El pasado miércoles 6 de julio, nos enterábamos de la dolorosa noticia del Femicidio de Agostina Trigo. Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek, repudiamos el avasallamiento a la familia para conseguir datos que no podían ser confirmados en ese momento y la violencia mediática con que los medios de comunicación de Mendoza abordaron la noticia, con nulidad total de perspectiva de género.
Repudiamos las publicaciones, los titulares y la difusión que se dio del femicidio de Agostina con mensajes que sostienen patrones socioculturales reproductores de la desigualdad y generadores de violencia contra las mujeres.
A raíz del femicidio, familiares, amigues, organizaciones sociales y colectivos feministas se convocaron para movilizar el día miércoles en la tarde en el Poder Judicial de San Martín para reclamar justicia. Al finalizar, la Policía de la provincia avanzó reprimiendo y deteniendo a varias personas, entre ellas menores de edad. Esta situación fue aprovechada por diarios digitales, programas televisivos y radiales generando un show mediático y vandalizando a les manifestantes, dejando de lado las consignas de la movilización por Agostina.
Desde Xumek exigimos de manera urgente que trabajadores de los medios de comunicación y periodistas se formen de manera permanente en perspectiva de género.
En la actualidad existe un solo medio de comunicación de la provincia que cuenta con editora de género mientras que existen en Mendoza una gran cantidad de comunicadoras feministas buscando trabajo.
Según el Observatorio de Femicidios, Travesticidio y Transfemicidios en lo que va del año en Mendoza se han cometido 5 femicidios: María Aída Oliva, Marcela Elizabeth Granajo, Linda Suarez, Alicia Angélica Galetto y Agostina Trigo.
Exigimos justicia por ellas, y nos sumamos al grito de #BastaDeFemicidios #EstamosHartas #NiUnaMenos
El pasado 20 de junio hubo una audiencia pública en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) analizó la responsabilidad internacional de la República de Chile por violación del derecho a la libertad de expresión en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente sano y a la información publica.
Por este caso, el abogado y defensor ambientalista Carlos Baraona Bray fue condenado por el delito de “injurias graves” luego de haber brindado una serie de entrevistas en las que declaró tener conocimiento de que un Senador de la república había ejercido presiones e influido para que las autoridades llevaran a cabo la tala ilícita del alerce, una especie de árbol milenario conservado en Chile.
Encontramos en este caso una gran oportunidad para brindar un aporte al Tribunal sobre la importancia de la protección del derecho a la libertad de expresión, específicamente de los defensores del medio ambiente, y cómo la falta del mismo interfiere en el acceso a la información pública de las personas que conviven en una sociedad. Además, se ponen de manifiesto hechos que no son ajenos a otros países de Latinoamérica en general y de la Argentina en particular. Así, podemos mencionar los casos de Patricia Álvarez de Figueroa, imputada por protestar contra la megaminería en Andalgalá (Catamarca, Argentina), Nora Moyano de la Asamblea por el Agua (Mendoza, Argentina); Wbeimar Cetina de Arauca (Colombia); Juan Julio Fernandez (Perú) y Berta Cáceres (Honduras).
Desde Xumek nos presentamos como amicus curiae en el Caso Baraona Bray porque creemos que no puede dejar de valorarse el rol fundamental de los defensores ambientales de informar a la comunidad sobre asuntos de carácter público cuando el Estado no lo hace. Valorar el activismo de estos actores requiere la toma de medidas efectivas y oportunas para hacer frente a la vulnerabilidad de este colectivo frente a manifestaciones reaccionarias.
Desde el 13 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas, Evangélicos del Ecuador (FEINE) convocaron a un paro nacional por tiempo indefinido, rechazando las medidas neoliberales del presidente Guillermo Lasso y exigiendo el cumplimiento urgente de diez reclamos:
la reducción y congelamiento del precio del combustible;
el refinanciamiento de deudas por un año para el sector agrícola;
el control en los precios de los productos para el campo;
la no precarización de la jornada laboral;
la revisión de los proyectos extractivistas (mineros);
el respeto de los derechos colectivos (como la educación bilingüe y la justicia indígena);
la no privatización de los sectores estratégicos;
el control de la especulación de precios;
un presupuesto digno para la salud y educación
y la generación de políticas públicas de seguridad.
Desde que comenzaron las movilizaciones, el Estado de Ecuador ha declarado estado de excepción, con un gran despliegue policial y militar. A través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a importantes sectores de la población civil.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos
Se trata de la misma que trabajó recabando denuncias en Colombia, durante la represión de 2019 y en Bolivia durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Sus objetivos en Ecuador serán acreditar, relevar y visibilizar la situación en el mismo territorio; elaborar un informe que tienda a visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional los hechos violatorios; y contribuir a la articulación en defensa de los derechos humanos en toda la región.
Para ello se recorrieron diferentes zonas en conflicto ante las reiteradas denuncias y los registros gráficos y audiovisuales que daban cuenta del aumento de cantidad de personas que habían muerto, sido heridas o detenidas arbitrariamente en manos de las fuerzas de seguridad y militares ecuatorianas. Para ello se pautaron entrevistas con organizaciones indígenas, sociales, políticas, sindicales, de mujeres, estudiantiles y ambientales para realizar un informe minucioso que dé cuenta de la situación
La misión está integrada por: Pablo Garciarena (XUMEK),María José Cano (ATE Nacional y CTA Autónoma); Claudia Rocca (Asociación Argentina de Juristas); Juan Grabois (Patria Grande y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano); Nicolás Tauber Sanz (LIBERPUEBLO); Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha); Alicia Montoya (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores); Melisa Gargarello (FOL).
Esta misión constató, en un informe preliminar, los siguientes hechos:
Al menos 5 personas asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal. En los casos registrados, las personas fallecidas muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo. Dichas víctimas son Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez, Jon Muenala.
Más de 132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta. En muchos de estos casos dichas personas fueron imputadas luego por delitos tales como sabotaje, terrorismo o resistencia.
Secuestro, persecución y planificación de atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales.
Violación al derecho a la protesta social.
Violación a las garantías judiciales y acceso a la justicia de los ciudadanos (no recepción de denuncias en fiscalías y no investigación de oficio de hechos de violencia policial, entre otros).
Negación de atención médica por las instituciones públicas de salud por motivos raciales y anti-indigenistas.
Violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica.
Violación a los derechos de niños y niñas. Especialmente en el marco de la represión de las movilizaciones, en las cuales las comunidades indígenas participan junto a sus hijos e hijas.
Amenazas por parte de las fuerzas policiales al personal voluntario de salud en las zonas de paz.
Ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por parte de las fuerzas de seguridad durante la noche.
Ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista.
Censura y bloqueo mediático de la información. Bloqueo del servicio de internet y redes sociales. Hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales. Intervención en cuentas personales y redes sociales personales. Cese del servicio de redes móviles.
Asimismo, la Misión ha recolectado información y testimonios que dan cuenta de seis casos de desaparición de personas, de las cuales se desconoce su paradero y que se encontraban participando de las movilizaciones. Además, el Presidente Lasso anunció la criminalización de toda la dirigencia social, en franca violación al artículo 98 de la Constitución Nacional Ecuatoriana y la Normativa Internacional que contempla el derecho a la resistencia.
Podemos indicar el carácter de lesa humanidad de estos delitos, atento su carácter sistemático, generalizado y dirigido contra la población civil; y por lo tanto la procedencia de apertura de instancias jurisdiccionales universales.
Desde XUMEK exigimos al Estado Ecuatoriano que haga cesar los actos de violación de Derechos Humanos de su población y que se proceda a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales necesarias para obtener la reparación integral del pueblo Ecuatoriano, a través de la Verdad y la Justicia.
Aquí podés ver la conferencia de prensa del pasado sábado 25 de junio de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos.
En el día internacional del testeo de VIH desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek, nos hacemos eco de la Fundación Huesped de que “la única forma de saber si alguien tiene VIH es a través de test. Acceder de manera temprana es fundamental para que las personas puedan iniciar un tratamiento y llevar una buena calidad de vida”. Es por ello que creamos la siguiente guía de recursos, en donde se podrá encontrar información útil sobre los Centros de Prevención Asesoramiento y Testeos (CEPAT), los lugares donde entregan medicamento, como también diversas organizaciones de Mendoza que realizan acompañamiento a personas con VIH positivo y a la comunidad en general.
Asimismo, consideramos necesario que tengas esta información importante:
VIH Sida: infección producida por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) que daña las defensas que tiene nuestro cuerpo contra las enfermedades. Puede afectar a cualquier persona, que no tome las medidas preventivas adecuadas.
Diferencias entre Sida y VIH: El sida es una etapa avanzada de la infección causada por el VIH. Cuando las defensas están debilitadas por el virus, aparecen enfermedades oportunistas (infecciones o tumores), a esta etapa se la llama sida.
La forma correcta es hablar de transmisión y no de contagios.
¿Cómo se transmite?
– A través de la vía sexual: Contacto directo con semen o secreciones vaginales durante todo tipo de relación sexual (vaginal, oral, anal) con una persona con VIH. (Una sola relación sin preservativos es suficiente para infectarse).
– Por transmisión sanguínea: Cuando la sangre de un infectado por VIH se pone en contacto con la sangre de otra persona. Puede transmitirse al compartir agujas, jeringas, máquinas de afeitar o canutos.
– Por transmisión vertical: Las personas gestantes pueden transmitir el virus a su hijo/hija durante el embarazo, en el momento del parto o durante la lactancia.
¡Importante! Toda persona embarazada debe hacerse el test de VIH en cada uno de los trimestres del embarazo. En el caso de que la persona dé positivo, tomando la medicación a tiempo el bebe puede nacer vih-negativo.
¿Cómo no se transmite? Está demostrado científicamente que no se transmite VIH por abrazar, besar, compartir vasos y cubiertos, tomar mate o intercambiar ropa. Tampoco por compartir el lugar de trabajo o salón de clase, dormir en la misma cama o utilizar el mismo baño o pileta. Los insectos no lo transmiten.
¿Por qué es importante Testearse para VIH? Un diagnóstico temprano del VIH permite iniciar el tratamiento para controlar la infección y evitar el desarrollo del sida, y además te brinda mayores posibilidades de mantener tu calidad de vida actual.
Las muertes por VIH son evitables: realizando el test, los tratamientos y tomando las medidas preventivas correspondientes.
Como cada 5 de Junio, celebramos el día mundial del ambiente. Sin dudas, es una fecha importante para repensar la manera en que nos vinculamos con el mismo, cuáles son nuestras formas de consumir, cuál es el uso que hacemos de nuestros recursos naturales, y otros múltiples interrogantes.
Según algunas cifras de Naciones Unidas, estamos utilizando el equivalente a 1,6 Tierras para mantener nuestro estilo de vida actual y los ecosistemas ya no pueden satisfacer nuestras demandas, y además el 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a nuestros estilos de vida”.
Dichas cifras ponen de manifiesto que la crisis climática existe y que lo que hagamos por nuestro ambiente en los próximos años, será determinante para la calidad de vida, la preservación y protección de los DD.HH.
En este sentido, cabe mencionar que la Provincia de Mendoza no está exenta de graves problemáticas de índole ambiental. Entre ellas podemos mencionar la depredación sistemática del arbolado público, el desarrollo del fracking en la provincia, pese a los inmensos riesgos ambientales que genera dicha práctica respecto a la generación de residuos peligrosos que pueden llegar a los acuíferos subterráneos; y el desecamiento paulatino y progresivo de los últimos tres humedales del Gran Mendoza.
La Laguna del Viborón, ubicada en el departamento de Maipú, ya se encuentra seca desde fines de abril del corriente año, lo que pone en serio riesgo de desaparición toda la biodiversidad que alberga este ecosistema y sus subsiguientes lagunas encadenadas: la Laguna de la Paloma, también en Maipú, que ha sufrido el desmonte de su flora nativa por proyectos inmobiliarios clandestinos; y la Laguna de Soria, en el departamento de Lavalle, que está avanzando en la creación de Área Natural Protegida Municipal.
Su falta de protección también afecta enormemente a nuestro patrimonio cultural porque poblaciones enteras como la de los Huarpes Laguneros, que ancestralmente se asientan en estos territorios, han tenido que mutar su estilo de vida por la desaparición de las Lagunas de Guanacache.
Entre ellas podemos mencionar la depredación sistemática del arbolado público, el desarrollo del fracking en la provincia, pese a los inmensos riesgos ambientales que genera dicha práctica respecto a la generación de residuos peligrosos que pueden llegar a los acuíferos subterráneos; y el desecamiento paulatino y progresivo de los últimos tres humedales del Gran Mendoza.
La Laguna del Viborón, ubicada en el departamento de Maipú, ya se encuentra seca desde fines de abril del corriente año, lo que pone en serio riesgo de desaparición toda la biodiversidad que alberga este ecosistema y sus subsiguientes lagunas encadenadas: la Laguna de la Paloma, también en Maipú, que ha sufrido el desmonte de su flora nativa por proyectos inmobiliarios clandestinos; y la Laguna de Soria, en el departamento de Lavalle, que está avanzando en la creación de Área Natural Protegida Municipal.
Su falta de protección también afecta enormemente a nuestro patrimonio cultural porque poblaciones enteras como la de los Huarpes Laguneros, que ancestralmente se asientan en estos territorios, han tenido que mutar su estilo de vida por la desaparición de las Lagunas de Guanacache.
Problemáticas como las mencionadas, afectan directamente la calidad de vida de la ciudadanía, y ponen en juego la construcción de un futuro sostenible. Por tal motivo, es importante no solo el accionar activo de la ciudadanía, como así también de un Estado presente, el cual tiene el deber de garantizar el derecho a un ambiente sano, a cumplir con las legislaciones ambientales nacionales existentes y legitimar los Acuerdos Internacionales vigentes, tal como el Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental.
Y vos, ¿Qué acciones realizas en pos de contribuir en la protección del ambiente?
Desde la Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos Xumek adherimos al repudio de las provincias de Chubut, Río Negro, Mendoza, San Juan y Catamarca acerca de la “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (MEMAC).
Preocupados vemos un nuevo embate del gobierno y las transnacionales mineras sobre los territorios. Con el eufemismo “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad”, el Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, junto a la Cámara de Empresarios Mineros (que reúne a las grandes transnacionales del sector), lanzaron una nueva iniciativa de lobby minero. Nos preocupa aunque no nos sorprende, ya que han intentado exactamente lo mismo en varias oportunidades desde que se instaló la gran minería en nuestro país en la década de los 90`.
El único y exclusivo objetivo de esta mesa es romper las resistencias territoriales y avanzar en las 7 provincias de Argentina que limitan el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en la actividad minera y que fueron obtenidas a través de verdaderos procesos participativos, democráticos, informados y populares.
Porque sobre este punto es importante destacar que la historia del movimiento socioambiental en Argentina está plagada de participaciones populares en instancias institucionales y gubernamentales. No rechazamos los diálogos y debates, por el contrario, los propiciamos y los protagonizamos. Dos décadas de historia así lo demuestran: hemos iniciado el procedimiento constitucional de iniciativa popular en la provincia de Chubut en dos oportunidades, una plebiscito en Esquel -Chubut, 2003- y otra en Loncopué -Neuquén, 2012- (los dos únicos que desde el poder se permitieron); hemos participado en infinidades de audiencias públicas gubernamentales en la provincia de Mendoza y en todo el país, en el debate parlamentario de la Ley Nacional de Glaciares (que violan la gran mayoría de las empresas); hemos participado ampliamente en cada una de las leyes que prohíben en 7 provincias el uso de sustancias tóxicas en la actividad, en la creación de ordenanzas municipales en Catamarca, en la publicación de libros de investigación y de divulgación sobre los mitos de la actividad minera, en foros públicos en las Universidades Nacionales de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, entre muchas otras actividades participativas más.
En suma, hemos participado en debates de todo tipo, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Nos informamos científicamente y también porque conocemos nuestros ríos, nuestra tierra y porque sufrimos en nuestros cuerpos y nuestra vida esta actividad. Lo que rechazamos son las falsas mesas de “diálogo” que tienen un objetivo prefijado (“destrabar la actividad”, es decir, avanzar con la megaminería) subestimando los saberes territoriales y populares. Pretenden invisibilizar más de 20 años de resistencia en los territorios. “No entendieron”, “faltó conocimiento”, “información falsa”. Sí entendimos y sí tenemos mucha información y conocimiento real, concreto y situado.
Diálogo unilateral, falso, sin horizontalidad, sin interlocutores válidos, que parte de premisas falaces tales como que el problema es “la ignorancia de las comunidades”. Porque cuando el único territorio de las organizaciones que participaron hoy como legitimadoras del encuentro, son los medios de comunicación y las redes sociales, se pierde la visión de los territorios. Así pretenden bastardear 20 años de resistencias territoriales contra la megaminería en Argentina. ¿Qué conflictos quieren “destrabar” si la participación es con organizaciones que no tienen contacto con los territorios afectados, que no nos representan, y no cuentan con nuestra legitimidad? Pretenden desconocer que hay provincias enteras que han tenido un verdadero y respetuoso debate social y que han rechazado democráticamente esta figura extrema del extractivismo. El debate ya se ha dado. En suma, repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como “ambientalistas” mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios.
No es por falta de información o de información errónea que rechazamos a la gran minería; lo hacemos porque se ha impuesto en nuestro país sin licencia social, con gran conflictividad, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política, con persecuciones judiciales (ayer mismo llegaron citaciones judiciales a vecinos y vecinas de Andalgalá en Catamarca). Y es por eso que, con los ecos cercanos del “Mendozazo” y el “Chubutazo” seguiremos defendiendo nuestros territorios, nuestra agua, nuestra vida.
Este 3 de mayo de 2022 se cumple un año del inicio del segundo mega juicio por los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. En el mes de abril de 2017, luego de que muchxs estudiantes declararan en cámara Gesell, se ordenó la captura de la monja japonesa Kumiko Kosaka, por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.
Posteriormente, se imputó a Graciela Pascual (licenciada en Trabajo Social y representante legal del Instituto) por su intervención en la impunidad de los hechos investigados omitiendo su deber de denunciar. Finalmente, se inició investigación penal contra la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán; por su participación criminal por omisión. Todas ellas pudieron haber evitado estos delitos, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo conocimiento de los hechos y el deber legal de actuar en consecuencia.
Con excepción de Kumiko Kosaka, quien está en prisión domiciliaria, todas las demás imputadas llegan al juicio en libertad.
Las audiencias preliminares (en las cuales se discute la prueba que ingresará al debate) de este juicio se extendieron por más de un año debido a la pandemia por Covid-19 y la constante interposición de acciones dilatorias presentadas por la defensa de las religiosas, que fueron siempre rechazadas. En esencia, se trataba de los mismos planteos realizados durante la etapa de investigación y que ya habían sido objeto de análisis y rechazo por distintos magistrados.
Al inicio del juicio, el Tribunal estaba compuesto por los jueces Horacio Cadile (presidente), Gabriela Urciolo y Rafael Escot. Sin embargo, a poco de empezar, los abogados de Kumiko y Martínez presentaron una recusación sobre la base de una fotocopia que contenía una serie de mensajes de WhatsApp enviados en un grupo de magistrados del Poder Judicial de Mendoza en el que participaba el presidente del Tribunal. Allí, se habrían burlado de una de las imputadas. Ante esto, el juez Cadile, con interés en garantizar la plena imparcialidad, se inhibió de continuar en la causa, quedando seleccionada como reemplazante la Dra. María Belén Salido. Con la nueva conformación, la presidencia pasó a la jueza Urciolo.
A 1 año de iniciado el juicio, solo han podido declarar 23 testigos, de más de 266 personas que serán citadas, debido a los constantes entorpecimientos que provocan los abogados de las religiosas y que el tribunal tolera sin tener en cuenta el grave daño que las dilaciones ocasionan a las víctimas. Es decir que, sólo ha declarado un poco menos del 10% de la totalidad de las personas en 12 meses de juicio. De seguir este ritmo, el juicio se demoraría 9 años más.
Además, se ha ordenado a lxs sobrevivientes que presten nuevamente testimonial, pese a que han declarado en numerosas oportunidades durante la instrucción y en el primer juicio, testimonios que se encuentran filmados. Las nuevas declaraciones de las víctimas no estuvieron exentas de situaciones revictimizantes que provocaron que en algunas ocasiones lxs sobrevivientes tuvieran que ser asistidxs por médicos del Tribunal o ser llevadxs a la guardia hospitalaria. Esto sumado a que debieron asistir en numerosas oportunidades, llegando una de ella a tener que presentarse en 23 oportunidades a los estrados del Poder Judicial, donde se le realizan numerosas preguntas que nada tienen que ver con el caso. Se lxs interroga sobre cuestiones personales bajo el pretexto de verificar su credibilidad, lo que provoca un desgaste emocional en las víctimas que terminan muy afectadas luego de tantas audiencias. Incluso, ante la recomendación de psicólogxs de que un testigo no se encuentra en condiciones psíquicas y emocionales de declarar, se ha ordenado -a instancias de la defensa- la realización de un nuevo examen para determinar si lo que afirman dichxs profesionales de la salud es realmente así.
También, en este nuevo juicio, hemos podido observar cómo la Iglesia Católica busca perseguir y acallar a las víctimas mediante diferentes mecanismos: revisando las publicaciones de las actividades que realizan en las redes sociales o persiguiendo a los intérpretes de confianza, a los medios de prensa que informan el estado de la causa y a los abogados que defendemos sus intereses. Así, la defensa de las religiosas ofreció como prueba para este debate una investigación privada realizada en todas las redes sociales de las víctimas. Se pretendía usar un informe sobre las publicaciones, principalmente de Facebook, realizadas con mucha posterioridad a los hechos que se investigan en este juicio. A través de este procedimiento, lxs representantes de la Iglesia llevan adelante una sutil forma de callar a lxs sobrevivientes y de limitar su derecho a la libre expresión. Cabe destacar que, teniendo en cuenta la discapacidad de les sobrevivientes, sus redes sociales constituyen una de las formas más igualitarias de comunicación donde pueden expresarse libremente.
El derecho a la libertad de expresión constituye un principio único que cumple una función fundamental en el desarrollo de la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de pensar por sí mismos los asuntos que los afectan, y de ver el mundo desde su propia perspectiva.
De igual forma, desde el inicio de la investigación, los abogados de las monjas comenzaron a atacar a lxs intérpretes que actuaron durante las cámaras gesell y en el primer debate. Según la Iglesia Católica, los intérpretes oficiales tergiversan las declaraciones de las víctimas en perjuicio de las monjas, por lo que fueron denunciados penalmente y apartados del segundo juicio. Lxs intérpretes denunciadxs son personas cercanas a las víctimas, situación que las afecta gravemente, vulnerando un derecho humano fundamental, es decir: que la Comunidad Sorda cuente con intérpretes de confianza, toda vez que son ellxs su canal de comunicación con las personas oyentes.
Además, por su función, ellxs conocen aspectos muy íntimos de la vida privada de lxs sobrevivientes que estxs últimxs no están dispuestxs a revelar a cualquiera. En consecuencia, perseguir a los intérpretes que vienen participando desde el inicio de la causa mediante una denuncia penal y sacarlxs de su intervención en este segundo juicio, constituye una forma de revictimización especial, ya que obliga a las víctimas a tener que entablar un nuevo vínculo de confianza con intérpretes desconocidos o callar otra vez los abusos sexuales sufridos en el Instituto.
Es tan importante la función que cumplen los intérpretes en las personas sordas e hipoacúsicos, que en el caso de que no se pudiese entablar un vínculo seguro entre ambos, el resultado sería nuevamente el silencio de las víctimas y la impunidad de los abusadores.
Por último, la Iglesia también despliega todo su poder silenciando a lxs periodistas que se animan a informar lo sucedido dentro del Instituto Próvolo. Para ello se valen de sus abogados, quienes solicitaron al Tribunal del segundo juicio que se prohibiera a las partes dar información de lo que sucedía dentro de la sala de debate. En principio, como en cualquier acto de gobierno de una República, todos los debates son públicos. Sin embargo, cuando se trata de causas que involucran niñeces y adolescencias, puede ordenarse que los procedimientos sean a “puerta cerrada”. Esto no significa de ninguna manera que el debate sea secreto o que las partes no puedan dar información sobre lo que sucede dentro de la sala de audiencias, sino que, para resguardar la intimidad de las víctimas, no se permite el ingreso de personas ajenas al juicio y se sugiere que la información que se transmita no afecte la honra de las mismas. Decimos “se sugiere” porque jamás una norma podría censurar previamente a alguna de las partes, sólo se puede pensar en responsabilidades ulteriores por la afectación a algún derecho de las víctimas. Esto último también es importante destacar, porque lo que se resguarda siempre es la intimidad de las víctimas, nunca la de lxs imputadxs, las partes o el Tribunal.
Sin embargo, el Tribunal llamativamente hace lugar al pedido de la defensa de las monjas e inmediatamente comienzan a denunciar a periodistas que informan sobre el avance de la causa. Así, existe en la actualidad una causa penal contra el periodista Ignacio De La Rosa del Diario Los Andes, uno de los medios de comunicación más antiguos de Mendoza, simplemente por ejercer debidamente su labor republicana de informar a la población el estado de un proceso judicial de suma trascendencia. Los denunciantes saben que las misma resultan infundadas y contrarias a la Constitución, no obstante, se la utiliza como un medio más de silenciamiento y amedrentamiento contra quienes se animen a enfrentar el poder de la Iglesia, provocando que otrxs periodistas eviten dar a conocer los avances del juicio, y que, incluso, hasta la Secretaría de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza presente un escrito mediante la cual comunica que dejará de brindar información sobre el nuevo debate.
Otra de las estrategias de amedrentamiento desplegadas por la Iglesia Católica contra lxs sobrevivientes es atacarlxs denunciando a sus abogados, quienes representamos a las víctimas en todas las instancias donde se han presentado sus reclamos. En efecto, se presentó una denuncia contra uno de los abogados de Xumek por dar información a la prensa sobre las situaciones de revictimización en la que se encuentran las sobrevivientes que prestaron declaración en este segundo debate.
A los fines de evitar que el daño sufrido por el delito se vea incrementado como consecuencia del constante contacto con la justicia, el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la adopción de medidas útiles para evitar retrasos en la tramitación de la causa. El objetivo es que a través de estas medidas se garantice la pronta resolución judicial y la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, tales como la realización de las audiencias en una misma jornada con la correcta observación de interrogatorios que respeten la perspectiva de género y diversidad, que sean respetuosos de la perspectiva de discapacidad, que cumplan con los derechos humanos de los sobrevivientes y no sean revictimizantes. A su vez, se solicitó un trato adecuado garantizando un entorno accesible, seguro y tranquilo, donde se brinde contención psicológica con acceso a interpretación de Lenguaje de Señas Argentina (LSA), asistencia alimentaria y soporte económico para concurrir a las reiteradas instancias jurídicas que prevé el desarrollo de este segundo juicio.
Luego del pedido, miembros del Colectivo fueron atendidos por el Ministro José Valerio, junto a la Directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia, Milagros Noli, el Secretaria de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza, Martín Ahumada y el Responsable General del Fuero Penal, Gabriel Longhin, quienes se comprometieron cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia a adoptar medidas tendientes a dar respuesta a los reclamos del Colectivo.
Vale recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las niños, niñas y adolescentes víctimas, en particular de violencia sexual, pueden experimentar graves consecuencias físicas, psicológicas y emocionales causadas por el hecho violatorio de sus derechos, así como una nueva victimización a manos de los órganos del Estado a través de su participación en un proceso penal, cuya función es justamente la protección de sus derechos.
Pese a todos estos esfuerzos, no se ha logrado revertir las constantes dilaciones y el proceso de revictimización que actualmente sufren les sobrevivientes. A modo de ejemplo, la última de las víctimas en declarar durante el mes de abril, lo hizo por más de 10 jornadas, debiendo parar en alguna de ellas por el grave estado emocional le provocaban tantas preguntas. El juicio se extenderá por ahora hasta el 30 de diciembre y dependerá del estado de la causa si se extiende más allá de esa fecha.
El estado de las reparaciones
La sentencia del primer juicio del Provolo puso a lxs sobrevivientes como verdaderos actores en el proceso de justicia al establecer medidas de satisfacción y no repetición. Esto implica entender que resulta necesario que obtengan una reparación integral, más allá de que nada pueda reparar el daño ocasionado por los abusadores y sus cómplices. En este sentido, el Tribunal consideró que la Dirección General de Escuelas debía brindar opciones educativas o de capacitación formal a las víctimas según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, incluyendo -en su caso- educación terciaria o universitaria, a través de instituciones públicas o privadas, otorgando en caso necesario becas de estudio (que incluya transporte y materiales de estudio a fin de que puedan cursar y concluir los mismos), así como también que realicen talleres y/o cursos de capacitación periódicos para que la población interesada pueda acceder al estudio y comprensión de la Lengua de Señas Argentina (art. 16 inc. a y b, ley 7.393).
Con relación al Ministerio de Salud, se ordenó brindar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico y en el caso de ser requerida la medicación necesaria, garantizando los tratamientos en forma gratuita y con la ayuda de intérpretes en lengua de señas a todas las víctimas de autos por el tiempo que sea necesario a fin de lograr la efectiva recuperación, asegurando que se le otorguen las facilidades necesarias para que puedan asistir al mismo. Respecto de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se solicitó que se efectivice aquellas acciones necesarias a fin de que las víctimas puedan acceder a becas, subsidios o programas de ayuda provincial y/o nacional para estudiantes, pasantías laborales rentadas o de trabajos para jóvenes; que colabore así en la reinserción de las víctimas y les signifique una ayuda para el desarrollo de sus proyectos de vida.
El núcleo de estas medidas de reparación integral trascienden ampliamente lo material apuntando al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, a preservar y reparar el prestigio o su buen nombre y honor, como así también reivindicar a la persona ante la propia comunidad.
Por ello, iniciamos junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo una serie de pedidos y reuniones con autoridades de la provincia de Mendoza y San Luis, con resultados muy diferentes. En Mendoza, con excepción del Instituto Provincial de Vivienda, que nos recibió casi de forma inmediata y se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna, lo que no ha sucedido hasta la actualidad; del resto de los ministerios no obtuvimos ninguna clase de respuesta. Ante ello requerimos la intervención, a través del Ministro José Valerio, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, para que actúe como intermediador y acerque a las partes para alcanzar un acuerdo de cumplimiento.
En cambio, en la provincia de San Luis, inmediatamente notificada la sentencia, designaron a una persona del poder ejecutivo para que intermediaria con les sobrevivientes que viven en aquella provincia y los distintos Ministerios para dar cumplimiento a las medidas ordenadas. A casi dos años y medio de la condena, todavía seguimos insistiendo a las autoridades mendocinas en el cumplimiento de las medidas de reparación integral, las que resultan esenciales para la reelaboración del proyecto de vida de las víctimas, constituyendo una obligación no solo por lo establecido en la sentencia, sino por los compromisos internacionales asumidos por la Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el Observatorio de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios de Xumek visibilizamos los datos arrojados entre Enero a Marzo del 2022. Durante estos primeros meses del año, se registraron al menos 72 femicidios y 5 transfemicidios, según se pudo constatar mediante la revisión de medios digitales locales, regionales y nacionales.
A partir de estos datos, se verificó que hubo alrededor de 66 hijxs menores de 21 años que fueron víctimas colaterales de los femicidios, es decir perdieron a su madre. En cuanto al tipo de vínculo entre las víctimas y los femicidas, se constató que un 34% fue cometido por las parejas, un 23% por ex parejas, y un 13% por un familiar de la víctima.
En lo que respecta a los transfemicidios, del total tres eran de nacionalidad argentina, una era de nacionalidad peruana y la otra uruguaya. Los actos violentos ocurrieron en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y CABA.
Desde el Área de Género y Diversidad Sexual, a través del Observatorio, queremos visibilizar y denunciar la inexistencia de políticas públicas eficaces para prevenir estos crímenes y garantizar a las mujeres y colectivos travesti-trans sus derechos humanos más básicos, así como también los procesos judiciales con escasa o nula perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de los mismos. Reclamamos la implementación de la Ley Micaela en los medios de comunicación para un correcto tratamiento de la información para que no reproduzca estereotipos moralizantes ni culpabilizantes sobre los cuerpos feminizados. Asimismo, buscamos evidenciar esta problemática y desnaturalizar la violencia machista inmersa en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Metodología
Desde Octubre de 2021 a Septiembre de 2022, el Observatorio busca generar una base de datos sobre Femicidios, Travesticidios, y Transfeminicidios en Mendoza y en Argentina; en pos de lograr una sistematización y análisis de la información recaudada.
Buscamos realizar informes y publicaciones con los datos obtenidos, a fin de que puedan ser consultados y utilizados por las personas que componen la nuestra asociación y la sociedad en general.
El equipo que integra el Observatorio trabaja sobre una metodología cuantitativa y cualitativa, se realiza una recolección de datos sobre diarios digitales nacionales, provinciales y regionales; como también realizamos un sondeo sobre la recolección que realizan otros observatorios nacionales.
¿Estás atravesando una situación de violencia de género? ¿Dónde denunciar? ¿A qué número? ¿Necesitas asesoramiento jurídico? ¿Te están discriminando por tu condición de género? ¿A dónde recurrir? Actualizamos y ofrecemos dos nuevos recurseros:
Recursero 2022con información completa para la provincia de Mendoza, en situaciones de vulneración por género.
A comienzos del año 2021, desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek, nos contactamos con las diversas instituciones, y áreas de género de los municipios de la provincia, ya que consideramos importante y necesaria la vinculación en pos de fortalecer las redes de contención.
El objetivo fue solicitar información sobre sus actividades, corroborar el funcionamiento y actualizar sus mails y teléfonos. Asimismo conocer cómo es el funcionamiento y el acompañamiento que ofrecen a las mujeres en situación de violencia de género y al colectivo LGBTIQ+ en la actualidad a raíz de la pandemia por Covid-19.
Este año nos volvimos a contactar a fin de actualizar la información. Agradecemos a los municipios que se tomaron el tiempo de respondernos y brindarnos la información detallada. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta de la totalidad de ellos, por eso queremos ofrecer disculpas y en cuanto tengamos la información actualizada de los restantes la compartiremos.
En pos de brindar información certera y eficiente hemos decidido que los municipios de los cuales no hemos obtenido respuesta alguna de los reiterados pedidos de información, es que hemos dejado sólo la dirección de la municipalidad.
Te invitamos a descargar los PDF donde encontrarás información ampliada y detallada de las diversas áreas municipales de los departamentos de Mendoza de acuerdo a si estás atravesando situaciones de violencias de género podes descargar el PDF y chequear a dónde ir si es para realizar la denuncia o para pedir alguna medida de protección; o información detallada de los diversos colectivos y organizaciones que brindan acompañamiento al colectivo y profesionales amigables con el colectivo: abogades, psicologues, mediques, entre otrxs, al colectivo LGBTIQ+.
Este 8 de abril marchamos contra la violencia institucional y, desde Xumek, recordamos a Leonardo Rodríguez Contreras y exigimos justicia por su muerte en manos de la Policía.
En 2015, Leo Rodríguez, una persona con discapacidad, fue arbitrariamente privado de su libertad por los agentes Andrés Vera y Romina Flores de la Policía de Mendoza e introducido en un calabozo de la Comisaría N° 27 de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, donde a las pocas horas apareció sin vida. Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas por lo que desde Xumek realizamos una petición ante el Comité contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de ONU solicitando la responsabilidad del Estado Argentino ante la falta de investigación y sanción del crimen.
La pregunta que nos hacemos constantemente es: ¿Cuántos casos como el de Leo, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Sebastián Bordón tendremos que sufrir para ver un cambio en el actuar de la Policía en Mendoza? En los últimos años, Kevin Gonzales y Ricardo Bazán fueron asesinados por balas policiales, en Malargüe el pasado 12 de febrero y en el Barrio La Favorita en 2019, respectivamente.
Tampoco olvidamos las detenciones arbitrarias de Emanuel Silva y Carla Moya (en el Parque Canota en 2021), o de les 6 jóvenes aprehendides de forma violenta el 25 de marzo en Godoy Cruz. Estos casos son apenas una muestra de que la #ViolenciaInstitucional constituye una violación a los #DerechosHumanos de todes, pero son les jóvenes quienes más afectades se ven por ella.
Las prácticas de violencia institucional no son hechos aislados, sino que constituyen prácticas sistemáticas, arbitrarias e ilegales por parte de funcionarios policiales y penitenciarios. Estas prácticas -que tienen amparo político, judicial, y mediático-, deben ser evidenciadas con el fin de erradicarlas mediante el cambio de paradigmas y nuevas políticas públicas acorde a los estándares internacionales.
Este 8 de abril marchamos por todes les violentades, les que están acá y les no pueden marchar porque murieron en manos de policías y penitenciaries. Hoy marchamos para que les jóvenes dejemos de sufrir todo tipo de violencia estatal y ser chivo expiatorio de políticas represivas.
