Organización de talleres como herramienta para el acceso a la información acerca de la ESI

taller niñes esi

En el marco del proyecto “Estudio descriptivo sobre la Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela” de la Red de Coaliciones Sur, el Área de Niñez realizó un taller en el Barrio Castro de Guaymallén. Este proyecto se divide en dos instancias: una de investigación y otra de incidencia en territorio a través de talleres.

La realización de los talleres tiene como objetivo dar una voz protagónica a las niñeces y adolescencias para combatir la hegemonía del posicionamiento y los discursos adultocentristas. Dentro de este proyecto, el propósito del Área de Niñez y Adolescencia de Xumek es desarrollar herramientas técnicas psicológicas y pedagógicas para investigar la existencia y el grado de información y conocimiento de contenidos que niñxs y adolescentes tienen acerca de la Educación Sexual.  

La investigación es realizada por adultas y tiene por objetivo analizar las normativas que regulan la ESI en Argentina, identificar obstáculos que generan los grupos opositores a la misma (tanto en su diseño como implementación) y consultar en niñxs, adolescentes y jóvenes sobre el conocimiento e información recibida acerca del derecho a una Educación Sexual Integral.

En este sentido, primero se analizaron las normativas que presenta Argentina en esta temática, particularmente la Ley Nacional N° 26.150 de Programa Nacional de ESI. Concluimos que sus principales ejes son:

  • El derecho a la ESI de todas las personas, desde el nivel inicial hasta el superior, en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el país.
  • La creación del Programa Nacional de ESI.
  • La definición de los lineamientos curriculares por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación. 

Teniendo en cuenta el marco legal desarrollado, observamos que Argentina cuenta con un amplia normativa tanto en protección como en implementación de la ESI. Posteriormente, indagamos los discursos de grupos fundamentalistas, que se caracterizan por ser sectores conservadores y, en su mayoría, religiosos. Estos grupos, sistemáticamente, obstaculizan y muchas veces evitan la plena promoción de Derechos Humanos. Se oponen a la implementación de la ley N° 26.150 y sostienen que la ESI debe ser prohibida en nombre de la preservación de la inocencia infantil.

Los grupos conservadores también consideran que el Estado no debe inmiscuirse en la Educación Sexual de lxs sujetxs, puesto que -para aquellos sectores- solo lxs adultxs responsables pueden evaluar si sus hijxs deben recibir educación en la sexualidad. No obstante, la evidencia demuestra que la mayoría de lxs jóvenes no hablan de sexo con sus padres, madres o adultxs responsables, y que sus referentes adultxs eluden el tema frente a ellxs porque no saben cómo abordarlo. 

Estos discursos no son aislados, sino que son organizados por grupos poderosos de derecha que, en forma pública y masiva, buscan adeptxs con el fin de impedir la efectiva implementación del conjunto de normativas que posee el país y, por lo tanto, obstruir el pleno acceso a Derechos Humanos fundamentales.

Para poder dar un marco práctico a la investigación, hemos consultado a agentes claves (docentes de nivel inicial y secundaria, tanto pública como privada y a agentes de salud) con el objetivo de poder visibilizar los obstáculos que ellxs observan para la implementación de la ESI desde su experiencia.

El proyecto terminará con la realización de un informe que contenga recomendaciones para que el Estado Argentino garantice la ESI acorde a la legislación vigente.

Integramos la Red Federal de Defensa de las Organizaciones Populares

red federal defensa organizaciones populares

El miércoles 5 de octubre de 2022 presentamos la Red Federal de Defensa de las Organizaciones Populares (Red Federal D.O.P.). Desde Mendoza, integrantes de Xumek y referentes de la UTEP, participamos a distancia y de manera virtual desde nuestra sede y de esta jornada que se desarrolló en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Resaltamos el carácter Federal de esta Red, que alcanza a diversas organizaciones, movimientos sociales, gremios y defensorxs de Derechos Humanos de Argentina. A su vez, la conformación de esta red pone en evidencia la importancia de organizarnos frente a las modalidades represivas que penalizan la organización popular mediante mecanismos judiciales, policiales y el aparato mediático para perseguir, aislar, intimidar y criminalizar a quienes se organizan día a día levantando la voz contra el ajuste, el hambre y la pobreza.

Pretendemos visibilizar la persecución y criminalización de organizaciones, dirigentes y militantes; ejercer la defensa conjunta ante cada caso y, al mismo tiempo, reivindicar la unidad de quienes son criminalizadxs por luchar en pos de la plena vigencia de los derechos humanos contra la desigualdad y en demanda de políticas públicas a favor de quienes más las sufren.

Presentación completa de la Red Federal D.O.P.

Nos pone en alerta la intensificación de la persecución mediática y judicial en los últimos meses, que tiene como fin instalar miedo, disciplinamiento y división. Hemos identificado que las herramientas utilizadas son las mismas de siempre: tareas de inteligencia, seguimiento a dirigentes e intervenciones telefónicas dictadas sin la debida fundamentación con el objetivo de perseguir y estigmatizar a las organizaciones sociales.

Apostando a un discurso de derecha, sectores políticos-judiciales ponen como blanco a lxs sujetxs organizadxs y a las organizaciones populares, como se observa en los violentos allanamientos realizados en las casas de dirigentes sociales, comedores y merenderos comunitarios. El carácter de “circo mediático” de estos despliegues violentos es tan evidente que los resultados de los allanamientos se muestran primero en la televisión, y luego se incorporan a las causas judiciales.

En los últimos años, hemos visto en la región (Paraguay, Ecuador, Brasil y Bolivia, entre otros países) cómo los sectores más conservadores (con sus aliados incondicionales: sector económico y financiero, medios masivos y hegemónicos de comunicación, oligarquía local, etc.) han logrado exitosamente interrumpir y suprimir procesos de cambios políticos, sociales y
económicos que llevaban adelante gobiernos de extracción popular, a través de estos medios.

El pueblo argentino dijo NUNCA MÁS a la violencia política y eligió el camino de la paz, el diálogo y la justicia para resolver los conflictos y diferencias políticas. Así nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, y así lo sostenemos hoy inflexiblemente. No hay lugar alguno para los discursos de odio, reproducidos y amplificados desde los medios masivos de comunicación y por personajes públicos, muchos de ellos con responsabilidades institucionales. Dichos discursos inoculados sistemáticamente no son más que un caldo de cultivo e incitadores de actos de violencia que sistemáticamente ponen en riesgo la convivencia democrática.

En este contexto, repudiamos y denunciamos la utilización del Poder Judicial (especialmente del sistema penal), no sólo con fines de control y disciplinamiento de los sectores populares organizados, sino también la persecución judicial, el lawfare, y el intento de proscripción de lideresas políticas, como es el caso de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En este sentido, la Red Federal procura ser un ámbito amplio y democrático para la generación y difusión de ideas, el acompañamiento en los procesos judiciales y la visibilización de todo acto que constituya una violación a los derechos constitucionales elementales sobre los que se asienta nuestro sistema democrático.

Considerando el rol de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas de seguridad democráticas, la Red Federal reafirma los principios básicos de todo sistema democrático:
Organizarse y peticionar ante el Estado son derechos de toda la ciudadanía y pilares básicos de la convivencia democrática. NO son atentados contra la seguridad nacional. Infiltrar personal policial en las manifestaciones o realizar tareas de inteligencia por razones políticas a quienes participan de las mismas e integran organizaciones sociales, es absolutamente ilegal y vulnera derechos humanos elementales.

Por todo ello, desde la Red Federal de Defensa de las Organizaciones Populares nos proponemos

  1. Relevar, sistematizar y hacer un seguimiento de los casos de represión y criminalización de las organizaciones sociales, dirigentes, representantes gremiales y defensores de derechos humanos en todo el país.
  2. Denunciar todo acto de persecución, criminalización o intento de limitar y vulnerar el efectivo ejercicio de los derechos de las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de la sociedad civil.
  3. Recibir denuncias por violación a la ley nacional de inteligencia en casos de espionaje ilegal.
  4. Asistir y acompañar a las personas y organizaciones sociales perseguidas y criminalizadas.
  5. Impulsar y promover el tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley 2546-D-2021 y el Estado Nacional ratifique la Declaración A/RES/53/144 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

NO QUEREMOS MÁS PERSONAS PERSEGUIDAS.
NO QUEREMOS MÁS PRESXS POR RAZONES POLÍTICAS.

UTEP – Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular
ANDHES – Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales
APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
CADH – Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos
CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
Liberpueblo – Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo
Xumek – Asociación para la protección y promoción de los derechos humanos

Contacto: reddefensa.orgpopulares@gmail.com

Comunicado frente al desalojo y represión contra el lof Lafken Winkul Mapu

Desde Xumek repudiamos enérgicamente lo sucedido con el Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. El operativo innecesario desplegado por el Poder Judicial, los Ministerios de Seguridad Nacional y de Río Negro, la brutal represión y la persecución contra los hermanos y hermanas, no encuentran ningún justificativo válido y atenta contra los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Resulta inadmisible el trato que han recibido niñxs, jóvenes, mujeres, adultxs en el marco del “proceso de desalojo” ordenado por la jueza Silvina Dominguez y ejecutado por el Comando Unificado de Seguridad creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el cual se encuentra conformado por Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El operativo implicó la detención de 7 mujeres mapuches, quienes estuvieron completamente incomunicadas por encontrarse la causa bajo secreto de sumario. Una de ellas se encontraba cursando la semana número 40 de embarazo y otras dos fueron detenidas junto a sus hijxs de 1 y 4 meses de edad. Además, se retuvieron a niñxs y adolescentes de la comunidad que fueron separadxs de sus familias por más de 24 horas.

La hermana embarazada fue obligada a parir sola en el hospital, no dejaron que ingresara al momento del parto su acompañante, faltando el respeto y violentando la cosmovisión y pautas culturales del pueblo mapuche.

Una vez más el Estado demuestra su claro posicionamiento político, policial, judicial y mediático en favor de la criminalización, estigmatización y hostigamiento sobre el pueblo mapuche y, por consiguiente, sobre los pueblos indígenas.

Se ha incumplido con cada compromiso constitucional y convencional asumidos por el Estado argentino sobre derechos humanos, en general, y sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular.

Exigimos una explicación sobre las medidas judiciales tomadas por la jueza, en particular, los traslados de las 4 mujeres mapuches de Bariloche hacia Buenos Aires, para que sigan su detención en el penal de Ezeiza.

Asimismo, exigimos la liberación de las mujeres detenidas y el inmediato retorno a su territorio ancestral. Que se respeten los derechos humanos y que tengan derecho a ser representadas en su defensa, como lo indica la Constitución Nacional y los pactos internacionales.