A cien años de la sanción de la Carta Fundamental Provincial, se avizora tanto en los actores académicos como políticos la voluntad de abrir un debate en torno a su reforma y desde Xumek celebramos tal iniciativa.

Los mendocinos nos hallamos ante la oportunidad única y excepcional, por un lado, de dejar atrás la legislación del siglo pasado que presenta límites para hacer frente a los desafíos del nuevo siglo y, por el otro, de darnos nuestras propias instituciones, establecer lo que consideramos justo, reconocer más derechos y modernizar la organización del Estado.

Disponer de una de las mejores constituciones del siglo, como otrora lo hicieron nuestros convencionales constituyentes, no sólo redundaría en beneficio de este pueblo, sino que también sería un modo de emular a quienes sancionaron aquella Constitución pionera en el reconocimiento de derechos sociales, incluso previa a las de Weimar en 1919, de México en 1917 y de España en 1931.

En este marco, se vuelve imperioso llevar a cabo procedimientos institucionales a través de los cuales se pueda efectivizar el “derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos” (art. 23.1 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 21.1 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 20 Declaración Americana de Derechos Humanos).

Por ello, desde la Secretaría de Asuntos Constitucionales y Convencionales de Xumek, hemos presentado a los Presidentes de cada Cámara y de cada Bloque de la Legislatura Provincial pedidos de audiencias públicas, que constituyen un instituto deliberativo basado, por un lado, en uno de los imperativos del axioma republicano –art. 1 CN– cual es la publicidad de los actos de gobierno y, por el otro, en el brocardo de soberanía del pueblo –art. 33 CN–, según el cual, el poder del Estado procede del pueblo, al ser éste el portador del derecho subjetivo a participar con igualdad de oportunidades en la formación democrática de la voluntad común, mediante la autodeterminación ciudadana.

A través de ellas, se fortalece el vínculo entre los ciudadanos y los funcionarios, a la vez que se abren canales de difusión y de control, desarrollando un alto grado de discusión pública que no sólo permite mejorar la información de los legisladores y los convencionales para tomar decisiones con alta dosis de calidad en términos de contenido, racionalidad, intersubjetividad y consenso, sino que también facilita un mayor conocimiento para la sociedad civil.

Desde Xumek, entendemos que es fundamental el tratamiento de los siguientes puntos:

1. Los Tratados Internacionales.
2. La figura del Ombudsman.
3. El Ministerio Público.
4. La autonomía municipal.
5. Las comunas.
6. Un sistema democrático o uno dialógico de control de constitucionalidad de normas.
7. El deber de efectuar un control de constitucionalidad y de convencionalidad de oficio por parte de toda autoridad pública.
8. Las atribuciones del Órgano Legislativo, la extensión de sus sesiones, su conformación y los impedimentos para integrarlo.
9. La democratización del Órgano Judicial.
10. Límites a la reelección de los cargos públicos electivos.
11. Los mecanismos de participación ciudadana: la consulta popular, iniciativa legislativa popular y juicio por jurados.
12. El acceso a la vivienda digna.
13. El laicismo estatal.
14. El derecho al voto desde los dieciséis años de edad para los cargos públicos electivos.
15. El derecho a la educación pública, universal, gratuita y laica.
16. El derecho a la información pública.
17. La situación de las cárceles o centros de rehabilitación, los derechos de los internos, la figura del Procurador de las personas privadas de libertad y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.
18. El sistema de administración del agua.
19. La función social y ambiental de la propiedad.
20. Los derechos de consumidores y usuarios y la regulación de los monopolios.
21. El medioambiente y los recursos naturales.
22. Los derechos laborales y previsionales.
23. El derecho a la protesta social.
24. El derecho a la identidad.
25. Los derechos de los pueblos indígenas.
26. Los derechos de la niñez, de la ancianidad y de las personas con capacidades diferentes.
27. La igualdad de género.
28. El derecho a la salud.
29. La seguridad democrática.
30. Las garantías de hábeas corpus, habeas data y amparo.

Ellos resultan imperativos ineludibles al momento de aprobar la Ley Declarativa de Necesidad de Reforma y para quienes eventualmente ejerzan el Poder Constituyente. Sin embargo, somos conscientes de que si bien sobre algunos habrá consenso, ante otros –los originales que pueden hacer historia– se desarrollarán eufóricos debates que estamos dispuestos a afrontar, con el objeto de avanzar en el reconocimiento de nuevos y más derechos.

En síntesis, desde Xumek alentamos a toda la comunidad a aprovechar la ocasión que ofrece la coyuntura actual para intervenir activamente en las audiencias públicas con el fin de alcanzar una Mendoza más justa, mediante una nueva Ley Fundamental que, precedida de deliberación, materializará el consenso más perfecto y estará dotada de plena legitimidad, puesto que será el pueblo soberano, reunido a través de sus representantes, el que la estatuya.

Carlos Ignacio GIUFFRÉ – Secretario de Asuntos Constitucionales y Convencionales

El terrorismo de Estado vivido en nuestro país durante los años 1976 a 1983 consistió en la utilización por parte de los golpistas de métodos ilegales como la censura, la persecución, el secuestro, la tortura, el asesinato o la desaparición forzada de personas, con el fin de impedir el avance de los movimientos políticos y sociales de esa época.Este actuar violento del Estado no sólo estaba dirigido a los movimientos armados guerrilleros, sino que tenía como principal objetivo exterminar todo tipo de pensamiento que atentara contra el estilo de vida «occidental cristiano», como así lo expresara el genocida Videla.Otro de los de los oscuros mecanismos represivos utilizados por el denominado «Proceso de Reorganización Nacional» consistió en un plan sistemático de apropiación de menores. Los responsables del terrorismo de Estado consideraban que para completar la desaparición de la forma ideológica que pretendían exterminar era necesario evitar que ésta se transmitiera a través del vínculo familiar. De esta manera, arrebataron aproximadamente quinientos menores de los brazos de sus familias biológicas, convirtiéndolos en mercancía y entregándolos a familias de militares o a parientes de éstos, para evitar así que se produzca el tan temido «contagio ideológico». Algunos de los niños y niñas, fueron apropiados junto a sus padres, aunque la mayoría nacieron cuando sus madres se encontraban en cautiverio. También, el destino de los bebes fue distinto en cada caso, mientras que algunos fueron inscriptos como hijos propios de quienes pertenecían a las fuerzas militares y policiales, otros fueron vendidos, abandonados o dados en adopción fraguando su identidad.Los crímenes atroces cometidos por la dictadura cívico-militar, con la complicidad de la justicia y la iglesia y el silencio de la sociedad civil, dejaron una profunda huella en la identidad colectiva del pueblo argentino. Treinta mil desaparecidos, la pérdida de la identidad de aproximadamente quinientos niños y niñas y la posterior impunidad de los gobiernos democráticos posteriores, significaron una herida irreparable en la democracia argentina, pero, sobre todo en la memoria nacional.Un largo camino recorrió la historia en nuestro país para lograr, a partir de las luchas populares por la defensa de los Derechos Humanos, que despierte la Justicia responsabilizándose de procesar y condenar a quienes perpetraron los crímenes genocidas que el terrorismo de Estado ejecutó en la Argentina en la última dictadura cívico-militar.Fuente: “Situación de los Derechos Humanos en Mendoza” Informe Xumek 2014. Fragmento del capítulo “Apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de estado en Mendoza”.

Este 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del sexto golpe de Estado que sufriera la Argentina desde su conformación como República. Pero también se cumplen 40 años de una lucha constante, persistente y eficaz que los organismos de derechos humanos llevan adelante para el juzgamiento de los crímenes cometidos por la sangrienta dictadura que se inició ese día.

Hoy podemos ver que tras la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia” se encuentra encolumnada la mayor parte de nuestra sociedad y de un modo creciente se han ido sumando todas las instituciones del Estado de derecho. El puntapié inicial lo dio, sin duda, el presidente Raúl Alfonsín, que se diferenció de su principal adversario en la contienda electoral de 1983 porque prometió juzgar a los comandantes de las tres primeras juntas de gobierno. Se trató de una apuesta revolucionaria, en un país donde la transición entre gobiernos de facto y democracia se venía asentado en la impunidad de los asesinos y la proscripción electoral. Pero el reclamo social era más pretensioso y apenas terminado el juicio a los comandantes, los tribunales federales comenzaron a imputar a los mandos inferiores. Allí vinieron los levantamientos militares que pusieron en riesgo la continuidad democrática. Su costo fue las leyes de impunidad, que lejos de fortalecer a las instituciones no hicieron más que debilitarlas, sobre todo a los tribunales de justicia que aparecían impotentes para juzgar a quienes emplearon el secuestro, la tortura, la desaparición forzada de personas y las violaciones sistemáticas como herramienta de represión política.

Los años que siguieron no fueron mejores, porque con el cambio de gobierno los pocos militares que habían sido condenados en 1985 y los que todavía estaban siendo juzgados fueron indultados por el presidente Carlos Menem. La estrategia de los organismos fue entonces aprovechar los resquicios que quedaron fuera del manto de impunidad para impulsar el juzgamiento de la apropiación de niños, o apelar a los principios jurídicos que habilitaran la competencia extraterritorial de tribunales franceses, alemanes, italianos  y españoles por los crímenes cometidos en nuestro país. Sería el presidente  De la Rúa quien intentó cerrar esa vía por decreto, impidiendo la extradición de los militares que eran requeridos para ser juzgados en el extranjero. El reclamo ante los organismos internacionales fue también una opción fundamental para que en algunas provincias se iniciaran los llamados “Juicios por la Verdad” que permitían avanzar en la investigación y acumulación de pruebas, aun cuando la posibilidad de condena estuviera vedada.

Con el gobierno del presidente Néstor Kirchner una nueva generación llegaba al poder, los sobrevivientes de esa juventud diezmada por la dictadura militar. Recién a partir de allí se puede decir que el Estado en su conjunto asumió como propia una lucha que ya era parte del inconsciente colectivo. Todos los poderes del Estado se alinearon para mantener viva la memoria y encontrar la verdad para hacer Justicia. Confiamos en que se ha llegado a un punto sin retorno.

Muchas sociedades que han sufrido tragedias tan graves como la nuestra no lograron transitar este camino, otras sólo intentaron esclarecer los hechos a través de Comisiones por la Verdad que canjearon información por impunidad. Por eso no es aventurado decir que lo que se está logrando en la Argentina no tiene precedentes en otros países del mundo.Los juicios que aquí se realizan son ante el juez natural, no ante tribunales especiales, y con el más amplio respeto de las garantías que merece cualquiera que se encuentre acusado. Hasta setiembre pasado 622 personas habían sido condenadas y otras 135 se encuentran imputadas o procesadas. Entre ellas no sólo hay miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, sino también, ex jueces y fiscales, empresarios y otros cómplices civiles del genocidio. Por otra parte, 119 nietos apropiados han recuperado su identidad.

Algunos todavía se preguntan para qué sirven estos juicios, considerando el tiempo transcurrido desde los crímenes que se juzgan. En principio, se procura que hechos como estos nunca más se repitan en la República Argentina. Esta es la aspiración preventiva que guía todo ejercicio del poder punitivo. Pero además, los juicios de lesa humanidad que se realizan en todo el país están escribiendo una página fundamental sobre nuestro pasado reciente. No con el apasionamiento del periodista, del historiador o del analista político, sino desde una mirada objetiva y con el suficiente respaldo probatorio que se exige a toda sentencia judicial.

Asimismo, como la mayoría de estos crímenes fueron cometidos desde las instituciones del Estado, resulta esencial que se esclarezca quiénes fueron los verdaderos responsables en cada una deesas dependencias oficiales. Esto resulta fundamental para el futuro de nuestra democracia, porque ya no será aceptable sostener que todos los militares, los policías, fiscales o jueces federales participaron del terrorismo de Estado. Con estos juicios se está poniendo nombre propio a quienes hicieron posible el genocidio.

Finalmente estos procesos, están cumpliendo una triple función reparadora en la sociedad argentina. Porque podemos mostrar al mundo que la crueldad de los poderosos se enfrenta con la Justicia y no con la venganza. Porque se reconoce a las victimas los derechos que les fueran negados. Porque se restituye la humanidad a quienes perpetraron los actos inhumanos de que tratan estos juicios.

Sin duda alguna, 40 años de lucha contra la impunidad valieron la pena.

Dr.Diego Lavado
Profesor Titular Efectivo Derechos Humanos
Facultad de Derecho-UNCUYO

FUENTE: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo – Una larga lucha contra la impunidad (a 40 años del golpe) por el Dr. Diego Lavado

¿SABÍAS QUE? El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Y LA MOSQUITERA acordaron trabajar conjuntamente en el Proyecto de “Violencia Institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina” tendiente a prevenir la violencia en contextos de encierro por razones de salud mental. Este proyecto se desarrolla en las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Y que en Mendoza Xumek, viene investigando la temática de violencia institucional en forma asociada con el CELS.

¿SABÍAS QUE? Existe desde 2010 en la Argentina una Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657; Decreto reglamentario 603/2013) que protege los derechos de las personas con padecimiento mental y que ha sido necesaria porque durante muchos, muchos años estas personas han sido víctimas de abusos a su dignidad, sin respetar sus elecciones, quedando internadas en algunos casos durante toda la vida, sin condiciones de alojamiento dignas, privadas de su libertad, sin poder ejercer sus derechos políticos como votar, o civiles como casarse, o sociales como trabajar.

¿SABÍAS QUE? El sufrimiento mental se ha relacionado históricamente con la idea de lo peligroso y esa es una de las razones por las que existe un miedo infundado hacia las personas que son clasificadas como “locas”. Estos temores tienen su explicación en la historia de la humanidad. En cada época se identificó a personas que se distanciaban de los parámetros de normalidad considerándolas peligrosas y se las separó como medida de protección para la sociedad. Así bajo la idea de “contagio” se fueron legitimando diferentes modos de aislamiento y de aniquilación de los derechos de las personas consideradas distintas.

Esta asociación entre locura y peligrosidad no tiene fundamentos científicos sino que ha respondido al control sobre los considerados “diferentes”, por ejemplo durante la Edad Media “las mujeres que atentaban contra la fe” eran consideradas brujas, y las brujas eran herejes y por lo tanto peligrosas y para “protección” del resto de la sociedad había que quemarlas en la hoguera.

¿SABÍAS QUE? Existe un organismo previsto por esta Ley que se llama Órgano de Revisión y que tiene por función accionar legalmente por los derechos de las personas con sufrimiento mental. Que debe ser independiente de los demás poderes del Estado para garantizar su autonomía de funcionamiento. Que tiene que estar conformado por: organismos de derechos humanos, asociaciones de familiares y usuarios de servicios de salud mental, colegios de profesionales afines, por reparticiones del Estado como la Dirección de Salud Mental y Adicciones, representantes del Poder Judicial con trayectoria acreditada en derechos humanos.

¿SABÍAS QUE? En la provincia de Mendoza aún no existe este organismo, como en muchas provincias de la Argentina, motivo por el cual se desarrolla este  proyecto. La Ley establece que todas las provincias cuenten con uno. En Mendoza se ha presentado un proyecto de ley, pero aún no ha sido tratado. El mismo es fundamental para poder intervenir en situaciones de la vida de muchas personas con sufrimiento mental que ven vulnerados sus derechos, por ejemplo: cuando se prolongan las internaciones más allá del plazo pautado por la Ley; en el tratamiento cuando no se incorpora la perspectiva de la persona al mismo o cuando se le indica medicación en exceso, y cuando no se promueve progresivamente su autonomía.

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¿QUIÉN DIJO QUE EL LOCO ES PELIGROSO?

¿SABÍAS QUE? El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Y LA MOSQUITERA acordaron trabajar conjuntamente en el Proyecto de “Violencia Institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina” tendiente a prevenir la violencia en contextos de encierro por razones de salud mental. Este proyecto se desarrolla en las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Y que en Mendoza Xumek, viene investigando la temática de violencia institucional en forma asociada con el CELS.

¿SABÍAS QUE? Existe desde 2010 en la Argentina una Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657; Decreto reglamentario 603/2013) que protege los derechos de las personas con padecimiento mental y que ha sido necesaria porque durante muchos, muchos años estas personas han sido víctimas de abusos a su dignidad, sin respetar sus elecciones, quedando internadas en algunos casos durante toda la vida, sin condiciones de alojamiento dignas, privadas de su libertad, sin poder ejercer sus derechos políticos como votar, o civiles como casarse, o sociales como trabajar.

¿SABÍAS QUE? El sufrimiento mental se ha relacionado históricamente con la idea de lo peligroso y esa es una de las razones por las que existe un miedo infundado hacia las personas que son clasificadas como “locas”. Estos temores tienen su explicación en la historia de la humanidad. En cada época se identificó a personas que se distanciaban de los parámetros de normalidad considerándolas peligrosas y se las separó como medida de protección para la sociedad. Así bajo la idea de “contagio” se fueron legitimando diferentes modos de aislamiento y de aniquilación de los derechos de las personas consideradas distintas.

Esta asociación entre locura y peligrosidad no tiene fundamentos científicos sino que ha respondido al control sobre los considerados “diferentes”, por ejemplo durante la Edad Media “las mujeres que atentaban contra la fe” eran consideradas brujas, y las brujas eran herejes y por lo tanto peligrosas y para “protección” del resto de la sociedad había que quemarlas en la hoguera.

¿SABÍAS QUE? Existe un organismo previsto por esta Ley que se llama Órgano de Revisión y que tiene por función accionar legalmente por los derechos de las personas con sufrimiento mental. Que debe ser independiente de los demás poderes del Estado para garantizar su autonomía de funcionamiento. Que tiene que estar conformado por: organismos de derechos humanos, asociaciones de familiares y usuarios de servicios de salud mental, colegios de profesionales afines, por reparticiones del Estado como la Dirección de Salud Mental y Adicciones, representantes del Poder Judicial con trayectoria acreditada en derechos humanos.

¿SABÍAS QUE? En la provincia de Mendoza aún no existe este organismo, como en muchas provincias de la Argentina, motivo por el cual se desarrolla este  proyecto. La Ley establece que todas las provincias cuenten con uno. En Mendoza se ha presentado un proyecto de ley, pero aún no ha sido tratado. El mismo es fundamental para poder intervenir en situaciones de la vida de muchas personas con sufrimiento mental que ven vulnerados sus derechos, por ejemplo: cuando se prolongan las internaciones más allá del plazo pautado por la Ley; en el tratamiento cuando no se incorpora la perspectiva de la persona al mismo o cuando se le indica medicación en exceso, y cuando no se promueve progresivamente su autonomía.

¿SABÍAS QUE? Todos tenemos derecho a ser informados sobre nuestra situación de salud, a recibir información clara y comprensible sobre distintos tratamientos, también a rechazarlos, y a saber las consecuencias de los mismos; al acceso a nuestra historia clínica; a la interconsulta con otros profesionales; a no ser discriminados en la atención por razones de etnia, religión, nacionalidad, orientación sexual o elección política, etc.

¿SABÍAS QUE? La internación es un recurso terapéutico excepcional porque restringe un derecho fundamental como es la libertad, por ello es indispensable contar con una evaluación de un equipo de salud conformado por lo menos por dos profesionales de distintas disciplinas, como pueden ser psicólogo, médico psiquiatra, trabajador social, sociólogo, antropólogo, enfermero, etc. En el caso de producirse una internación, la persona tiene derecho al acceso a un abogado y cuando no cuente con recursos para proveérselo, el Estado debe hacerlo.

¿SABÍAS QUE? Todos somos parte en la transformación cultural necesaria para que los temas de salud mental dejen de ser un tabú y no haya más discriminación y encierro.

Paula Logotetti y Gabriela Marin.

ÁREA SALUD MENTAL

Proyecto: “Violencia Institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina” CELS, Xumek y La Mosquitera

A raíz de los lamentables y por demás repudiables hechos de violencia de los que fueron víctimas Marina Menegazzo y María José Coni, desde Xumek acompañamos a la familia en su dolor e indignación.

La desaparición y posible femicidio de las jóvenes, nos pone como sociedad ante la necesidad imperiosa de replantear patrones de conducta y de pensamientos arraigados y naturalizados que no hacen más que favorecer y perpetuar la violencia y la opresión hacia la mujer.

Culpabilizar a María José y Marina por ser libres y por ejercer plenamente su derecho a perseguir sus proyectos de vida, es perder el foco de la verdadera causa responsable de estos hechos, que es la violencia de género que excede de la mera violencia física. El acoso callejero, la cosificación de índole sexual de la mujer, el ideario machista que la anula de libertad de pensamiento y acción, son el germen de los femicidios que sufren las mujeres a lo largo y ancho de nuestro país.

Señal de este andamiaje de estereotipos de género es el vergonzoso e irresponsable tratamiento mediático de éste y otros tantos casos que tendenciosamente ha hecho hincapié en supuestas características personales de conducta o modos de vida de las jóvenes que las harían merecedoras de un desenlace tal, poniéndolas en tela de juicio y revictimizándolas una y otra vez.

Mientras como sociedad se siga reproduciendo el mismo discurso de violencia y discriminación, mientras los medios de comunicación continúen incumpliendo con su deber de informar con responsabilidad, mientras que desde el Estado no se generen políticas educativas serias y concretas orientadas a educar en igualdad, las mujeres seguirán siendo golpeadas, violadas, desaparecidas y asesinadas.

Xumek en general, y el Área de Género y Diversidad en particular, se pone a total y entera disposición de las familias de Marina y María José en la búsqueda de justicia y se suma a la convocatoria de la Marcha “Todos por Marina y María José” a llevarse a cabo el día Jueves 03/03 a las 19 hs. en la calle Catamarca esquina San Juan. Alentamos a la sociedad y a las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer a que nos unamos en las calles y en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y modalidades.

En esta ocasión compartimos el comunicado generado por nuestra Organización respecto a lo planteado por el actual “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas”.

Consideramos que dicho Protocolo, adoptado el pasado 17 de febrero por el Ministerio de Seguridad de la Nación, restringe de manera inconstitucional e inconvencional el derecho a manifestarse públicamente.

Un derecho protegido en nuestra Constitución Nacional y en numerosos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, a través del reconocimiento de la libertad de reunión, de expresión, del derecho peticionar a las autoridades y del derecho de huelga.

Aquí anexamos, en formato pdf, el comunicado completo: Comunicado Xumek respecto al Protocolo