El día 5 de agosto de 2021, la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, de acuerdo con su Resolución Nº141, ha rechazado la autorización al proyecto de “Cerro Punta Negra”. Un proyecto que buscaba la construcción de un centro de esquí y un proyecto inmobiliario a desarrollarse en la “Reserva El Manzano, Portillo Piuquenes”.
Teniendo en cuenta:
La consideración por parte de las autoridades ambientales provinciales de los dictámenes sectoriales que insistían en el daño ambiental irreparable que ambos proyectos suponen para el área involucrada y zonas aledañas;
La incansable lucha de defensores y defensoras ambientales de nuestra provincia por proteger los bienes comunes y visibilizar las diferentes problemáticas que afectan a los territorios; y
La alta participación en la Audiencia Pública convocada el 14 de mayo pasado
Desde el equipo del área de Ambiente de Xumek consideramos una muy buena noticia, y un avance en la democracia ambiental. Haciendo uso del derecho a la participación en cuestiones ambientales, reconocido por la legislación ambiental nacional e internacional, cientos de defensores y defensoras de derechos humanos se hicieron presente en la Audiencia Pública para destacar la importancia de constar de una mirada prospectiva en cuanto a la actual crisis climática, y entiende que proyectos de este estilo, lejos están de gozar de un esquema sustentable para su desempeños que eso afecta a la comunidad a mediano y corto plazo, respecto al disfrute pleno de derechos y de la vida misma.
Sin dudas, acontecimientos como este, no solo nos permiten ser optimistas respecto a la posibilidad de un futuro más sostenible en nuestra provincia, sino también, permiten destacar la importancia de herramientas tales como el Acuerdo de Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Invitamos a las autoridades provinciales y municipales, legisladores y legisladoras, operadores y operadoras de justicia, a seguir profundizando en la implementación del Acuerdo de Escazú y sus principio de acceso a la información, la participación, el acceso a la justifica en cuestiones ambientales y la protección de las personas defensoras del ambiente y los derechos humanos fundamentales vinculados al mismo.
Entre el 25 de mayo y el 3 de junio del corriente año, viajó a Colombia una delegación conformada por más de 20 compañerxs integrantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de DDHH, con el objetivo de relevar y visibilizar la violacion sistemática de DDHH ocurridas en dicho país en el marco del Paro Nacional que comenzó el 28 de Abril luego de que el Presidente Duque anunciara la reforma tributaria.
Somos conscientes de lo que representa el constante ataque del imperialismo en Nuestramérica, pero también de nuestro accionar frente a este tipo de atropellos.
Es por eso que asi como lo hicimos con Bolivia en 2019, en esta oportunidad presentamos el Informe Final elaborado desde la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos para compartir con todes el resultado de un trabajo que emerge desde un sentimiento de hermandad entre los pueblos, pero también con fines de investigación y visibilización de la violencia institucional que existe en Colombia hoy.
Desde el área de género y diversidad sexual, visibilizamos en este día homolesbotransbi-odio en el deporte . A raíz de Justin Fashanu, primer futbolista profesional en “salir del clóset” públicamente y debido a la discriminación que se le ejerció, decidió quitarse la vida en 1998. A partir de ese entonces diversas personas se unieron bajo el lema de no más discriminación en el deporte.
Justin fue expulsado de su equipo, recibió burlas por parte del técnico y de sus compañeros, y no volvió a ser contratado de manera permanente por ningún otro equipo. Tras una acusación falsa de violación, provocó que se sumergiera en una depresión, y se suicidó en 1998.
Se conoce que los cánticos y costumbres del deporte nacional son homofóbicas, violentas y patriarcales, los cuales tienen que cambiar. La perspectiva de género y diversidad ya se encuentra derribando paredes en las cuales las instituciones deportivas se tienen que hacer cargo.
Desde el área de Género y Diversidad Sexual nos preguntamos ¿existe todavía la discriminación en el deporte? ¿Las instituciones deportivas incluyen perspectiva de género y de diversidad? ¿Se continúa colocando el foco en la vida privada de les deportistas y se deja en segundo plano su rendimiento como tales?
Para ello entrevistamos a Julián Duo Aguirre integrante de Huarpes RC Club, institución donde se llevan a cabo actividades desde una perspectiva inclusiva. Quien nos cuenta su experiencia en el club, y a su vez nos da su perspectiva en el deporte sobre esta fecha.
Te invitamos a que mires la entrevista en nuestras redes.
Repudiamos toda forma de discriminación que se produzca a una persona por su orientación sexual. Si estuviste expueste a una situación de discriminación, comunicate con el INADI, en persona, por correo, por teléfono o en línea, la asistencia es 24 horas ante cualquier discriminación que hayas sufrido.
En la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York irrumpió en el pub Stonewall, situado en el Greenwich Village. Los oficiales empezaron a registrar agresivamente a clientes del bar, exigiendoles documentación y detuviendo a toda persona sospechosa de ser homosexual o cuya vestimenta no se ajustara a la estrecha idea hegemonica sobre los géneros de la sociedad dominante, plasmada en leyes que prohibian usar ropa del sexo opuesto al asignado al nacer.
Ante esta situación el colectivo LGBTTIQ+ respondió con una serie de manifestaciones que desencadenaron en incidentes violentos y derivó en lo que se conoce como los disturbios de Stonewall.
En los ‘60 eran pocos los locales que acogían abiertamente a personas homosexuales, transexuales, travestis, trabajadoras y trabajadores sexuales y personas migrantes, entre ellos estaba el Stonewall. Si bien las redadas contra este tipo de pubs eran algo habitual en la época, lo que marcó la diferencia hace 52 años atrás fue la resistencia que impuso el colectivo poniendo en evidencia el hartazgo hacia todo un sistema, legal, policial y social, que les perseguía.
Estos acontecimientos encendieron la mecha del actual movimiento por los derechos de las personas LGBTTIQ+ e inspiraron la primera Marcha del Orgullo LGBTTIQ+ por la calle Christopher y quienes organizaron e iniciaron las protestas aquel 28 de junio, entre ellas las activistas Marsha Jhonson —travesti y negra— y Sylvia Rivera —drag queen, latina y lesbiana dieron un ejemplo a todo el mundo para atreverse a poner freno a la represión y abrazar la diversidad.
Por esto mismo remarcamos que reducir la lucha a un slogan como el “amor es amor” (love is love) es quitarle toda la impronta y el peso que hay en todo el camino recorrido desde aquel día. Muchas veces impulsada por un mercado que busca rédito económico y vacía de contenido las luchas por nuestros derechos. Sin mencionar que la frase invisibiliza nuestras identidades -sobre todo las trans- y establece una comparación con el modo de vida heterosexual, que nunca se va a alcanzar. En el fondo es poder ser quienes somos. Como decía Carlos Jauregui: “En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”.
Realidades LGBTQ+ a nivel internacional.
Los crímenes de odio siguen siendo moneda corriente en gran parte del mundo, todas las semanas nos llega la noticia sobre asesinatos cometidos contra personas del colectivo. Un caso de repercusión internacional fue la situación en México, en la que un chico gay luego de haber manifestado su condición serológica (VIH+) fue asesinado. Asimismo, la tasa de suicidios dentro del colectivo se calcula en un 40%, siendo en su mayoría personas trans y varones gays.
Manifestamos nuestra preocupación por el recrudecimiento de la derecha/lxs conservadores en varias regiones a nivel internacional, donde continúan “reviviendo” las caducas teorías biologicistas, y la inexistente “ideología de género”; acciones que, como ilustramos, generan estigmas y discriminación, como es el caso de Hungría que en una ley aprobada recientemente, se prohíbe hablar de diversidad sexual en los ámbitos educativos y equipara a las personas del colectivo LGBT con prácticas pederastas.
Tampoco debemos olvidar las implicancias negativas que la pandemia por Covid-19 ha tenido sobre miles de personas LGBT, visibilizando mucho más fuerte la vulnerabilidad en la que viven. Violencia intrafamiliar, expulsión de sus hogares, en los casos de personas con VIH algunas descontinuaron la toma de antirretrovirales. Situaciones que continúan ocurriendo a diario.
Por su parte a nivel internacional han habido grandes avances como es el caso de Sudan que derogo la pena de muerte a aquellas personas del mismo género que tuvieran relaciones sexuales consensuadas entre si. La prohibición de las llamadas “terapias de conversión” en Alemania, y varias regiones de Australia, Canadá, México y Estados Unidos, entre otros. A la fecha ya son 28 los países (miembros de la ONU) que cuentan con leyes de matrimonio igualitario; y otros tanto en camino a lograrlo como Monaco.
Además las nuevas generaciones están activando fuertemente en varios espacios tanto virtuales como reales. Con una crítica y discurso al sistema heteronormado y binario, poniendo en jaque lo que se sigue considerando como lo establecido e inmutable. En esta línea el aumento de la visibilidad de las personas no binarias es remarcable.
Contexto Argentino, ultimos acontecimientos
En relación con los avances en materia legislativa, en Argentina aun en medio de tanta injusticia y tanta hostilidad hacia el colectivo LGBTTIQ+, celebramos que la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero obtuvo el día 11 de junio de 2021 media sanción por amplia mayoría en la Cámara de Diputades y pasó a la Cámara de Senadores buscando convertirse definitivamente en ley.
El proyecto se denomina “Diana Sacayán- Lohana Berkins” en homenaje a las compañeras que fueron principales activistas en la lucha por los derechos de las personas trans/ travesti y los consiguientes cambios normativos para hacerlos efectivos.
En esta temática hubo un inicio de respuesta estatal cuando el Presidente de Argentina en septiembre del 2020 a través del DNU 721/21 implementó el cupo laboral travesti/trans en el sector público nacional estableciendo que deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgéneros.
Es importante resaltar que el proyecto que se tratará en senadores cuenta con algunos puntos a resaltar entre ellos: Incentivos al sector privado, acceso a créditos del Banco de la Nación Argentina con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero.
Tampoco se exigie acreditar el cambio registral en el DNI, reafirmando la prioridad de la identidad autorpercibida frente a la documentación y finalmente acciones de concientización tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo.
La aprobación de esta ley es un paso significativo en la lucha por la igualdad real de oportunidades en el ámbito del trabajo, del colectivo travesti/ trans quienes durante años vienen sufriendo exclusión, discriminacion y violencia laboral. Desde el Área de Género y Diversidad Sexual creemos que es importante señalar que estos avances legislativos no son sino resultado de la lucha, la resistencia y resiliencia de las compañeras y compañeres Travestis, Transexuales, Transgéneros que vienen dando batalla en las calles, en sus espacios de militancias y en su vida cotidiana.
Es fundamental que existan personas travesti trans trabajando en el Estado porque, parafraseando a Lohana Berkins, quien se refirió a la universidad, pero acá vale lo mismo: cuando una travesti entra al Estado, le cambia la vida a esa travesti, cuando muchas travestis y trans entran al Estado, cambia el Estado y la sociedad entera #LEYDECUPOLABORALYA.
Pero…¿Por qué decimos que celebramos aún en medio de tanta injusticia y tanta hostilidad hacia el colectivo LGBTIQ+? Porque con el mismo énfasis que celebramos la media sanción de ley de cupo laboral travesti/trans, exigimos y reclamamos la aparición con vida de Tehuel de La Torre, un chico trans de 22 años que salió de su casa el jueves 11 de marzo de 2021 y aún no se sabe nada de él.
Tehuel fue a encontrarse con Luis Alberto Ramos (uno de los detenidos en la causa por delito de falso testimonio), quien le había hecho una oferta laboral para trabajar de mozo en un evento que nunca existió como afirma Verónica Alarcón, hermana de Tehuel en una nota realizada para la radio Universidad Nacional de La Plata.
A más de 100 días de su desaparición, con una causa que tiene dos detenidos e imputados, Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes que podrían aportar datos útiles para la búsqueda y se niegan a declarar, la policía no lo encuentra y los rastrillajes no arrojan resultados contundentes.
No podemos pensar en solamente celebrar la mencionada ley si al mismo tiempo una persona trans desaparece en contexto de búsqueda de trabajo, no podemos dejar de pensar en que debe haber una correlación y adecuación entre las normativas protectora de derechos y su real y efectiva implementación.
Exigimos respuestas urgentes, las vidas trans también valen. ¿DÓNDE ESTÁ TEHUEL?
En el año 2020, a partir de los femicidios, travesticidios y transfemicidios ocurridos y la violencia machista que no cesó en pandemia, el Área de Género y Diversidad Sexual de Xumek creó el Observatorio de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. Un equipo interdisciplinario se encargó de la investigación de datos, de su sistematización y posterior análisis cuantitativo y cualitativo.
En esta primera publicación les compartimos los datos de femicidios de los primeros cinco meses del año (de enero a mayo), en tanto el análisis de los datos de travesticidio y transfemicidios serán publicados próximamente.
Durante el 2021 el Observatorio registró al menos 114 femicidios y femicidios vinculados, según se pudo constatar mediante la revisión de medios digitales locales, regionales y nacionales.
Con respecto al vínculo entre las víctimas y los femicidas, se constata que hasta el mes de mayo 38 de los 114 femicidios fueron cometidos por la pareja de la víctima y 28 por ex parejas. Por otro lado, se registraron 17 crímenes cometidos por familiares, y 14 por varones “conocidos” por la víctimas. En suma, en 97 casos, la víctima conocía y/o tenía algún tipo de relación con su agresor. Sólo en 4 casos del total registrado, los agresores eran “desconocidos”, este dato nos recuerda la importancia de poner fin al mito de los ataques al azar, efectuados por desconocidos en espacios públicos, y nos llama a poner el foco en los ámbitos de relaciones interpersonales donde desarrollan su vida cotidiana las mujeres y niñas.
Del total de los femicidios registrados para este período, 26 mujeres habían realizado al menos una denuncia por violencia de género en dependencias policiales y/o judiciales. De ese total sólo en 10 casos se dictaron medidas de protección a la mujer, incluyendo la exclusión del hogar del agresor, el otorgamiento del botón antipánico y la restricción de acercamiento, entre otros. Es decir, las 16 denuncias restantes no encontraron respuesta en la Justicia, y aun cuando el sistema judicial se expidió en medidas concretas, no impidieron nuevos ataques de los agresores.
Los actos de violencia que se registraron se han efectuado utilizando armas blancas en 34 casos y armas de fuego en 32 situaciones que terminaron en femicidio. El resto de las muertes se cometieron utilizando la fuerza física del agresor mediante golpes, asfixia, y provocando quemaduras a la víctima.
Por otro lado, 16 de los femicidios fueron cometidos por personas que tienen relación directa o pertenecen a áreas de la Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas. Estos sucesos ocurrieron cuando el agresor se encontraba fuera de servicio, sin embargo la mayoría de los asesinatos fueron cometidos con el arma reglamentaria, la cual se siguió portando por fuera del horario.
Estos no son hechos aislado:, visibilizan las prácticas violentas hacia las mujeres que trascienden a la estructura de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas desde hace años. Consideramos necesaria la investigación y sanción de estos episodios, debido a que es habitual que queden impunes gracias a la protección y encubrimiento que se les da a los funcionarios. Pero no solo es necesaria una sanción, si no que urge una revisión integral de nuestro inconsciente social, estos crímenes son parte de un mal que es social y que nos atraviesa a todes.
Hoy en día existen innumerables prácticas violentas que son legitimadas o no, dependiendo del sector social de donde provengan, sin ir más lejos suelen perpetuarse dentro de los medios masivos de comunicación y es a través de esa óptica que se reproducen actos violentos pero dada la no problematización por parte de la sociedad, y la aceptación indirecta no son tipificados como crímenes.
Creemos necesario trabajar en la sociedad; siguiendo las líneas que plantea Rita Segato en su intervención en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del año 2017, urge desbaratar el semillero donde germinan los agresores y no sólo recortar algunas hojas, porque se trata de una plaga diseminada y presente en toda la sociedad.
El trabajo debe ser integral y en todos los campos, en todas las manifestaciones de la vida social para que las personas tengan conciencia de género. Los agresores son miembros de una sociedad en la cual sus actos violentos e injustos son inteligibles para ellos, los abusos no sólo se materializan en las mujeres y en el colectivo LGBTTIQ+, sino en los abusos de poder, que es donde persisten los de mayor nivel.
Desde el Área de género y Diversidad Sexual a través del Observatorio queremos visibilizar y denunciar la inexistencia de políticas públicas eficaces para prevenir estos crímenes y garantizar a las mujeres y colectivos travesti-trans sus derechos humanos más básicos.
Asimismo colocar sobre la mesa esta problemática y desnaturalizar la violencia machista inmersa en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Les sobrevivientes a los abusos sexuales del Instituto Próvolo en Mendoza son oídas en todo el mundo, excepto en el Poder Judicial de Mendoza: mientras la Organización de Naciones Unidas avanza en un informe inédito que exige al Vaticano dar explicaciones en un plazo de 60 días, los niños, niñas y adolescentes esperan que se materialice la reparación integral, una sentencia ya ratificada por la Corte desde hace más de un año.
En febrero del año pasado, representantes del Colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Instituto Próvolo Mendoza junto a los abogados de Xumek Lucas Lecour y Sergio Salinas y miembros de la organización internacional ECA –por sus siglas en inglés Ending Clergy Abuse, que se traduce como “Poniendo Fin al Abuso Eclesiástico”- viajaron a Ginebra, Suiza, a presentar en persona una denuncia contra la Santa Sede ante Naciones Unidas.
Allí elevaron una denuncia contra el Vaticano a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Específicamente, fueron recibidos por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Relator Especial sobre la venta y explotación sexual de niños, incluida la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y otros contenidos que describan abusos sexuales de niños, y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La sumatoria de delitos perpetrados contra los niños y niñas que vivían y estudiaban en el Instituto Próvolo de Mendoza es tan vasta que involucra a todos estos Relatores.
En la denuncia se detalla el accionar de la Iglesia Católica en el caso Próvolo de Mendoza, principalmente aquellas medidas vinculadas a proteger a los abusadores, encubrir los delitos, obstaculizar las investigaciones penales y evadir las reparaciones debidas a las víctimas, perjudicando así los procedimientos de búsqueda de justicia.
Hoy, un año más tarde, las Relatorías Especiales publicaron un informe sin precedentes (de allí el número: 1/21) dando un plazo de 60 días a la Santa Sede para que responda con explicaciones, proporcione informes detallados e incluso modifique su normativa a fin de investigar con transparencia los abusos sexuales que ocurren en la Iglesia.
En la comunicación, las y los Relatores de Naciones Unidas destacan abusos sexuales ocurridos en distintas partes del mundo, entre los que se mencionan de forma detallada los casos ocurridos en el Próvolo de Mendoza.
Con esta denuncia se pone en agenda internacional la conducta de la Iglesia Católica ante la pederastia clerical.
A partir de ahora, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas podrá exigir la adopción de medidas que impidan prácticas violatorias de derechos humanos por parte de las autoridades religiosas en todos los países del mundo.
Cuáles son los puntos observados por las Relatorías elevados al Vaticano:
Proporcione detalles y, si corresponde, los resultados de cualquier investigación reciente, incluidas las judiciales o de otro tipo, y los enjuiciamientos en relación con el abuso sexual de niños (incluidos los adolescentes) por parte de miembros del clero de la Iglesia Católica.
Sírvase informar si se ha adoptado normativa que establezca la obligación de notificar a las autoridades civiles, sin temor a represalias, todos los casos sospechosos de abuso sexual perpetrado por miembros de la Iglesia Católica, así como los casos de colaboración u ocultamiento de sus delitos. Indique si se han adoptado reglamentos para establecer la obligación de cooperar con las autoridades civiles y proporcionar la documentación necesaria relacionada con los casos sospechosos de abuso sexual.
Sírvase informar si el Gobierno de Su Excelencia ha tomado alguna medida para derogar las reglas de los concordatos o acuerdos bilaterales que impiden que las autoridades civiles lleven a cabo investigaciones efectivas sobre abusos sexuales eclesiásticos.
Sírvanse informar si se han adoptado medidas para prohibir la práctica de trasladar a miembros de la Iglesia católica acusados de haber cometido abusos a otras diócesis o instituciones eclesiásticas.
Proporcione detalles de las medidas tomadas para detectar, responder y remediar todas las formas de violencia y abuso infligidos a los niños por miembros del clero de la Iglesia Católica. Indique en particular si existe un mecanismo de denuncia independiente para los casos de abuso infantil; control sistemático de comportamiento de miembros del clero en contacto con niños; y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y los recursos, incluida la asistencia jurídica gratuita.
Sírvase detallar las medidas adoptadas para garantizar la no repetición de los hechos denunciados anteriormente.
Proporcione información sobre las medidas concretas tomadas para garantizar una investigación rigurosa y verificaciones de antecedentes de los miembros del clero de la Iglesia Católica que entran en contacto con niños.
Informe si el Gobierno de Su Excelencia ha emitido una disculpa pública dirigida a las miles de víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica.
Proporcione información sobre las medidas tomadas para garantizar que cualquier persona condenada por estar involucrada en abuso sexual sea eliminada de la jerarquía de la Iglesia.
Cabe resaltar que, en Mendoza, los hechos que dieron origen a la denuncia se siguen perpetrando día a día, a pesar de las condenas históricas dictadas contra los curas Corradi y Corbacho.
Todavía siguen sin respuesta a los pedidos de informes que se han realizado desde la Fiscalía al Arzobispado, lo que permite la impunidad de otros delitos ocurridos en el Instituto Próvolo ante la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas.
Asimismo, pese a que los hechos se encuentran acreditados mediante sentencia firme, aun no se ha logrado avanzar en las reparaciones civiles debido al entorpecimiento permanente que llevan adelante la Iglesia Católica y su representante Alberto Bochatey.
Continúan sin avances las denuncias contra el Emisario del Vaticano, Dante Simón, por el incumplimiento a una orden judicial que lo obliga a informar a la Fiscalía sobre las investigaciones internas que la Iglesia Católica había realizado con relación al Próvolo.
La sentencia que condenó a los curas ordenaba medidas de reparación integral a las y los sobrevivientes. En procesos judiciales normales, estas medidas demoran aproximadamente seis meses en hacerse efectivas. En el caso Próvolo, les sobrevivientes llevan más de un año esperando por ellas.
Estas medidas buscan que se brinde opciones educativas o de capacitación formal a les sobrevivientes según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, se de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, se garantice el acceso a becas, subsidios o programas de ayuda y se busquen soluciones a la problemática habitacional de ellos, ellas y sus familias.
Si bien las Naciones Unidas y sus diversas instituciones no tienen poder punitivo sobre los países, incluyendo al Vaticano, el informe sienta un enorme precedente. De este modo, se ejerce presión internacional para que el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo acceda, por fin, al pedido de justicia y para que Nunca Más ocurran abusos sexuales eclesiásticos.
El pasado 14 de mayo, el Senado Nacional aprobó el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral, la cual ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, convirtiéndolo en Ley. Esto significa un gran paso para continuar luchando por el derecho humano a un ambiente sano.
¿Qué propone la ley?
Plantea una política pública nacional, estableciendo la educación ambiental obligatoria para todas las jurisdicciones del país, de forma permanente, transversal e integral.
Busca que les estudiantes puedan adquirir diversas competencias, a través de la currícula educativa, que les permitan reflexionar críticamente sobre la interdependencia de los elementos que conviven en el ambiente; el respeto y valor de la biodiversidad; la equidad; el reconocimiento de la diversidad cultural; el cuidado del patrimonio natural y cultural y el ejercicio de distintos derechos relacionados a un ambiente sano.
¿Cómo se va a implementar?
La nueva ley propone la creación de mecanismos de implementación, como la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEAI) y las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAI), que tendrán la misión de elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas en las distintas provincias, para lo cual se propone ampliar la cobertura territorial, social y sectorial como también la generación de consensos sociales sobre los ejes temáticos y las prioridades temáticas de acuerdo a cada territorio de manera que se promueva un compromiso ambiental intergeneracional.
Para saber más sobre la importancia y urgencia de la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, charlamos con Tania Bilbao, Coordinadora del Programa de Educación y Comunicación Ambiental del Instituto de Ciencias Ambientales (ICA) de la UNCuyo, y con la Lic. Gabriela Luquez , Secretaria General del ICA.
Xumek: Teniendo en cuenta que desde el ICA UNCuyo vienen trabajando hace varios años con Educación Ambiental ¿Qué opinión tienen respecto a la sanción de la Ley Nacional de Educación Ambiental?
Gabriela: La sanción de esta nueva ley es un gran motivo para celebrar. Un logro para la jurisprudencia ambiental y para el fortalecimiento de la práctica de la Educación Ambiental en ámbitos formales y no formales.
La opinión es de mucha esperanza, es una ley muy esperada tanto a nivel nacional como provincial, y es una necesidad de poder transversalizar la educación ambiental en todos los niveles educativos. Para las universidades, representa un desafío inmenso, enorme, porque invita a sumarse a este nuevo proyecto educativo a través de la revisión curricular, se trata de una invitación que presenta muchos desafíos, una apuesta innovadora para el sistema educativo argentino y que invita a repensar nuestra oferta educativa universitaria, asumir que los formadores debemos entender que estamos acompañando esa capacitación, la formación de futuros líderes y lideresas que en el futuro estarán tomando decisiones y gestionarán cuestiones ambientales, y que hoy es una juventud muy empoderada y posicionada en lo relativo a la sostenibilidad en su sentido más amplio.
Xumek: ¿Qué importancia tiene la sanción de esta ley en el contexto social actual desde el enfoque de desarrollo de capacidades?
Gabriela: La importancia es enorme porque habla de diversidad, de respeto, de cuestiones intergeneracionales, de responsabilidad ciudadana, habla del hoy pero principalmente habla del mañana, de lo que vendrá y de la responsabilidad que tenemos quienes estamos hoy gestionando y liderando procesos de enarbolar esta bandera y darle para delante. Creo que también el contexto político internacional es muy relevante, la cuestión ambiental está en las agendas políticas tanto por la crisis climática como por la valoración del género en la gestión del ambiente, en la apropiación por parte de las juventudes y cómo lideran los procesos nuevos. Es un momento de renovación de regeneración en el pensamiento y en los paradigmas.
Tania: Si bien la Educación Ambiental viene tomando cada vez más fuerza en establecimientos formales, aún es tarea pendiente la mayor incorporación en las currículas de forma transversal e integral. Por otro lado, fuera del ámbito escolar, la práctica de la Educación Ambiental y la sustentabilidad ha ampliado su dimensión sumando compromisos en las organizaciones sociales, los municipios, las áreas naturales protegidas, incluso en el ámbito empresarial.
Xumek: ¿Consideran que es una ley completa, que abarca los aspectos necesarios respecto a la Educación Ambiental?
Gabriela: Es una ley bastante completa, debemos esperar la reglamentación para poder aseverar esta pregunta. Debemos ver cómo se va a reglamentar, cómo se va a poder dar esta articulación en las provincias y en la nación, incluso que cada una de las áreas correspondientes a la gestión educativa tengan la posibilidad de implementar también cuestiones de desarrollo local. Sin embargo y pese a que es difícil reconocer que sucederá con la reglamentación de la ley, considero que entre los principios que enuncia la ley, hay temas bastantes innovadores, bastante desafiantes para la educación argentina como venía siendo planteada.
Xumek: En el contexto educativo argentino actual ¿cómo ven su implementación?
Tania: Es interesante que el marco de la ley viene a reflotar y a darle fuerza a todas las experiencias que ya se vienen dando en los diferentes ámbitos, no sólo en los ámbitos escolares donde la educación ambiental tiene cada vez más presencia y donde se está buscando esa transversalidad sino también en los ámbitos no formales y acá entran las organizaciones sociales, las uniones vecinales, instituciones, emprendimientos, diferentes ámbitos, donde se empieza a reconocer el rol educativo como una forma de aportar al desarrollo y a la reflexión continua.
Xumek: ¿Y qué oportunidades ven en nuestra provincia con la implementación de esta ley?
Tania: En Mendoza hay una experiencia que sería muy interesante de recuperar, a la cual esta ley y el marco de la estrategia de la educación ambiental nacional puede volver a activar, ser de respaldo para que se recupere. Se trata de la Mesa provincial de Educación Ambiental, la cual se creó en el año 2015 y que dejó de funcionar por motivos administrativos, pero tuvo el objetivo de constituirse como un espacio de articulación de estas diferentes experiencias, actores y referentes de los diferentes ámbitos. Sería muy importante e interesante que la nueva ley pueda crear ese marco positivo para que se recupere ese órgano provincial.
El pasado 14 de mayo el equipo de la Secretaría de Litigio Estratégico Internacional de Xumek envió un informe sobre la discriminación en la vivienda y segregación socio-espacial al Sr. Balakrishnan Rajagopal (Relator Especial de la ONU sobre la vivienda adecuada).
Mediante nuestra participación pusimos en conocimiento al Relator y a la comunidad internacional de la situación que viven los grupos más vulnerables de la población argentina respeto a la discriminación y segregación que sufren cuando se trata del derecho a una vivienda digna.
El crecimiento demográfico, unido al capitalismo neoliberal, han llevado a que la brecha entre clases sociales se amplíe, y cada vez sean más personas quienes no cuentan con un hogar o, quienes teniéndolo, no lo poseen en las condiciones adecuadas para ser considerada una vivienda digna.
Es un compromiso del Estado garantizar estos derechos, y de nuestra investigación se desprende que si bien existen distintas políticas generales que buscan facilitar el acceso a la vivienda, las mismas no se desarrollan de manera regular, ni se implementan desde una perspectiva que tenga en cuenta a aquellos sectores vulnerabilizados, teniendo como consecuencia una segregación socio-espacial creciente.
A su vez notamos que la mayoría del trabajo orientado a integrar los distintos sectores de la sociedad es llevado adelante por actores de la sociedad civil, por lo que creemos que queda mucho trabajo por hacer por parte de los gobiernos de la Nación y Provincias.
El informe que de ello se elabore será presentado a la Asamblea General de la ONU y al Consejo de Derechos Humanos.
Desde el Área de Género y Diversidad Sexual de Xumek repudiamos el fallo del juez marplatense Alfredo Eugenio López, quien ordenó suspender la Ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El magistrado consideró que dicha norma viola “la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción”, aún cuando ese debate ya fue saldado en el Congreso de la Nación. Asimismo, aseguró que con la ley histórica sancionada el 30 de diciembre de 2020 “se encuentran en riesgo el derecho a la vida reconocido en la Constitución Nacional, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
La decisión de un juez no puede obstruir el acceso a un derecho reconocido recientemente.
Asimismo, el fallo es contrario a nuestra Constitución Nacional, puesto que se trata de una decisión provincial que se opone a una ley nacional (27.610 de acceso a la IVE), contrariando la jerarquía legal de todo nuestro ordenamiento jurídico. Consideramos que hasta que no se logre una plena garantización del mismo será una deuda de la democracia con las mujeres y cuerpos gestantes. Es por esto que celebramos que el Gobierno Nacional apele el fallo del magistrado López.
El magistrado desconoce así el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Artavia Murillo (2016), consideró que el embrión y el feto gozan de una protección de derechos gradual e incremental, NO ABSOLUTA. En la Cámara de Diputadxs y del Senado de la Nación reconocieron el derecho de las mujeres y cuerpos gestantes a decidir sobre sus cuerpos y su derecho a vivir una vida libre de violencias, que en nuestro país se encuentra garantizado por la Ley 26.485. Por su parte, se destaca que el Comité de los Derechos del Niño recomendó a la Argentina en junio de 2018 avanzar hacia la despenalización del aborto y asegurar el acceso al aborto seguro y atención postaborto para niñas y adolescentes, y que se garanticen sus opiniones, se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones.
Desde el Área de Género y Diversidad les decimos a quienes intentan cercenar nuestros derechos que a la clandestinidad no volvemos nunca más.
por Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay Responsable del Área de Pueblos Indígenas
El día de ayer escuchamos del presidente argentino una frase no sólo desafortunada sino alarmante.
En primer lugar, su contenido sostiene, una vez más, un discurso negacionista, colonialista, racista y estigmatizante. En segundo lugar, quien lo manifiesta es la persona que actualmente reviste la investidura presidencial y por ende, quien tiene como responsabilidad la conducción de las políticas de Estado y representa -o debería representar- a toda la población argentina.
Frente a ello, es importante resaltar la reacción inmediata de un gran sector de la sociedad que centró su crítica y repudio al contenido del mensaje y lo que implicaba el uso de esta frase y no -simplemente- focalizar en el error de cita en el que había incursionado el presidente, como lo hicieron varios medios de comunicación hegemónicos.
Resulta imprescindible visibilizar esta reacción colectiva porque denota un gran avance en la deconstrucción y construcción social sobre la conformación de nuestra verdadera identidad americana (y por consiguiente, de la identidad argentina), y la fortificación de ese inconsciente colectivo que por muchos años intentaron invisibilizar, acallar o enmascarar.
Sin duda, lo sucedido ayer nos debe poner en alerta ya que estos discursos negacionistas, europeístas y racistas, denotan -una vez más- una lógica estructural.
En este caso fue Alberto Fernández, pero ya hemos escuchado este tipo de posicionamientos en las palabras de otros representantes políticos, como fuera el discurso del ex presidente Raúl Alfonsín en la visita de los reyes de España afirmando que nos encontrábamos con nuestras verdaderas raíces, o recientemente, el ex presidente Mauricio Macri en el Foro Económico Mundial de Davos y en el VIII Congreso de la Lengua Española, sosteniendo que en Sudamérica somos todos descendientes de europeos y la importancia de poder hablar y comunicarnos en español (respectivamente). No casualmente, estas manifestaciones se producen en el marco de encuentros diplomáticos con representantes de España.
Es estructural y sistemático ya que desde el uso estratégico de diferentes herramientas políticas, en particular desde el ámbito educativo, se ha pretendido calar en lo más profundo de nuestra identidad e instalar un ideario de “progreso y desarrollo” asociado a la llegada europea, blanca y civilizada.
Y esto se observa en el relato histórico, político y cultural que quiso instalarse desde aquel 12 de octubre de 1492 en adelante: en la historia independentista de la República Argentina, invisibilizando la participación activa en las gestas libertadoras de hombres y mujeres indígenas y afrodescendientes; en el proceso histórico vivido entre democracias y golpes de Estado, bajo lemas como “civilización o barbarie”, “orden y progreso”, la ejecución de las “Campañas del desierto”, los festejos del día de la raza, entre otros; y en tiempos más contemporáneos, cuando aún se sostiene con vehemencia que Argentina y los países de Latinoamérica son “subdesarrollados” o se encuentran “en vías de desarrollo”. Por dar sólo un ejemplo.
Argentina es indígena y es plurinacional. Argentina es marrón y es negra, porque en este discurso negacionista también se “olvida” de esa otra parte de nuestra historia y conformación identitaria construida por los hermanos y hermanas afrodescendientes. E incluso, con este discurso estigmatizante se desvalorizan las otras corrientes migratorias que tanto han aportado – y siguen aportando- en la riqueza histórica, política, social, económica y cultural del actual Estado argentino.
Ha sido el propio Estado argentino quien desde 1994, reconoce en su carta magna la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y junto a ello, el reconocimiento a sus legítimos derechos dispuestos en instrumentos jurídicos y jurisprudenciales del ámbito internacional, nacional y provincial.
Asimismo, reconoce a la fecha la existencia de más de 40 pueblos/naciones indígenas, de los cuales muchos de ellos aún mantienen vivas sus lenguas ancestrales. Y conforme los últimos datos censales del año 2010, alrededor de un (1) millón de personas se identifican indígenas o descendientes de indígenas; por lo que, podría decirse que en Argentina 1 de cada 40 personas se reconoce indígena. Datos estadísticos que, sin lugar a dudas, verán una importante variación cuando sean actualizados el año que viene.
Y aún cuando los pueblos indígenas son sometidos a procesos de invisibilización y ocultamiento, de desigualdades sociales, de empobrecimiento, de tratos discriminatorios y racistas, de persecución y asesinatos, siguen siendo ejemplos de lucha y resistencia a lo largo y ancho de toda nuestra América.
Su cosmovisión y filosofía de vida se han transformado en bandera de lucha de diferentes y diversos movimientos sociales, para poner freno al avance indiscriminado del sistema capitalista y repensar nuestra actual forma de vida.
Es claro que para romper definitivamente con estos dogmas eurocentristas, negacionistas, capitalistas, necesitamos seguir trabajando firmemente como sociedad y repensar los procesos de memoria, verdad y justicia y de reparación histórica con nuestros pueblos indígenas. Así como la fortificación de nuestra verdadera identidad americana.
Y de dicha labor no queda exenta la dirigencia política, ya que es a la fecha que se sigue viendo la falta de creación de políticas públicas acorde a la realidad que viven las comunidades y personas indígenas en nuestro país. Que se reconozca la participación activa de los pueblos indígenas en las tomas de decisión: los derechos que le son reconocidos, siguen siendo sólo letra y no se efectivizan fehacientemente. Aún falta una clara política de Estado que realmente los y nos reconozca como sujetos de derecho y políticos.
Por ello, nos sumamos a las numerosos denuncias y pronunciamientos por los dichos recientes del Presidente argentino y solicitamos que las disculpas se encuentren a la altura de las circunstancias. Acompañamos el reclamo con la fuerza y convicción que los pueblos indígenas nos han demostrado, luchando y resistiendo a los diferentes embates históricos, queriéndolos invisibilizar, abatir, estigmatizar y hasta desaparecer.
