10 años de Matrimonio Igualitario: “Accedimos a la unión civil por militancia y para visibilizar nuestro vínculo”

Se celebran 10 años de la aprobación de una de las leyes que reconoció derechos que hasta ese momento estaban invisibilizados. ¿Qué significó para el colectivo? ¿Qué beneficios trajo? ¿Faltan todavía derechos por alcanzar? Conversamos con Dani Perez Ibarburen, quien con su pareja fueron de lxs primerxs en acceder al matrimonio igualitario.

Este 15 de julio se cumplen 10 años de la aprobación de la ley n° 26.618 en Argentina, conocida como Ley de Matrimonio Igualitario. La normativa permitió modificar el artículo del Matrimonio Civil en el país y se garantizó el derecho a que las personas puedan contraer matrimonio independientemente de su sexo y género.

Este hecho constituyó un hito político y social, ya que Argentina fue el primer país latinoamericano en reconocer este derecho hasta entonces negado a las personas LGBTIQ+.

“La  unión civil fue un paso totalmente necesario para poder llegar a la igualdad plena de derechos. La introducción que se le incluyó a la ley de matrimonio civil en Argentina significó y alcanzó a varias y diversas familias y parejas que estaban desamparadas por la ley. Incluso muchas de ellas ya habían adoptado hijxs, pero de forma individual, ya que en el país esto está permitido desde los años 90. Pero habían muchas familias desconocidas por el Estado” nos cuenta, Dani Perez Ibarburen, quien contrajo matrimonio civil igualitario con Horacio Ferrer el 19 de noviembre del 2010. Fueron una de las primeras parejas en casarse cuando se sancionó la ley.

Con dicha normativa no sólo se reconoció la legalidad de los vínculos familiares existentes, sino que las parejas del mismo género pasaron a gozar de los mismos derechos que el resto de las personas, tales como el acceso a previsiones sociales, derechos de herencia y adopción e inscripción conjunta de las niñas y niños nacidxs en el marco del matrimonio igualitario, entre otros.

“En nuestro caso el alcance y los beneficios tienen que ver con la protección que el Estado le brinda a una relación o a una sociedad ya que puede haber una de las partes que necesite ya sea obra social, o de cuidar de tu pareja cuando está enferma, como lo permiten los derechos sociales a lxs trabajadores. Otro de los beneficios tiene que ver con los derechos de sucesión, por ejemplo vimos a muchísimos amigxs nuestros que vivieron juntxs varios años y por infortunio de la vida uno de ellxs falleció y la familia se quedó con todo lo que ellxs habían construido juntxs, quedando la persona viuda y desamparada en la calle” argumentó Perez Ibarburen.

Esta ley fue producto de una ardua lucha por parte de las organizaciones LGBTIQ+ y de conquistas legales previas, como la unión civil de la ciudad de Buenos Aires en el 2002, también fue la primera ley sancionada en Latinoamérica al respecto.

“Fue un avance hacia una sociedad más justa e igualitaria. La sociedad la reclamó. Fue una lucha que caminó desde abajo, si la ley se aprobó es porque la sociedad argentina y el colectivo lo reclamaba. La ley se decidió en democracia. Nosotros cuando accedimos al matrimonio lo hicimos por una cuestión de militancia y para visibilizar nuestra unión” definió el músico.

Un camino hacia el reconocimiento de derechos

Esta ley concretó el compromiso de Argentina en la implementación de políticas de igualdad, inclusión y construcción de ciudadanía. Por lo tanto, fue un antecedente para la sanción de otras leyes como la ley de Identidad de Género, el Decreto de Necesidad y Urgencia de Reconocimiento Legal de Hijos e Hijas de familias comaternales nacidxs antes del matrimonio igualitario y la ley de Reproducción Médicamente Asistida, al igual que la institucionalización de diversas áreas y programas en materia de diversidad sexual en gran parte de los ministerios nacionales, provinciales y municipalidades de todo el país.

Es importante señalar que en 2010, cuando se dio el intenso debate en torno a la sanción de esta norma, fueron lxs activistas y la población argentina quienes dieron el nombre de Ley de Matrimonio Igualitario, bajo la idea de que esta norma significaba el reconocimiento igualitario de un derecho que estaba siendo negado, así se sustituyeron diferentes denominaciones utilizadas hasta ese momento como: matrimonio gay, matrimonio homosexual y matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo que ley significó un avance en términos de derechos al establecer la igualdad jurídica para todas las personas que deseen contraer matrimonio y permitió promover así una sociedad más justa e igualitaria.

Sin embargo, todavía quedan derechos por alcanzar. “Para el colectivo LGBTIQ+ faltan aún que se le reconozcan derechos, por ejemplo los que tienen que ver con nuestras compañeras trans, como lo es el cupo laboral trans, o derechos como la ley del aborto legal seguro y gratuito. También faltan leyes que nos protejan de la homofobia, y leyes que protejan a las compañeras trans de los travesticidios. Es un camino largo de ida” sostuvo Perez Ibarburen. Asimismo agregó que “cuando la ley se aprobó en el año 2010 gracias a nuestra presidenta de entonces Cristina Fernández de Kirchner, ella fue muy clara cuando dijo: esto es sólo un pequeño paso, hacia lo que todavía el Estado debe otorgar para lograr la igualdad plena y para poder responder a las desprotecciones de varios sectores de nuestra sociedad”.

 
Por otro lado, su pareja, el actor Horacio Ferrer, remarcó que “el Estado debería volver a poner en primer plano el cuidado y las campañas de prevención y protección en relación al VIH, cuestión que nos atañe a todxs como sociedad, y también las campañas para no estigmatizar a las personas con vih positivo”.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek celebramos este 15 de julio los 10 años de la ley y acompañamos las luchas del colectivo LGBTIQ+ y abogamos por los derechos que todavía faltan alcanzar.

8 de julio: Día del Abogado/a Víctima del Terrorismo de Estado

Para conmemorar este día compartimos un texto de Viviana Laura Beigel,
abogada querellante en juicios de lesa humanidad de Mendoza y socia de Xumek

Las memorias colectivas se componen de múltiples experiencias y voces. Constituyen un ejercicio concreto de recuerdos, de olvidos, de silencios, de relatos y de actos. En palabras de Elizabeth Jelin, las memorias, ponen en juego saberes, pero también emociones, tienen huecos y fracturas.

Hoy quiero llenar algunos de esos huecos recordando a las mujeres abogadas víctimas del genocidio argentino, porque es sabido que las lógicas discursivas y la posibilidad de la palabra pública ha generado que algunas historias de víctimas sean más conocidas que otras, sobre todo en sociedades patriarcales como las nuestras.

Quiero honrar la memoria y hacer visibles a estas mujeres abogadas, validar la historia de lo que pensaban y como eran sus espacios de pertenencia en las organizaciones políticas y armadas de la izquierda revolucionaria.

Mujeres que habían abrazado la defensa de los derechos de perseguidos y perseguidas políticas, que lucharon por garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Mujeres que habían decidido salir de la esfera privada de la familia para comprometerse en la lucha social y política y en la defensa de los derechos humanos.

Quiero hacer memoria hoy y dar cuenta de la vida de las abogadas que en los años ´60 y ´70 se involucraron en el movimiento feminista, reclamando por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y que se opusieron a las opresiones del sistema patriarcal.

Mujeres abogadas que, en esos años, articularon su actividad profesional con su actividad política y que fueron profundamente marcadas junto a sus compañeros abogados por la desaparición forzada de Néstor Martins y por el asesinato de Rodolfo Ortega Peña por parte de la Triple A.

Quiero recordar y nombrar a cada una de nuestras abogadas detenidas-desaparecidas. Porque al nombrarlas las reconocemos, las visibilizamos y las homenajeamos. En este día, están presentes Graciela Beretta, María Teresa Bernasconi, María Cristina Bustos; Elda Calabro; Graciela Doldan; Norma Falcone; Mónica Fernández; Teresa Israel; Nelly Ortiz; Edith Peirano; Carmen Pellegrini; Nora Peretti; Amanda Prato; Manuela Santucho; María Saur de Galuppo; Mónica Schteingart; Marta Taboada y Esther Wejerman; todas abogadas detenidas-desaparecidas y respecto de quienes no conocemos cual fue su destino final.

Quiero reconocer también a Nelly Minyersky que fue perseguida por la dictadura cívico- militar y a Nina Brugo que tuvo que exiliarse por razones políticas, porque ambas, hasta el día de hoy siguen reclamando por la legalización del aborto y por los derechos de las mujeres y las diversidades e identidades sexo-genéricas.

Y para darle una mirada federal a este reconocimiento, quiero recordar también a las abogadas mendocinas que fueron perseguidas y secuestradas por el ejercicio de la abogacía y por su militancia política y social.

A Haydee Fernández, abogada secuestrada por asesorar a los familiares en la búsqueda de personas desaparecidas, a Susana Sanz de Llorente, abogada laboralista y militante de la juventud peronista que se comprometió en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a Dora Goldfarb, jueza secuestrada y alojada en el centro clandestino de mujeres instalado en el Casino de Suboficiales de Mendoza y a Angélica Escayola, abogada laboralista, militante política comprometida en las luchas sociales que tuvo que salir al exilio y que hasta hoy levanta las banderas de los derechos humanos.

Ellas, las abogadas perseguidas, muchas obligadas a vivir en la clandestinidad, fueron militantes políticas que formaron parte de ese conjunto de mujeres que bien describe Marta Vasallo en su libro “La Terrible Esperanza”. Mujeres que, en los ´70, se revelaron en contra de la división sexual del trabajo, que se enrolaron en la construcción de un proyecto revolucionario ajeno a la cosificación de las relaciones humanas y a la subordinación de la mujer, que pensaron en la maternidad y en la paternidad social para promover la igualdad en las relaciones familiares y que proyectaron un mundo donde sea efectiva la equidad para las mujeres y en el que se garantice su participación paritaria en el espacio público.

Quiero recordar y hacer visibles a estas abogadas, que fueron catalogadas por los perpetradores del genocidio como las enemigas internas de la Nación, como las delincuentes subversivas apátridas y como mujeres fallidas que se habían distanciado de su “deber ser”. Estas abogadas que, por su condición de género, fueron doblemente castigadas en los centros clandestinos de detención, que fueron reprimidas por su militancia política y social pero también, por ser transgresoras al reclamar el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Abogadas que fueron disciplinadas por los genocidas de manera diferenciada, a través de las violaciones, los abusos, las torturas sexualizadas, la desnudez forzada, y mediante actos de desmaternalización y de apropiación de sus hijos y de sus hijas.

Quiero visibilizar a estas mujeres, que, como el conjunto de las revolucionarias de los ´70, fueron objeto de un cautiverio disciplinario cuyo objetivo fue, además, el de restaurar los valores morales de la civilización occidental y cristiana que ellas habían decidido abandonar.

Han pasado muchos años, muchos silencios y muchas ausencias, años de falta de escucha y del no reconocimiento a las mujeres abogadas víctimas del genocidio argentino. Pero estas opacidades se han ido quebrando poco a poco en los juicios por delitos de lesa humanidad.

El trabajo comprometido de muchas compañeras abogadas, desde las fiscalías y desde las querellas, ha sacado a luz la verdad histórica. Un trabajo que en los últimos tiempos ha impactado en los tribunales hasta lograr que los delitos sexuales sean considerados delitos autónomos dentro del plan criminal genocida. Estas miradas, con perspectiva de género, se tradujeron en las primeras condenas en las causas “Barcos” del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en la causa “Molina” del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en la causa Sambuelli del Tribunal Oral Federal de Santa Fe y en la Causa Vesubio II, entre otras.

A partir del trabajo dedicado y comprometido de muchas abogadas defensoras de derechos humanos que abrazaron los feminismos se ha logrado que, entre los fundamentos utilizados por algunos de los tribunales orales federales de nuestro país, se señalara que la violencia sexual formó parte del proceso de destrucción del genocidio, que tomó como blanco específicamente a las mujeres que se habían apartado de los roles de género tradicionales.

Hoy quiero decirles que, a través de nuestro trabajo en los juicios de lesa humanidad, buscamos honrar a las mujeres víctimas del genocidio argentino, quebrando los silencios de recuerdos dolorosos que esperaron un espacio de escucha para ser expresados. Aún queda camino por recorrer y muchos reconocimientos pendientes, pero estamos avanzando en la reconstrucción de la verdad histórica, porque como dice Elizabeth Jelin, lo que fue silenciado en determinada época emerge con voz fuerte después.

Mujeres abogadas víctimas del genocidio argentino.

¡Presentes!! Ahora y siempre!!