Inicia un nuevo juicio por los abusos sexuales en el Próvolo

Imagen: Nancy Castronovo

El lunes próximo comienza el segundo juicio por el caso de abuso sexual eclesiástico que conmovió a Mendoza y al mundo. Son nueve personas las imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación criminal por omisión. La impunidad y el encubrimiento, aún con las condenas emblemáticas a los curas abusadores, dilataron el inicio de este juicio. Les sobrevivientes buscan justicia y que se cumpla con la reparación integral ya dictaminada para iniciar un proyecto de vida.

Como en 2019, abogados y abogadas de Xumek serán querellantes, representando a varias víctimas.  

El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.

Las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en el pasado mes de septiembre las condenas a 45 y 42 años de prisión, además de 18 años para el jardinero Armando Gómez.

Sin embargo, la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas, el encubrimiento y traslado de sacerdotes investigados, entre otras medidas, impidieron y dilataron la justicia completa para las víctimas.

Les sobrevivientes continúan reclamando al estado y al arzobispado una reparación integral. Recordemos que las víctimas son niñas, niños y adolescentes con discapacidad y, en gran medida, con dificultades económicas. Sus familias habían confiado a sus hijes a una institución educativa y religiosa como el Próvolo, pensando que les daría acceso a una mejor calidad de vida.

El Tribunal estima que el juicio durará un mínimo de 4 meses. “Va a ser un proceso largo y difícil para las víctimas: tener que volver a declarar en muchos casos y revivir su dolor. Entendemos que las pruebas son suficientes para llegar a una condena al final del debate y nuevamente, como sucedió en el primer juicio, esta condena sea histórica y reparadora para ellos y ellas”, explica Lucas Lecour, uno de los abogados querellantes y presidente de Xumek.  

Nos preocupa la situación de vulnerabilidad psíquica, social y económica de les sobrevivientes. Una reparación integral les permitiría acceder a recursos y tratamientos eficientes para desarrollar un proyecto de vida. 

Junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo exigimos al Estado que garantice las medidas de satisfacción y no repetición, ordenadas por el Poder Judicial a través de la Sentencia 969/2020. Esto involucra acciones de derecho a la salud, desarrollo social, educación y vivienda acordes a las necesidades de cada une de les sobrevivientes.

El segundo juicio

El Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza dará inicio a este segundo juicio a las 8 de la mañana del próximo lunes 3 de mayo. De las nueve personas imputadas, entre monjas y personal administrativo, ocho esperan el juicio en libertad.

Por un lado, se juzgará a la monja japonesa Kumiko Kosaka, imputada por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, actualmente la única imputada con prisión preventiva domiciliaria.

Además, otras monjas, personal directivo y administrativo tendrán que dar explicaciones sobre su rol como entregadoras y facilitadoras para las vejaciones, además de su sistemático encubrimiento y omisión de denunciar.

Graciela Pascual, licenciada en trabajo social y representante legal del Instituto, por su impunidad de los hechos investigados; la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, por su participación criminal por omisión. 

Todas ellas pudieron haber accionado (reaccionado) ante estos delitos y así haberlos evitado, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo probados conocimiento de los hechos delictivos.

Corradi y Corbacho son los autores más graves por su calidad de ministros de culto, agravado por ser les encargades de la guarda de personas menores de 18 años, en situación de discapacidad y de convivencia.

El juicio a las mujeres imputadas busca arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio. La vulneración a les sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy, dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra incluso al Vaticano.

A través de la consigna “Nunca más abusos eclesiásticos”, organizaciones de derechos humanos del mundo buscamos desentrañar el accionar encubridor de algunos sectores de la iglesia católica.

A principios de 2020, Xumek junto a sobrevivientes del Próvolo y las organizaciones Ending Clergy Abuse (ECA) y Bishop Accountability, de renombre internacional, presentamos ante Naciones Unidas una denuncia contra el Estado del Vaticano. Allí, responsabilizamos a la Santa Sede por los abusos sexuales y la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para ampliar la información

“El caso Próvolo ante la Organización de las Naciones Unidas” en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza (acceso libre y gratuito) 

El caso Próvolo en la web de Xumek

Por notas de prensa, contactarse a comunicacion@xumek.org.ar

25 de abril: DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL

El 25 de abril de cada año se pretende visibilizar la Lucha contra el Maltrato Infantil, con el objetivo de fomentar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial y de esa manera reflejar el impacto negativo y el enorme perjuicio, en algunos casos irreversible, que genera la violencia contra las infancias, buscando promover la concientización en la sociedad sobre las consecuencias del maltrato en los niños, niñas y adolescentes.

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato, ya sea físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de cualquier tipo que cause o pueda causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.  

La violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos que implica múltiples consecuencias negativas en el bienestar presente y futuro de los NNyAs, perjudicando su salud física y emocional, su desarrollo cognitivo, su autoestima y sus relaciones interpersonales. En el largo plazo, la violencia experimentada durante la niñez se asocia con la depresión, el abuso de alcohol y drogas, la obesidad y los problemas crónicos de salud. En sus formas más extremas, la violencia puede provocar discapacidades, lesiones físicas graves o incluso la muerte.

Un aspecto central de la problemática es que una gran parte de la violencia que sufren los NNyAs ocurre en el ámbito del hogar y la familia, razón por la que en general, aún se carece de datos y documentación precisa, y no se denuncia en la medida en que se debería. Es decir, muchas veces la violencia queda invisibilizada.

Paradójicamente, los ámbitos que deberían ser de protección, afecto y estímulo para el desarrollo integral, son los lugares donde los NNyAs sufren maltrato y abuso.

Las responsabilidades en la protección de la dignidad del niño se extienden a todos los ámbitos incluyendo el educativo, el económico y el público, entre otros. Lo anterior es reafirmado a su vez por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al advertir sobre la importancia de que los países miembros prohíban toda forma de castigo físico y trato degradante contra los niños, niñas y adolescente

     NINGUNA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ES JUSTIFICABLE  

                                            Y TODA LA VIOLENCIA ES PREVENIBLE.

Ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es justificable y toda la violencia es prevenible”: Este es el mensaje central del Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas, el primer estudio global exhaustivo acerca de todas las formas de violencia contra ellos, que plantean datos a nivel global en donde describen la situación alarmante: 

En promedio, 6 de cada 10 niños entre 2 y 14 años de edad (aproximadamente 1.000 millones) sufren de manera periódica castigos físicos por parte de sus cuidadores. En América Latina y el Caribe, alrededor de 6 millones de NNyA se enfrentan a la violencia, el abuso y el abandono. A este panorama se suma que 80.000 mueren al año como resultado de la violencia que ejercen sobre ellos sus padres y madres. Los resultados de diversos estudios sobre prevalencia de maltrato infantil en la región estiman que al menos el 51% de los niños y las niñas dicen haber sido víctimas de maltrato en el hogar y hasta un 82% de adultos admiten haber usado alguna forma de violencia física o psicológica contra los NNyA en el hogar. 

En la Argentina, el motivo de ingreso del 44% de los niños y las niñas a los dispositivos del sistema de protección fue la violencia o el maltrato. 

Según informes de UNICEF el 70% (setenta por ciento) de los abusos sexuales contra la niñez ocurre en sus hogares y sus abusadores son sus propios familiares, esta situación se vio agravada aún más el último año debido a la pandemia causada por el COVID-19 y el cierre de los establecimientos educativos, ya que generalmente son los y las docentes los que advierten situaciones de abuso y presentan denuncias.

¿QUÉ PODEMOS HACER FRENTE A LAS SITUACIONES DE ABUSO Y MALTRATO?

En este contexto, resulta de suma importancia dar a conocer la línea telefónica 102, para que las personas puedan dar aviso sobre situaciones de abuso, maltrato o negligencia de N,N y A.

La Línea 102 es un servicio telefónico gratuito que brinda la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y se enmarca dentro del Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato  a la Niñez y Adolescencia (PPMI), que funciona las 24 horas, todos los días del año y tiene como finalidad asesorar, comunicar y articular con diferentes instituciones para dar respuesta a las diferentes problemáticas y situaciones que vulneran derechos de N,N y A. Tiene carácter de “prevención y de protección de derechos” que en ningún caso es una línea de denuncia jurídica, legal ni penal.

En el día contra la lucha contra el maltrato infantil es fundamental que toda la sociedad tome conciencia de las herramientas que existen y se involucre cuando se toma conocimiento de alguna situación de abuso, maltrato o falta de cuidados básicos. 

En nuestra provincia la Dirección de Promoción y Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (DGP) es el ente que tiene como objetivo promover la integralidad de las políticas públicas y la promoción y proteccion de los  derechos de todos los niños, niñas, ante la amenaza o violación de sus derechos. La DGP trabaja a través de sus distintas direcciónes para cumplir sus objetivos, en específico la Dirección de Protección y Restitución de Derechos junto con los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) realizan el abordaje, toma de medidas de protección de derechos y seguimiento de éstas hasta su restablecimiento, en caso de maltrato físico y/o psíquico, negligencia o abuso sexual.

Por último, distintas organizaciones de la sociedad civil colaboran con la promoción y protección de los derechos de NNyA en articulación con las políticas públicas realizadas, entre ella Unicef, Colectivo de derechos de infancia y adolescencia, y nuestra asociación, XUMEK.

Aportes de la sociología latinoamericana para pensar las identidades indígenas

Por: Nazareno Bravo
INCIHUSA-CONICET

Entre lxs autores que desde la sociología latinoamericana han abordado la cuestión de las identidades de los pueblos originarios, Aníbal Quijano (Perú, 1930-2018) es uno de los que realizó una serie de aportes fundamentales y originales que permiten reflexionar y actuar sobre esta problemática. Lo que sigue, es un resumen comentado de algunas de las ideas de Quijano, las cuales merecen indudablemente ser leídas en sus propios textos. 

La Conquista de América es el punto de partida de un proceso de colonización eurocéntrica que se extiende hasta nuestros días, atravesando distintas etapas pero aún vigente en muchos sentidos, más allá -inclusive- de las declaraciones de independencia logradas durante el siglo XIX. Quijano propone el concepto de colonialidad del poder para caracterizar un patrón de dominación global propio del sistema-mundo moderno que se origina con la Conquista.

Se trata de la estructuración de una manera distorsionante de producir sentido, de ver la realidad, interpretarla y actuar que, como veremos, cumple un rol fundamental en el desarrollo de la explotación capitalista.

La cuestión de las identidades es principal en ese proceso y se basó en la invención del concepto raza que sirvió para marcar diferencias entre “blancxs” y “no-blancxs” (donde quedan ubicadxs, claro está, indixs y negrxs). Esas categorías étnicas que no existían hasta ese momento, impusieron –a través de un genocidio- una serie de perspectivas que moldearon nuestra mirada:

La apelación al binarismo (“blancxs” – “no blancxs”) para significar realidades complejas y dinámicas, está en sintonía con la creación de otros pares dicotómicos a los que se apela para definir las identidades sociales, colectivas e individuales. “Civilizado”-“primitivo”, “progreso”-“atraso” por ejemplo, resultaron fórmulas para nombrar situaciones y procesos desde el punto de vista de lxs “blancxs”. Porque esa construcción de categorías binarias incluyó una jerarquización, en la que una de las partes de ese par se asume superior, preferible, correcta, deseable.  

Así, las prácticas, costumbres y vivencias de lxs “no-blancxs”, pueden ser rápidamente calificadas como menos importantes, menos inteligentes, menos civilizadas que las de lxs “blancxs”. El punto de vista de los sectores dominantes de Europa se convirtió así en sentido común para pensarse, valorarse, sentir y actuar.

Esa jerarquización, dijimos, tiene efectos fundamentales para garantizar el desarrollo del sistema capitalista: el trabajo que realizan las “razas inferiores”  no merece salario o no es valioso o siempre puede ser mal pagado. El capitalismo, en tanto sistema de explotación, encontró en las colonias una fuente inagotable de recursos y mano de obra semi esclava que explican su desarrollo voraz. Voracidad que quiere ser justificada en la idea de una “raza” superior que representa la “civilización” y otras “inferiores” o “atrasadas” que deben pagar el precio de su condición. Raza, asegura Quijano, “es el instrumento de dominación social más eficaz en 500 años”. 

En el marco del Día del Indio Americano, como apuesta por salvaguardar las culturas indígenas y visibilizar situaciones de opresión que debemos resolver como sociedad, el pensamiento de Quijano aporta elementos para cuestionar un sentido común que replica miradas estigmatizantes e impone jerarquías entre las personas. Reflexionar y actuar para derribar esas construcciones, será siempre una tarea urgente si pretendemos vivir en sociedades que reconozcan y se enriquezcan con la diversidad. 

Entró en vigencia el Acuerdo de Escazú

Cada 22 de abril se conmemora el día internacional de la Madre Tierra con el fin de hacer sonar una campana de alerta en cuanto a los límites a los cuales nuestra civilización humana ha expuesto nuestra casa común: el capitalismo con su curva siempre creciente, el extractivismo hasta llegar a las entrañas generando cambio climático, desertificación, extinción de especies, sacar provecho hasta que ya no quede nada… 

Ese escenario apocalíptico genera angustia, impotencia… y la gente se pregunta: ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar insignificante? Para quienes sienten identificación con ese sentimiento, tenemos una muy buena noticia en Argentina y en todos los países de América Latina y Caribe. Hoy, 22 de abril de 2021, entra en vigencia el Acuerdo de Escazú

Se trata de un acuerdo regional que regula los principios de Democracia Ambiental. O sea: el derecho de acceso a la información; la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las políticas públicas que tienen un impacto directo sobre la salud y el medio ambiente; el acceso a la justicia en cuestiones ambientales y la protección de defensores de derecho humanos y ambientales. 

Este es un instrumento muy importante para lograr consensos, diálogo y encaminar las transformaciones necesarias para impulsar un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso de la naturaleza y de la voluntad de los pueblos que se ven afectados. El Acuerdo de Escazù moviliza toda la base de los movimientos ambientales, abriendo la puerta a nuevos actores sociales, cambiando el rol pasivo de una sociedad, volviéndola partícipe. Es un instrumento empoderador para las organizaciones, individuos, comunidades y toda la sociedad civil. 

Un antecedente de este instrumento de Democracia Ambiental es la Convención de Aarhus, para Europa, de 1998. A diferencia de éste, Escazù es el primero en el mundo que trata el tema de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos de ambiente, lo cual deja en evidencia los riesgos que enfrentan los defensores en nuestro continente. 

¡Una nueva realidad se inaugura hoy con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú! 
¡Feliz día de la Tierra! 

19 de abril: Día del Indio Americano

En el año 1940 se proclamó al día 19 de abril como el “Día del Indio Americano” en la 1° Conferencia Indigenista Interamericana, en el marco del 1° Congreso Indigenista Interamericano, realizado en Pátzcuaro (Estado de Michoacán, México), con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las distintas culturas indígenas del continente. Del mismo participaron dirigentes y autoridades de diversos pueblos indígenas del mundo, personalidades estudiadas y conocedoras de la temática, y autoridades de gobierno.

Dichas proclamas fueron base fundamental para la configuración del presente día, teniendo como clara intención generar en cada país un momento de reflexión y análisis sobre la situación de sus pueblos indígenas y trabajar en razón de ello.

En Argentina, desde el año 1945 y mediante Decreto 7550/45, se adhiere al documento emanado en dicho congreso y se incorpora al 19 de abril como “fecha reivindicatoria de los derechos de los aborígenes” (palabras extraídas tal cual el texto original), estableciéndose la obligatoriedad de conmemorar la fecha en todos los establecimientos educativos del país.

En un principio, la fecha fue incorporada en el Calendario Escolar provincial por la Dirección General de Escuelas (DGE) como fecha de conmemoración dentro de las efemérides ambientales, lo cual desvirtuaba absolutamente el origen de este día. (Resoluciones Nº 2900 del 2017 y N° 2959 de 2018).

La fecha en cuestión ha pasado por diferentes denominaciones, día del aborigen americano, día de los pueblos originarios, día del indígena americano, día americano de los pueblos indígenas, pero aun cuando no se haya unificado criterios, la importancia es que este día no pierda su verdadero origen y por tanto, sea un día de reflexión y análisis de la real situación de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas, a lo largo y ancho de toda latinoamérica, sin ser Mendoza la excepción, representan desde hace muchos años uno de los sectores de la sociedad sumida a un trato desigual y discriminatorio.

La falta de acceso y reconocimiento efectivo a sus legítimos derechos sigue siendo una batalla constante, entre otras, en materia de salud, educación, trabajo y justicia.

Lo alarmante hoy, es que no sólo no se efectivizan los derechos propios de los pueblos indígenas, sino que existen atropellos y vulneraciones a las personas indígenas en sus derechos humanos. Es decir, no se garantizan los derechos básicos y fundamentales para el desarrollo de la vida de cualquier persona más allá de su identificación como indígena o no.

Luego, se modifica su ubicación en el armado del calendario escolar y a partir de la Resolución N° 3259-DGE-18 se la contempla en el marco de las “Conmemoraciones”, con el nombre del “Día del Aborigen Americano”, debiendo realizarse en este día registro en carpetas y murales informativos en cada establecimiento educativo.


CASO DE ABUSO SEXUAL ECLESIÁSTICO EN CATAMARCA

El día 13 de abril, Xumek fue aceptado como Amicus Curiae ante la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación de la Provincia de Catamarca, en la causa por abuso sexual infantil que pesa sobre el cura Juan de Dios Gutiérrez. Precedente histórico en la provincia.

Dado el estado público que han adquirido los hechos evidenciados en la causa, nuestra intervención como Amigos del Tribunal tuvo como fin acercar al Tribunal criterios establecidos por la normativa y jurisprudencia nacional e internacional que, a nuestro entender, deben ser tenidos en cuenta al tratar casos de abusos sexuales eclesiásticos donde las víctimas son niñas menores de edad y servir de orientación con el fin de alcanzar una condena ejemplar con perspectiva de género.

Desde Xumek, entendemos que es necesario que el proceso se lleve a cabo respetando las garantías procesales dirigidas a hacer efectivo el derecho de la víctima a ser oída, a expresarse libremente y a favorecer su acceso a la justicia. 

El Tribunal no debe perder de vista la necesidad de un juzgamiento conforme a los estándares nacionales e internacionales respecto a la valoración de la prueba, conforme a la sana critica racional, que en casos de abuso sexual la declaración del la victima tiene valor en si misma. El encubrimiento y la invisibilización es el mecanismo de actuación de la Iglesia Católica ante este tipo de delitos no es novedad, y no es noticia que la Iglesia buscará influir en el proceso a través de sus emisarios y abogados, presionando directamente a quienes tienen la responsabilidad de decidir. Otra práctica recurrente es que,bajo el pretexto de acompañar a las víctimas,  intentaron acercarse con propuestas económicas con la intención de silenciarlas, y lograr la firma de pacto de confidencialidad, poniendo en riesgo el resultado de la investigación. Seguramente continuarán ejerciendo presión a la víctima y sus familiares a través de los fieles y medios de comunicación.

Los hechos acontecidos al día de la fecha evidencian una clara intención dilatoria por parte de la defensa de Juan de Dios Gutierrez. Resulta fundamental que las autoridades judiciales adopten medidas de protección y prevengan toda conducta que ponga en peligro la integridad psicofísica de la sobreviviente y evite la impunidad de estos graves delitos

Por eso es de suma importancia que el Tribunal investigue con seriedad e imparcialidad estos delitos, que sancione adecuadamente al perpetrador y repare íntegramente a la víctima.  

El juicio tendrá lugar el próximo martes 20 de abril.

Caso Jasmine Daphinis

Jasmine Daphinis es una mujer haitiana que llegó a Argentina con 26 años. En Haití, fue contactada por un juez de Paz mendocino con la excusa de que necesitaba a alguien que lo guíe por la zona. Jasmine tenía una buena vida en Puerto Príncipe: había estudiado en la universidad y veía siempre a su familia, pero decidió dejar todo cuando se enamoró del acusado, “era un hombre muy convincente, supo cómo engañarme”.

Las promesas de amor y felicidad se desvanecieron en cuanto Jasmine aterrizó en Buenos Aires. El exjuez mendocino Hugo Leonardo Torino, actualmente jubilado, le retuvo su pasaporte y la mantuvo prisionera durante meses en su casa. Además de obligarla a realizar tareas domésticas, el acusado abusó todo ese tiempo de ella. Fruto de ese delito, nació su hija.

Las penurias de Jasmine (que dio a conocer en una entrevista para el diario online “El Otro”) son difíciles de imaginar. En su denuncia, ella declaró que durante el tiempo en que se encontró en el domicilio de Torino estuvo impedida de comunicarse con otras personas y sufrió abusos tanto físicos como psicológicos. La vulnerabilidad era total ya que, no solo no manejaba el español, sino que dependía económicamente del magistrado; situación que él utilizaba a su favor.

Jasmine, permaneció en esta situación de sometimiento exclusivamente por temor de perder a su hija, ser deportada o detenida y por la carencia absoluta de medios económicos, asistencia, acompañamiento y desconocimientos de los derechos que la amparan.

Luego de meses de encierro, Jasmine logró escapar: estaba desnutrida, y en un estado de salud muy delicado mientras cuidaba a su bebé recién nacida. Ella cuenta que, al salir de esa casa, se encontró con un tipo de violencia muy similar al que conoció encerrada: numerosas casas de acogida, interminables horas declarando ante la Justicia, amenazas, chantajes, racismo y prejuicios. Todas situaciones  que tuvo que lidiar sin dinero y aprendiendo español. Su caso llegó a Xumek luego de que Jasmine acudiera a la Clínica Socio Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones; refiriendo ser víctima del delito de trata de personas y manifestando la necesidad de asesoramiento en el marco del proceso penal radicado en la Justicia Federal de Mendoza. Ante la complejidad del caso se realizó un abordaje integral, asumiendo el patrocinio jurídico tanto en materia penal como de familia. En paralelo se encuentra abierto un proceso por alimentos, (el acusado no cumple con la cuota fijada por la Justicia), y prohibiciones de acercamiento del imputado. Debido a la complejidad del caso, y los mecanismos de dilación utilizados por la defensa, se generaron una gran cantidad de causas en la Justicia de Familia.

Además de los crímenes cometidos contra Jasmine, el acusado tiene una causa abierta por tenencia de material pornográfico de menores, luego de que encontraran casi 1400 fotografías de material de abuso sexual infantil en su casa; a raíz de este hecho, el acusado tiene suspendido el régimen de comunicación con su hija. El allanamiento en el domicilio de Torino, sucedió luego de que Jasmine relatara que había sido testigo de cómo el acusado se encerraba en su habitación con una niña de 13 años, hija de una familia amiga de Torino. Mientras esto ocurría, Jasmine era obligada  a realizar tareas domésticas.

Actualmente, luego de un largo y dilatado camino, se dictó la prisión preventiva del acusado bajo modalidad domiciliaria. Los cargos que enfrenta son: abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada, y coacciones simples en tres hechos diferentes.

Tatiane Da Silva y la triple discriminación: ser mujer, pobre y afrodescendiente

Porto Alegre es una cuidad brasilera cercana a la frontera de Uruguay y Argentina. Allí vivía Tatiana Da Silva con sus 4 hijos y el padre de los 3 menores, Amilton Martins. Tatiane trabajaba todos los días, en su casa se vivía al día y la plata siempre era escasa. El 29 de septiembre de 2013, Amilton se quedó solo con su hijo de un año y dos meses mientras su pareja trabajaba.  El bebé Diogo, fue maltratado, abusado sexualmente y asesinado por su padre.

Por el crimen, Amilton fue acusado y condenado por los delitos de malos tratos, y homicidio calificado. Lo sorprendente es que Tatiane, a pesar de ser víctima de él, fue acusada por los mismos delitos en la modalidad de comisión por omisión. Desde noviembre de 2013 permanece privada de su libertad y condenada en una Penitenciaria local.

Amilton tenía diez años más que Tatiane, era posesivo y controlador y comenzó a involucrarse en el tráfico de drogas. Según Tatiane, la relación empeoró luego de que él pasara dos semanas en la cárcel: amenazas a muerte a Tatiane y malos tratos por doquier. Ella denunció a su pareja por torturas psicológicas y solicitó protección para ella y sus hijos, la cual solo recibió luego de que un vecino denunciara que los 3 hijos menores de la pareja eran agredidos. El Consejo Tutelar determinó que Tatiane y sus hijos sean acogidos en una Casa de Apoyo, luego de que ella manifestará que Amilton la mantenía en cautiverio y, bajo los efectos de la droga, amenazaba con matar a los hijos. Tatiane también estaba amenazada por armas de fuego y, a veces, un cuchillo.

La investigación por el asesinato de Diogo estuvo marcada por prejuicios en contra de Tatiane. Al momento de pedir la prisión preventiva, el Ministerio público reconoció que Tatiane fue víctima varias veces de Amilton, pero motivó su pedido en que “no titubeaba en arriesgar la vida de sus hijos por aquello que extrañaba y de forma egoísta consideraba su placer personal”. El 18 de noviembre de 2016 Tatiane da Silva Santos fue condenada a 22 años, 2 meses y 20

días años de prisión por el homicidio de su hijo. Esta decisión desconoció completamente que quien se encontraba con Diogo era su padre y tenía deber de garante al igual que Tatiane con respecto al cuidado de sus hijos. En cambio, entendió que Tatiane era responsable por ser su madre. La sentencia inicial de Tatiane fue apelada, pero el Órgano Judicial lejos de enmendar su decisión, ratificó lo resuelto en primera instancia y aumentaron la pena a 24 años, 9 meses y 10 días. Desde que esta encerrada, apenas tiene contacto con sus hijos.

Xumek fue contactada por las abogadas de Brasil y presentó una petición ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) entendiendo que el fallo es una violación a los derechos de la mujer (Convención de Belem Do Pará) y a los derechos de los niñes que fueron apartados injustamente de su madre. El tribunal obvió los indicadores claros de vulnerabilidad en que Tatiane se encontraba, con un profundo desconocimiento de las implicancias psicológicas de violencia de género. De hecho, uno de los argumentos del tribunal para negar la situación de Tatiane es que “ella era el sustento económico del hogar y, por lo tanto, no encajaba en el prototipo de mujer violentada”.

 Consideramos que el tribunal no solo ubica erróneamente a la mujer como la principal garante del cuidado de los hijos sino que además, hubo un sesgo clasista porque Tatiana era una mujer joven, afrodescendiente y con educación incompleta.

Caso “Ricardito” Bazán Zárate

Ricardo Bazán hoy tendría poco más de 30 años y una hija pequeña si la policía no lo hubiese acribillado por la espalda, la noche del 1 de mayo de 2019. Ricardito, como sus amigos lo conocían, fue baleado en las inmediaciones de la Playa de Secuestros San Agustín, cerca del barrio La Favorita, donde vivía con su pareja. Era albañil, recolector de residuos y padre de dos hijos pequeños que había tenido con su expareja.

La Justicia dictó prisión preventiva para el policía José Alexis Méndez (27), acusado de dispararle a Ricardito a sangre fría. El crimen fue calificado como homicidio agravado, por el uso de arma de fuego y por ser efectivo policial. Septiembre de 2020, preveía el inicio del juicio por jurados, en el cual Xumek será querellante, pero se pospuso indefinidamente por el aumento de los casos de Covid 19 en la provincia.

Ricardo y su esposa, María Sales, junto a un amigo de ellos, se encontraban saliendo de su casa para comprar ingredientes para la cena, cuando se toparon con tres policías. En una zona, donde el hostigamiento policial es frecuente, los efectivos obligaron a los jóvenes a bajarse de auto y revisaron a ambos. María, quien presenció toda la escena, aseguró que Ricardo escapó luego de ser revisado: “uno de los policías constató que Ricardo no tenía ningún arma, y él (por Ricardito) salió corriendo”, explicó la joven en una entrevista televisiva. Lo que pasó con Ricardito es rutina en los barrios periféricos de la provincia. Los amigos y familiares de la víctima confesaron que Méndez, amenazó a Bazán en numerosas ocasiones antes de asesinarlo, “ya te va a tocar a vos, te estas salvando mucho”, le decía el policía como un siniestro preludio a lo que aconteció después.

Lo que pasó con Ricardito es rutina en los barrios periféricos de la provincia. Los amigos y familiares de la víctima confesaron que Méndez amenazó a Bazán en numerosas ocasiones antes de asesinarlo, “ya te va a tocar a vos, te estas salvando mucho”, le decía el policía como un siniestro preludio a lo que aconteció después.

Méndez dejo a Ricardito muerto en el piso. Fueron los propios vecinos del lugar los que lo asistieron y llevaron a un centro médico de la zona, aunque ya era demasiado tarde: cuando Bazán ingresó al centro de Salud 300 de La Favorita, ya no mostraba señales de vida. Los peritos demostraron que Ricardito fue asesinado mientras corría con, por lo menos, 6 disparos. La abundancia de pruebas logró que la causa llegue rápidamente a juicio: no solo los efectivos que también se encontraban en el operativo confirmaron que Méndez estaba mintiendo y que, efectivamente Bazán no estaba armado, sino que también, entregaron sus armas reglamentarias para determinar que los disparos provenían de José Méndez. 

Así, la Justicia, dictó prisión preventiva para el acusado, desoyendo el pedido de la defensa solicitando prisión domiciliaria. En octubre del 2019, (5 meses después del asesinato de Ricardito), el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; se jactó de “no tener ningún acusado de gatillo fácil en nuestra provincia”. Un dato erróneo, y que pone de manifiesto que los abusos policiales en las zonas más vulnerables de la provincia no merecen atención para el Gobierno provincial.

Arma tumbera y encubrimiento

Personal de la Policía Científica pudo confirmar el hallazgo de un arma tumbera (de fabricación casera), en el lugar del crimen. Desde un primer momento los investigadores tuvieron en claro que el arma en cuestión había sido “plantada”, varias horas después del asesinato, por los policías para justificar el asesinato de Bazán. Todos los testigos corroboraron que Ricardito no estaba armado al momento de la pesquisa. Por su parte, los sabuesos confirmaron que la escena del crimen había sido alterada. Los efectivos que participaron del hecho con Méndez: Gabriel Martínez y Gabriel Barroso; guardaron silencio sobre el asesinato hasta que, horas más tarde, el fiscal les secuestró las armas reglamentarias: para ese momento, Ricardito ya llevaba muerto varias horas. El autor del delito arriesga una pena de prisión perpetua, “si su idea era disuadir a la víctima, los disparos deberían haber sido a 45 grados con respecto del piso”, argumentó la Jueza de Garantías, rechazando el pedido de la defensa de cambiar la calificación del delito. El ángulo de los disparos fue 7 u 8 grados, casi en línea horizontal, directo a la espalda de la víctima. “El disparo fue realizado con conciencia de la ilicitud, sabiendo que el proceder era idóneo para causar la muerte”, resalta la resolución de la magistrada, donde también hizo alusión a la saña de Méndez al disparar en los oscuros pasillo del barrio poniendo en riesgo, no solo la vida de Ricardito, sino también de los vecinos que allí viven. Por último, hay que considerar la actitud de los efectivos policiales luego del asesinato, ¿por qué no pidieron auxilio? ¿Por qué no informaron a sus superiores, o llamaron al 911 pidiendo una ambulancia? Dejar a Ricardo morir, en frente de su novia embarazada y sus amigos, habla del inexorable desprecio por la vida humana de quienes se la arrebataron.