COMUNICADO: Sobre el acceso a la Justicia en cuestiones ambientales

Xumek, Asociación Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, se presentó en carácter de “Amigo del tribunal” o Amicus Curiae, ante la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, para aportar valiosa información en la causa que lleva adelante la Asociación Oikos Red Ambiental contra el Gobierno mendocino por la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto N°248/18, que reglamenta las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no convencionales en la provincia de Mendoza, Argentina.

La herramienta legal Amicus curiae tiene como fin de expresar opiniones y elementos de derecho útiles en torno al objeto de la causa en cuestión y aportar argumentos e información de trascendencia para la sustentación del actual proceso judicial en vistas a la consideración y decisión sobre este caso, en el que sin dudas, se debaten asuntos que resultan de relevancia institucional y de interés público.

En este contexto, vemos con gran preocupación que el Gobierno provincial pretenda bloquear la admisión de esta presentación aduciendo meras formalidades procesales, las que por supuesto han sido respondidas en tiempo y forma, presentando la documentación que acredita que nuestra organización está habilitada para desarrollar acciones judiciales en defensa del ambiente. Este tipo de acciones constituyen un claro ejemplo de la intención del Gobierno provincial de negar el acceso a la justicia en cuestiones ambientales a los ciudadanos y las organizaciones que representan intereses comunitarios. Estamos convencidos que la Suprema Corte no avalará el ardid del Poder Ejecutivo y admitirá la presentación siguiendo la línea histórica de apertura y amplia interpretación de los derechos ciudadanos.

Entre los antecedentes que Xumek ha presentado en relación a la protección de intereses difusos y derechos colectivos de trascendencia internacional, como el Derecho humano a un ambiente sano, se destacan los aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalados en la Opinión Consultiva 23/2017, principalmente en lo que atañe a los principios preventivo y precautorio, a las condiciones que deben cumplir los estudios de impacto ambiental de ser previos, independientes, abarcativos, participativos, acumulativos, estratégicos, prospectivos, y respetando las tradiciones, cultura, y derecho comunitario de los pueblos indígenas.

También se destaca la causa “Lhaka Honhat”, en el cual la La Corte Interamericana ha fallado este año contra la República Argentina, declarando que existió violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.

Asimismo se referencia  la importancia del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, ratificado por nuestro país en octubre, que garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

Se aportó, además,  valiosa información proveniente de estudios científicos en torno a la Fractura Hidráulica o Fracking, en los que se detallan los altos riesgos e impactos irreversibles de esta técnica sobre el Derecho al ambiente sano, tales como la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, aire y suelos con compuestos químicos peligrosos, fugas y derrames, la contaminación del aire con metano – que tiene importantes implicaciones en términos de incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero-, riesgos y daños a la salud humana, impacto en la calidad de vida de las personas, salud de animales y afectaciones a la agricultura y ganadería, la generación de sismicidad inducida y la contaminación de las fuentes de agua, en contexto de cambio climático y sequías prolongadas. 

Por último, conforme lo establece el Art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos cuentan con jerarquía constitucional, y por consiguiente, no sólo la Nación debe respetar y garantizar lo preceptuado y contenido en dichos marcos normativos, sino también, deben ser tenidos en cuenta y aplicados por las provincias y municipios. Por eso, se requiere a la Corte realice un Control de Convencionalidad del Decreto N° 248 a los fines de verificar si este decreto viola la normativa internacional y si se ajusta a los criterios del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

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25N: Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres

Foto: Nancy Castronovo

Cada 25 de Noviembre se conmemora el día  Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con el objetivo de denunciar la violencia que se ejerce sobre sus cuerpos y reclamar políticas públicas  en todos los países para su erradicación. También, creemos importante visibilizar y denunciar la violencia patriarcal hacia el colectivo travesti-trans.

La fecha se declaró a partir del asesinato de las tres hermanas Mirabal. El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas políticas, por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Por lo que en 1981, en Bogotá, Colombia, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal. Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek entrevistamos a Silvia Fernández integrante de Ni Una Menos, regional Mendoza. Quien nos cuenta qué significa el 25 de noviembre; si a raíz de la cuarentena, producto de la pandemia del Covid-19, se incrementó la violencia de género; y qué avances hubo en los últimos años y qué se le reclama al estado hoy.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MEMORIA TRANS

Ilustración: Lohana Berkins por Marcelo Quintas

El 20 de noviembre tiene como objetivo recordar a todas las personas trans que fueron víctimas del odio y la violencia por razones de género, es por ello que se instauró en el calendario feminista y disidente el Día Internacional de la Memoria Trans.

En 1999 se desarrolló un proyecto en Internet llamado “Recordando a nuestrxs muertxs”, para reconocer aquellas vidas trans perdidas víctimas de crímenes de odio. Desde su creación, este día ha pasado de ser un proyecto basado en internet a un día internacional de acción en el que, no sólo se recuerdan los asesinatos y crímenes de odio, sino las violencias que sufren cotidianamente las personas trans.

Según Amnistía Internacional los crímenes de odio son “delitos comunes que se cometen contra personas o bienes debido a su relación, real o supuesta, con un grupo definido por una característica protegida, como el origen étnico, la religión, la orientación sexual o la identidad de género”.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- instó a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos -OEA- a mejorar los sistemas de recolección de datos, a trabajar para aumentar la expectativa de vida de las personas trans a través de medidas que eliminen su vulnerabilidad a la violencia y muerte. Como también a investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas.

Al respecto, en Argentina la ley de reforma penal -Ley N° 26.791- de 2012 incorpora en el Código Penal el delito de femicidio y el agravante en casos en que el homicidio haya sido en base a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Esta modificación es una figura central para la caratulación e investigación de los crímenes de odio contra la población LGBTIQ+, al mismo tiempo que para la incorporación de la figura de transfemicidio, travesticidio o femicidio trans en los sistemas de registro de femicidios y en la caratulación judicial.

Asimismo, se creó en mayo de 2016 el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT por iniciativa de la Defensoría LGBT -dependiente del Instituto contra la Discriminación-, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Dicho observatorio tiene por objeto “el relevamiento nacional de datos que visibilicen la violencia que viven cotidianamente en nuestro país lesbianas, gays, bisexuales y trans -travestis, transexuales y transgéneros-”. Con el fin de generar una plataforma de información, que permita monitorear e incidir en la formulación de políticas públicas eficaces y en propuestas legislativas para la prevención, sanción y erradicación de los Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBT, motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género.

Los Datos

En el Informe del primer semestre del 2019 -desde el 1° de enero hasta el 30 de junio- que publicó el Observatorio, se muestra que durante los primeros seis meses de ese año, se registraron 68 crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.

Del total de las personas de la comunidad LGBT, víctimas de crímenes de odio registradas, el 56% de los casos corresponden a mujeres trans -travestis, transexuales y transgéneros-, en segundo lugar con el 31% se encuentran los varones gays cis (es decir que se autoperciben como varón), en tercer lugar con el 7% de los casos le siguen las lesbianas y por último con el 6% los varones trans, detalla el documento.

De todos los crímenes de odio registrados en ese semestre, el 28% de los casos (19) corresponden a asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 72% restante de los casos (49) corresponden a violencia física que no terminó en muerte.

Es decir que, en el primer semestre de 2019 hubo 6 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual y 13 muertes por abandono y/o ausencia estatal. Los 19 casos de lesión al derecho a la vida fueron dirigidos a mujeres trans exclusivamente.

Dichas estadísticas, muestran cómo la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida, es decir, es hacia las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio y de forma brutal la discriminación en su máxima expresión.

Sin embargo, en Mendoza no hay un organismo estatal que realice estadísticas sobre cómo, dónde y por parte de quién son llevados a cabo los crímenes de odio hacia el colectivo LGBTTIQ+.

Origen del Día Internacional de la Memoria Transexual

La fecha surge a partir del asesinato de Rita Hester el 28 de noviembre de 1998. Hester era una mujer trans afroamericana estadounidense, reconocida por su trabajo en relación con los derechos de la población trans, en especial en lo referente a la educación. En respuesta a su asesinato y al poco respeto que los medios de comunicación mostraron, se llevó a cabo una vigilia dias posteriores al hecho en el que participaron cerca de 250 personas. El asesinato de Rita aún no se ha resuelto, al igual que un gran número de transfemicidios, travesticidios y femicidios trans en todo el mundo.

Un año después del asesinato, se organizó el 20 de noviembre una vigilia en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, para conmemorar a Rita y a todas las personas trans víctimas de crímenes de odio y violencia por motivos de su identidad de género. A partir de entonces, se llevan a cabo acciones de conmemoración en más de 200 ciudades del planeta.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek, reclamamos y abogamos por políticas públicas que disminuyan hasta su totalidad la precarización, discriminación y crimenes de odio hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans. Ya que durante su vida, vivencian múltiples exclusiones y vulneraciones de derechos. Así también, abogamos para que se pase de la inclusión legal a la inclusión social real.

Fiscalías especializadas en violencia institucional: diseño, implementación y estrategias jurídicas

Uno de los aspectos relevantes del avance en la lucha por los derechos humanos en las últimas décadas es la creación de distintas áreas que, desde el propio Estado, se proponen visibilizar, investigar, sancionar y/o prevenir vulneraciones de derechos.

En el campo específico de la violencia institucional, estos avances se reflejan en la creación de oficinas específicas dentro de distintas áreas de los poderes ejecutivos, y también por algunas iniciativas que buscan intervenir sobre los problemas estructurales que presenta el poder judicial a la hora de dar respuesta ante hechos graves de violencia protagonizados por integrantes de las fuerzas de seguridad o de los servicios penitenciarios.

No se trata de un avance lineal sino de procesos complejos, con momentos de retroceso y de resistencia. Desde la creación de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación en 2013, la creación de fiscalías especializadas aparece como una de las posibles respuestas del Estado para atender hechos de este tipo, y al mismo tiempo como un espacio en el que podrían ponerse en práctica múltiples conocimientos acumulados en la investigación y el litigio desde el activismo de la sociedad civil y desde el esfuerzo en general solitario de funcionarias y funcionarios judiciales comprometidos.

Este documento se propone aportar a un balance de algunas de estas experiencias, transcurridos ya algunos años desde su creación. Presentamos aquí la sistematización de los hallazgos y conclusiones de dos investigaciones realizadas durante 2018 y 2019.

En la primera parte, realizamos una evaluación de la creación e implementación de fiscalías especializadas en violencia institucional en las provincias de Buenos Aires y Mendoza1 : señalamos los principales problemas del diseño, implementación y funcionamiento de estas fiscalías y presentamos recomendaciones para mejorar su eficacia en la investigación de delitos que implican violaciones de derechos humanos, en algunos casos muy graves.

En la segunda parte, abordamos un análisis de estrategias jurídicas novedosas para la investigación de casos de tortura y malos tratos cuyas víctimas son personas privadas de su libertad, desarrolladas en el ámbito federal tanto por oficinas especializadas en el litigio de casos de violencia institucional como por otros funcionarios y funcionarias judiciales cuyas prácticas y decisiones muestran las huellas de la incidencia de estas oficinas2. En ambos casos, los relevamientos y el análisis de la información se realizaron a través de metodologías cualitativas que incluyeron el análisis normativo, de expedientes judiciales, y entrevistas en profundidad con funcionarios, funcionarias, usuarias y usuarios de las fiscalías, es decir las víctimas de la violencia institucional y familiares y organizaciones que las y los acompañan.

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