Hábeas Corpus Colectivo Preventivo para evitar el traslado de jóvenes detenidos a la cárcel de Cacheuta

Interposición de Hábeas Corpus Colectivo Preventivo presentado por: Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Dr. Fabricio Imparado; miembros de la ONG “Xumek”, los abogados Diego Lavado, Pablo Salinas, Lucas Lecour, Sergio Salinas Giordano, Carlos Varela Álvarez y Lucas Fallet; y miembros del Comité Local para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, las Sras. Ana Sosino, Gretel Godoy y Adriana Recchia, y los Sres. Fernando Rule, Oscar Guidone y Eugenio París; y resolución del mismo, a cargo de la Jueza Mariana Zavi: Expte Nº 69/15 caratulado “Hábeas Corpus Preventinvo y Colectivo Jóvenes Privados de la Libertad”.

San Rafael: Inicio segundo Juicio por Delitos de Lesa Humanidad

Hoy jueves 26 de marzo, se da inicio al Segundo Juicio por Delitos de Lesa Humanidad en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

Los abogados Diego Lavado, Sergio Salinas y Lucas Lecour, con la colaboración del Dr. Gonzalo Evangelista, actuarán como parte querellante en la causa. El poder para actuar en el juicio como tal, fue otorgado por Mariano Tripiana, hijo Francisco Tripiana (desaparecido), y el MEDH, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

El mismo se llevará a cabo con algunos cambios. El de mayor importancia se genera a partir de la renuncia del juez que comenzó el proceso en diciembre, Héctor Cortéz, que por cuestiones de salud no pudo continuar con el juicio en febrero, quien hoy es reemplazado por la Jueza Gretel Diamante.

En consecuencia de ello, el debate comenzará  nuevamente debido a que tuvo que ser anulado ya que pasaron más de diez días hábiles sin retomar las sesiones. Cabe recordar que el mismo tuvo a fin del año pasado su primera jornada.

Del “Juicio a los jueces” en Mendoza a la Justicia que pretendemos

El jurista Pablo Salinas repasó la destitución de los ex jueces Miret y Romano acusados de complicidad con la última dictadura militar en la “mega causa” de Mendoza. “Ese logro de la Justicia argentina -dijo- permite inferir que la complicidad civil puede ser juzgada y se deben dilucidar sus responsabilidades en todo el país”.

Por la causa F 636 instruida por el Juez Walter Bento a requerimiento del entonces Fiscal General Omar Palermo, se procesó y elevó a juicio a quienes ejercieron como jueces, fiscales y defensores durante la dictadura militar en la Provincia de Mendoza.

Fueron requeridos: Luis Francisco Miret Caples, Rolando Evaristo Carrizo Elst, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Irineo Roque Romano Ruiz, Gabriel Guzzo.

Al momento de iniciarse la investigación seguían ejerciendo como jueces federales Otilio Romano y Luis Miret. Ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura luego de un procedimiento largo y con plenas garantías.

El 11 de marzo de 2011, el  jury entendió que Miret como juez subrogante tuvo “noticia verosímil y directa de delitos cometidos contra varios detenidos puestos a su disposición a manos de integrantes de grupos de tareas de la policía mendocina”. También indicó que “puede concluirse sin hesitación que el magistrado debió haber actuado conforme lo establecía la legislación vigente, identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos de los que tuvo conocimiento y sin embargo, omitió toda diligencia procesal en ese aspecto”.

El 16 de diciembre de 2011, por unanimidad fue destituido el entonces magistrado Otilio Romano considerando que “no le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”,

El jury determinó que “el acusado, en contraposición con la celeridad y diligencia que demostraba para investigar las infracciones, en función de la Ley 20.840 (o “antisubversiva”), nada hizo respecto de los graves delitos de torturas, violaciones y robos, denunciados en “forma directa” y con “detalles” ante él, incluso durante las indagatorias. Incumplió sus obligaciones como funcionario esencial del sistema de justicia”.

Otilio Romano huyó a Chile para intentar conseguir “asilo político”, y el país vecino previo dictamen de la Procuradora de la Corte resolvió otorgar la extradición para ser juzgado en Argentina.

Se debe destacar que la destitución de Romano fue una decisión unánime del jury: lo acusaron de haber “omitido” en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 –con la Triple A– y durante la última dictadura.

A partir de la destitución de Luis Francisco Miret y Otilio Irineo Roque Romano se produjo la acumulación de las causas de los represores de Mendoza junto con los acusados civiles y se conformó la llamada “mega causa”, donde fueron sentados en el banquillo de los acusados ex militares, ex policías, ex penitenciarios, ex jueces, ex fiscales y ex defensores.

Este logro de la justicia argentina , – me refiero a que el 17 de febrero de 2014 empezó a juzgar a todo el aparato del terrorismo de estado en Mendoza- permite inferir que la complicidad civil puede ser juzgada y debe ser juzgada y se deben dilucidar sus responsabilidades en todo el país.

El avance con respecto a la responsabilidad de civiles en el plan criminal del terrorismo de estado es fundamental para construir un estado democrático, tal como lo afirmé en el libro “Usted También Doctor?” (ver Usted También Doctor? Juan Pablo Bohoslavskky. Editorial Siglo XXI. Bs.As. 2015. Pág. 405).

Podemos cerrar con las palabras de Horacio Verbistsky (Op. Cit. Contratapa) “los esfuerzos para desentrañar y poner en evidencia esa dimensión de la complicidad civil sin duda contribuyen a la consolidación de la democracia Argentina, no sólo porque demandan una rendición de cuentas, sino también porque nos interpelan acerca del tipo de juez que la sociedad argentina hoy necesita”. Creo que se trata sencillamente de qué tipo de juez pretendemos y de qué tipo de fiscal y abogado necesitamos. En última instancia, de que Poder Judicial pretendemos para nuestro país.

Condena por violencia de género

Un día después del Día Internacional de la Mujer, los abogados querellantes Lucas Lecour (presidente de Xumek) y Fernando Peñaloza (abogado de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación) lograron una sentencia histórica en la Primera Cámara del Crimen de Mendoza que reivindica los derechos de las mujeres a vivir sin violencia.
Ricardo Muñoz fue condenado a la pena de 18 años de prisión por el homicidio de su esposa Mirta Naranjo.
Mirta había denunciado en varias oportunidades a su marido, sin embargo, no hubo por parte del Estado una intervención eficaz, sino hasta después de su muerte.

La querella solicitó condena teniendo en cuenta la declaración de los hijos de la pareja, quienes señalaron que su madre era maltratada física y verbalmente por su padre desde hacía muchos años y que la noche anterior no presentaba las lesiones por las que debieron internara el 12 de julio de 2012. Asimismo, la empleada doméstica de la familia,  confirmó durante la etapa de declaraciones que Naranjo sufrió distintas formas de violencia de parte de su marido. Además, Muñoz afirmó en su declaración que era consiente de que su mujer estaba medicada –ingería anticoagulantes después de dos operaciones en el corazón– y que, si la golpeaba, podría causarle lesiones irreversibles.

Por último, explicaron que Naranjo presentaba una personalidad depresiva, con temores y sentimientos de culpa, conductas típicas de una mujer víctima de violencia de género, y que las lesiones detectadas en el cuerpo de la mujer no eran compatibles con una caída o una autolesion y sí con maltrato físico.

Cabe recordar que Mirta Naranjo fue encontrada casi desvanecida y muy golpeada en la pieza matrimonial el 12 julio del 2013. Sus hijos la llevaron hasta el Hospital Central en taxi. Ricardo Muñoz se negó a llevarla diciendo que tenía que atender el negocio. Allí estuvo internada dos meses, hasta que finalmente dejó de existir. Se comprobó que su marido la maltrataba física, verbal y psicológicamente hacia varios años y que esa noche era el único que había estado con ella en el lugar donde sufrió la golpiza.

Gatillo Fácil en Mendoza: Justicia por Leonardo Rodriguez

A Leonardo Rodríguez, de 30 años, oriundo del Barrio Parque Sur de Godoy Cruz, efectivos policiales de la Comisaría N° 27 se lo llevaron detenido por “averiguación de antecedentes” la madrugada del viernes 17 de enero. Pese a que llevaba consigo el documento nacional de identidad y contaba con curatela de la madre, otorgada por el Estado, por una mínima deficiencia mental que presentaba.

Esa noche fue alojado de manera inmediata en un calabozo de dicho destacamento, donde minutos después apareció ahorcado. Nunca se comunicó a la familia de su arresto ni de su deceso, quiénes se enteraron al mediodía siguiente a través de una nota televisiva. La ayudante fiscal, con absoluto desconocimiento de la historia del joven y sin tomar declaraciones a su madre y hermanas, les informó que el chico “sufría tendencia al suicidio” y se negó a devolverles el documento del joven. Los forenses también dilataron los tiempos de reconocimiento del cuerpo.

Aún no hay policías ni funcionarios judiciales separados del cargo para la investigación, pese a todas las irregularidades que se cometieron en el procedimiento. La familia de Leonardo se encuentra en permanente contacto con la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional Mendoza en la búsqueda de Justicia. El abogado Lautaro Cruciani (referente provincial de La Campaña), junto a los letrados de Xumek, Lucas Lecour y Francisco Machuca, se constituyeron como querellantes particulares, en el caso, en representación de su madre, Cornelia Marilú Contreras.

Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos mediante el Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad tiene entre sus acciones el caso Rodríguez y realizará su seguimiento a través de sus abogados. También cumplirá el acompañamiento a la familia por medio de familiares de víctimas que luchan contra el gatillo fácil y la violencia institucional, bajo la representación de Miriam Medina, referente nacional de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.

En todos nuestros informes anuales hemos advertido el contexto de permanente abuso y hostigamiento policial que sufren los jóvenes de sectores humildes. La madre de Leo, Cornelia Marilú , contó que eran frecuentes las detenciones arbitrarias que sufría su hijo dentro de la misma comisaría: “Tanto, que a veces antes de salir de paseo le decía a sus hermanas ´seguro que hoy me llevan porque ando con cara de chimba”.

En 2014 sufrió la última detención antes del arresto fatal, en aquella ocasión resultó brutalmente golpeado. Por otra parte, y tal vez en relación, su mejor amigo, el músico Mauko Cuello, fue subido por la fuerza a un móvil policial el pasado 12 de noviembre. Permaneció 10 horas desaparecido, sus padres recorrieron hospitales y comisarías hasta que finalmente lo encontraron alojado en Narcocrimonología sin causas aparentes que justifiquen el apreso.

Asimismo, por estos días los vecinos de la zona denuncian disturbios y disparos policiales proveniente de efectivos de la Comisaría N° 27 luego de cada protesta pacífica y silenciosa que realizan los familiares, y amigos de Leonardo. “Estamos asustados, entran al barrio a los tiros durante la noche, provocan a los jóvenes y hostigan a la familia de Leonardo”, señalan.

Amante de Los Redondos y de la música en general, Leonardo había montado una banda junto a sus amigos en la que participaba tocando el cajón peruano. Era común escucharlo tocar la percusión en las esquinas del barrio y en la Plaza Independencia. Su pasión, lo llevaba a caminar extensas distancias de un recital a otro. “Caminaba mucho, una vez se vino caminando desde Córdoba luego de un recital del Indio. No tenía plata para volver, pero tampoco quería pedir. Era introspectivo, bohemio. Se vestía hippie. Tenía alma de niño”, recuerda su mamá.

Juicio por Violencia de Genero en Mendoza

Los días  jueves 5, viernes 6 y lunes 9 de Febrero desde las 9:00 hs. se llevará a cabo en la Primera Cámara del Crimen de Mendoza, el Juicio oral y público contra Ricardo Alberto Muñoz Vicente por el homicidio de su esposa Mirta Beatriz Naranjo, quien tenía 46 años de edad y murió el 20 de setiembre de 2013 después de estar dos meses internada en terapia intensiva del Hospital Central a raíz de la golpiza que le dio su pareja.
Desde Xumek seremos querellantes junto a Fernando Peñaloza, abogado de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.

Ricardo Alberto Muñoz Vicente se encuentra actualmente en prisión preventiva y es acusado de homicidio preterintecional (art. 81 inc. 1 apartado b) en función de los arts. 82 y 80 inc. 1 último supuesto del Código Penal).

La noche del 11 y madrugada del 12 de julio de 2013 en el domicilio conyugal ubicado en la ciudad de Mendoza, Ricardo propino golpes a su esposa en la zona fronto temporal izquierda, malar derecha y en la parte izquierda del tórax. Producto de los golpes debió ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Central, sin embargo, el daño producido por las lesiones siguió evolucionando, provocando su muerte el 20 de septiembre del mismo año.

Mirta había denunciado en varias oportunidades a su marido, sin embargo, nunca hubo intervención del Estado en protección de la víctima.

Presentamos Nuestro Informe Anual

El pasado viernes 12 de diciembre de 2014 presentamos en la Legislatura Provincial el INFORME 2014 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Mendoza realizado por nuestra asociación.

Previo a la presentación, se realizó una ceremonia de iniciación a cargo de Miguel Mayhuay, Indio Quechua, Anahi Alancay, India Kolla y Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay.

El evento también contó con la participación de los músicos Pocho Sosa y Jorge Cuello, quienes interpretaron diversas canciones. Además, durante el acto, se pudieron apreciar las obras del artista plástico Andrés Casciani quien realizó la ilustración del Informe.

La actividad se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos – Espacio de las Mujeres Mendocinas, contó con la presencia de la senadora provincial, María José Ubaldini; el Presidente de Xumek, Dr. Lucas Lecour; el miembro del Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas, Dr. Enrique Font, quienes ocuparon la mesa académica.

Previamente se recordó y homenajeó a la imprescindible Pocha Camin con palabras del Dr. Pablo Salinas.

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Debidos al paro de pilotos de lineas aéreas convocada por APLA, no pudo asistir la Sra. Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas Plaza de Mayo, quien acompañaría a Xumek en la presentación.

La presentación de este Informe coincide con los 10 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Mendoza debido a las constantes muertes y el grave hacinamiento que se vivía en los pabellones de Boulogne Sur Mer y la Colonia Penal Gustavo André.

Ese mismo año la Corte Interamericana de Derecho Humanos dictaría medidas provisionales con el propósito de que la Argentina proteja la vida e integridad personal de quienes se encontraban privados de libertad en las cárceles mendocinas.

Fue esta lucha por la dignidad de todas las personas, incluso de aquellas que están tras las rejas, que un grupo de abogados formados por Alfredo Guevara (padre), dieron origen a Xumek en el año 2007, con la firme convicción de promover y proteger los derechos humanos en toda la provincia.

La producción y publicación de las investigaciones desarrolladas durante el año es un aspecto clave de nuestra Asociación, fruto de la firme convicción de dar a conocer la realidad a través de un Informe serio, crítico y responsable.

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Con esta herramienta pretendemos concientizar e impulsar nuevas políticas públicas que permitan mejorar las condiciones actuales y superar los déficits que destacamos en cada una de las temáticas.

En esta oportunidad, hemos organizado el Informe en cinco grandes títulos que acogen varios capítulos con distintas temáticas investigadas. El criterio de selección se basa en una elección consensuada entre los miembros de Xumek según las experiencias de cada uno en sus respectivos campos de acción.

Teniendo en cuenta los constantes avances en la investigación y sanción de los delitos del terrorismo de estado, el primer título, denominado “Mendoza en búsqueda de la Memoria, Verdad y Justicia”, comienza con un análisis del estado de situación de las causas por delito de Lesa Humanidad.

En el documento se detallan las imputaciones más relevantes y las causas que serán elevadas a juicio. Se analiza el desarrollo del Juicio Oral y Público en la Mega-Causa, señalándose las maniobras dilatorias realizadas por el ex magistrado Otilio Roque Romano. Se menciona con cierta preocupación la decisión de la Cámara Federal de Mendoza en la causa de los ex magistrados de San Luis y el impacto que ésta podría tener en la Mega-Causa. Además, se informa respecto de los restos de personas desaparecidas hallados en el Cuadro 33 del Cementerio de Mendoza y los avances en el Centro Clandestino de Detención “Campo Las Lajas”. El inminente inicio de juicio oral y público de San Rafael y la situación de las personas sustraídas del accionar de la justicia en Mendoza también son analizadas. Por último, destacamos el trabajo del MEDH durante todos estos años en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

El segundo capítulo se denomina “Apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de estado en Mendoza”. La profunda alegría que nos generó la recuperación del nieto de la Presidenta de Abuelas nos determinó a investigar sobre los niños y niñas de nuestra provincia  que aún no hemos recuperado. En el informe se analizan los casos mendocinos y el trabajo que se realiza con el objetivo de devolverles a todos esos jóvenes el derecho inalienable a saber quiénes son, ya que no sólo implica una obligación del Estado, sino también un compromiso de toda la sociedad en la búsqueda de la verdad y la justicia.

El título segundo, denominado “Violencias del Estado” contiene cuatro capítulos que se caracterizan por la acción directa del Estado en la violación de derechos fundamentales de un sector determinado de la población. El primer capítulo realiza un análisis de la Justicia Mendocina en general y de la Justicia Laboral y Penal en particular. El segundo capítulo denominado Violencia Institucional detalla los casos ocurridos durante el presente año y visibiliza la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la facultad policial de detener por averiguación de antecedentes. En el tercero, referido a las Penitenciarías de Mendoza se indican los puntos más relevantes y preocupantes de la problemática carcelaria actual. Salud Mental es el último capítulo de este título, donde damos a conocer el marco jurídico vigente y lo contrastamos con los mecanismos, instituciones y actores involucrados para diagnosticar su vigencia.

La investigación publicada en este título es ilustrativa de que en nuestra provincia, a pesar de lo que se piensa algunos sectores conservadores, las políticas de mano dura están absolutamente vigentes en las prácticas diarias de las instituciones del Estado.

El tercer título, denominado “Los Vulnerabilizados, Excluidos y Olvidados” contiene seis capítulos en los que se analiza la situación de sectores invisibilizados por la ausencia del estado en el reconocimiento de derechos.

El primer capítulo, denominado Pueblos Indígenas, invita a reflexionar y analizar la situación actual de nuestros hermanos indígenas y, sobretodo, a observar y replantear el compromiso y accionar del Estado Provincial frente a ello, ya que tristemente el resultado arrojado por el proceso de investigación, demuestra que aún queda mucho por trabajar para la reconstrucción de nuestra verdadera identidad.

Luego se analiza las distintas formas de violencia hacia ellas en la provincia de Mendoza y se destaca en la investigación como sus cuerpos siguen estando cautivos de un Estado ausente cuando se trata de la exigibilidad de sus Derechos.

Íntimamente vinculado, el tercer capítulo sobre el flagelo de la trata de persona, analiza la situación judicial actual de las investigaciones penales por delitos de trata de personas, tanto con finalidad de explotación sexual, como de explotación laboral.

El cuarto capítulo hacemos hincapié en las obligaciones del Estado y la correspondiente posición de garante, pretendemos demostrar como la falta de un abordaje integral de las personas que por distintas circunstancias se encuentran en situación de calle implica una vulneración dramática del derecho a la vida entendido en su expresión más amplia, que sin dudas constituye la base esencial del ejercicio de los demás derechos.

En el siguiente capítulo, denominado Discriminación, desarrollamos la evolución conceptual del derecho a la Igualdad a través de la historia y describimos la situación en la cual se encuentran los grupos vulnerabilizados de nuestra Provincia. Sin temor a equivocarnos, también encontramos ejemplos positivos y de gran importancia. Desde el cambio jurídico para la inclusión de minorías, hasta el trabajo realizado por instituciones dedicadas a mejorar las condiciones de vida de muchas personas.

El último capítulo,  denominado Acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes: La figura del abogado del niño pretende dar a conocer el derecho de los niños, niñas y adolescentes a contar con patrocinio letrado conforme la Ley de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes Nº 26.061 y la Convención sobre del derechos del niño, como nuevo paradigma de la niñez a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta.

El título tercero, denominado “Derechos Humanos de incidencia Colectiva”, contiene dos capítulos de gran trascendencia pública, uno referido a la protección del Medio Ambiente describiendo la lucha cotidiana de diversos sectores de la sociedad mendocina por su efectivo derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y el segundo capítulo denominado Laicidad, pretende alcanzar los objetivos de plena libertad de conciencia e igualdad de trato de las personas sin privilegiar ningún credo religioso.

En el título cuarto, pretendemos iniciar un debate con relación a dos temas de fundamental importancia para nuestra provincia, la función de los medios de prensa y el impacto que tienen los comunicadores. En virtud de ello, es que intentamos demostrar que en asuntos donde se ponen en juego valores como la vida, la libertad, el honor y el respeto de una o varias personas y su grupo familiar, no podemos pedirle al periodismo menos que reducir al mínimo la manipulación distorsiva de la información que emana de los expedientes y de los hechos en sí para evitar perjuicios que sin duda, tienen graves consecuencias para la salud del pueblo.

En el segundo capítulo, democratización de la universidad, se desarrolla la reforma democratizadora de la Universidad Nacional de Cuyo, con el objeto de contagiar estos progresos de mayor participación e inclusión en otras instituciones fundamentales de nuestra provincia.

Por último, cerramos el Informe con Tristes Crónicas Judiciales de Mendoza, resaltando dos casos de gran repercusión que aún se encuentran impunes. El primer capítulo refiere al homicidio del joven José Luis Bolognezi ocurrido en setiembre del año 2002 en la ciudad de San Martín y tras doce años de lucha, los mendocinos volvimos a ser testigos de la desigualdad que reina en los tribunales al momento de aplicar la ley. A pesar de ello, su muerte permitió, una vez más, exhibir las relaciones carnales que entrelazan al poder judicial con el económico y la policía. El segundo capítulo se refiere a la desaparición de Johana Chacón y Soledad Olivera. Tres años pasaron y el paradero de Soledad Olivera sigue siendo una incógnita, otros dos desde que Johana Chacón falta en el pupitre de séptimo grado de su escuela y tampoco existe ningún tipo de prueba que aclare lo qué sucedió con ella.

De un análisis global del Informe, podemos concluir que existe ausencia de voluntad política y de compromiso por parte de los funcionarios en el reconocimiento de derechos, acompañado de falta de presupuesto o una desacertada asignación de los mismos e incapacidad de gestión para desarrollar políticas concretas y acordes a los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.

Pese a ello, las dificultades no son inconvenientes que requieran soluciones estructurales imposibles de conseguir. Esto nos motiva a visibilizar las problemáticas, mediante un análisis objetivo de los avances y retrocesos de la calidad institucional de la provincia, con la firme convicción de iniciar un dialogo en la búsqueda de nuevas políticas públicas que permitan un verdadero acceso a los derechos fundamentales de todas las personas.

Son muchas las personas que colaboraron en esta ardua tarea, a todas ellas les agradecemos su compromiso y su responsabilidad, pilares fundamentales de nuestra organización. Siendo nuestro máximo anhelo que se multipliquen en cada uno de los que emprenda la lectura de este volumen.

Convenio Colectivo de Trabajo 17/75 (LEER TODO)

Amicus curiae relativo a la siguiente consulta: “Es aplicable el art. 58 del laudo 17/75 a los trabajadores del sector Prensa en relación al art. 141 de la Ley Nacional de Empleo y de los arts. 10 y 4 de las Leyes N° 23.928 (Ley de Convertibilidad) N° 25.561 (Ley de emergencia pública y reforma de régimen cambiario) respectivamente”. Presentado ante plenario de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA en la primer audiencia pública realizada en toda su historia.