Comunicado del Comité Provincial de Prevención de la Tortura sobre cárceles y COVID-19

Compartimos a continuación el Comunicado del Comité

Desde el Comité de Prevención de la Tortura de Mendoza expresamos la preocupación que nos atraviesa respecto a la población que se encuentra alojada en las cárceles de nuestra provincia y se ve afectada por el COVID-19, pero desde mucho antes por la desidia estatal.

Al comenzar la pandemia, supimos advertir junto a organizaciones sociales y organismos de derechos humanos que las cárceles, por el hacinamiento y las condiciones edilicias en las que se encuentran, serían foco de contagios masivos a las que el propio sistema carcelario no podría dar ningún tipo de respuesta. Esto está sucediendo, pero a ello se suma el actual desborde del sistema de salud público general.

Este Comité recibe a diario innumerables mensajes de personas privadas de libertad y sus familiares cargados de angustia e incertidumbre ante el contagio confirmado o la presencia de síntomas graves en quienes están alojados allí sin atención médica. Recibimos imágenes y videos que relatan dolores corporales, muestran viandas de comida orinadas y destrozadas, la entrega insuficiente de elementos de limpieza y de higiene femenina, falta de agua caliente, inexistencia de protocolos sanitarios ante traslados de personas contagiadas y el destrato, entre otras ilegalidades.

Pareciera que el Estado provincial se hace eco de los discursos de odio sobre las poblaciones más vulneradas, dándoles la espalda y desoyendo lo que indica la normativa internacional en relación a las personas privadas de libertad y las recomendaciones específicas emitidas por diferentes organismos para abordar la pandemia del COVID-19 en las cárceles. La situación de la gestión estatal de nuestra provincia es grave.

Queremos que se sepa lo que sucede tras los muros, ya que además de sostenerse un trato inhumano como práctica cotidiana en las cárceles, se decide ser indiferente ante el sufrimiento y el deterioro de la salud de niños, niñas, jóvenes, mujeres, varones y personas trans privadas de libertad. Que en apariencias no hay intenciones de un plan integral, específico y serio de atención médica ante la emergencia y tampoco de prevención.

La respuesta de las autoridades ante las innumerables notas e informes que hemos presentado para advertir este panorama, que probablemente empeore en la inmediatez, ha sido el silencio, inclusive cuando desde este Comité nos pusimos a disposición a trabajar conjuntamente en lo que sucede.

La desidia, el abandono y la indiferencia son decisiones políticas, el Poder Ejecutivo mediante las autoridades del Ministerio de Salud y las jefaturas carcelarias serán responsables de lo que suceda en el corto plazo ante el colapso sanitario y las muertes bajo custodia del propio Estado. El Poder Judicial también juega la misma suerte sin haber previsto medidas serias que descompriman las cárceles para que se pueda sostener el distanciamiento preventivo y peor aún, sin haberse encargado de controlar el cumplimiento de las medidas que ellos/as mismos/as ordenaron.

El Ministerio Público Fiscal no pudo comprender en ningún momento que la cuestión siempre fue una situación de emergencia sanitaria, por lo que continuó realizando detenciones, sumó a las habituales las de un nuevo tipo delictual aplicable: violación de las restricciones de circulación, de esta forma la Provincia cuenta con más personas privadas de libertad y nuevos juicios abreviados que sumaron condenas a la población que, ante el encierro por detención, prefiere contar con una fecha cierta a tener que esperar un juicio justo.

Por último queremos denunciar la negligencia e inoperatividad de Luis Romero, funcionario rentado en el cargo de “Procurador de Personas Privadas de la Libertad” que, como militante del partido político actualmente en el gobierno, parece estar más al servicio del encubrimiento de las conspicuas omisiones de sus correligionarios antes que para cumplir las altas responsabilidades y funciones que le confiere la Ley 8.284.

Mendoza, una vez más bajo la lupa de los organismos internacionales, no escarmienta. Tenemos el índice más alto de prisionización y se crearon más normas que incrementan el control social y el encarcelamiento lo que, lejos de disminuir los niveles de violencia social, los aumenta. Este gobierno flamea la bandera de las libertades individuales mientras atropella constantemente los derechos democráticos desmantelando los mecanismos de control de espacios de encierro y escondiendo bajo la alfombra la ineptitud para diseñar y gestionar una política sanitaria en las cárceles.

Mendoza, 14 de Septiembre de 2020

Calendario Feminista: Entre los derechos civiles y la imagen de la mujer en los medios

Se conmemoran dos fechas importantes para pensar y reflexionar sobre los derechos adquiridos por las luchas de las organizaciones de mujeres. Y es una jornada para visibilizar y problematizar la discriminación y las violencias en las que se ven atravesadas en los medios de comunicación.

Las mujeres en la historia fueron consideradas eternas niñas que debían estar bajo el manto de la tutela de los varones ya sea del padre o del marido. Las eternas menores adultas.

Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar gracias a la lucha de las primeras mujeres organizadas para levantar su voz por sus derechos, y de los varones que tenían el poder y acompañaron esas luchas. Tal es el caso de la ley 11 357 de “equiparación de derechos civiles de la mujer” sancionada el 14 de septiembre de 1926.  

Los derechos civiles se refieren al conjunto de normas que regulan las relaciones entre las personas por el Estado, es decir en el Código Civil, que se ocupa de las libertades y la autonomía privada.

La normativa dispuso que “la mujer mayor de edad, cualquiera sea su estado (ya que luego de diversas modificaciones que se produjeron a la ley en dicho punto sólo se consideraba a mujeres solteras, divorciadas o viudas), tiene plena capacidad civil; la madre natural tiene la patria potestad sobre sus hijos, con la misma amplitud de derechos y facultades que la legítima; los bienes propios de la mujer y los bienes gananciales que ella adquiera no responden por las deudas del marido, etc”.

Durante el siglo XIX y principios del XX el mundo tuvo grandes transformaciones como la Primera Guerra Mundial, la cual demandó la movilización de toda la población al servicio de la situación bélica, y para las mujeres significó realizar trabajos fuera del hogar.

En tanto, uno de los objetivos de las primeras feministas fue alcanzar la capacidad civil plena, es decir tanto la capacidad de derecho como la capacidad de hecho -de obrar, de ejercer de forma práctica esos derechos.

Gracias a la lucha de los movimientos feministas que nos acontecieron, en la actualidad las mujeres tenemos la facultad de ejercer nuestros derechos civiles.

Otra fecha importante en el calendario feminista

Al comienzo miles de mujeres debatieron sus problemáticas, sus objetivos y sus luchas en sus casas, en sus pueblos, y en sus ciudades. Sin embargo, luego de ver que las mujeres latinoamericanas se veían atravesadas por problemáticas sociales, económicas y políticas similares comenzaron a reunirse en Encuentros anuales.

De esta manera, llegado el año 1990 durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se decretó que el 14 de septiembre sea el Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios de Comunicación.

La jornada se decidió en relación a la fecha en que comenzó a emitirse el programa radial “Viva María“, producido y conducido por la periodista Mara Régia Di Perna en Brasil, que se mantuvo al aire durante diez años desde 1980. Tuvo como temática central las problemáticas de género y los derechos de las mujeres, sin embargo luego fue clausurado por el gobierno brasileño.

El objetivo de dicha jornada es visibilizar a las mujeres en su diversidad cultural, étnica, social y económica, y a su vez oponerse y denunciar la discriminación y las violencias que sufren las mujeres en los medios de comunicación.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek honramos y visibilizamos las luchas feministas de nuestras antepasadas que pusieron el cuerpo en las calles para que se reconocieran nuestros derechos. Como también, conmemoramos el día de la imagen de la mujer en los medios y nos preguntamos: ¿se respeta la paridad de género en las empresas de comunicación? ¿cómo responden los medios ante la violencia mediática en la que se ven envueltas sus trabajadoras?

Día internacional de la mujer indígena

Jornada para visibilizar las luchas de los pueblos indígenas y para problematizar los derechos que les fueron arrebatados. Pero, sobre todo es un día para reconocer, recordar y valorar la valentía y el rol importante que cumplen las mujeres indígenas en sus familias, sus comunidades y en la sociedad.

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena para rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y para visibilizar sus gestas heroicas. Dicha celebración surgió durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América reunido en Tihuanacu, Bolivia, en 1983.

Es una jornada que invita a reconocer, recordar y valorar la valentía y el rol importante que cumplen nuestras hermanas indígenas en sus familias, sus comunidades y en la sociedad en general. Se recuerda la vida de Bartolina Sisa, incesante luchadora por restablecer los derechos de los pueblos Aymara y Quechua.

En 1983, tras celebrarse el 2° Encuentro de Organizaciones y Movimientos Indígenas de América en Tiwanaku, Bolivia, los pueblos participantes determinaron que todos los años en esta fecha se recordará la memoria de todas aquellas mujeres portadoras de la herencia cultural y ancestral, así como también de aquellas que murieron en la lucha contra la discriminación y los abusos cometidos a este género y etnia a lo largo de la historia.

Las mujeres indígenas realizan contribuciones únicas y juegan un papel fundamental en las fuertes luchas por preservar sus identidades, aún cuando han sido a lo largo de la historia y a la fecha, sujetas de discriminación y violencia. Son reconocidas como garantes de sus culturas y férreas defensoras por el reconocimiento de sus legítimos derechos.

Desde las Áreas de Pueblos Indígenas y Género y Diversidad Sexual de Xumek luchamos y abogamos por la igualdad de derechos, la garantía de oportunidades y la erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres indígenas. Asimismo, consideramos que es tiempo de respetar y reconocer la participación activa de los pueblos indígenas en el devenir de las sociedades actuales, el valor histórico, cultural, social, político y económico que los mismos representan.

DÍA NACIONAL DEL Y LA MIGRANTE

Cada 4 de septiembre, a partir del año 1949, se conmemora el Día de la y el Migrante. Se elige esta fecha con el propósito de recordar la disposición dictada por el Primer Triunvirato, en 1812, “que tenía la intención de fomentar la inmigración y ofrecer protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quisieran fijar su domicilio en el territorio nacional”

Los flujos y tradición migratoria fueron  cruciales para la constitución de la Argentina como Estado.  Argentina históricamente es un país receptor de diversos flujos migratorios, y la migración internacional impacta no solo en las cotidianidades, si no a su vez, en la política, la economía y la sociedad.  Sin lugar a dudas, los procesos de movilidad humana, y sus particularidades están vinculados a la identidad de un territorio.

Desde tiempos remotos la migración es un fenómeno que persiste y cala hondo en cada sociedad a nivel mundial. El hecho de desplazarse de un estado a otro, constituye una travesía signada por lo emocional, los motivos por los que se  migra, la elección del país al cual se decide arribar,  los vínculos que se abandonan y los nuevos que se establecerán.

Desde el Área de Movilidad Humana, entendemos a la migración como un fenómeno dinámico y constante, que requiere de análisis y atención de los Estados y agentes de la sociedad civil, desde una perspectiva de inclusión y universalidad.

Es sustancial concebir su aporte, para lograr reconocer el intercambio cultural y económico diverso, de relevancia y enriquecedor para el desarrollo no solo económico, sino también intelectual, gastronómico, social y cultural del país.  Esto supone también respetar las libertades y dignidad de las y los migrantes. 

Es momento de percibir como positivas a las corrientes migratorias, por lo cual amerita redefinir nuevos escenarios, donde estén incluidas las personas que arriban a territorio argentino.  Se debe respetar el deseo y la necesidad de migrar, que establece no sólo la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también pactos de Naciones Unidas y la Convención Americana.

Es fundamental recordar, que todas y todos los migrantes cuentan con la titularidad de derechos: la Ley de Migraciones 25.871 de nuestro país da cuenta de ello. Desde Xumek luchamos para hacer cumplir y visibilizar los derechos ya adquiridos, a través de intervenciones e investigaciones integrales, que den cuenta sobre la importancia de la temática, para incidir espacios políticos y públicos.

Siempre se debe tener presente que todas las personas pueden migrar, porque es un Derecho Humano.

ESTIGMATIZACIÓN EN HORARIO CENTRAL: sobre personas migrantes y planes sociales

Ilustración por Nancy Castronovo Bloin

A través del canal Todo Noticias (TN), el 14 de agosto pasado, se transmitió en forma de  primicia el “descontrol en la frontera por los subsidios”[1]. El periodista manifiesta preocupado: “frontera colador, cruzan desde Bolivia para cobrar el IFE, esto es en Salta”. Se repite lo mismo por varios minutos con tono de gran preocupación.

Los pasos fronterizos no están suficientemente vigilados, pero, ¿es necesario afirmar sin reparo alguno que por eso cruzan hacia Argentina cientxs de migrantes, de distintas nacionalidades, para obtener algunos pesos de un subsidio social?

Quien mira la noticia se horroriza, pero porque se le ha inducido a ello: alguien que se encuentre en su casa podría pensar “¡che! que desastre, vienen a quitarnos lo que es nuestro”. El aparato mediático a su vez se acompaña de las declaraciones más xenófobas por parte de funcionarios públicos, como el caso del gobernador salteño, Gustavo Saénz, que denuncia ante el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, que no se puede continuar “con la joda de darle subsidios a los extranjeros[2]

Cabe preguntarse cuál es realmente el mensaje y por qué las y los migrantes son objeto de controversia. Estos argumentos infundados, teñidos y fundados en  xenofobia y racismo, no son recientes. Ante ello, es esencial desmontarlos, con el fin de tratar de conocer y comprender la realidad de las personas que se desplazan.

De acuerdo a datos que proporciona Agenda Migrante 2020, la mayoría de las personas migrantes no accedieron a los beneficios que se les adjudican:

 “Más del 80% de las personas migrantes no accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El dato se desprende de la encuesta realizada a la población migrante y refugiada desde el Espacio Agenda Migrante 2020. El análisis refleja la suma de quienes quedaron excluidxs  por residir en la Argentina desde hace menos de dos años (49%), y quienes lograron inscribirse pero no se lo otorgaron (31%).”[3]

¿Qué es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)? Se trata un bono para trabajadores informales y monotributistas, cuyo objetivo es ayudar a atravesar las consecuencias de la pandemia que azota nuestro país desde hace 6 meses. El IFE se implementa a través del decreto 310/20 en marzo pasado, como una prestación monetaria no contributiva del sistema de seguridad social, de carácter excepcional. Los requisitos en marzo y abril, cuando comenzó la emergencia sanitaria, eran los siguientes: 

  1. Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con residencia legal en el país no inferior a dos años
  2. Tener entre 18 y 65 años
  3. Ni la persona que solicita el IFE ni ningún miembro de su grupo familiar deben percibir ingreso alguno proveniente de:

a) trabajo en relación de dependencia, público o privado, a excepción del realizado en el marco del régimen especial de trabajadores y trabajadoras de casas particulares

b) ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos

c) prestación por desempleo

d) jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

e) planes sociales, salario social complementario, programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes del Progresar, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.

Cabe señalar que  el IFE, sólo se otorga a aquellos extranjeros/as que cumplan con dos años de residencia regular en territorio argentino. Quienes tienen menos tiempo viviendo aquí y no han podido gestionar sus trámites de residencia no pueden acceder a este beneficio.

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) el relevamiento de Agenda Migrante arroja que el 58% de migrantes ha dejado de percibir un sueldo o ha discontinuado  su ocupación laboral, siendo así parte de la población más perjudicada. Esto permite dar cuenta que las personas en contextos de movilidad humana se encuentra despojada de ingresos estables y el ámbito laboral donde se desempeñan se caracteriza, en su mayoría, por la informalidad.

A pesar de que el acceso igualitario a derechos lo garantiza el artículo 6 de Ley de Migraciones (25.871)[4], que estipula el principio de igualdad de trato entre migrantes y nacionales, la realidad dista de ser así y los programas de seguridad social y sus requisitos, dan cuenta de ello: poseer DNI argentino, vigente, residencia continua en territorio argentino, la exigencia de cierta  cantidad de años de residencia. Un claro ejemplo son las pensiones no contributivas: para el caso del beneficio “Madre de 7 hijos/as”, debe contar, con por lo menos, 15 años de residencia legal[5], en relación a “Pensión no contributiva por vejez”, un mínimo de residencia continuada de 40 años[6], y en cuanto a “Pensión no contributiva por invalidez” con al menos 20 años de residencia en el país.[7] Lo antes expuesto pone de manifiesto que el acceso a estos programas de seguridad social no es tan sencillo  como lo declaran medios de comunicación y referentes gubernamentales.

Desde el área de Movilidad Humana de Xumek se considera de relevancia  impulsar estos debates, con información fidedigna y verificable, que permita poner en jaque estos discursos, que caracterizan a las corrientes migratorias como amenaza latente sobre los derechos y servicios sociales, políticos y económicos de las y los nacionales. Estos discursos son los que se cristalizan las conductas y decisiones políticas, de sesgo excluyente. Exigimos que se proyecten políticas en consonancia con las realidades diversas y complejas de las personas en contexto de movilidad humana, a través de estrategias de igualdad y universalidad, ya reconocidas en la Ley de Migraciones 25871.  Es hora de cuestionarnos, ¿por qué nos dicen que nuestros derechos son amenazados por las personas migrantes?


[1]https://www.facebook.com/todonoticias/videos/descontrol-en-la-frontera-con-bolivia-por-el-ife/748954719294709/

[2]https://www.pagina12.com.ar/284328-saenz-apunto-contra-extranjeros-con-doble-nacionalidad-que-c

[3]https://www.cels.org.ar/web/2020/04/la-poblacion-migrante-debe-acceder-al-ingreso-familiar-de-emergencia/

[4] El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”  http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf

[5] https://www.anses.gob.ar/pension-no-contributiva-para-madre-de-7-hijos

[6] https://www.anses.gob.ar/pension-no-contributiva-por-vejez

[7] https://www.anses.gob.ar/pension-no-contributiva-por-invalidez

No a la modificación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad

La Defensoría de las Personas con Discapacidad es un organismo que inició sus actividades en el año 2013 sólo en la provincia de Mendoza por la lucha de familiares de personas con discapacidad. Surgió como reclamo de una entidad estatal que defienda sus derechos personales y prestacionales en el marco de las Convenciones Internacionales, las leyes nacionales y provinciales inherentes al colectivo. 

La Ley 8.345 del año 2011 creó la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Provincia de Mendoza como “un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional” que “ejerce las funciones establecidas por la ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.”

En este momento se quiere modificar la forma en la que se designa a la persona titular de la Defensoría. Actualmente se elige de manera representativa. Es decir, se vota tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores y deben ser afirmativos dos tercios de los votos de lxs miembros presentes en esa Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, la persona que se candidatea para ser Defensora de las Personas con Discapacidad debe superar un proceso de tabulación de carpetas de antecedentes y otras instancias de selección que prueban su idoneidad para el cargo.

El proyecto de reforma propone que la Defensoría esté a cargo de una persona con discapacidad designada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, sin mayorías especiales.

La modificación ha sido presentada en la Legislatura por el senador Marcelo Patricio Rubio (UCR) y firmada también por los senadores Pablo Priore (PRO), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Marcelo Diumenjo (UCR), Héctor Bonarrico (MAS FE) y Fernando Allín (Socialista). 

Con esta modificación, el Poder Ejecutivo provincial podría designar a sus aliados en cargos públicos sin tener que pasar por el proceso de valoración de antecedentes que antes se mencionaba.

Es importante que la Defensoría de las Personas con Discapacidad sea un organismo independiente, que garantice los derechos de personas con extrema vulnerabilidad. La elección a dedo, sin concurso de antecedentes y votaciones imparciales y transparentes, afectará, además de la independencia, la idoneidad del organismo para dar respuestas adecuadas. 

La Defensoría es el resultado de una lucha ganada por las personas con discapacidad en el reconocimiento de sus derechos. No debe ser modificada sin su consentimiento ni del colectivo que las representa.

“La forma en que se viene eligiendo al Defensor de Discapacidad de alguna manera garantiza transparencia en el proceso de elección (…) la Defensoría de las Personas con Discapacidad es un órgano de control que debe monitorear la política pública del Estado, además de las instituciones privadas”, señaló Alejandra Berlanga, referente de la organización Madres y Padres Autoconvocados, a El Otro Diario

En la misma nota, desde el Observatorio de Discapacidad de Mendoza señalaron que no se convocó ni a personas con discapacidad ni a ninguna de las organizaciones que representan al colectivo en la propuesta de modificación. “Nada acerca de nosotros sin nosotros’”, explicó Mónica Bascuñán del Observatorio resaltando que la Defensoría debe ser un organismo independiente para garantizar realmente el derecho a la salud, a la educación, a la justicia, al transporte y a todo lo que hace a la igualdad de oportunidades.

“En la provincia se aplicaron las mismas políticas que en la nación [durante la gestión de Macri], haciendo un fuerte recorte. La situación de OSEP no garantizando la salud de personas con discapacidad (PcD), el despido de PcD insertadas laboralmente que el gobierno de Cornejo jubiló por incapacidad laboral, la no entrega de medicamentos por parte del programa federal Incluir Salud, que dejó a muchas personas sin audífonos, sin garantizar los tratamientos. Todas estas fueron cuestiones que hicieron retroceder a un colectivo que históricamente tiene muchas barreras para insertarse en la sociedad y tener una vida plena en igualdad de oportunidades”, expresó Bascuñán.

Es fundamental que los gobiernos generen prácticas anticapacitistas para que el colectivo sea parte de una sociedad que vea a la persona y no su condición. Las personas con discapacidad tienen el derecho humano a una vida con autonomía y libre de discriminación en igualdad de oportunidades. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben formar parte de los espacios de decisión sobre las luchas que vienen llevando hace años. El gobierno provincial retrocede en los derechos conquistados acallando a estos colectivos.

NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 8345.

30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se conmemora desde el año 2011, a partir de que la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo, en formas de arrestos, detenciones y/o secuestros, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigxs de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Por lo tanto, a través de la resolución que aprueba la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, declaró el 30 de agosto jornada para repensar y problematizar este delito.

El tratadodefine este delito de la siguiente manera cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

La desaparición forzada, según la ONU, se utiliza con frecuencia como estrategia para infundir el terror en las personas de una comunidad, pueblo, barrio o ciudad. La sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a lxs parientes próximos del o la desaparecida, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Por lo tanto este grave delito afecta a las propias víctimas, quienes son muchas veces torturadas; a lxs amigxs y familiares de las víctimas, quienes sufren una angustia por la incertidumbre de saber dónde está, qué le sucedió, en qué condiciones está y sobre si la persona vive aún; y en las comunidades ya que a través de este delito se les infunde terror.

Desapariciones Forzadas en Democracia

El terrorismo de Estado en la Argentina durante la década del 70, sobre todo en el período de la última dictadura cívico-militar -que se prolongó desde 1976 hasta 1983-, la desaparición forzada de personas se transformó en el método más utilizado para la persecución y represión política. Miles de hombres, mujeres, niños y niñas y disidencias,  fueron secuestradas, y los pedidos de habeas corpus presentados por sus familiares, rechazados. Hasta el día de hoy, si bien algunos casos fueron esclarecidos y los cuerpos encontrados, la gran mayoría de las víctimas continúa desaparecida.

Pero ¿qué sucede en Democracia?, ¿siguen desapareciendo personas?, ¿a quiénes?, ¿de qué comunidades?, ¿quiénes son lxs responsables?

Facundo Astudillo Castro: El 30 de abril de 2020 Facundo salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca. Pensaba hacer esos 125 kilómetros a dedo hasta la casa de su ex novia. Pero antes fue detenido por agentes policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Ministro, ‎Sergio Berni, y se le labró un acta por violación del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) que rige en el país por la pandemia del nuevo coronavirus. Luego existió una segunda detención, cercana a la localidad de Teniente Origone. Nunca llegó a la casa de su novia. Así consta en la información que el Estado argentino reportó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que intervino en el caso, ante la sospecha de que se trata de una desaparición forzada. Se encontró un cuerpo y se analiza la posibilidad de que sea Facundo.

Santiago Maldonado: El 1 de agosto de 2017 a orillas del río Chubut, el primer gendarme saltó la tranquera de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, efectivos van hacia la orilla del río Chubut. Hombres encapuchados corren, las mujeres y lxs niños se quedan en la casilla, los gendarmes disparan balas de goma. En un año de investigación, el Poder Judicial argentino no pudo explicar qué pasó. Santiago desapareció y murió en un operativo represivo coordinado por funcionarios del poder político, en ese entonces coordinado por la ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich.

Gisela Gutiérrez: 19 de julio de 2015 la última vez que se la vió, la joven volvía de la casa de su hermana, ubicada en el mismo barrio La Favorita. La chica le hizo señas a su mamá, Ramona Bazán, de que se demoraba, y luego nadie más supo de ella. Su mamá se alarmó cuando no llegaba y salió a buscarla, pero ninguna persona sabía nada. Hizo la denuncia judicial 48 horas después porque en la comisaría le aseguraron que debía esperar ese lapso para concretar la presentación.

Johana Chacón: fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012 en Tres de Mayo, Lavalle. Las docentes y directivxs de la escuela Virgen del Rosario, a la que asistía la niña que en ese momento tenía 13 años, fueron el motor para que nadie olvide su nombre. En el 2018 se da sentencia del juicio por la desaparición y muerte de la joven, quien fue acusado a prisión fue Mariano Luque, quien ya contaba con una condena de homicidio simple por la desaparición de Soledad Olivera, otra mujer lavallina que fue vista por última vez en 2011 cuando iba camino a encontrarse con él. Por esta razón, los jueces decidieron unificar las condenas en 32 años de cárcel, por ambos crímenes.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual y Violencia Institucional, consideramos necesario repensar los nuevos escenarios que plantean las formas de violencias institucionales actuales en la que se yuxtaponen distintas capas que van desde la violencia física hasta la negligencia, la indiferencia, la inacción o la complicidad judicial y política. Cuando los agentes del Estado actúan por fuera de los estándares permitidos y el uso de la fuerza es irracional y desproporcionado puede derivar en múltiples formas de violencias y en diversos niveles de intensidades, desde el hostigamiento policial hasta la desaparición forzada. Resulta urgente buscar nuevas formas de enunciación, contextualización y complejización.

Fuentes: Naciones Unidas, Revista Anfibia, Cosecha Roja, Chequeado, Unidiversidad

EL DESMANTELAMIENTO ES LEY: SE APROBÓ LA REFORMA DE LA 8284

La Legislatura mendocina, a través de la alianza Juntos por el Cambio, que pretende mostrarse prudente al debatir temas fundamentales en el Congreso de la Nación, no actúa del mismo modo en la provincia de Mendoza.

El pasado 18 de agosto, la Cámara de Senadores/as de la provincia dio media sanción al proyecto de ley sobre el cual numerosos organismos de derechos humanos nos manifestamos en contra: la reforma de la ley 8.284, norma que en el año 2011 dio origen a la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Este órgano estuvo integrado por referentes de la sociedad civil, y su objetivo fue la defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona que se encontrara privada de su libertad de cualquier modo (en penales, comisarías, hospitales de salud mental, geriátricos, establecimientos de internación de niños, niñas y adolescentes, entre otros).

Ante las críticas de numerosas figuras vinculadas a la defensa de los derechos, la Cámara de Diputados/as, con una llamativa rapidez y sin pasar por las comisiones, trató el proyecto, el cual fue aprobado casi sin discusión, consagrando un enorme retroceso en derechos humanos y participación ciudadana. 

Sin debate y a través de su mayoría automática, se vació arbitrariamente un organismo de control de la violencia institucional, que tiene origen en aberrantes delitos que costaron condenas internacionales y fuertes indemnizaciones por las graves violaciones de derechos humanos. Especialistas en la temática, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales y organismos internacionales se pronunciaron de manera fundada en contra de la propuesta de modificación, y le advirtieron al gobernador Rodolfo Suárez que de sancionar este proyecto se vulneraría un acuerdo firmado por Mendoza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estos pronunciamientos fueron desoídos por la coalición gobernante local. Solo se incorporaron pequeños cambios insignificantes que no responden a las demandas de los espacios que solicitamos ser escuchados.

Se proclama la transparencia como valor fundamental, pero se elimina el concurso en el acceso a un organismo de control y se lo reemplaza por la elección “a dedo” por parte de  quien tiene que ser controlado; se jactan de ser democráticos y abiertos al intercambio de posturas, pero reducen al mínimo la participación de la sociedad civil en el organismo, sustituyendola por miembros de instituciones públicas, alineados al mismo poder político que, paradójicamente, debe ser supervisado. 

Desde Xumek, junto a otras organizaciones, advertimos sobre la enorme irresponsabilidad institucional en la que incurriría el gobierno provincial de aprobarse esta reforma. Buscamos involucrarnos en el debate y aportar nuestra perspectiva en el asunto, con fundamentos basados en arduos años de trabajo en contextos de encierro y violencia institucional. Nunca fuimos atendidos y jamás pudimos participar de ningún debate. El diálogo, el intercambio de ideas y la transparencia estuvieron ausentes a la hora de tratar esta reforma. Probablemente en el futuro los y las mendocinas debamos lamentar importantes erogaciones públicas con motivo de las condenas que vendrán.

Las organizaciones de la sociedad civil somos actores esenciales para el fortalecimiento de nuestra democracia, para la transparencia de las instituciones y para el favorecimiento del diálogo. En diciembre de 2019 dimos muestra de nuestra participación en la vida institucional de la provincia al frenar la reforma de la Ley 7722. Seguimos esperando que el Gobierno Provincial lo advierta antes de que sea nuevamente tarde.

REFORMA DE LA LEY PROVINCIAL 8.284: UNA REGRESIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

El pasado 18 de agosto, la Cámara de Senadores/as de Mendoza aprobó el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial a finales del 2019 , el cual introducía la reforma de la Ley N° 8.284. Como ya se había advertido, este proyecto era regresivo en  materia de derechos humanos ya que las modificaciones introducidas atentaban contra la idoneidad e independencia de los/as integrantes de este organismo de control y reducía al mínimo la participación de la organizaciones de la sociedad civil que integramos el Comité.

A raíz de las críticas a este proyecto, en la sesión se introdujeron algunas modificaciones al proyecto original.

  • En relación a la forma de elección de Procurador/a de personas privadas de libertad, el texto aprobado remite a la Constitución Provincial en lo relativo a designaciones de otros órganos de control, esto es, la designación por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
  • Con respecto a los/as representantes de organizaciones de la sociedad civil en el Comité, en el texto aprobado se incrementa de 1 a 2 personas, 1 de organización con sede en el Gran Mendoza y otra del resto del territorio provincial. 
  • Por otro lado, se incorpora la creación de un Consejo Asesor que estará integrado por las organizaciones preexistentes a esta ley así como las que se incorporen en el futuro. Este consejo tendría a su cargo proponer  las organizaciones para integrar el Comité, y además, podrá elevar requerimientos, consultas y observaciones a la Comisión a través de sus representantes en la misma, debiendo dársele tratamiento de conformidad con el reglamento del organismo. 

Entendemos que estas modificaciones intentan dar respuesta a las fuertes críticas efectuadas al proyecto por distintos organismos, entre ellos el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, las mismas no cambian en lo sustancial el carácter regresivo del proyecto, y el hecho de que su tratamiento tuvo lugar a espaldas de los organismos de derechos humanos de Mendoza. Continuamos sosteniendo los mismos cuestionamientos 

Desde Xumek, como organización que trabaja hace años en contexto en encierro, consideramos que la creación de este Consejo Asesor no salva la real intención de este proyecto: anular la participación de las organizaciones que mantenemos una postura crítica en estos temas. No basta con formar parte de un Consejo Consultivo que carece de facultad material para intervenir en forma directa en favor de los derechos de las personas privadas de libertad, ni para incidir en políticas públicas. Los organismos de derechos humanos queremos contar con las herramientas para contribuir al control de las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en nuestra provincia.  

Día nacional del Activismo por la Diversidad Sexual

Jornada que se instauró en conmemoración de la muerte del gran referente e impulsor de los derechos humanos del colectivo LGBTIQ+, Carlos Jáuregui. A 24 años de su muerte realizamos un recorrido de su vida militante y activista.

En el año 2012 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley e instituye el 20 de agosto como “Día del activismo por la diversidad sexual”, en coincidencia con la fecha del fallecimiento de Carlos Jáuregui, el 20 de agosto de 1996.

Jornada para conmemorar y recordar quién fue Carlos Jáuregui, uno de los referentes más importantes del movimiento por los derechos humanos de la población LGBTIQ en Argentina.

Su vida: la acción y el activismo

Carlos nació en La Plata un 22 de septiembre de 1957, en el seno de una familia de clase media típica, su padre, Carlos José Jáuregui, abogado, su madre, Elsa Guás, maestra de primaria.

El niño de anteojos gruesos se fue formando en la academia, docente universitario y secundario en distintos ámbitos privados y públicos. Realizó un viaje por Europa a inicios de la década de 1980. En aquel continente inició un posgrado en Historia Medieval, y al terminar sus estudios, continuó su recorrido por España, Italia y Alemania. Esta aventura duró un año, hasta que decidió conocer Nueva York.

Allí se enteró por primera vez de la existencia de “una nueva enfermedad” que, según se creía en ese entonces, atacaba a los homosexuales: la llamaban  la “peste rosa”. Jáuregui conmovido por el conocimiento de lo que luego sería una pandemia, se consagró no sólo a estudiar, sino también a trabajar en uno de los servicios de Asistencia Solidaria a lxs enfermxs de sida.

En 1982, inspirado por la militancia gay en Francia y Estados Unidos, y movido por el deseo de hacer lo mismo en su propia tierra, decidió regresar a la Argentina. Así en 1984 fue uno de los fundadores y el primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), en 1991 fue  fundador de Gays por los Derechos Civiles (Gays DC). También encarnó la lucha contra los Edictos Policiales y la Ley de Averiguación de Antecedentes con las que se perseguía a personas LGBTIQ en Argentina. Fue uno de los impulsores de las marchas del orgullo LGBTIQ, del primer proyecto de unión civil y de la incorporación de la cláusula antidiscriminatoria en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1994.

Jáuregui no sólo instaló en el activismo por la diversidad sexual la perspectiva de derechos humanos, que hasta el momento era casi inexistente entre las agrupaciones, sino que, sobre todo, promovió la consolidación del movimiento LGBTIQ en Argentina. En este sentido, su agenda se dirigió hacia la consolidación de una ciudadanía plena por parte de las personas LGBTIQ, por lo cual promovió la articulación tanto al interior del movimiento por la diversidad sexual como con otros sectores. Sus esfuerzos posibilitaron que agrupaciones LGBTIQ trabajen conjuntamente conformando un activismo plural con consignas claras, generales y específicas.

Era una persona inquieta y estratégica, por lo que no conforme aún, aseguró el diálogo con otros movimientos sociales de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones de estudiantes universitarios y víctimas de la represión policial, y usó la visibilidad en los medios masivos de comunicación como herramienta de lucha, como forma de militancia a favor de la reivindicación de los derechos de las personas LGBTIQ. Un ejemplo de ello fue la mítica tapa de Siete Días del año 1984, donde por primera vez aparecieron dos varones como pareja.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek recordamos y conmemoramos el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, en el nombre del gran Jáuregui, y en reconocimiento a todas las personas defensoras de los derechos humanos del colectivo LGBTIQ, y seguimos en la lucha de la construcción de un mundo inclusivo, libre y diverso.

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”

Carlos Jáuregui

1957-1996