualitario –y consecuentemente al derecho a la no discriminación- ya que las decisiones jurisdiccionales se fundamentan en el entendimiento de que Tatiane, en tanto mujer y madre, debería haber cumplido con sus obligaciones legales de cuidado de sus hijos, pasando deliberadamente por alto dos puntos esenciales. El primero, la violencia de género y familiar a la que estaba sometida, y el segundo, el igual deber de cuidado que cabía a Amilton como padre del niño.
La mayor carga que se le atribuye a la responsabilidad materna, en relación a la paterna, constituye una discriminación directa e indirecta hacia Tatiane, debido a su cuádruple condición de vulnerabilidad como mujer, negra, pobre, y víctima de violencia de género y familiar. Lo que la justicia debió valorar para no incurrir en un trato discriminatorio. Es que aún en el contexto de gravísima violencia y extrema vulnerabilidad en el que se encontraba Tatiane, nunca dejó de encargarse como pudo del bienestar de sus hijos.
Además, creemos que Brasil incumplió el derecho contenido en el art. 8.2.h de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos,” que contempla el derecho a recurrir el fallo ante el Juez o Tribunal Superior, ya que la condena impuesta a Tatiane en primera instancia fue posteriormente aumentada por un tribunal superior, dejando sin posibilidad que otro tribunal revise íntegramente esta última sentencia. Esto debido a que el único recurso utilizable ante una sentencia de segunda instancia en Brasil, es el recurso especial que está regulado en el inciso tercero del artículo 105 de la Constitución Federal combinado con art. 1029 del Código Procesal Civil, el cual fue interpuesto y se encuentra pendiente de resolución. Dicho recurso no permite una revisión integra en lo que respecta a los hechos que fundaron el aumento de pena ya que no admite reexaminar las pruebas.
Por otro lado, entendemos también incumplidas algunas de las obligaciones contenidas en el art. 7 de la “Convención Belém do Pará”, ya que durante todo el tratamiento estatal del caso de Tatiane, es decir desde la intervención administrativa a partir de las denuncias realizadas hasta la investigación judicial -incluyendo acusación por el Ministerio Público y juzgamiento en dos instancias judiciales-, vemos paradójica la tímida intervención por parte del Estado en el ámbito de protección de la familia en situación de violencia, en contraposición con la implacable aplicación de la ley penal a los “autores” del delito que ocurrió, entre otros factores, por la insuficiente injerencia estatal en aquel campo.
Entre las obligaciones de esta última convención que consideramos incumplidas, se encuentran el “deber de debida diligencia” contenido en el art. 7 inc. b, que impone como obligación al Estado contrayente prevenir, investigar o sancionar los hechos de violencia contra la mujer. A su vez, Brasil también incumplió los llamados deberes de “protección judicial” (art. 7 inc. d), de “procedimientos justos y eficaces” (art. 7 inc. f) y el de “reparación” (art. 7.inc g).
Por último, cabe afirmar que con esta denuncia ante el Sistema Interamericano de DDHH pretendemos como organización que esta situación de graves vulneraciones sea visualizada, no quede olvidada y genere un impacto en la región. A su vez, esperamos que la situación de Tatiane da Silva Santos y sus hijos mejore y el Estado de Brasil repare los perjuicios ocasionados.

Secretaría de Litigio Estratégico
Xumek

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