Mes: mayo 2020

Cada 28 de mayo se conmemora el Día de Acción por la Salud de las Mujeres en todo el mundo. Dicha fecha se estableció en 1987 durante el V Encuentro Internacional de Salud de la Mujer. Allí la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso instaurar este día, donde se podrían visibilizar temas sobre sexualidad y reproducción desde la autonomía y la libertad.

Esta fecha nos interpela a reflexionar y a discutir acerca de las políticas de Estado sobre los cuerpos feminizados y disidentes como así también proponer acciones a favor de la salud.

Así, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó en el 2007 el primer proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación Argentina. En aquel entonces no tuvo éxito. Sin embargo, no se bajaron los brazos y se presentó en siete oportunidades más hasta que en el 2018, fue tratado por primera vez.

En junio de ese año, junto a la marea verde en las calles, en la cámara de diputados se aprobó la media sanción de la ley con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención.​ Sin embargo, el proyecto fue rechazado en agosto por el Senado tras una votación donde 38 senadores votaron en contra y 31 a favor, con 2 abstenciones y un ausente.

Pero la lucha no cesó y la marea verde creció aún más. En el año 2019 la Campaña Nacional volvió a presentar un nuevo Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con algunas modificaciones al ya presentado anteriormente.

El mismo integra a diversas identidades de género, a personas con discapacidad y a personas con capacidad restringida. Dentro de las causales, el art. 4 prevé: ”toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos: si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente; y si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante”. Asimismo, se contempla el suministro de información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo en la primer consulta al/la profesional de salud, como así también los alcances y consecuencias de la práctica, y los riesgos de su postergación.

Por último, en su art. 12  donde se prevé las políticas de salud sexual y reproductiva, se agregó a la  Educación sexual integral: “el contenido curricular sobre aborto, el que  debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía.”

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek reafirmamos que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de las mujeres, de las personas gestantes y de las disidencias. Esto se enmarca dentro del derecho a gozar de salud integral a lo largo de toda la vida, es un derecho humano universal, consagrado por los tratados internacionales de derechos humanos.

En la actualidad esto no ocurre para millones de mujeres, cuerpos gestantes y disidencias, en especial para lxs más pobres y lxs más jóvenes, para lesbianas, migrantes o desplazadas, para quienes habitan zonas rurales o urbano marginales, entre otras características. Para ellxs, el cruce de discriminaciones, violencias y exclusiones lxs aleja cada día del goce de los derechos humanos consagrados, en especial, del derecho a la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos.

Por lo tanto, desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek, nos hacemos eco de esta jornada para visibilizar que todavía el derecho a la salud integral no alcanza a toda la población. Y abogamos y reclamamos por la  urgente sanción y promulgación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo.

generoydiversidad@xumek.org.ar

Semana mundial para visibilizar el modo en que se atienden partos en todo el mundo y para exigir el cumplimiento de derechos vinculados al nacimiento. Esta iniciativa, según Unicef Argentina, nació en 2004 por la Asociación Francesa por el Parto Respetado -AFAR- y desde entonces se replica en distintos países.

En nuestro país, existe la Ley 25.929 la cual establece que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporándose las mismas al Programa Médico Obligatorio.

La normativa contempla, entre otros puntos, a que la persona gestante debe ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; a ser tratada con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales; y a estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto.

Además la ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres contempla la modalidad de Violencia obstétrica, en la que la define como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.

Cuando hablamos de un “parto respetado”, nos referimos cuando una familia o una persona gestante es tenida en cuenta en el sistema de salud, como un ser integral. No sólo es vista como una persona que va a atravesar un hecho biológico, sino que también se tiene en cuenta su aspecto psicológico, social, y el contexto en el que ella se desarrolla. Por lo tanto tendremos un sistema de salud que la acompaña y satisface sus necesidades en cuanto al malestar que pueda tener de manera orgánica. Asimismo serán contempladas sus creencias en el momento del parto, como también su salud mental que es primordial, y se le facilitará la compañía que ella necesite y que le dará contención en esos momentos, nos explica al área de Género y Diversidad Sexual de Xumek la Licenciada en Obstetricia, Claudia Benítez Castro, quien trabaja con mujeres por medio de un acompañamiento en el embarazo y en la lactancia.

Esta práctica tiene implicaciones para la persona gestante y para el bebé.  Por un lado, la atención al estado de salud de ambas personas, entendiendo a la salud como un equilibrio entre lo biológico, lo psíquico y lo espiritual. Si este equilibrio en un parto es respetado la persona gestante va a vivenciar la situación como un proceso de despliegue de empoderamiento. Es decir, si esta persona atraviesa un parto y fue tratada correctamente se va a sentir poderosa, y en relación al bebe va a poder disfrutar del contacto piel a piel con su madre, se explaya Benítez Castro.

Esto genera diversos beneficios, entre los que se encuentran: fortalecer el sistema inmune del bebé, regular su temperatura, y calmar el estrés del nacimiento. Estos se engloban en lo que se denomina Binomio, que se forma entre la persona que dió a luz y el recién nacidx, y se produce cuando no hay intervenciones. En el caso de que se ejerza violencia obstétrica esto puede llegar a interrumpirse y ese apego se encuentra incompleto, sin embargo, esto no quiere decir que luego ese binomio no se pueda volver a construir desde otro lugar, explica Benítez Castro.

Por otro lado, quienes deciden dar a luz en sus domicilios son violentadas por el sistema de salud. La Licenciada explica que “la violencia para quienes deciden parir en sus casas, generalmente viene desde el momento en el que se comunica la decisión al profesional de salud que está haciendo el control prenatal, a veces allí se genera un rechazo y no se le brinda información completa a la persona gestante. También se suele encontrar violencia en el momento de realizar el registro del recién nacidx, y cuando el sistema de salud se entera que la persona gestante realizó un parto domiciliario las mismas se ven violentadas verbalmente por quienes las asisten”.

“En todo momento del embarazo, del trabajo de parto, del parto y del postparto las personas gestantes tienen el derecho a recibir información al respecto. En tanto para quienes decidan llevar a cabo un parto domiciliario también deberán tener la información pertinente a dicha práctica” argumentó Benítez Castro.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek, nos unimos a la jornada de la Semana mundial del Parto Respetado, para visibilizar los derechos que tienen las personas gestantes y recordar que tienen a disposición un modelo de solicitud como herramienta para todas aquellas personas que cursen el embarazo puedan presentar ante el establecimiento de salud donde se estén asistiendo, con el fin de exigir que se respeten sus derechos. La misma la pueden descargar aquí.

El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud – OMS –  eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, terminando, de esta manera, con más de un siglo de discriminación dentro de la medicina.

Este acontecimiento, de hecho, histórico sirvió de base para la lucha por el reconocimiento de derechos y la creación de políticas públicas para la población LGBTIQ+. Así, esta fecha se consolidó como el día de visibilidad, promoción y reclamo por la protección y pleno goce de los derechos humanos de esta población a nivel internacional.

Aunque esta fecha se conoce mundialmente como el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, es cada vez más común referirse a esta como el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

Este cambio en el nombre responde a que, si bien “homofobia”, “transfobia”, “lesbofobia” y “bifobia” son términos que comúnmente se utilizan para hablar de odio o rechazo hacia el colectivo LGBTIQ+, no son los correctos cada vez que no se trata de una fobia, es decir, en este caso de un trastorno de salud psicológico, sino que hacen referencia sólo a actos discriminatorios aprendidos socialmente, que conllevan una sanción legal.

Luego de la promulgación de la ley de Identidad de Género, que el pasado 9 de mayo tuvo el aniversario de su sanción, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad autopercibida; a ser tratada de acuerdo con su identidad elegida y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada.

A pesar de tener una ley que las respalde, no quita que la discriminación se haya esfumado de la sociedad, y que las personas no mueran por discriminación. En 2010 el crimen de lesbo odio se llevó la vida de la Pepa Gaitán, en el 2015 la vida de Diana Sacayán quien fue víctima de un travesticidio, y un largo, lamentable e invisibilizado etcétera, que no tiene estadísticas oficiales de los travesticidios en Argentina.

Por otro lado, en el país la expectativa de vida de las personas travestis y trans es de 35 a 40 años. Asimismo, el trabajo sexual es para la mayoría de las personas trans la única opción laboral posible. Según el último relevamiento nacional el 95% de las personas trans no accede a un trabajo formal, y el 90% vive de la prostitución en estado de extrema vulnerabilidad.

El colectivo trans (travestis, transexuales y transgéneros) es expuesto a la extrema pobreza, a la vulnerabilidad, a la soledad, a las huellas del maltrato y a la violencia sistemática, esto demuestra la situación de abandono y la ausencia del Estado.

Hay avances en las normativas pero todavía queda mucho camino por andar, como es el caso del Cupo Laboral Trans al que todavía no hay un efectivo cumplimiento.Sin embargo, desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek nos hacemos eco de esta jornada para dar visibilidad, promoción y reclamo por la protección de los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ+.

En el 2012 se aprobó la normativa que reconoce el derecho a las personas trans -transgénero, travestis y transexuales- a su libre expresión y desarrollo de su identidad autopercibida. A un trato digno de acuerdo con dicha identidad y la posibilidad de que en su DNI aparezca el nombre e imagen con la cual se sienta representada la persona.

Allá por el 2012, un 9 de mayo en el Senado se esperaba la tan ansiada Ley de Identidad de Género, el día estuvo acompañado de colectivos y activistas LGBTQ+ que miraban la sesión a través de pantallas gigantes del INADI en la plaza Congreso. Desde los balcones del recinto la sesión fue presenciada por activistas disidentes entre aplausos y alegría. El día finalizó con la sanción de la ley 26.743.

Por lo tanto, cada 9 de mayo se celebra la sanción de dicha normativa en Argentina, como un avance central en el reconocimiento de las identidades de las personas trans (transgénero, travestis y transexuales). Se destaca en ser la primera en toda América Latina que reconoce el derecho a la identidad de género de las personas trans y a su libre expresión y desarrollo.

La misma no hubiera sido posible sin los años de lucha por parte de las organizaciones trans en el país. Quienes lograron el respeto a la identidad de género autopercibida, el trato digno de acuerdo con dicha identidad y la posibilidad de que en su documento nacional de identidad aparezca el nombre e imagen con la cual se sienta representada la persona. Se corresponda o no con el sexo y el género asignados al nacer. Y destacando que para la rectificación registral no se requiere intervención quirúrgica, tratamiento hormonal, psicológico o psiquiátrico previo, ni autorización judicial y que el trato digno no depende del cambio registral.

Por otro lado, la ley garantiza a las personas menores de 18 años el derecho al reconocimiento de su identidad de género, al trato digno y al libre desarrollo de su persona. Establece criterios y mecanismos que priorizan la voluntad de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la capacidad progresiva y el interés superior de estos, tal como disponen las normativa nacionales e internacionales: la Convención sobre los Derechos del Niño y Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta ley ha posibilitado el mejoramiento de la calidad de vida de las personas trans y ha permitido sentar las bases jurídicas para comenzar un nuevo andamiaje en materia de derechos que contenga las demandas de esta población en Argentina. Sin embargo, en algunos ámbitos han sido reticentes a respetar esta ley y los episodios transfóbicos siguen en boga al día de la fecha. Todo ello, al punto de que el Ministerio de Salud de la Nación solicita en sus resoluciones en tiempos de cuarentena, a que se cumpla con la ley 26.743 y las identidades autopercibidas de las personas.

Es por ello, que a pesar del avance legislativo, que es muy importante y valioso, el colectivo trans es uno de los más vulnerados dentro de la población, a raíz de su incompleta inserción laboral, entre otras cosas. En tiempos de pandemia por el COVID-19, esta población es una de las más perjudicadas por las limitaciones en las condiciones de vida y laborales, ya que en su gran mayoría es precarizada y de baja salubridad .

Desde el área de Género y Diversidad Sexual, celebramos la sanción y promulgación de la ley de Identidad de Género, pero continuamos en la lucha por los derechos que aún faltan alcanzar.