Caso Jasmine Daphinis

Jasmine Daphinis es una mujer haitiana que llegó a Argentina con 26 años. En Haití, fue contactada por un juez de Paz mendocino con la excusa de que necesitaba a alguien que lo guíe por la zona. Jasmine tenía una buena vida en Puerto Príncipe: había estudiado en la universidad y veía siempre a su familia, pero decidió dejar todo cuando se enamoró del acusado, “era un hombre muy convincente, supo cómo engañarme”.

Las promesas de amor y felicidad se desvanecieron en cuanto Jasmine aterrizó en Buenos Aires. El exjuez mendocino Hugo Leonardo Torino, actualmente jubilado, le retuvo su pasaporte y la mantuvo prisionera durante meses en su casa. Además de obligarla a realizar tareas domésticas, el acusado abusó todo ese tiempo de ella. Fruto de ese delito, nació su hija.

Las penurias de Jasmine (que dio a conocer en una entrevista para el diario online “El Otro”) son difíciles de imaginar. En su denuncia, ella declaró que durante el tiempo en que se encontró en el domicilio de Torino estuvo impedida de comunicarse con otras personas y sufrió abusos tanto físicos como psicológicos. La vulnerabilidad era total ya que, no solo no manejaba el español, sino que dependía económicamente del magistrado; situación que él utilizaba a su favor.

Jasmine, permaneció en esta situación de sometimiento exclusivamente por temor de perder a su hija, ser deportada o detenida y por la carencia absoluta de medios económicos, asistencia, acompañamiento y desconocimientos de los derechos que la amparan.

Luego de meses de encierro, Jasmine logró escapar: estaba desnutrida, y en un estado de salud muy delicado mientras cuidaba a su bebé recién nacida. Ella cuenta que, al salir de esa casa, se encontró con un tipo de violencia muy similar al que conoció encerrada: numerosas casas de acogida, interminables horas declarando ante la Justicia, amenazas, chantajes, racismo y prejuicios. Todas situaciones  que tuvo que lidiar sin dinero y aprendiendo español. Su caso llegó a Xumek luego de que Jasmine acudiera a la Clínica Socio Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones; refiriendo ser víctima del delito de trata de personas y manifestando la necesidad de asesoramiento en el marco del proceso penal radicado en la Justicia Federal de Mendoza. Ante la complejidad del caso se realizó un abordaje integral, asumiendo el patrocinio jurídico tanto en materia penal como de familia. En paralelo se encuentra abierto un proceso por alimentos, (el acusado no cumple con la cuota fijada por la Justicia), y prohibiciones de acercamiento del imputado. Debido a la complejidad del caso, y los mecanismos de dilación utilizados por la defensa, se generaron una gran cantidad de causas en la Justicia de Familia.

Además de los crímenes cometidos contra Jasmine, el acusado tiene una causa abierta por tenencia de material pornográfico de menores, luego de que encontraran casi 1400 fotografías de material de abuso sexual infantil en su casa; a raíz de este hecho, el acusado tiene suspendido el régimen de comunicación con su hija. El allanamiento en el domicilio de Torino, sucedió luego de que Jasmine relatara que había sido testigo de cómo el acusado se encerraba en su habitación con una niña de 13 años, hija de una familia amiga de Torino. Mientras esto ocurría, Jasmine era obligada  a realizar tareas domésticas.

Actualmente, luego de un largo y dilatado camino, se dictó la prisión preventiva del acusado bajo modalidad domiciliaria. Los cargos que enfrenta son: abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada, y coacciones simples en tres hechos diferentes.

Tatiane Da Silva y la triple discriminación: ser mujer, pobre y afrodescendiente

Porto Alegre es una cuidad brasilera cercana a la frontera de Uruguay y Argentina. Allí vivía Tatiana Da Silva con sus 4 hijos y el padre de los 3 menores, Amilton Martins. Tatiane trabajaba todos los días, en su casa se vivía al día y la plata siempre era escasa. El 29 de septiembre de 2013, Amilton se quedó solo con su hijo de un año y dos meses mientras su pareja trabajaba.  El bebé Diogo, fue maltratado, abusado sexualmente y asesinado por su padre.

Por el crimen, Amilton fue acusado y condenado por los delitos de malos tratos, y homicidio calificado. Lo sorprendente es que Tatiane, a pesar de ser víctima de él, fue acusada por los mismos delitos en la modalidad de comisión por omisión. Desde noviembre de 2013 permanece privada de su libertad y condenada en una Penitenciaria local.

Amilton tenía diez años más que Tatiane, era posesivo y controlador y comenzó a involucrarse en el tráfico de drogas. Según Tatiane, la relación empeoró luego de que él pasara dos semanas en la cárcel: amenazas a muerte a Tatiane y malos tratos por doquier. Ella denunció a su pareja por torturas psicológicas y solicitó protección para ella y sus hijos, la cual solo recibió luego de que un vecino denunciara que los 3 hijos menores de la pareja eran agredidos. El Consejo Tutelar determinó que Tatiane y sus hijos sean acogidos en una Casa de Apoyo, luego de que ella manifestará que Amilton la mantenía en cautiverio y, bajo los efectos de la droga, amenazaba con matar a los hijos. Tatiane también estaba amenazada por armas de fuego y, a veces, un cuchillo.

La investigación por el asesinato de Diogo estuvo marcada por prejuicios en contra de Tatiane. Al momento de pedir la prisión preventiva, el Ministerio público reconoció que Tatiane fue víctima varias veces de Amilton, pero motivó su pedido en que “no titubeaba en arriesgar la vida de sus hijos por aquello que extrañaba y de forma egoísta consideraba su placer personal”. El 18 de noviembre de 2016 Tatiane da Silva Santos fue condenada a 22 años, 2 meses y 20

días años de prisión por el homicidio de su hijo. Esta decisión desconoció completamente que quien se encontraba con Diogo era su padre y tenía deber de garante al igual que Tatiane con respecto al cuidado de sus hijos. En cambio, entendió que Tatiane era responsable por ser su madre. La sentencia inicial de Tatiane fue apelada, pero el Órgano Judicial lejos de enmendar su decisión, ratificó lo resuelto en primera instancia y aumentaron la pena a 24 años, 9 meses y 10 días. Desde que esta encerrada, apenas tiene contacto con sus hijos.

Xumek fue contactada por las abogadas de Brasil y presentó una petición ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) entendiendo que el fallo es una violación a los derechos de la mujer (Convención de Belem Do Pará) y a los derechos de los niñes que fueron apartados injustamente de su madre. El tribunal obvió los indicadores claros de vulnerabilidad en que Tatiane se encontraba, con un profundo desconocimiento de las implicancias psicológicas de violencia de género. De hecho, uno de los argumentos del tribunal para negar la situación de Tatiane es que “ella era el sustento económico del hogar y, por lo tanto, no encajaba en el prototipo de mujer violentada”.

 Consideramos que el tribunal no solo ubica erróneamente a la mujer como la principal garante del cuidado de los hijos sino que además, hubo un sesgo clasista porque Tatiana era una mujer joven, afrodescendiente y con educación incompleta.

Caso “Ricardito” Bazán Zárate

Ricardo Bazán hoy tendría poco más de 30 años y una hija pequeña si la policía no lo hubiese acribillado por la espalda, la noche del 1 de mayo de 2019. Ricardito, como sus amigos lo conocían, fue baleado en las inmediaciones de la Playa de Secuestros San Agustín, cerca del barrio La Favorita, donde vivía con su pareja. Era albañil, recolector de residuos y padre de dos hijos pequeños que había tenido con su expareja.

La Justicia dictó prisión preventiva para el policía José Alexis Méndez (27), acusado de dispararle a Ricardito a sangre fría. El crimen fue calificado como homicidio agravado, por el uso de arma de fuego y por ser efectivo policial. Septiembre de 2020, preveía el inicio del juicio por jurados, en el cual Xumek será querellante, pero se pospuso indefinidamente por el aumento de los casos de Covid 19 en la provincia.

Ricardo y su esposa, María Sales, junto a un amigo de ellos, se encontraban saliendo de su casa para comprar ingredientes para la cena, cuando se toparon con tres policías. En una zona, donde el hostigamiento policial es frecuente, los efectivos obligaron a los jóvenes a bajarse de auto y revisaron a ambos. María, quien presenció toda la escena, aseguró que Ricardo escapó luego de ser revisado: “uno de los policías constató que Ricardo no tenía ningún arma, y él (por Ricardito) salió corriendo”, explicó la joven en una entrevista televisiva. Lo que pasó con Ricardito es rutina en los barrios periféricos de la provincia. Los amigos y familiares de la víctima confesaron que Méndez, amenazó a Bazán en numerosas ocasiones antes de asesinarlo, “ya te va a tocar a vos, te estas salvando mucho”, le decía el policía como un siniestro preludio a lo que aconteció después.

Lo que pasó con Ricardito es rutina en los barrios periféricos de la provincia. Los amigos y familiares de la víctima confesaron que Méndez amenazó a Bazán en numerosas ocasiones antes de asesinarlo, “ya te va a tocar a vos, te estas salvando mucho”, le decía el policía como un siniestro preludio a lo que aconteció después.

Méndez dejo a Ricardito muerto en el piso. Fueron los propios vecinos del lugar los que lo asistieron y llevaron a un centro médico de la zona, aunque ya era demasiado tarde: cuando Bazán ingresó al centro de Salud 300 de La Favorita, ya no mostraba señales de vida. Los peritos demostraron que Ricardito fue asesinado mientras corría con, por lo menos, 6 disparos. La abundancia de pruebas logró que la causa llegue rápidamente a juicio: no solo los efectivos que también se encontraban en el operativo confirmaron que Méndez estaba mintiendo y que, efectivamente Bazán no estaba armado, sino que también, entregaron sus armas reglamentarias para determinar que los disparos provenían de José Méndez. 

Así, la Justicia, dictó prisión preventiva para el acusado, desoyendo el pedido de la defensa solicitando prisión domiciliaria. En octubre del 2019, (5 meses después del asesinato de Ricardito), el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; se jactó de “no tener ningún acusado de gatillo fácil en nuestra provincia”. Un dato erróneo, y que pone de manifiesto que los abusos policiales en las zonas más vulnerables de la provincia no merecen atención para el Gobierno provincial.

Arma tumbera y encubrimiento

Personal de la Policía Científica pudo confirmar el hallazgo de un arma tumbera (de fabricación casera), en el lugar del crimen. Desde un primer momento los investigadores tuvieron en claro que el arma en cuestión había sido “plantada”, varias horas después del asesinato, por los policías para justificar el asesinato de Bazán. Todos los testigos corroboraron que Ricardito no estaba armado al momento de la pesquisa. Por su parte, los sabuesos confirmaron que la escena del crimen había sido alterada. Los efectivos que participaron del hecho con Méndez: Gabriel Martínez y Gabriel Barroso; guardaron silencio sobre el asesinato hasta que, horas más tarde, el fiscal les secuestró las armas reglamentarias: para ese momento, Ricardito ya llevaba muerto varias horas. El autor del delito arriesga una pena de prisión perpetua, “si su idea era disuadir a la víctima, los disparos deberían haber sido a 45 grados con respecto del piso”, argumentó la Jueza de Garantías, rechazando el pedido de la defensa de cambiar la calificación del delito. El ángulo de los disparos fue 7 u 8 grados, casi en línea horizontal, directo a la espalda de la víctima. “El disparo fue realizado con conciencia de la ilicitud, sabiendo que el proceder era idóneo para causar la muerte”, resalta la resolución de la magistrada, donde también hizo alusión a la saña de Méndez al disparar en los oscuros pasillo del barrio poniendo en riesgo, no solo la vida de Ricardito, sino también de los vecinos que allí viven. Por último, hay que considerar la actitud de los efectivos policiales luego del asesinato, ¿por qué no pidieron auxilio? ¿Por qué no informaron a sus superiores, o llamaron al 911 pidiendo una ambulancia? Dejar a Ricardo morir, en frente de su novia embarazada y sus amigos, habla del inexorable desprecio por la vida humana de quienes se la arrebataron.