CASO PRÓVOLO: Xumek intentó trabar un embargo sobre el establecimiento

A raíz de la noticia de la venta del Instituto Próvolo por parte de la Obra San José a la Municipalidad de Luján de Cuyo, que se concretó mediante una ordenanza municipal el 12 de agosto pasado y ha tomado estado público recientemente. Informamos que Xumek en octubre de 2017 había requerido trabar embargo sobre el inmueble donde funcionaba el instituto, para preservar los derechos de las víctimas.

Dicho pedido estuvo fundado en los derechos que tienen las víctimas a una reparación por el daño sufrido durante los años que asistían al establecimiento, también en la facultad que tienen los jueces de decomisar los bienes relacionados con el delito que se investiga.

Lamentablemente, la justicia no valoró adecuadamente lo solicitado y no hizo lugar al pedido de embargo del Instituto Próvolo efectuado por los representantes de las víctimas.

Es por ello que hoy, nos encontramos ante la terrible situación que dicho predio haya sido vendido por la Asociación Obra San José, a través del Comisario Apostólico Bochatey, a la Municipalidad de Luján de Cuyo. Esta maniobra pone en peligro no solo el derecho de reparación de las víctimas, sino también y quizás lo más importante, que puedan efectuarse eficazmente futuras medidas de prueba en el Instituto Próvolo que, de seguro, será refaccionado para acondicionarlo a las instalaciones municipales.

Todo esto representa un grave peligro a la búsqueda de verdad, por la cual las víctimas – de los aberrantes crímenes – y sus familiares luchan día tras día.

Adjuntamos el pedido de embargo presentado en su oportunidad: Embargo Próvolo

#Xumek2018 #Próvolo #Justicia

FUNDACIÓN HUÉSPED: Repudio código de faltas de Mendoza

Criminalización del VIH: repudiamos el nuevo código de faltas de Mendoza

Desde Fundación Huésped expresamos nuestra preocupación por la redacción del artículo 126 del nuevo código de faltas que está en tratamiento en el Congreso Provincial de Mendoza con media sanción de la Cámara de Senadores que establece que “La persona que transmitiere enfermedad venérea o contagiosa, será sancionada con multa desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. o arresto desde quince (15) días hasta treinta (30) días”. El mencionado artículo busca criminalizar a las personas que viven con enfermedades infecciosas con especial foco en las de transmisión sexual, como el VIH. Esta propuesta desconoce la evidencia científica irre able en relación a que la criminalización de las personas con VIH está generando más daños que beneficios en términos de impacto en la salud pública y en los derechos humanos.

Ya en 2012 la sociedad civil internacional publicó la Declaración de Oslo repudiando la criminalización del VIH y en el último congreso de la Sociedad Internacional de Sida, en julio de este año, fue publicada la Declaración de Consenso de Expertos que indica que las leyes que criminalizan el VIH son inefectivas, injustificadas y discriminatorias.

En Argentina el 30% de las personas con VIH desconoce su situación, por lo que las políticas públicas debieran promover el testeo, no generar incentivos negativos que refuercen el estigma y la discriminación. Además, en una relación sexual consentida la responsabilidad en el cuidado es de los dos integrantes de la pareja, no solamente de quien sabe que vive con VIH. Por último, no es posible establecer pruebas de transmisión de VIH de un individuo a otro, ni siquiera con las herramientas científicas más avanzadas.

Por todo ello, este artículo lleva a sanciones punitivas erradas al tiempo que mina los esfuerzos para abordar la epidemia de VIH. En virtud de lo expuesto solicitamos que se quite la penalización del Código de Faltas de manera de contribuir a la respuesta integral a la epidemia de VIH en nuestro país.

#Xumek2018 #FundaciónHuésped #Repudio #CódigoContravensional

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Compartimos el dictamen de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia Suprema Corte de Justicia Mendoza que condena la criminalización y persecución judicial experimentada por algunos “maestros” por parte de las autoridades provinciales a pocos días de la conmemoración que celebra su día como pilar fundamental de nuestra nación.

Mediante una resolución de la Dirección General de Escuelas se pretendió cercenar el derecho de protesta, reunión, la libertad de expresión y reunión, entre otros, fundamentales en un estado de derecho.

La fiscalía entendió en el caso “F. c/ Boulet, Díaz, Sarmiento p/ Desobediencia”, defendidos por Pablo Salinas,que:

“La protesta social no fomenta la violencia ni la intolerancia, muy por el contrario, posibilita la circulación de la palabra –en sentido amplio- y descomprime las tensiones normales a la vida democrática. La limitación, represión y criminalización de estas expresiones debe ser siempre excepcional y no debe  comprometer la esencia del derecho que pretenden restringir.

Cuando el derecho a la protesta es garantizado y protegido, se convierte en la herramienta por excelencia de las sociedades democráticas, permite canalizar las demandas de modo pacífico y participativo, fomenta el diálogo y el pluralismo, alienta la construcción de ciudadanía y favorece el desarrollo y fortalecimiento de la democracia.

El Estado argentino está obligado internacionalmente a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión y opinión, reunión pacífica, asociación y participación, para lo cual no solamente tiene un deber de abstención, sino también la obligación de generar medidas positivas que garanticen tales derechos. Las restricciones a estos derechos deben ser excepcionales, proporcionales y coherentes con la vida democrática.

Como hemos opinado en otros conflictos, el sistema jurídico penal debe interpretarse en armonía con el resto del ordenamiento jurídico. Analizar exclusivamente un hecho puntual sin considerar el contexto y los valores comprometidos, podría vulnerar los derechos humanos de un colectivo determinado en general y de las personas que resultaron imputadas en particular, y generar responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones”.

Accedé al dictamen completo aquí.

#Xumek2018 #NoACriminalizarLaProtesta #DerechoDeReunión #LibertadDeOpinión

Código de Faltas: discriminación y restricción de derechos

Columna de opinión de Lucas Lecour, Presidente de Xumek, para Diario Los Andes.

Se han incorporado faltas discriminatorias y restrictivas de derechos, que persiguen a sectores vulnerables.

El Gobernador presentó una modificación integral al Código de Contravenciones vigente, con figuras nuevas que resultan inconstitucionales.

Entre ellas, la inclusión de faltas absolutamente discriminatorias y restrictivas de derechos que persiguen determinados sectores vulnerables, sin motivos serios que lo justifiquen, con la consiguiente ampliación de facultades discrecionales de la Policía para lograr aquel cometido.

A modo de ejemplo es posible mencionar:

Facultades policiales (arts. 43 y 115). A pesar de que la Corte Nacional y la Corte Interamericana han pronunciado su desacuerdo con normas similares, y sin estadísticas confiables de su eficacia preventiva, en Mendoza la Policía podrá detener a cualquiera por no informar datos personales o simplemente por “conducta sospechosa”, sin autorización judicial previa ni inmediata posterior y sin derecho de defensa.

De esta forma se refuerza la principal práctica abusiva policial, dado que al no existir control adecuado, quien quiera detener podrá hacerlo sin preocuparse demasiado por justificar su necesidad.

Manifestarse y reunirse (art. 55). Se reprimen conductas garantizadas en toda democracia, imponiendo obligaciones previas que afectan gravemente su ejercicio, dando lugar a un sistema sancionador selectivo que permite perseguir manifestaciones y reuniones contrarias a los intereses del gobierno de turno.

La pobreza (arts. 57/58, 89 a 91). Se sanciona exigir o aceptar contraprestación por cuidar coches, limpiar vehículos en la calle o realizar ventas ambulantes. Se impide todo trabajo informal, única alternativa válida para determinados sectores sociales en situaciones de crisis económica, ya que no se penaliza la amenaza o el maltrato que puedan derivar de ellos, sino la actividad en sí, dando por sentado que nadie voluntariamente contrata a quienes realizan estas tareas. Por otro lado, sanciona al vendedor ambulante que por medio de parlantes ofrezca sus mercaderías, criminalizando una de las actividades más tradicionales de nuestros barrios.

Además, persigue prejuiciosamente las estrategias de vida en calle sancionando a quienes “mendiguen” mediante expresiones susceptibles de apreciación arbitraria como hacerlo de forma “amenazante”, “agraviante”, o “fraudulenta”.

Alteración psíquica o embriaguez (arts. 94/95). Se sanciona con encierro la alteración psíquica o embriaguez, sin necesidad de que sea peligrosa para terceras personas. Contrariamente a la Ley Nacional de Salud Mental, el nuevo código se entromete en la vida privada de las personas, poniendo en riesgo su integridad al no ordenar su traslado a un centro de salud.

Se sanciona la ofensa personal a funcionarios en razón de su cargo (desacato art. 46), olvidando no sólo regular la ofensa de parte del funcionario, sino también la postura pacíficamente aceptada de que las personas públicas que ejercen funciones electivas en una sociedad democrática deberían tener mayor tolerancia que el resto frente a expresiones vertidas sobre su desempeño.

Asimismo, se destacan otros aspectos que evidencian la mala técnica utilizada en el nuevo código, con superposición de fueros al sancionar conductas ya incluidas en el Código Penal y aplicar penas elevadas y desproporcionadas con relación a la conducta, utilizando términos ambiguos que pueden generar desigualdad en la interpretación de la norma.

#Xumek2018 #NoAlCódigoDeFaltas

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Código de Faltas: discriminación y restricción de derechos

Columna de opinión de Lucas Lecour, Presidente de Xumek, para Diario Los Andes.

Se han incorporado faltas discriminatorias y restrictivas de derechos, que persiguen a sectores vulnerables.

El Gobernador presentó una modificación integral al Código de Contravenciones vigente, con figuras nuevas que resultan inconstitucionales.

Entre ellas, la inclusión de faltas absolutamente discriminatorias y restrictivas de derechos que persiguen determinados sectores vulnerables, sin motivos serios que lo justifiquen, con la consiguiente ampliación de facultades discrecionales de la Policía para lograr aquel cometido.

A modo de ejemplo es posible mencionar:

Facultades policiales (arts. 43 y 115). A pesar de que la Corte Nacional y la Corte Interamericana han pronunciado su desacuerdo con normas similares, y sin estadísticas confiables de su eficacia preventiva, en Mendoza la Policía podrá detener a cualquiera por no informar datos personales o simplemente por “conducta sospechosa”, sin autorización judicial previa ni inmediata posterior y sin derecho de defensa.

De esta forma se refuerza la principal práctica abusiva policial, dado que al no existir control adecuado, quien quiera detener podrá hacerlo sin preocuparse demasiado por justificar su necesidad.

Manifestarse y reunirse (art. 55). Se reprimen conductas garantizadas en toda democracia, imponiendo obligaciones previas que afectan gravemente su ejercicio, dando lugar a un sistema sancionador selectivo que permite perseguir manifestaciones y reuniones contrarias a los intereses del gobierno de turno.

La pobreza (arts. 57/58, 89 a 91). Se sanciona exigir o aceptar contraprestación por cuidar coches, limpiar vehículos en la calle o realizar ventas ambulantes. Se impide todo trabajo informal, única alternativa válida para determinados sectores sociales en situaciones de crisis económica, ya que no se penaliza la amenaza o el maltrato que puedan derivar de ellos, sino la actividad en sí, dando por sentado que nadie voluntariamente contrata a quienes realizan estas tareas. Por otro lado, sanciona al vendedor ambulante que por medio de parlantes ofrezca sus mercaderías, criminalizando una de las actividades más tradicionales de nuestros barrios.

Además, persigue prejuiciosamente las estrategias de vida en calle sancionando a quienes “mendiguen” mediante expresiones susceptibles de apreciación arbitraria como hacerlo de forma “amenazante”, “agraviante”, o “fraudulenta”.

Alteración psíquica o embriaguez (arts. 94/95). Se sanciona con encierro la alteración psíquica o embriaguez, sin necesidad de que sea peligrosa para terceras personas. Contrariamente a la Ley Nacional de Salud Mental, el nuevo código se entromete en la vida privada de las personas, poniendo en riesgo su integridad al no ordenar su traslado a un centro de salud.

Se sanciona la ofensa personal a funcionarios en razón de su cargo (desacato art. 46), olvidando no sólo regular la ofensa de parte del funcionario, sino también la postura pacíficamente aceptada de que las personas públicas que ejercen funciones electivas en una sociedad democrática deberían tener mayor tolerancia que el resto frente a expresiones vertidas sobre su desempeño.

Asimismo, se destacan otros aspectos que evidencian la mala técnica utilizada en el nuevo código, con superposición de fueros al sancionar conductas ya incluidas en el Código Penal y aplicar penas elevadas y desproporcionadas con relación a la conducta, utilizando términos ambiguos que pueden generar desigualdad en la interpretación de la norma.

#Xumek2018 #NoAlCódigoDeFaltas

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“El delito de la desaparición forzada en la Argentina entre 1976 y 1983”

Se presentará en diciembre el libro realizado por  Pablo Salinas y Viviana Beigel, reconocido y reconocida referentes en Derechos Humanos y miembros de Xumek. El mismo ha sido titulado bajo el nombre: “El delito de la desaparición forzada en la Argentina entre 1976 y 1983”.

Este libro pretende ser un documento, con un alto contenido informativo y cronológico sobre la vulneración de los Derechos Humanos en la Argentina. Hace foco en el delito de la desaparición forzada de personas en el país, en el periodo que recorre los años 1976 a 1983.

Pretende lograr una  profunda comprensión, por parte de sus lectores, sobre  el crimen de la desaparición forzada. Su tratamiento jurídico desde las normas internacionales hasta la aplicación en los ordenamientos nacionales de Latinoamérica. También  proporcionará una visión más clarificadora de cómo el entramado institucional puede favorecer la desaparición de los ciudadanos en un país. No en vano, el crimen de desaparición forzada no solo consiste en la aprehensión, sino también en la omisión, el silencio y la negativa a dar con el paradero de la víctima, desproveyéndola totalmente del amparo y protección de la justicia.

#Xumek2018 #DesapariciónForzada

CASO DE TORTURA EN CHACO: Xumek se presentó como amicus curiae

El pasado 23 de agosto, Xumek se presentó como  amicus curiae ante la Corte Suprema de la Nación en la causa donde se investiga la tortura y posterior muerte violenta sufrida por Víctor Hugo Cindric (18) en manos de la policía de la provincia de Chaco.

El 17 de diciembre de 2014, Víctor Hugo Cindric , fue aprehendido en el Barrio Norte Viejo de Tres Isletas de la provincia de Chaco por una comisión policial. Trasladado a la Comisaría del lugar, ingresó con las manos esposadas, y allí fue víctima de hechos de violencia y severo castigo físico por los agentes policiales , recriminándole haber dañado un patrullero. Como consecuencia de la golpiza sufrió graves traumatismos, y luego de ser trasladado en un móvil policial al Hospital Jorge O. Vázquez falleció por una hemorragia cerebral, producto de un politraumatismo en el cráneo.

La trascendencia de la causa radica en que en ella se discute la calificación como tortura o delitos afines que comparten sus requisitos objetivos básicos. En efecto, los responsables de estos hechos fueron condenados por la Cámara Primera en lo Criminal de la Segunda Circunscripción de la Provincia de Chaco por tortura agravada por el resultado de muerte y encubrimiento a una pena de prisión perpetua. Sin embargo, el Supremo Tribunal de Chaco arbitrariamente cambió la calificación a vejámenes agravados por el uso de violencia y con fines de venganza en concurso real con homicidio preterintencional, lo cual implica una pena sensiblemente inferior.

Nuestro aporte se resume en poner a disposición del máximo tribunal nacional argumentos por los cuales sostenemos la importancia de que hechos semejantes se investiguen, califiquen, juzguen y sancionen correcta y fundadamente, tanto en vistas a la reparación integral de las víctimas como para la prevención de futuros delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Para acceder al documento, click aquí

#Xumek2018 #ViolenciaInstitucional #NiUnPibeMenos

Foto: LaRedNoticias.info