COMUNICADO: SOBRE LAS AMENAZAS A LA DELEGACIÓN ARGENTINA EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO BOLIVIANO

Ante las agresiones recibidas por la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano al llegar al aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, Bolivia, la detención por parte de miembros policiales y las amenazas expresadas por el ministro de Gobierno de facto Arturo Murillo , desde Xumek hemos solicitado al relator de Defensores y Defensoras de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y al relator de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que se expidan sobre esta situación y tomen medidas para garantizar la seguridad de la Delegación en el ejercicio de su labor.

La Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano es una comitiva que nuclea a distintos representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, con el fin de aportar solidaridad e información respecto de lo que sucede en el país vecino.

Participan de la delegación Juan Grabois, abogado y referente social, Marisa Llanos Cruz y Marianela Navarro (FOL), Gabriela Carpinetti, también abogada y referenta del Frente Patria Grande, Pablo Garciarena (Xumek), Cristina Livitsanos (AAJ), Leo Pérez Ezquivel (APDH), Ismael Jalil (CORREPI), Carlos Zaidman (Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos), Manuel Bertoldi (Vamos Frente Patria Grande), Mario Andrés López (APDH Nacional) Luis Arias, ex juez de La Plata, Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular, y Victoria Freire, socióloga y directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, entre otros.

En el transcurso del día de ayer, “la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia fue retenida en el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. 14 de sus integrantes, entre los que se encuentran Juan Grabois, Pablo Pimentel, Marianela Navarro, Pablo Garciarena, Pablo Pimentel, Gabi Carpineti, Vicky Freire, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Cristina Vera Livitsanos, fueron separados de la delegación y sometidos a una indagatoria exhaustiva, en un contexto de mucho hostigamiento. Esperaron horas hasta poder continuar con su viaje hacia La Paz en compañía del consulado de Argentina”, según comunicaron en sus redes sociales.

En el día de hoy, Arturo Murillo, ministro boliviano de facto, declaró a la prensa que “estos extranjeros que están llegando hechos unas mansas palomitas a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado. Los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo. En el primer paso en falso que den, tratando de hacer terrorismo o sedición, se van a ver con la Policía. La Policía está atenta y tiene orden de no permitir que se haga daño en nuestro país”.

Dada la situación de riesgo que enfrentan nuestrxs colegas y compañerxs, esperamos una pronta respuesta de los organismos a los cuales hemos solicitado la garantía de seguridad para la Delegación.

En los siguientes enlaces puede accederse a nuestras peticiones: 123

Accedé al reporte del día uno en Bolivia de la Delegación.

PRESENTACIÓN #INFORMEANUAL2019

Lxs invitamos a concurrir a la presentación de nuestro décimo Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Mendoza

Todos los años, Xumek elabora su Informe Anual con el objetivo de realizar un análisis detallado de la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza, y así lograr un acervo documental e incidir en políticas públicas.

Presentaciones artísticas: fragmentos de obra “Hembra”, de Compañía Tres Puntos, dirigida por Federico Castro | Comparsa de candombe CUCARACHÁ

Viernes 13 de diciembre | 12:30 hs | Nave UNCUYO (Juan Agustín Maza 240 – Ciudad de Mendoza)

Durante el evento se distribuirán de manera gratuita ejemplares del #InformeAnual2019. Para colaborar y asegurarte tu ejemplar hacé click acá http://bit.ly/INFORME2019

#Xumek2019

25 de Noviembre: Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres

Se declaró el 25 de noviembre en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Colombia, pero la ONU oficializó y declaró esta fecha en 1999. A raíz del asesinato de las hermanas Mirabal- Patria, Minerva y María Teresa- tres activistas políticas en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.  El objetivo de este día además de llamar la atención sobre la desigualdad, la discriminación y las distintas formas de violencia machista, también se reclama por la implementación de políticas públicas para prevenir y erradicar esta problemática que afecta a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+.

El 25 de noviembre fue declarado como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, en 1981. Allí se denunció la violencia de género a nivel doméstico, la violación y el acoso sexual a nivel de Estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas, aseguró el periódico feminista Mujeres en Red.

Asimismo, se eligió esta fecha para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal- Patria, Minerva y María Teresa- tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.

Por lo tanto, la Asamblea General perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas- ONU- oficializó y declaró esta fecha en 1999 e invitó a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales a que organicen en este día actividades dirigidas a sensibilizar a toda la sociedad respecto de la problemática de la violencia contra las mujeres.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Sin embargo, el objetivo de este día no sólo es llamar la atención sobre la desigualdad, la discriminación y las distintas formas de violencia machista, sino también reclamar la implementación de políticas públicas para prevenir y erradicar esta problemática, aseguró el diario online Economía feminista.

La violencia también afecta a las mujeres trans y travestis. El 16 de noviembre del 2017 se presentó en el Senado de la Nación el proyecto de Ley «Reconocer es reparar», fue una idea originaria de Marlene Wayar y del impulso de Lohana Berkins y Diana Sacayan, a través del cual se pidió que el Estado reconozca la violencia institucional sistemática que han sufrido travestis y trans mayores de 40 años y ofrezca una reparación mediante una pensión graciable, argumentó Economía Feminista. Este proyecto de Ley, en conjunto con el cupo laboral travesti trans, viene a insistir en el hecho de que no basta con que el Estado reconozca la identidad de las personas trans, sino que es preciso que la comunidad encuentre amparo legal para poder traducir ese reconocimiento en mejoras efectivas de su calidad de vida.

Asimismo, en Argentina se encuentra en vigencia la Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La normativa entiende por violencia contra las mujeres a “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”. También se considera violencia indirecta “toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

Además, la ley define las diferentes modalidades de violencia. “Se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos”, estas pueden ser:

Violencia doméstica: es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

Violencia institucional: es aquella realizada por lxs funcionarix, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. También se comprenden las violencias que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

Violencia laboral: es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo. En donde se exigen requisitos sobre el estado civil, la maternidad, la edad, la apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral el quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

Violencia contra la libertad reproductiva: es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Violencia obstétrica: es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y cuerpos gestantes, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929, que establece que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al Programa Médico Obligatorio. Derechos de lxs padres y de la persona recién nacida.

Violencia mediática: es aquella en la cual la realización de una publicación o la difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

Por otro lado, en 2016, se presentó el Plan Nacional de Acción integral, para abordar la violencia contra las mujeres desde los ámbitos cotidianos, que prevé la implementación de medidas y acciones en todo el país para asistir integralmente a las víctimas de violencia.

Si sufrís algún tipo de las violencias mencionadas podés llamar al # 144 línea gratuita de asistencia y prevención de violencia de género. La misma brinda información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. Este servicio está a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres y cuenta con profesionales capacitadxs para dar contención, información y asesoramiento en relación a la violencia de género.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual, de Xumek, repudiamos cualquier tipo de violencia y discriminación contra las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, y creemos necesaria la real implementación de las políticas públicas que resguarden la seguridad y los derechos de estos grupos. Asimismo, nos sumamos a la lucha contra la violencia heteropatriarcal hacia las mujeres y el colectivo LGBTIQ+.

COMUNICADO: EN DEFENSA DE LA 7722

La defensa de los derechos humanos es el eje esencial de nuestra actuación y la garantía a un ambiente sano y equilibrado para nosotros y las futuras generaciones es una parte crucial de nuestro accionar. Muchas voces se alzan hoy para superar la sordera oficial que pretende derribar la ley 7722 que constituyó un hito de la defensa del agua como el bien más preciado de los mendocinos. Por eso llamamos la atención sobre los siguientes puntos

1. La ley 7722 ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en plenario suscripto por todos los jueces.  Su compromiso fue contundente:

“Alcanzar y mantener la calidad de vida humana es el objetivo fundamental de la normativa ambiental” (Flah, L.R, y Samyevsky, M., La regulación procesal en el derecho ambiental americano, La Ley 1993-E, 935). Por ello, mi función no me permite tener un rol pasivo respecto a la misma, sino una actuación firme y efectiva a fin de garantizar la tutela preventiva, precoz, temprana, dinámica del derecho involucrado…” Voto del Dr. Mario Adaro

http://www2.jus.mendoza.gov.ar/listas/proveidos/vertexto.php?ide=4519771086

Una vez más se nos trata de confundir con “la lluvia de Inversiones” o “las Joyas de la abuela” para hacernos creer que la minería metalífera a gran escala será la que nos salve de la pobreza. Y una vez más es falso, porque las exenciones impositivas concedidas por ley a las empresas extractivas hacen que las Provincias obtengan pobres beneficios a costa de una gran pérdida de capital natural, que en el caso de Mendoza se traduce en menos agua para todos.

2. Se pretende engañarnos con la falacia de que la minería consume diez veces menos agua que la agricultura. Los cultivos toman el agua que necesitan y la devuelven al ciclo natural; la minería metalífera destruye definitivamente el agua que utiliza. Ningún cultivo deja como herencia gigantescos diques de cola repletos de aguas envenenadas, que son una herencia que arrasa poblaciones. Ninguno de los sucesivos gobiernos de Mendoza ha sido eficaz controlando los pasivos ambientales y en 2019 nos enteramos de una grave contaminación de los acuíferos que ocurrió hace quince años –2004-. Las risas de los responsables se escuchan más fuertes que el clamor de nuestros hijos, que se verán privados de la calidad de esa agua y deteriorada su calidad de vida.

“…Esto tiene su fundamento en el análisis del Diario de Sesiones N°8, Periodo ordinario, de la H. Cámara de Senadores: “ …los miembros del CRICYT expresaron que los órganos de control del Estado no están preparados para controlar la actividad minera; la Sociedad Rural del Valle de Uco expresó que la conclusión de un seminario realizado en el Concejo Deliberante de San Carlos fue de que no hay elementos para ejercer los controles; expresaron los autoconvocados de San Carlos que estaban preocupados por incumplimiento de leyes… y que no confiaban en los controles; habían legisladores hoy presentes que también expresaron la preocupación por el uso de distintas sustancias, que podían comprometer los recursos naturales, específicamente el hídrico, ….no es una cuestión de ahora… en el año 2004 el Concejo Deliberante de San Carlos emitió una ordenanza planteando la preocupación por este tipo de explotación sin control del Estado y sin el cumplimiento de las leyes” …” Voto del Dr. Mario Adaro

3. Se nos señala que surgirán millones de fuentes de trabajo directas o indirectas y como ejemplo reciente se puede oír las quejas de los sindicalistas petroleros mendocinos que indican que no existieron esos nuevos puestos. No se contratan mendocinos y las inversiones fabulosas que se prometen no se derraman en el bolsillo de los mendocinos. La pobreza aumentó a la par del fracking, o más todavía.   

4. Una derogación -o reforma descabellada- reduciendo los marcos de protección ambiental va a generar inseguridad jurídica. Muchas acciones de inconstitucionalidad se iniciarán fundadas en la existencia de un fallo de la Suprema Corte provincial avalando la constitucionalidad de la ley 7722, sostenido por normas de orden público como la Ley General del Ambiente 25675 y la Ley 5961  provincial del Medio Ambiente. Cualquier inversor serio sabrá que su riesgo jurídico será muy alto y solo vendrán aquellos que medran o que ganan más con los tantos juicios que Argentina pierde ante el CIADI por las garantías excesivas que se le conceden a la inversión extranjera y una vez más lo pagará la población.   

5. El tintineo de los treinta denarios de plata puede sentirse en otros bolsillos. No los del pueblo

“…El desarrollo sustentable de un país no debe ser equiparado al progreso económico o al crecimiento sostenido. Una economía puede crecer, pero, si lo hace reproduciendo o aumentando la desigualdad de la población en términos de acceso a los bienes sociales primarios, no puede hablarse de desarrollo…”  ROSATTI, Horacio: «Consecuencias Culturales de la Tutela del Medio Ambiente», Daño Ambiental, Rubinzal-Culzoni 2011, pág. 31.

El desarrollo económico a toda costa, como sea, infringiendo la Constitución, los Tratados de Jerarquía Constitucional, los Tratados Internacionales y las leyes de presupuestos mínimos en forma procaz, no puede ser sino el fin de un estado totalitario. El Estado de Derecho no tolera la burla a la ley; el Estado de Derecho Ambiental se yergue frente a una actividad peligrosa para el ambiente

6. Debe alertarnos que se pretende eliminar la prohibición de uso de otras sustancias tóxicas similares, entendiendo por tales las que son nocivas para la salud y agresivas para el medio ambiente a un nivel tal que supera su resiliencia.

“…Aquí cabe preguntarnos si existe alguna otra actividad semejante a la minera, especialmente la realizada a cielo abierto, que utilice en igual forma las sustancias tóxicas prohibidas por la norma en análisis. La respuesta negativa se impone con tan sólo tomar en cuenta esta información: Las operaciones mineras que utilizan la tecnología de extracción con cianuro, llevan implícitos altos impactos ambientales, que en muchos casos pueden ser catalogados de desastre ambiental. El considerable, y muchas veces hasta dramático, impacto ambiental y social de este tipo de minería está ampliamente documentado…” Voto del Dr. Julio Gomez

7. Nuestro compromiso con la salud, el ambiente y nuestra responsabilidad con las futuras generaciones nos lleva hoy a alzarnos firme y pacíficamente en defensa de la ley 7722.

Foto: Va Con Firma

REPUDIO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

Condenamos con firmeza el golpe de estado acontecido en las últimas horas en el Estado Plurinacional de Bolivia y las violaciones a derechos humanos que han tenido lugar durante los últimos días.

Consideramos fundamental respetar y acompañar las soluciones institucionales propuestas por el Gobierno que, en forma pacífica, tenían como objetivo resolver la crisis política.

El quiebre institucional con la participación activa de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas que tuvo como consecuencia la renuncia forzada  de Evo Morales, presidente democráticamente elegido,  genera  profunda preocupación  dadas las  nefastas experiencias dictatoriales en Latinoamérica.

Desde Xumek instamos a los organismos internacionales y a los gobiernos de la región a trabajar en la  defensa del Estado de Derecho y a garantizar procesos democráticos y pacíficos para la resolución conflictos.

Hace 68 años las mujeres votamos por primera vez

Más de tres millones ejercieron su derecho el 11 de noviembre de 1951. Esto fue gracias a la lucha de los movimientos feministas, pero quien pudo introducir el proyecto de ley del sufragio femenino fue Eva Duarte de Perón. Antes, durante y después de que se aprobara la ley, se desplegó una estructura sostenida por mujeres para censar y apadronar de cara al futuro debut eleccionario.

El 11 de noviembre de 1951 más de 3.500.000 mujeres votaron por primera vez en la Argentina, elección que reeligió a Juan Domingo Perón como presidente de la Nación. Fue gracias a la incansable lucha de los movimientos feministas por conseguir el derecho al voto.

En Septiembre de 1947 se aprobó la Ley N°13.010 de sufragio femenino también conocida como Ley Evita. Sin embargo, le antecede a esa fecha el caso de Julieta Lanteri, quien fue una de las precursoras de la lucha por los derechos de las mujeres en el país, nota que podés leer aquí.

No obstante, para que millones de mujeres pudieran votar en la Argentina, tenía que llegar ella, Eva Duarte de Perón, quien desplegó una fuerte campaña por radios y actos públicos, que derivó en la llegada al Congreso del proyecto de ley de sufragio femenino en julio de 1947. En una primer instancia fue votada sin grandes problemas en el Senado, mientras que en Diputados se plantearon debates más extensos e intenciones de modificar el texto. El sector de varones más conservador que se intentaba oponer a la normativa de equiparar derechos políticos entre hombre y mujeres, fue abucheado por la gran cantidad de silbidos y pañuelos blancos de mujeres que llenaron los balcones del recinto de la Cámara baja.

Por lo tanto, el 9 de septiembre de 1947 la Ley 13.010 es votada favorablemente por “unanimidad” por los diputados en una sesión histórica.

Pero las mujeres tuvieron que esperar las elecciones próximas para poder ejercer su voto. En el mientras tanto, según la Secretaría de Cultura de la Nación, antes, durante y después de que se aprobara la ley, se desplegó una estructura sostenida por mujeres que selló una de las formas de hacer política desde las bases del peronismo: los centros cívicos femeninos, coordinadas por delegadas y subdelegadas censistas.

Las mujeres censaron y empadronaron de cara al futuro debut eleccionario, a la vez que se pusieron al hombro la gestión de los centros cívicos, que funcionaban donde encontraban un hueco, en la casa de alguna vecina, en algún galpón sin uso, departamentos, teatro, salón de comité, dependiendo de la región, argumenta la Secretaría de la Cultura de la Nación. Se llevaron a cabo cerca de 4000 centros en el país, eran un espacio donde sólo se podía compartir entre mujeres, ya que los varones tenían el acceso prohibido; allí se desarrollaron actividades culturales, talleres de taquigrafía, dactilografía, inglés, clases de alfabetización, cocina, corte y confección, y talleres de formación política, entre otras tareas. También se encargaban de la atención primaria, si bien no lo eran formalmente, funcionaban como parte de la estructura del Estado.

Así, pasaron cuatro años para que pudieran votar en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 donde lo hicieron más de tres millones de mujeres. De esta manera, también se cumplía un viejo sueño de luchadoras feministas, tales como Alicia Moreau de Justo, Elvira Dellepiane de Rawson, Alfonsina Storni y Silvina Ocampo, quienes desde los inicios del siglo XX lucharon por la sanción de esta normativa.

En la Argentina regía desde 1916 la Ley Sáenz Peña, que propició el sufragio “universal”, obligatorio y secreto, pero era un derecho exclusivo de los varones.

La llegada del peronismo en 1945 y la ola de reivindicaciones sociales que produjo la revolución popular, impulsó la iniciativa que fue tomada como un compromiso de lucha por la propia Evita. Quien posibilitó con su fuerza personal, sumada a las luchas de los movimientos feministas, un logro fundamental para las mujeres argentinas en el siglo XX, pero poco pudo disfrutar este evento histórico. El 11 de noviembre la abanderada de los descamisadxs emitió su primer y último voto, ya que ocho meses después la enfermedad que contrajo le provocaría la muerte.

La fórmula Perón-Quijano salió victoriosa en las elecciones. Las mujeres superaron en cantidad de votos peronistas a los varones en todos los distritos. También ocuparon las bancas 23 diputadas y seis senadoras nacionales. Junto a las legisladoras provinciales, sumaron un total 109 mujeres elegidas. Aunque los varones seguían siendo una mayoría importante, en 1953 una mujer fue nombrada Vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados: Delia Parodi, una de las primeras mujeres en el mundo en ocupar un cargo de tan alto nivel.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual, de Xumek, festejamos esta victoria de nuestras ancestras que permitieron que hoy millones de mujeres tengamos nuestro derecho de al voto. Sin embargo, continuamos por la lucha de los derechos que todavía faltan conquistar por y para las mujeres y el colectivo LGBTTIQ+, donde el Estado es responsable de garantizarlos y promoverlos.

Foto: Diario Jornada

8 de noviembre: Día Nacional de lxs Afroargentinxs

María Remedios del Valle, militar afroargentina, nacida en Buenos Aires, es considerada como la “madre de la patria”, única mujer que el general Manuel Belgrano permitió que permanezca al frente de batalla; así le otorgo el grado de Capitana por su valor en el mismo. Falleció el 8 de noviembre de 1847.

Dado el protagonismo relevante y en memoria de María Remedios, cada 8 de noviembre se conmemora el “Día Nacional de las y los Afroargentinos”. Se estima que en la República Argentina viven alrededor de 2 millones de personas de ese origen, según datos otorgados por la Secretaría de Cultura de la Nación. De esta manera, la historia permite constatar tres momentos claves de la migración africana en nuestro país:

  1. Entre 1777 y 1812 entran al puerto de Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos, con 72 mil esclavizadxs africanxs.
  2. Una segunda migración sucede con la llegada de los europeos, en el siglo XIX, principios del XX y luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. La mayoría son hombres y mujeres provenientes de Cabo Verde, que ingresaron no como esclavizadxs, sino como ciudadanxs libres.
  3. Finalmente en la década del ’90, arriban a la Argentina las llamadas “nuevas migraciones africanas”, en su mayoría varones jóvenes, que vinieron en busca de nuevas oportunidades y mejores condiciones de vida. [1]

Por lo expuesto, no es de extrañarse el contar con una ley que  tenga como objeto contemplar el reconocimiento de la cultura afro y los aportes de la misma. La ley n° 26.582 además busca incorporar contenidos curriculares sobre la cultura afroargentina al sistema educativo en sus distintos niveles y modalidades y así poder lograr visibilizarla a través de políticas públicas.

Desde el área de Movilidad Humana celebramos que exista un día y una ley que reconozca el aporte histórico de lxs afrodescendientes en la Constitución de nuestro país, para así destacar que no solo su único rol se centro en ser personas esclavizadas y soldados , sino también que desde la primera corriente migratoria realizan invaluables aportes a las relaciones sociales, la cultura y diversas costumbres en general.

Tenemos como objeto visibilizar y cuestionarnos sobre como sus raíces nos interpelan y generan impactos positivos, en busca de dar a conocer otras identidades desde el respeto y la inclusión, para poder quebrar con aquellas acciones racistas y xenófobas que en la actualidad consideramos que persisten y se reproducen en instituciones públicas, medios de comunicación, discursos y prácticas sociales.


[1] https://www.cultura.gob.ar/el-origen-africano-de-la-argentina_6165/

A 28 años de la Ley de Cupo Femenino

Se estableció que en laslistas se debían presentar mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir, sin embargo en vez de transformarse en piso, se volvió un techo. Pero dió paso a la Ley de Paridad de Género, que estableció el 50% de mujeres y varones ubicados de manera intercalada.

El 6 de noviembre de 1991 se sanciona en Argentina ley Nº 24.012, sustituyendo al artículo 60 del Decreto Nº 2135/93. Fue el primer país de América Latina en establecer un cupo femenino. La ley sancionó que “las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.

Desde ese año, el Estado debía garantizar que al menos el 30% de las listas de candidatos y candidatas que presentan los partidos en las elecciones, debían ser mujeres. Asimismo, la ley estableció que al menos un 30% del total de candidatxs en la lista del partido con posibilidad de lograr bancas debían ser mujeres. En posteriores decretos reglamentarios se ordenó que en caso de presentarse por primera vez a elecciones o solo renovar una banca, el frente electoral debía colocar en el segundo lugar de la lista a una persona del sexo opuesto a la que ocupa el primer lugar.

El problema es que ese 30%, en vez de transformarse en piso, se volvió un techo. El movimiento feminista exigió, que en vez del 30% la paridad sea total y que el número obligatorio sea del 50%, la mitad de la población, afirmó FiloNews. El 22 de noviembre de 2017 el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nº 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, estableciendo que las listas de candidatxs al Congreso de la Nación (diputadxs y senadores) y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas “ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente“.

Por lo tanto fijó la obligatoriedad de intercalar candidatxs de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales. A su vez, el proyecto incorpora la igualdad de género a nivel partidario, aunque en este caso no es obligatorio intercalar postulantes, sino que las listas deberán completarse con un 50% de representantes de cada sexo, sostiene Telám.

La votación en aquel entonces  del proyecto de Ley de Paridad de Género fue de 165 votos a favor y 4 votos en contra. Quienes votaron en contra, según Telam, fueron: Pablo Sebastián López del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Salta, Héctor Alberto Roquel de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, Pablo Torello de la Unión PRO  de Buenos Aires, y Nicolás María Massot de la Unión PRO de Córdoba.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual consideramos que las leyes de estas características son producto de los movimientos feministas, donde se busca la igualdad real de género. Sin embargo, seguimos luchando por los derechos que todavía faltan conquistar por y para las mujeres y el colectivo LGBTTIQ+. Como lo es el cupo laboral trans, una deuda que todavía le falta saldar a la sociedad, en tanto repudiamos la oposición sistemática y obsoleta que ejercen los grupos conservadores que no tienen fundamento alguno.