No a la modificación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad

La Defensoría de las Personas con Discapacidad es un organismo que inició sus actividades en el año 2013 sólo en la provincia de Mendoza por la lucha de familiares de personas con discapacidad. Surgió como reclamo de una entidad estatal que defienda sus derechos personales y prestacionales en el marco de las Convenciones Internacionales, las leyes nacionales y provinciales inherentes al colectivo. 

La Ley 8.345 del año 2011 creó la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Provincia de Mendoza como “un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional” que “ejerce las funciones establecidas por la ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.”

En este momento se quiere modificar la forma en la que se designa a la persona titular de la Defensoría. Actualmente se elige de manera representativa. Es decir, se vota tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores y deben ser afirmativos dos tercios de los votos de lxs miembros presentes en esa Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, la persona que se candidatea para ser Defensora de las Personas con Discapacidad debe superar un proceso de tabulación de carpetas de antecedentes y otras instancias de selección que prueban su idoneidad para el cargo.

El proyecto de reforma propone que la Defensoría esté a cargo de una persona con discapacidad designada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, sin mayorías especiales.

La modificación ha sido presentada en la Legislatura por el senador Marcelo Patricio Rubio (UCR) y firmada también por los senadores Pablo Priore (PRO), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Marcelo Diumenjo (UCR), Héctor Bonarrico (MAS FE) y Fernando Allín (Socialista). 

Con esta modificación, el Poder Ejecutivo provincial podría designar a sus aliados en cargos públicos sin tener que pasar por el proceso de valoración de antecedentes que antes se mencionaba.

Es importante que la Defensoría de las Personas con Discapacidad sea un organismo independiente, que garantice los derechos de personas con extrema vulnerabilidad. La elección a dedo, sin concurso de antecedentes y votaciones imparciales y transparentes, afectará, además de la independencia, la idoneidad del organismo para dar respuestas adecuadas. 

La Defensoría es el resultado de una lucha ganada por las personas con discapacidad en el reconocimiento de sus derechos. No debe ser modificada sin su consentimiento ni del colectivo que las representa.

“La forma en que se viene eligiendo al Defensor de Discapacidad de alguna manera garantiza transparencia en el proceso de elección (…) la Defensoría de las Personas con Discapacidad es un órgano de control que debe monitorear la política pública del Estado, además de las instituciones privadas”, señaló Alejandra Berlanga, referente de la organización Madres y Padres Autoconvocados, a El Otro Diario

En la misma nota, desde el Observatorio de Discapacidad de Mendoza señalaron que no se convocó ni a personas con discapacidad ni a ninguna de las organizaciones que representan al colectivo en la propuesta de modificación. “Nada acerca de nosotros sin nosotros’”, explicó Mónica Bascuñán del Observatorio resaltando que la Defensoría debe ser un organismo independiente para garantizar realmente el derecho a la salud, a la educación, a la justicia, al transporte y a todo lo que hace a la igualdad de oportunidades.

“En la provincia se aplicaron las mismas políticas que en la nación [durante la gestión de Macri], haciendo un fuerte recorte. La situación de OSEP no garantizando la salud de personas con discapacidad (PcD), el despido de PcD insertadas laboralmente que el gobierno de Cornejo jubiló por incapacidad laboral, la no entrega de medicamentos por parte del programa federal Incluir Salud, que dejó a muchas personas sin audífonos, sin garantizar los tratamientos. Todas estas fueron cuestiones que hicieron retroceder a un colectivo que históricamente tiene muchas barreras para insertarse en la sociedad y tener una vida plena en igualdad de oportunidades”, expresó Bascuñán.

Es fundamental que los gobiernos generen prácticas anticapacitistas para que el colectivo sea parte de una sociedad que vea a la persona y no su condición. Las personas con discapacidad tienen el derecho humano a una vida con autonomía y libre de discriminación en igualdad de oportunidades. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben formar parte de los espacios de decisión sobre las luchas que vienen llevando hace años. El gobierno provincial retrocede en los derechos conquistados acallando a estos colectivos.

NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 8345.

30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se conmemora desde el año 2011, a partir de que la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo, en formas de arrestos, detenciones y/o secuestros, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigxs de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Por lo tanto, a través de la resolución que aprueba la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, declaró el 30 de agosto jornada para repensar y problematizar este delito.

El tratadodefine este delito de la siguiente manera cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

La desaparición forzada, según la ONU, se utiliza con frecuencia como estrategia para infundir el terror en las personas de una comunidad, pueblo, barrio o ciudad. La sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a lxs parientes próximos del o la desaparecida, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Por lo tanto este grave delito afecta a las propias víctimas, quienes son muchas veces torturadas; a lxs amigxs y familiares de las víctimas, quienes sufren una angustia por la incertidumbre de saber dónde está, qué le sucedió, en qué condiciones está y sobre si la persona vive aún; y en las comunidades ya que a través de este delito se les infunde terror.

Desapariciones Forzadas en Democracia

El terrorismo de Estado en la Argentina durante la década del 70, sobre todo en el período de la última dictadura cívico-militar -que se prolongó desde 1976 hasta 1983-, la desaparición forzada de personas se transformó en el método más utilizado para la persecución y represión política. Miles de hombres, mujeres, niños y niñas y disidencias,  fueron secuestradas, y los pedidos de habeas corpus presentados por sus familiares, rechazados. Hasta el día de hoy, si bien algunos casos fueron esclarecidos y los cuerpos encontrados, la gran mayoría de las víctimas continúa desaparecida.

Pero ¿qué sucede en Democracia?, ¿siguen desapareciendo personas?, ¿a quiénes?, ¿de qué comunidades?, ¿quiénes son lxs responsables?

Facundo Astudillo Castro: El 30 de abril de 2020 Facundo salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca. Pensaba hacer esos 125 kilómetros a dedo hasta la casa de su ex novia. Pero antes fue detenido por agentes policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Ministro, ‎Sergio Berni, y se le labró un acta por violación del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) que rige en el país por la pandemia del nuevo coronavirus. Luego existió una segunda detención, cercana a la localidad de Teniente Origone. Nunca llegó a la casa de su novia. Así consta en la información que el Estado argentino reportó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que intervino en el caso, ante la sospecha de que se trata de una desaparición forzada. Se encontró un cuerpo y se analiza la posibilidad de que sea Facundo.

Santiago Maldonado: El 1 de agosto de 2017 a orillas del río Chubut, el primer gendarme saltó la tranquera de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, efectivos van hacia la orilla del río Chubut. Hombres encapuchados corren, las mujeres y lxs niños se quedan en la casilla, los gendarmes disparan balas de goma. En un año de investigación, el Poder Judicial argentino no pudo explicar qué pasó. Santiago desapareció y murió en un operativo represivo coordinado por funcionarios del poder político, en ese entonces coordinado por la ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich.

Gisela Gutiérrez: 19 de julio de 2015 la última vez que se la vió, la joven volvía de la casa de su hermana, ubicada en el mismo barrio La Favorita. La chica le hizo señas a su mamá, Ramona Bazán, de que se demoraba, y luego nadie más supo de ella. Su mamá se alarmó cuando no llegaba y salió a buscarla, pero ninguna persona sabía nada. Hizo la denuncia judicial 48 horas después porque en la comisaría le aseguraron que debía esperar ese lapso para concretar la presentación.

Johana Chacón: fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012 en Tres de Mayo, Lavalle. Las docentes y directivxs de la escuela Virgen del Rosario, a la que asistía la niña que en ese momento tenía 13 años, fueron el motor para que nadie olvide su nombre. En el 2018 se da sentencia del juicio por la desaparición y muerte de la joven, quien fue acusado a prisión fue Mariano Luque, quien ya contaba con una condena de homicidio simple por la desaparición de Soledad Olivera, otra mujer lavallina que fue vista por última vez en 2011 cuando iba camino a encontrarse con él. Por esta razón, los jueces decidieron unificar las condenas en 32 años de cárcel, por ambos crímenes.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual y Violencia Institucional, consideramos necesario repensar los nuevos escenarios que plantean las formas de violencias institucionales actuales en la que se yuxtaponen distintas capas que van desde la violencia física hasta la negligencia, la indiferencia, la inacción o la complicidad judicial y política. Cuando los agentes del Estado actúan por fuera de los estándares permitidos y el uso de la fuerza es irracional y desproporcionado puede derivar en múltiples formas de violencias y en diversos niveles de intensidades, desde el hostigamiento policial hasta la desaparición forzada. Resulta urgente buscar nuevas formas de enunciación, contextualización y complejización.

Fuentes: Naciones Unidas, Revista Anfibia, Cosecha Roja, Chequeado, Unidiversidad

EL DESMANTELAMIENTO ES LEY: SE APROBÓ LA REFORMA DE LA 8284

La Legislatura mendocina, a través de la alianza Juntos por el Cambio, que pretende mostrarse prudente al debatir temas fundamentales en el Congreso de la Nación, no actúa del mismo modo en la provincia de Mendoza.

El pasado 18 de agosto, la Cámara de Senadores/as de la provincia dio media sanción al proyecto de ley sobre el cual numerosos organismos de derechos humanos nos manifestamos en contra: la reforma de la ley 8.284, norma que en el año 2011 dio origen a la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Este órgano estuvo integrado por referentes de la sociedad civil, y su objetivo fue la defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona que se encontrara privada de su libertad de cualquier modo (en penales, comisarías, hospitales de salud mental, geriátricos, establecimientos de internación de niños, niñas y adolescentes, entre otros).

Ante las críticas de numerosas figuras vinculadas a la defensa de los derechos, la Cámara de Diputados/as, con una llamativa rapidez y sin pasar por las comisiones, trató el proyecto, el cual fue aprobado casi sin discusión, consagrando un enorme retroceso en derechos humanos y participación ciudadana. 

Sin debate y a través de su mayoría automática, se vació arbitrariamente un organismo de control de la violencia institucional, que tiene origen en aberrantes delitos que costaron condenas internacionales y fuertes indemnizaciones por las graves violaciones de derechos humanos. Especialistas en la temática, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales y organismos internacionales se pronunciaron de manera fundada en contra de la propuesta de modificación, y le advirtieron al gobernador Rodolfo Suárez que de sancionar este proyecto se vulneraría un acuerdo firmado por Mendoza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estos pronunciamientos fueron desoídos por la coalición gobernante local. Solo se incorporaron pequeños cambios insignificantes que no responden a las demandas de los espacios que solicitamos ser escuchados.

Se proclama la transparencia como valor fundamental, pero se elimina el concurso en el acceso a un organismo de control y se lo reemplaza por la elección “a dedo” por parte de  quien tiene que ser controlado; se jactan de ser democráticos y abiertos al intercambio de posturas, pero reducen al mínimo la participación de la sociedad civil en el organismo, sustituyendola por miembros de instituciones públicas, alineados al mismo poder político que, paradójicamente, debe ser supervisado. 

Desde Xumek, junto a otras organizaciones, advertimos sobre la enorme irresponsabilidad institucional en la que incurriría el gobierno provincial de aprobarse esta reforma. Buscamos involucrarnos en el debate y aportar nuestra perspectiva en el asunto, con fundamentos basados en arduos años de trabajo en contextos de encierro y violencia institucional. Nunca fuimos atendidos y jamás pudimos participar de ningún debate. El diálogo, el intercambio de ideas y la transparencia estuvieron ausentes a la hora de tratar esta reforma. Probablemente en el futuro los y las mendocinas debamos lamentar importantes erogaciones públicas con motivo de las condenas que vendrán.

Las organizaciones de la sociedad civil somos actores esenciales para el fortalecimiento de nuestra democracia, para la transparencia de las instituciones y para el favorecimiento del diálogo. En diciembre de 2019 dimos muestra de nuestra participación en la vida institucional de la provincia al frenar la reforma de la Ley 7722. Seguimos esperando que el Gobierno Provincial lo advierta antes de que sea nuevamente tarde.

REFORMA DE LA LEY PROVINCIAL 8.284: UNA REGRESIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

El pasado 18 de agosto, la Cámara de Senadores/as de Mendoza aprobó el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial a finales del 2019 , el cual introducía la reforma de la Ley N° 8.284. Como ya se había advertido, este proyecto era regresivo en  materia de derechos humanos ya que las modificaciones introducidas atentaban contra la idoneidad e independencia de los/as integrantes de este organismo de control y reducía al mínimo la participación de la organizaciones de la sociedad civil que integramos el Comité.

A raíz de las críticas a este proyecto, en la sesión se introdujeron algunas modificaciones al proyecto original.

  • En relación a la forma de elección de Procurador/a de personas privadas de libertad, el texto aprobado remite a la Constitución Provincial en lo relativo a designaciones de otros órganos de control, esto es, la designación por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
  • Con respecto a los/as representantes de organizaciones de la sociedad civil en el Comité, en el texto aprobado se incrementa de 1 a 2 personas, 1 de organización con sede en el Gran Mendoza y otra del resto del territorio provincial. 
  • Por otro lado, se incorpora la creación de un Consejo Asesor que estará integrado por las organizaciones preexistentes a esta ley así como las que se incorporen en el futuro. Este consejo tendría a su cargo proponer  las organizaciones para integrar el Comité, y además, podrá elevar requerimientos, consultas y observaciones a la Comisión a través de sus representantes en la misma, debiendo dársele tratamiento de conformidad con el reglamento del organismo. 

Entendemos que estas modificaciones intentan dar respuesta a las fuertes críticas efectuadas al proyecto por distintos organismos, entre ellos el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, las mismas no cambian en lo sustancial el carácter regresivo del proyecto, y el hecho de que su tratamiento tuvo lugar a espaldas de los organismos de derechos humanos de Mendoza. Continuamos sosteniendo los mismos cuestionamientos 

Desde Xumek, como organización que trabaja hace años en contexto en encierro, consideramos que la creación de este Consejo Asesor no salva la real intención de este proyecto: anular la participación de las organizaciones que mantenemos una postura crítica en estos temas. No basta con formar parte de un Consejo Consultivo que carece de facultad material para intervenir en forma directa en favor de los derechos de las personas privadas de libertad, ni para incidir en políticas públicas. Los organismos de derechos humanos queremos contar con las herramientas para contribuir al control de las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en nuestra provincia.  

Día nacional del Activismo por la Diversidad Sexual

Jornada que se instauró en conmemoración de la muerte del gran referente e impulsor de los derechos humanos del colectivo LGBTIQ+, Carlos Jáuregui. A 24 años de su muerte realizamos un recorrido de su vida militante y activista.

En el año 2012 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley e instituye el 20 de agosto como “Día del activismo por la diversidad sexual”, en coincidencia con la fecha del fallecimiento de Carlos Jáuregui, el 20 de agosto de 1996.

Jornada para conmemorar y recordar quién fue Carlos Jáuregui, uno de los referentes más importantes del movimiento por los derechos humanos de la población LGBTIQ en Argentina.

Su vida: la acción y el activismo

Carlos nació en La Plata un 22 de septiembre de 1957, en el seno de una familia de clase media típica, su padre, Carlos José Jáuregui, abogado, su madre, Elsa Guás, maestra de primaria.

El niño de anteojos gruesos se fue formando en la academia, docente universitario y secundario en distintos ámbitos privados y públicos. Realizó un viaje por Europa a inicios de la década de 1980. En aquel continente inició un posgrado en Historia Medieval, y al terminar sus estudios, continuó su recorrido por España, Italia y Alemania. Esta aventura duró un año, hasta que decidió conocer Nueva York.

Allí se enteró por primera vez de la existencia de “una nueva enfermedad” que, según se creía en ese entonces, atacaba a los homosexuales: la llamaban  la “peste rosa”. Jáuregui conmovido por el conocimiento de lo que luego sería una pandemia, se consagró no sólo a estudiar, sino también a trabajar en uno de los servicios de Asistencia Solidaria a lxs enfermxs de sida.

En 1982, inspirado por la militancia gay en Francia y Estados Unidos, y movido por el deseo de hacer lo mismo en su propia tierra, decidió regresar a la Argentina. Así en 1984 fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), en 1991 fue  fundador de Gays por los Derechos Civiles (Gays DC). También encarnó la lucha contra los Edictos Policiales y la Ley de Averiguación de Antecedentes con las que se perseguía a personas LGBTIQ en Argentina. Fue uno de los impulsores de las marchas del orgullo LGBTIQ, del primer proyecto de unión civil y de la incorporación de la cláusula antidiscriminatoria en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1994.

Jáuregui no sólo instaló en el activismo por la diversidad sexual la perspectiva de derechos humanos, que hasta el momento era casi inexistente entre las agrupaciones, sino que, sobre todo, promovió la consolidación del movimiento LGBTIQ en Argentina. En este sentido, su agenda se dirigió hacia la consolidación de una ciudadanía plena por parte de las personas LGBTIQ, por lo cual promovió la articulación tanto al interior del movimiento por la diversidad sexual como con otros sectores. Sus esfuerzos posibilitaron que agrupaciones LGBTIQ trabajen conjuntamente conformando un activismo plural con consignas claras, generales y específicas.

Era una persona inquieta y estratégica, por lo que no conforme aún, aseguró el diálogo con otros movimientos sociales de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones de estudiantes universitarios y víctimas de la represión policial, y usó la visibilidad en los medios masivos de comunicación como herramienta de lucha, como forma de militancia a favor de la reivindicación de los derechos de las personas LGBTIQ. Un ejemplo de ello fue la mítica tapa de Siete Días del año 1984, donde por primera vez aparecieron dos varones como pareja.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek recordamos y conmemoramos el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, en el nombre del gran Jáuregui, y en reconocimiento a todas las personas defensoras de los derechos humanos del colectivo LGBTIQ, y seguimos en la lucha de la construcción de un mundo inclusivo, libre y diverso.

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”

Carlos Jáuregui

1957-1996

FRENEMOS LA VIOLENCIA DEL FALSO SAP Y SUS ARGUMENTOS

Desde las áreas de Género y Diversidad Sexual y Niñez y Adolescencia de Xumek, nos sumamos al proyecto que presentará La Colectiva Mendoza el próximo miércoles 19 de agosto en la Legislatura Provincial. El mismo es para que NO se utilice el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) en la Justicia.

El falso SAP fue creado por Richard Gardner, un pedófilo declarado, en la cual sus argumentos se utilizan en procesos judiciales para una revinculación forzada de niñes con sus abusadores, siendo esto una tortura. A través de estos argumentos, se busca perjudicar a las mujeres y hacerlas parecer “locas” que manipulan a sus hijes, siendo que al mismo tiempo, se les acusa de mentir sobre una situación traumática para elles.

Sumate a la Campaña. Frenemos la Violencia del Falso Sap y sus argumentos.

Podes hacer tu cartel con la siguiente frase para compartir en tus redes personales: Frenemos La Violencia Del Falso Sap Y Sus Argumentos.
Si querés podés compartir etiquetando a @DiputadosMendoza

Creación del Consejo Nacional de la Mujer

Se cumplen 28 años de la creación del, entonces llamado, Consejo Nacional de la Mujer -CNM-. El cual tenía dependencia directa del presidente de la nación, el mismo se decretó el 7 de agosto de 1992 y se publicó en el Boletín Oficial el 13 de agosto de ese año.

El Gobierno Nacional a partir del compromiso asumido por el Estado Argentino al ratificar la Convención Sobre La Eliminación de Todas las Formas de Discriminacion Contra La Mujer -CEDAW- consideró que, el derecho silenciado de, la máxima participación de la mujer en todas las esferas es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país.

Por lo tanto se llevó a cabo la creación del CNM, y fue el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Algunos de los temas prioritarios de la agenda de género, que siguen en vigencia en la actualidad, son: el fortalecimiento de la línea 144, de las ongs y áreas mujer de todo el país; la violencia de género, la pobreza y la desocupación, las dificultades para conciliar el cuidado de lxs hijxs y el trabajo, la brecha salarial respecto de los varones y el aborto inseguro y clandestino.

Creación del Instituto Nacional de las Mujeres

En el año del 2017, se creó por decreto el Instituto Nacional de las Mujeres – INAM-, reemplazando así al Consejo Nacional de las Mujeres. El INAM además de darle  continuidad a las funciones del CNM, es un organismo que desarrolla políticas públicas para la igualdad de género. Se creó como un ente descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El CNM se encontraba como un organismo que se perdía en la estructura estatal; con la creación del INAM como un ente descentralizado se adquirió mayor autonomía, manejo de presupuesto y la posibilidad de ampliar el marco de acción.

Asimismo, el INAM es el órgano rector de la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”, sancionada en el año 2009.

El presupuesto que destinó el gobierno de Macri, en el año 2019, al INAM fue de 11 pesos por mujer para prevenir la violencia de género. Sin embargo, el Gobierno de Alberto Fernández modificó la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020 con el fin de dotar de recursos al ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

El Decreto considera “atender todo lo inherente a las relaciones humanas respecto del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de políticas de género, igualdad y diversidad”.

Desde el Área de Género y Diversidad Sexual celebramos la creación de ministerios, áreas y políticas públicas con perspectiva de género e inclusivas, pero también sostenemos que la agenda de género no es sólo “cosas de mujeres” en donde tengamos nuestro espacio para resolver “nuestras” inquietudes y realizar proyectos, sino que dicha agenda, que contiene cuestiones de violencias, de presupuesto, de políticas públicas, etc., es transversal a todo el Estado Argentino, no sólo de un área.

12 de agosto: Día Internacional de la(s) Juventud(es)

Cada 12 de agosto desde el año 1999 se celebra el Día Internacional de la(s) Juventud(es) por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de situar ante la comunidad internacional los problemas que deben enfrentar les jóvenes, resaltando su papel como sujetes indispensables de cambio social y político en la construcción de nuestras sociedades.

Se celebran debates temáticos y campañas de información en todo el mundo, para lograr que tanto los Estados Miembros como el público en general comprendan las necesidades de les jóvenes, implementen políticas que les ayuden a superar los desafíos que enfrentan y les alienten a formar parte de los procesos de toma de decisión.

UNICEF Argentina presentó este mes una nueva estimación de la pobreza infantil en el país y adelantó los resultados de la segunda encuesta nacional de impacto del COVID-19 en familias con niñas, niños y adolescentes. Las nuevas estimaciones del organismo alertan que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad chicas y chicos pobres pasaría de 7 a 8,3 millones.

En Mendoza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el año 2.019 el índice de pobreza es del 37,6 %. Sin embargo, se estima un incremento de la situación en el contexto mundial actual por la pandemia COVID-19 debido a sus consecuencias económicas y sociales que impactan a nivel nacional y local.

Desde el Área de Niñez y Adolescencia de Xumek, creemos fundamental en este día (re)pensar y problematizar la situaciones de vulneración de derechos humanos hacia les niñes y adolescentes de nuestro país y de América Latina, como deuda principal de los Estados en garantizar el pleno goce de los derechos. 

Promover los intereses, la participación y escucha activa de les niñes y adolescentes en el diseño e implementación de políticas públicas sobre las problemáticas sociales que les atraviesan,  y así romper con las prácticas adultocéntricas que imperan en nuestras sociedades.

                 ¡Por niñeces, adolescencias y juventudes más dignas!

Repudiamos los dichos por el Fiscal Terán

A comienzos del mes de agosto se firmó la Resolución General 34/2020, la cual resuelve que las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan; las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la diversidad de género. Así se establece una composición de órganos integrados por la misma cantidad de miembras femeninas que de miembros masculinos. Cuando la cantidad de miembrxs a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembras femeninas.

Asimismo, desde el Área de Género y Diversidad Sexual de Xumek, repudiamos los dichos del Fiscal neuquino Santiago Terán, que tuvieron lugar la semana pasada. El Fiscal expresó en diversas radios de aquella provincia que “tendrían que permitir que se autorice la portación de armas de fuego a las mujeres víctimas de violencia de género”. Así se logra que se corra el foco de la responsabilidad del Estado, dejando a las mujeres su propia defensa. Y también rechazamos los dichos a la conductora y periodista de C5N, Lucila Trujillo, que se entrometió en su vida privada, y con un tono elevado para expresar su discurso, mientras la periodista trataba de realizarle preguntas, él la trataba de “loca” y “torita”.

En 2019, Xumek envió un proyecto de ley de género como requisito para lxs candidatxs a magistradxs y para evaluadorxes del concurso, ya que es necesario contribuir al avance en materia de igualdad en el ejercicio y goce de derechos, tanto por quienes asumirán el rol de magistradxs y de quienes lxs evalúan, como quienes sean destinatarixs de sus resoluciones.

Consideramos de suma urgencia la efectiva implementación de la Ley Micaela en todos los órganos y niveles del Estado argentino, como así también en las diversas instituciones, como son los medios de comunicación.

No necesitamos a fiscales como Terán o jueces como Carlos Rossi, necesitamos que el poder judicial se capacite en perspectiva de género.

El arbolado público y el derecho humano al ambiente sano

En las últimas semanas la sociedad mendocina tuvo acceso a la información de que en la Cámara de Diputados provincial se estaría tratando un proyecto de ley presentado por la diputada Andía y que busca modificar la actual Ley de Arbolado Público (Ley Provincial 7874, 2008). Se trata del marco normativo de la política pública para el mantenimiento y mejora del arbolado público en el territorio provincial, estableciendo responsabilidades y competencias. En ella se declara “al Sistema Arbolado Público como patrimonio natural y cultural de la Provincia de Mendoza, de interés provincial y se le otorga el carácter de servicio público prioritario” (art. 3).

La Ley 7874 (2008) es una ley que fue fruto de un rico debate y acuerdo entre distintos sectores, que mendocinos y mendocinas interesadas y comprometidas en la temática, en algunos casos con conocimiento experto, plasmaron un documento normativo para el arbolado público. Reconociendo la vinculación de éste con el ambiente sano, la salud, la gestión del agua, las distintas actividades económicas (producción, turismo) y el paisaje.

¿Qué se está buscando modificar?

El proyecto de ley presentado por el oficialismo busca flexibilizar algunos de los procedimientos de gestión del arbolado que actualmente se encuentra centralizado en Dirección de Recursos Naturales Renovables, el organismo que actualmente tiene la responsabilidad de aplicar la ley.

¿Cuál es el problema con esta modificación?

Tuvimos acceso a la información compartida por Teresita Capezone, integrante de la Asamblea Del Árbol, quien tiene la preocupación que el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modificaría la actual Ley Provincial 7874 (2008) no fue consultado con los distintos actores de la Provincia que tienen conocimiento y experticia en la gestión y conservación del arbolado, ni siquiera el Consejo de Defensa del Arbolado. Incumpliendo el art. 20 en la que se insta a “trabajar en conjunto con el Estado Provincial, el Estado Municipal, las asociaciones vecinales, las ONG ambientales y la comunidad científica especializada de los distintos organismos, facultades y universidades, para lograr el control, la protección, la preservación y desarrollo del arbolado público”.

Teresita sostiene que esta modificación sería regresiva en el cumplimiento de la ley, ya que se estaría violando el principio de progresividad. Por este motivo, la Asamblea del Árbol pidió el rechazo de la modificación de la ley porque entiende que cualquier modificación debe ser para mejorar la ley.

¿Cuál es la relación entre el arbolado público y los derechos humanos?

Los árboles y las áreas verdes son indispensables para tener un ambiente sano. En una provincia como Mendoza, en la que predominan las zonas áridas y las temperaturas oscilan de manera significativa entre el invierno y verano, el arbolado ayuda a atemperar las extremas temperaturas de ambas estaciones. Durante el caluroso verano mendocino los árboles ayudan a reducir el uso del aire acondicionado, y por eso son considerados INDISPENSABLES para conseguir ser una ciudad sostenible.

Por Área de Ambiente.